Santa Victoria Este: Fue imputado por viralización de publicaciones obscenas

El fiscal penal Armando Cazón al tomar conocimiento del hecho el pasado viernes, había solicitado el cese de la difusión de publicaciones obscenas vinculadas a la realización de un festival folclórico en Santa Victoria Este. Por el hecho fue identificado e imputado un hombre mayor de edad y serán citados los denunciantes.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó por el delito de exhibiciones obscenas en fotografía referidas a propaganda del Festival del Trichaco, a un hombre que fue denunciando vía web, por una publicación que recorrió los grupos de (redes sociales).

Frente al fiscal, el hombre de profesión profesor manifestó desempeñarse en el Ministerio de Educación, y argumentó que recibió la fotografía de parte de otra persona, reconociendo su error al dar lugar a la viralización de la publicación. Negó avalar o tener intención de promover la práctica de “el chineo” que consiste en el sometimiento de las mujeres originarias por parte de los criollos.

Cabe destacar que la intervención fiscal surgió a partir de una denuncia web radicada por la señora Irene Cari en representación de la Organización de Mujeres (Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de la Provincia de Salta), en la cual manifiesta que el ahora imputado, cometió violencia de genero contra mujeres y niñas indígenas al publicar imágenes cargados de racismo, misoginia y odio (difusión de imágenes obscenas por medio de redes sociales) invitando a un festival . Manifestó la denunciante que tomo conocimiento de dicho acto por parte del señor Abel Mendoza, Cacique de la Comunidad de Santa Victoria Este y Presidente de la Asociación Civil de UACOP (Unión Autónoma de Comunidades Originarias de Pilcomayo de Santa Victoria Este), por lo cual ambos denunciantes serán citados a ratificar y/o ampliar sus declaraciones.

Salvador Mazza: Detenido e imputado por un siniestro vial donde murió un niño

Un hombre de 60 años fue detenido e imputado por un siniestro vial ocurrido el pasado martes 19 en esa ciudad, donde un niño de 5 años falleció tras ser embestido por una camioneta. El fiscal penal Cazón solicitó que se mantenga su detención.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó en forma provisional a un hombre de 60 años como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito en perjuicio de un menor de edad.

El hecho investigado ocurrió durante la tarde del martes 19 de abril en barrio El Triángulo de esa ciudad, donde por causas que se tratan de establecer, se produjo un siniestro vial, donde una camioneta embistió a un niño de 5 años, causando su deceso por traumatismo de cráneo y tórax cerrado, con fractura de TEC por parietal, hemorragia interna y paro cardiorrespiratorio.

El fiscal penal Cazón ordenó el cumplimiento de distintas medidas tendientes a esclarecer el hecho y solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención del acusado.

Salvador Mazza: Dos detenidos por un siniestro vial con víctima fatal

Ocurrió el pasado sábado por la noche sobre ruta nacional 34, a la altura del cementerio local cuando dos camionetas y una motocicleta chocaron. Los ocupantes de uno de los vehículos se dieron a la fuga y se pudo constatar que habían ingerido bebidas alcohólicas.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, imputó en forma provisional a un hombre de 42 años y a una mujer de 37 años como coautores del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito en perjuicio de un hombre de 43 años y lesiones en perjuicio de su acompañante.

De las primeras actuaciones realizadas, pudo constatarse que el siniestro se produjo en la ruta nacional 34, kilómetro 1483, entre una camioneta particular, una camioneta de Gendarmería Nacional y una motocicleta, donde resultaron con lesiones los dos ocupantes del rodado de menor porte y uno de ellos falleció.

Desde la Fiscalía se dispuso el trabajo de efectivos del Grupo Técnico Criminalística, Seguridad Vial y bomberos en el lugar y los ocupantes de la camioneta particular fueron detenidos cuando intentaban huir. Se pudo constatar además que ambos habían consumido bebidas alcohólicas y que serían los embistentes de la motocicleta.

Tras la audiencia de imputación, el fiscal penal Cazón, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de la detención de ambos acusados, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento del hecho.

Salvador Mazza: Imputan a un hombre por lesiones y amenazas a su pareja embarazada de 7 meses

La mujer denunció que fue golpeada en el rostro, pateada y amenazada al intentar abandonar la vivienda que compartían. Interviene el fiscal penal Armando Cazón.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó provisionalmente a un hombre de 23 años por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas en perspectiva de género.

Las actuaciones de Cazón iniciaron luego de que una mujer, embarazada de siete meses, denunciara que su pareja la golpeó con los puños en el rostro y, cuando le dijo que se marchaba de la vivienda que comparten, la amenazó y pateó en la espalda, siendo auxiliada por el padre del acusado.

Por orden del Juzgado de Violencia Familiar y de Género, la mujer luego fue acompañada a retirar sus pertenencias por personal policial. El hombre fue demorado.

Teniendo en cuenta la declaración de la víctima y los informes médicos y de la Policía de la Provincia, el fiscal Cazón decidió imputar provisionalmente al hombre.

Santa Victoria Este: Piden la incompetencia en la causa por venta de bidones con herbicida

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, la incompetencia material de la causa en la que un hombre de nacionalidad boliviana, fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad pública y la salud de la población.

Foto: Diario El Tribuno

Del requerimiento, surgió que el 30 de marzo de 2020, en el local comercial del acusado, ubicado en la avenida San Martín de Santa Victoria Este, personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), incautó 300 bidones de 20 litros cada uno, que estaban vacíos y en venta.

El fiscal Cazón sostuvo que dichos bidones, que contenían residuos de contenidos químicos utilizados para el agro, representaban un serio problema de salud para la población, principalmente para las comunidades aborígenes del Chaco salteño.

En junio del mismo año, el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal hizo lugar al pedido del fiscal Cazón y ordenó la inmediata detención de otro hombre, quien le habría entregado los bidones al acusado, para ser puesto a disposición de la Fiscalía actuante con el fin de prestar declaración, también como imputado. A la fecha, el hombre permanece prófugo. 

Ante lo mencionado y al tener en cuenta las claras violaciones a la Ley Nacional 27.270, que aprobó el Acuerdo de París en la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; la Ley Nacional 27.233 de Sanidad de los Animales y Vegetales; y la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Provincia requirió al Juzgado de Garantías interviniente la declaración de la incompetencia material y su remisión al Juzgado Federal que por turno corresponda, medida a la que el magistrado interviniente hizo lugar en las últimas horas.

Unidad Fiscal para profundizar la búsqueda de una menor

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, creó la Unidad Fiscal de Investigación destinada a las actuaciones iniciadas a partir de la desaparición de una adolescente de 17 años, en Aguaray, municipio del norte provincial. La unidad se integra por la fiscal penal Mónica Susana Poma (UFEM-Salta) y el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón.

Poma y Cazón asumirán de manera conjunta el trámite de la causa, cuya intervención inicial fue de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, que investiga la desaparición de la menor Agustina Fabiana Casasola, desde el miércoles 17 de febrero, fecha desde la cual falta de su hogar. Distintos testimonios coincidieron en señalar el desplazamiento a Salvador Mazza de la menor, acompañada con un mayor, durante la madrugada del mismo día que fue reportada por su madre como desaparecida.

La conformación de la Unidad de Investigación, se enmarca en la permanente confección de instrumentos que permitan favorecer el desarrollo y la implementación de estrategias de persecución penal efectivas, para el abordaje de los fenómenos criminales de mayor complejidad y relevancia social.

El Intendente de Salvador Mazza incumplió con la Carta Orgánica y malversó caudales públicos

Así lo establece el decreto de imputación firmado por el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, quién acusó provisionalmente a Rubén Méndez Salazar, de 57 años, de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor. El jefe comunal se presentó este martes a la audiencia de imputación, asistido por su defensa particular y se abstuvo de declarar. Presentará su declaración por escrito.

Del decreto de imputación, surgió que la intervención del fiscal penal Armando Cazón, se produjo tras la denuncia radicada el 26 de octubre de 2020 por el presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Carlos Blademir Villalba.

En la denuncia, Villalba hizo constar que el Municipio de Salvador Mazza cuenta con su Carta Magna Municipal desde 2018, ratificada por la Legislatura Provincial y promulgada por la Ley 8111, la que fija las pautas obligatorias para el representante del Ejecutivo. Sin embargo, el Intendente no puso en funcionamiento ninguna de las áreas establecidas por la normativa.

Villalba dijo en su denuncia que la Carta Orgánica jamás fue puesta en marcha, por lo que el Concejo Deliberante dictó varias normas al respecto, entre ellas, la ordenanza 47/19, que crea un Juzgado Administrativo de Faltas y que fue vetada por el Ejecutivo ese mismo año, mediante la resolución 124/19. En consecuencia, Méndez incurrió en el incumpliendo de sus deberes de funcionario público y privó a los habitantes de una correcta administración pública.

Además, mediante la ordenanza 46/19, se creó el Tribunal de Cuentas del Municipio de Salvador Mazza, pero también fue vetada por el Ejecutivo. Su aprobación fue posteriormente insistida mediante la resolución 123/19, sin que se diera cumplimiento, conforme establece la Carta Orgánica Municipal.

Mediante la ordenanza 48/19, fue creada la Procuración Municipal, que también fue vetada por el Ejecutivo e insistida por resolución 125/19, sin que se diera cumplimiento a la puesta en marcha, conforme a lo previsto en la Carta Orgánica y la ordenanza que exige su cumplimiento.

Malversación de fondos públicos

Según consta en el decreto de imputación, el Intendente también incurrió en el delito de malversación de fondos públicos, ya que hace dos períodos incumple con lo establecido por la Carta Orgánica, al no enviar el presupuesto de gastos para el año de ejercicio al Concejo Deliberante, lo que fue solicitado en diversas oportunidades mediante pedidos de informe.

Por otra parte, mediante la ordenanza 49/19, se exigió a Méndez que enviara el presupuesto al Concejo Deliberante y también fue vetada por el Ejecutivo, por lo que fue insistida mediante la resolución 126/19.

En tres pedidos, se reiteró solicitudes de informes sobre Secretarías Administrativas y la entrega de mercaderías. También, mediante la resolución 129/20, fueron requeridos el segundo y tercer corte trimestral del 2019, sin que se recibiera respuesta.

Tampoco fueron respondidos el pedido de informe 92/2020, que requirió la primera ejecución trimestral de ese año y de la Cuenta General del Ejercicio 2018 vencida, el pedido 68/2020 que requirió informes sobre los fondos provenientes de Nación para combatir el dengue.

Por último, fueron requeridos los gastos por los corsos 2020, el desabastecimiento de agua potable en El Sauzal y la rendición de cuentas de la Cooperadora Asistencial de 2019.

Aguaray: Buscan a una menor con asistencia de fuerzas provinciales y federales

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, investiga la desaparición de la menor Agustina Fabiana Casasola, de 17 años, quien falta de su domicilio de Aguaray, desde el miércoles 17 de febrero a las 9.30 de la mañana. Distintos testimonios recabados hasta el momento, coincidieron en señalar el desplazamiento a Salvador Mazza de la menor, acompañada con un mayor, durante la madrugada del día que fue reportada como desaparecida.

El fiscal penal Armando Cazón interviene en la investigación a partir de la denuncia radicada por la madre de la menor, el miércoles último. Inmediatamente, se activó el Protocolo de Búsqueda, con comunicación a fuerzas provinciales y federales. Se incluyó a la Policía de la Provincia, a través de personal de la Brigada de Investigaciones N° 4, de Tartagal y la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Dirección General de Aduanas y Dirección General de Migraciones. También se implementaron controles en rutas nacionales, con fotografías e información brindada por familiares de la menor, a fin de ubicar su paradero.

En el plano internacional, desde el miércoles pasado la Fiscalía también trabaja en contacto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FLCC), de Yacuiba, Bolivia, cuyos efectivos colaboran en la búsqueda de la menor.

Además de la tarea conjunta con organismos del Ministerio del Interior de la Nación, la Secretaría de Búsqueda de Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autoridades judiciales de Bolivia, se avanza en una investigación sobre los antecedentes y perfil del mayor con el que se encontraría la menor de edad, con información aportada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), de la Procuración General de la Nación.

Entre las medidas tendientes a lograr la localización de la menor, la Fiscalía realizó evaluaciones ambientales, tomó declaraciones testimoniales y pidió informes sobre movimientos de pasajeros a las Terminales de Ómnibus de la zona, donde se encuentran el Paso Internacional Salvador Mazza-Yacuiba, y al menos 167 pasos ilegales. Se solicitaron intervenciones telefónicas varias y se trabaja en la verificación de distintas informaciones publicadas en medios de comunicación y redes sociales, que pudieran ser de interés para la causa.

El Cuerpo de investigaciones Fiscales (CIF), se encuentra abocado a la realización de distintas pericias e interviene en asistencia profesional a la familia.

La última vez que fue vista, Agustina vestía un jean azul, una remera blanca y una campera roja.

Imputaron al Intendente de Santa Victoria Este por incumplimiento de deberes

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó el lunes 10 del corriente al intendente de Santa Victoria Este, Aldo Rojelio Nerón por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autor. La acusación se basa en la falta de respuestas al Concejo Deliberante sobre patrimonio, convenios, ingresos y egresos de fondos al Municipio y otras cuestiones vinculadas con el erario público; además de un supuesto abandono a las comunidades, denunciado por caciques de la zona. Nerón se presentó con defensa particular y declaró.

Según consta en las actuaciones, Nerón no contestó pedidos de informes recibidos desde diciembre del año pasado, referidos a recursos disponibles, ingresos por recaudación, coparticipación provincial y otros. 

A las denuncias las radicaron el vicepresidente del Concejo Deliberante de Santa Victoria Este, Samuel Gilobero y Abel Mendoza, quien lo hizo en representación del Movimiento Indígena integrado por  los caciques Mateo Torres (Santa María), Leopoldo Gaby (Alto la Sierra), Gabriel Lozano (Pozo el Tigre), Marcos Lucas (Misión la Puntana), Laurencia Peres (viuda de Pedro Lozano, exintegrante del Gabinete Municipal), Ignacio Pérez (cacique) y Juan Frías (secretario).

En su denuncia, los caciques afirmaron que el 29 de julio pasado, Nerón no respondió a los caciques sobre las consultas referidas a módulos alimentarios, pozo de agua, tickets del plan de Abordaje Integral de las Políticas Alimentarias Salta –AIPAS, copa de leche y coordinación de ANSES respecto de la atención al público de la ayuda social. Y sumaron el posible abandono de la viuda del exsecretario de Obras Públicas de Santa Victoria, Pedro Lozano, quien tiene 6 hijos y no cuenta con ayuda alimentaria. Sobre este punto en particular, Nerón aseguró durante la audiencia de imputación que ofreció empleo a un hijo de la viuda, pero no lo aceptó.

En tanto, sobre la convocatoria del Concejo Deliberante al Intendente y la persona responsable de la Secretaría de Hacienda, la documentación indica que no fue contestada la citación a informar con carácter de urgente, sobre la situación del establecimiento municipal, la disposición y distribución de módulos alimentarios, pozo de agua en la zona, funcionamiento del COE y control municipal de los camiones entrantes y salientes atento a la situación pandémica del Covid-19. El Concejo también pidió documentación respaldatoria sobre ambulancias adquiridas por el municipio; ingresos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional); licitación y factura de cobros de antenas portantes en municipio; ingresos actuales del municipio, cantidad de personal de planta contratada, planta política y transitoria; contrato con agentes prestadores de servicios del municipio, bienes inmuebles a disposición; convenios con el Ministerio de Salud, Recursos Hídricos y Vialidad; situaciones de las aseguradoras y empleados municipales; novedades sobre presupuesto municipal por parte de la Auditoría General de la Provincia, entre otros.

El Intendente también aseguró durante la audiencia, que aportará la documentación correspondiente al estado patrimonial del municipio.

Cazón consideró que en base a los elementos reunidos, correspondió la imputación informada al jefe comunal, el lunes pasado.

Inicia el juicio contra la «banda del Botudo»

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, representará al Ministerio Público Fiscal en el juicio contra siete personas imputadas por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en banda.

Se trata de los imputados Miguel Ángel Condorí Ortíz, alias «Botudo»; Jairo Herrera; Carlos David Condorí, alias «Pety»; Rosa Estela Reyes; Clemente Gareca; Juan Carlos Quiroga, alias «Gordo Mía» y Deonel Tordoya.

Las audiencias se llevarán a cabo en la Ciudad Judicial de Tartagal desde este lunes 22 de junio a las 9 y está previsto que se extiendan hasta el jueves 25.

El Tribunal de Juicio estará integrado por los magistrados Ricardo Martocchia, Anastasio Vásquez Sgardelis y Soledad Rodríguez.

El fiscal penal Armando Cazón, tomó intervención en la causa tras la denuncia penal radicada por Milton Alejandro Villa, tras sufrir el robo de su camioneta en la noche del 17 de agosto de 2018, en la intersección de la calle Salta y el pasaje Jujuy del centro de Salvador Mazza.

El denunciante reconoció a los imputados Miguel Ángel Condorí Ortíz, Jairo Herrera, Carlos David Condorí y Rosa Estela Reyes.

De un informe de la Brigada de Investigaciones 4 se desprende que los mencionados operaban con personas de Bolivia en distintos ilícitos cometidos.

Tras descentralizar las causas para clarificar la situación de cada acusado, surgen como coautores los imputados Miguel Ángel Condorí Ortíz, Jairo Herrera, Carlos David Condorí y Deonel Tordoya.

En tanto, Rosa Estela Reyes, Juan Carlos Quiroga y Clemente Gareca surgen como cómplices primarios.