El operativo se concretó en domicilios de la ciudad de Salta, donde se secuestraron vehículos, dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos de interés. La Fiscalía sostiene que los damnificados habrían sido perjudicados mediante falsas promesas de inversión y operaciones irregulares con vehículos. Se analiza un posible esquema financiero de tipo Ponzi.
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), en el marco de una minuciosa investigación que lleva adelante por presuntas maniobras de estafas reiteradas (5 hechos) en concurso real, solicitó ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Centro, orden de allanamientos simultáneos para seis domicilios en la mañana de este martes, detención de tres sospechosos y para el secuestro de documentación y otros elementos de interés.
Los allanamientos estuvieron a cargo de personal de la Unidad UDEC del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF (DIC), y concluyeron con el secuestro de 12 automóviles, dispositivos informáticos, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa, además del pasaporte de uno de los tres investigados por las maniobras.
La investigación inició a partir de la recepción de denuncias realizadas por particulares que manifestaron que los sospechosos se habrían presentado como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., ofreciendo a particulares distintos esquemas de inversión vinculados a la compra y alquiler de vehículos o a la captación de capitales con promesas de rendimientos mensuales en dólares. De acuerdo con las denuncias, tras recibir importantes sumas de dinero o vehículos, dejaron de cumplir con los pagos comprometidos, entregaron garantías que carecían de valor efectivo y comercializaron unidades que registraban prendas o restricciones que impedían su transferencia.
La causa reúne cinco denuncias de personas que aseguran haber sufrido perjuicios patrimoniales millonarios mediante maniobras similares, que la Fiscalía investiga de manera conjunta, ante la posible existencia de un esquema financiero similar a un sistema Ponzi, mediante el cual los pagos iniciales a algunos inversores habrían sido efectuados con aportes realizados por nuevos participantes.
La UDEC realizó un amplio despliegue investigativo que permitió identificar los domicilios vinculados a los sospechosos, entre ellos oficinas comerciales, domicilios particulares y un predio ubicado en la zona de Las Costitas, en San Lorenzo, donde, de acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, se resguardaría parte de la flota de vehículos utilizada por las empresas investigadas.
Asimismo, se obtuvo información que indica que algunos de esos automóviles estarían siendo utilizados para prestar servicios mediante plataformas de transporte y, en ciertos casos, trasladados a otras provincias para dificultar su localización.
Por otra parte, las tareas realizadas permitieron establecer frecuentes desplazamientos de los investigados entre Salta, Buenos Aires y distintos destinos internacionales, entre ellos Brasil, Chile y Portugal, circunstancia que fue valorada por la Fiscalía al momento de solicitar medidas tendientes a evitar riesgos procesales.
En ese contexto, la fiscal Salinas Odorisio solicitó ante el juez de Garantías del distrito Centro, Ignacio Colombo, la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a las personas y sociedades investigadas, la detención de dos de los sospechosos y la prohibición de salida del país para los tres investigados.
