Ana Inés Salinas Odorisio

 Económicos Complejos

Saulo SRL: Amplían la imputación a 537 estafas y vaciamiento de empresa

El Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que los denunciantes efectuaron, a favor de la financiera, desprendimientos patrimoniales que ascienden a $ 189.603.052,70 y U$S 2.624.992,36.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió la imputación a 537 hechos de estafa, asociación ilícita y vaciamiento de empresa contra cuatro personas que ya se encontraban imputadas por  estafas vinculadas a la firma Saulo Capital SRL.

Durante la audiencia, dos hombres declararon y brindaron su versión de los hechos; mientras que otro hombre y la mujer se abstuvieron de declarar. Todos fueron asistidos por abogados particulares.

De acuerdo a la información recabada por el Gabinete de Delitos Económicos del CIF, los denunciantes efectuaron desprendimientos patrimoniales que ascienden a $ 189.603.052,70 y U$S 2.624.992,36, llegando la mayoría a celebrar los contratos de inversión durante los meses de marzo de 2021 a marzo de 2022 (principalmente entre los meses de enero a marzo de 2022).

Al realizarse los allanamientos en los locales comerciales no se encontró tal cantidad de dinero y las cuentas en entidades bancarias no tenían saldo, por lo que la fiscal Salinas Odorisio consideró que los imputados afectaron el normal desarrollo de la financiera al ocultar y hacer desaparecer las sumas de dinero que ingresaban a la empresa de los pagos que efectuaban los clientes por los contratos de capitalización celebrados y que no cumplimentaron, y que concluyeron con el cierre de la financiera. Sumado al hecho de que la totalidad de los locales comerciales se encuentran cerrados o en poder de terceros, todo ello afectando el patrimonio, garantía común de los acreedores

Saulo SRL

En mayo de 2022, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas, la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició una investigación.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e informó que Saulo Capital SRL habría realizado por cuenta propia actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la autoridad de aplicación, esto es la Comisión Nacional de Valores.

El Gabinete de UDEC determinó que el dinero de los denunciantes recibido en Saulo Capital SRL era invertido en negocios del mercado local y que las ganancias producidas fueron empleadas en muchos casos para devolver los intereses a los inversores; por lo menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Salta. Además, esto se agrava por la realización de publicidad para captar inversores difundida por distintos medios de comunicación.

 

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 Económicos Complejos

Este viernes inicia el juicio contra el exintendente de Campo Quijano

La audiencia debate se extenderá hasta el 5 de julio. La UDEC acusa a Manuel Cornejo de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real. En tanto, a la secretaria de Hacienda de su gestión, de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representará al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que iniciará este viernes 16 de junio a las 13 en la Sala 6 del Tribunal de Juicio contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez.

Salinas Odorisio acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

El juicio será presidido por el juez Guillermo Pereyra. Se desarrollará en el Salón de Grandes Juicios desde el 16 de junio hasta el 5 de julio.

Su inicio estaba previsto para el 12 de junio, pero los acusados realizaron un cambio de abogados el 8 de junio pasado, solicitando autorización para la extracción de copias de las actuaciones para el adecuado ejercicio de la defensa técnica. El juez Pereyra otorgó la solicitud, difiriendo el inicio de la audiencia para el viernes 16 de junio.

La intervención de la UDEC inició en enero de 2020, cuando el intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, denunció la falta de registros contables de fondos municipales de los períodos 2017-2019.

Por su parte, el informe de la Auditoria General de la Provincia, dio cuenta de la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, del incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos. Además, se constató la falta de registros contables que permitieran determinar el destino real de los fondos asignados durante su gestión y verificar la legitimidad de los gastos.

Tras investigar los hechos y reunir las pruebas necesarias, la UDEC elevó el requerimiento de juicio contra los exfuncionarios municipales.

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 Económicos Complejos

Difieren para el 16 de junio el inicio del juicio contra el exintendente de Campo Quijano

El acusado Manuel Cornejo designó un nuevo abogado defensor, que solicitó autorización “para la extracción de copias de las actuaciones para el adecuado ejercicio de la defensa técnica”.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, fue notificada este mediodía de un cambio de fechas en la apertura de la audiencia debate seguida contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Méndez, pasando para el 16 de junio.

La determinación fue tomada por el juez de la Sala 6 del Tribunal de Juicio Guillermo Pereyra en virtud de un pedido presentado por el nuevo abogado defensor de Cornejo, que solicitó autorización para la extracción de copias de las actuaciones para el adecuado ejercicio de la defensa técnica. Cabe señalar que el acusado informó el 8 de junio de 2023 que revocaba las designaciones anteriores y nombraba a Teseyra como su abogado defensor.

El juez Pereyra expresó que “más allá de lo intempestivo de la situación presentada a días de la apertura del debate, también resulta razonable y ajustado a derecho proveer un diferimiento de la apertura a fin de extremar el examen del expediente, teniendo a la vista el cronograma de audiencias del tribunal y de las partes. Así las cosas, corresponde au orizar la extracción de copias de las actuaciones y diferir la apertura del debate para el día 16 de junio de 2023 a horas 13:00, reprogramando los horarios de comparecencia de los testigos a tal fin”

Por otra parte, el magistrado rechazó el pedido de la nueva defensa de Manuel Cornejo para la integración de un tribunal colegiado dado que no era procedente en el caso que se juzgará.

Asi, la audiencia debate iniciará el viernes 16 de junio y se desarrollará en la Sala de grandes juicios. Salinas Odorisio acusa a Cornejo de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, y a Méndez de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

 

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Dos nuevos imputados por estafas relacionadas a la gestión de viviendas

Se trata de un hombre y una mujer que habrían actuado como intermediarios para que las operaciones por las falsas gestiones se concretaran.

El fiscal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Daniel Escalante, imputó provisionalmente a un hombre y a una mujer por el delito de estafa en la causa que investiga por estafas relacionadas a la gestión de casas en el Instituto Provincial de la Vivienda.

En la misma causa, ya fue imputado otro hombre -que operaba bajo los alias Julio Reinoso y Julián Reinoso- y que, de acuerdo a lo denunciado por distintas personas, ofrecía casas que habían sido desadjudicadas por el IPV a cambio de una suma de dinero.

Los investigadores de la UDEC realizaron tareas de campo, pudiendo identificar que el hombre denunciado, que se presentaba como Reinoso, entregaba a los denunciantes, a cambio del dinero, documentación con firmas y sellos del IPV, firmada supuestamente por los responsables de áreas, como una forma de generar confianza en las víctimas y otorgar apariencia de legalidad a la operación realizada.

Los dos nuevos imputados habrían actuado como intermediarios para que las operaciones por las falsas gestiones se concretaran.

 

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 Económicos Complejos

UDEC: Imputan a un tercer hombre por estafas a una empresa

En la misma causa, dos personas fueron imputadas el miércoles pasado por estafa y asociación ilícita. Dos hombres se encuentran prófugos y con pedido de detención.

La Unidad de Delitos Económicos (UDEC) lleva adelante una investigación por estafas a una empresa dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial. El fiscal penal interino, Daniel Escalante, imputó provisionalmente a un tercer individuo por los delitos de estafa y asociación ilícita.

El hombre -que ya se encontraba detenido en la Alcaidía General e imputado por la Fiscalía Penal 5 por otro delito- fue asistido por un abogado particular y se abstuvo de declarar. Otros dos hombres fueron imputados el 23 de mayo por los mismos delitos y permanecen detenidos, mientras que dos personas aún están prófugas de la Justicia.

La intervención de la UDEC inició luego de que el 17 de noviembre de 2022, el propietario de la empresa dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial denunciara que había sido estafado por más de cinco millones de pesos.

La fiscal Salinas Odorisio encomendó al personal del departamento de UDEC que investigara lo denunciado. A través de tareas de campo y el entrecruzamiento de datos, los investigadores identificaron que cinco hombres, actuando de común acuerdo y con distintos roles, adquirieron al denunciante mediante cheques electrónicos, mercadería por un monto total de 5.200.000 pesos.

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 Económicos Complejos

Un detenido por estafas relacionadas a la gestión de viviendas

Esta tarde se realizaron tres allanamientos en la capital salteña. En el domicilio del detenido también fueron halladas sustancias estupefacientes por lo que se dio intervención a la UFINAR.

El fiscal Penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Daniel Escalante, encabezó esta tarde un operativo en el marco de una investigación por estafas que lleva adelante la UDEC.

Con autorización del Juzgado de Garantías 1 fueron allanadas tres viviendas de la capital salteña: una ubicada en calle España al 1900, una en barrio Castañares y otra en barrio Progreso. Como resultado del operativo fue detenido un hombre, secuestrados elementos de interés para la causa y se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad al encontrar en uno de los domicilios sustancias estupefacientes.

El detenido, que empleaba otros nombres como Julio Reinoso y Julián Reinoso, fue alojado en la Alcaidía General de la Provincia. Sobre él pesaba, también, una orden de detención emitida por la Sala 2 del Tribunal de Juicio por incomparecencia a una audiencia debate por dos hechos de estafa que fue solicitada por la fiscal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La intervención de la UDEC inició luego que una mujer denunciara el 19 de agosto de 2022 que dos años antes, en diciembre de 2020, su hermano le comentó que un compañero de trabajo le había contado que un conocido entregaba viviendas sociales recuperadas.

La damnificada contactó a un individuo que afirmaba tener un contacto en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), quien le ofreció la posibilidad de obtener un inmueble a cambio de una determinada suma de dinero. Confiando en esta oferta, la mujer entregó el dinero y recibió una carpeta con documentos supuestamente emitidos por el organismo provincial. Pasaron dos años y, al no recibir la adjudicación de la vivienda, decidió acudir a las oficinas, descubriendo que no había ningún registro de su solicitud y que toda la documentación que le habían entregado era apócrifa.

En abril de 2022, otra mujer recibió información sobre la venta de terrenos a través de un contacto relacionado con su padre. Decidió aprovechar esta oportunidad y entregó una suma de 1.200.000 pesos para cubrir los gastos de escribanía. Según su denuncia, el responsable de la venta fue una persona llamada Julián Gutiérrez, quien afirmó trabajar en el Gobierno. El encuentro para la firma de los documentos se llevó a cabo en una oficina ubicada en Grand Bourg.

En 2019, una mujer recibió información de una amiga sobre un hombre llamado Julián Reinoso, quien aseguraba trabajar en el IPV y le ofrecía la posibilidad de obtener una casa en la urbanización del Barrio Pereyra Rosas. Motivada por esta oportunidad, la mujer entregó dinero al hombre. Posteriormente, Julián Reinoso se presentó en su domicilio para que ella firmara unos documentos. Durante ese encuentro, la mujer grabó con su celular al hombre y también registró el vehículo en el que llegó. Pasado el tiempo, y ante la falta de respuestas, se presentó en el organismo en donde le informaron que allí no trabajaba ningún Julián Reinoso y le indicaron que radicara denuncia por el hecho, lo cual hizo en 2021.

Los investigadores de la UDEC realizaron tareas de campo, pudiendo identificar que el hombre denunciado, que se presentaba como Reinoso, entregaba a los denunciantes, a cambio del dinero, documentación con firmas y sellos del IPV, firmada supuestamente por los responsables de áreas, como una forma de generar confianza en las víctimas y otorgar apariencia de legalidad a la operación realizada. En los tres hechos intervinieron tres colaboradores distintos, que ya fueron citados a sede fiscal.

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 Económicos Complejos

Condenan a una exdirectora de la escuela de La Poma por peculado

María Elvira Prado omitió efectuar rendiciones de gastos. No justificó erogaciones realizadas, perjudicando así el patrimonio y el normal funcionamiento de la Administración Pública.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que María Elvira Prado fue hallada culpable del delito de peculado, en calidad de autora.

Prado fue condenada a dos años y tres meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser autora del delito de peculado

La intervención de la UDEC, se produjo a raíz de la remisión efectuada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta de un informe que daba cuenta de una serie de irregularidades en la gestión administrativa de fondos del programa “Centro de Actividades Juveniles” por parte de Prado, en su carácter de ex Directora del Colegio Secundario n° 5069 –ex n° 68- de La Poma.

El Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales elevó un informe a la fiscal Salinas Odorisio en el que precisó que se determinó la falta de rendiciones de fondos, es decir que se encuentran sumas pendientes de rendir del período 2012-2014 por parte de la ex directora del Colegio Secundario N.º 5069 de La Poma, María Elvira Prado por el monto de $107.706,80. El importe se componía de $70.992,80, correspondientes al programa “Plan de Mejora Institucional” y de $36.714,00, recibidos del programa “Centro de Actividades Juveniles”.

Teniendo en cuenta ello, la fiscal de UDEC determinó que Prado, en su calidad de funcionaria pública, como Directora del Colegio Secundario n° 5069 –ex n° 68- de La Poma, durante el 28/07/2007 y hasta el 10/08/2015, y como administradora y custodia de los fondos que le fueron remitidos en los programas PMI y CAJ, omitió efectuar rendiciones de gastos y, por lo tanto, no justificó erogaciones realizadas, perjudicando en consecuencia el patrimonio y el normal funcionamiento de la Administración Pública.

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 Económicos Complejos

Detienen a dos personas implicadas en estafas vinculadas a viviendas IPV

La UDEC llevó adelante esta mañana un operativo en el que fueron allanadas tres viviendas y secuestrados distintos elementos de interés para la causa. Un hombre y una mujer fueron detenidos.

Un hombre y una mujer fueron detenidos esta mañana en el marco de un operativo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) en el que fueron allanados tres domicilios del macro centro y barrio Floresta de la capital salteña y barrio Los Paraísos de Cerrillos.

Como resultado del procedimiento fueron secuestrados dinero en efectivo, contratos, celulares y otros documentos de interés para la investigación que lleva adelante la titular de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.

La intervención de la UDEC inició a raíz de denuncias efectuadas por distintas personas que aseguraron que habían sido estafados por los detenidos. Aseguraron que entregaron importantes sumas de dinero a cambio de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta.

El modus operandi denunciado por las víctimas fue similar en casi todos los casos. Uno de los hombres se contactaba con la víctima y le aseguraba que tenía contacto en el IPV para la entrega de una vivienda. Solicitaba importantes sumas de dinero y  le enviaba, a través de un cadete, una carpeta del IPV con la información de la vivienda adquirida. Luego, solicitaba, más dinero para el Plan Conectar, aduciendo que así la casa contaría con conexión de gas y electricidad.

Pasado el tiempo y viendo que la vivienda no era entregada, las víctimas se contactaban con los ahora detenidos, quienes contestaban que se encontraba demorada la entrega.

Al presentarse en el IPV, las víctimas –que a su vez habían referido a otros conocidos para la adquisición de viviendas- descubrieron que todo se había tratado de una estafa por lo que radicaron denuncias.

La fiscal Salinas Odorisio realizó una investigación de las denuncias, se identificó los domicilios de los detenidos a través de análisis de geolocalización de los mensajes y llamadas realizadas a las víctimas y se requirió informe al IPV. Una vez reunidos los elementos necesarios, la fiscal Penal de UDEC requirió al Juzgado de Garantías 1, orden de allanamiento, detención de los involucrados y secuestro de distintos elementos de interés para la causa.

351
 Económicos Complejos

La UDEC requirió juicio a Sergio Ramos y Natalia Guerra por peculado de bienes

Es por el uso irregular del uso de una camioneta, que terminó involucrada en una colisión el domingo 5 de febrero de 2023. La UDEC actuó de oficio ante la notitia criminis.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías para Sergio Omar Ramos por considerarlo autor del delito de peculado de bienes, y para Natalia del Valle Guerra como partícipe necesaria del mismo delito.

La intervención de la UDEC inició de oficio el 13 de febrero pasado, tras tomar estado público a través de los medios de comunicación, la noticia de que una concejal de Rosario de Lerma había colisionado el domingo 5 de febrero un vehículo, que se encontraba a cargo de la Cámara de Senadores de Salta.

Salinas Odorisio dispuso dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas revestían características ilícitas.

Con tal fin, el 19 y 20 de abril, Ramos fue citado a prestar declaración en la UDEC, no presentándose a la cita. La fiscal Salinas Odorisio continuó con la investigación.

En respuesta al pedido de informe de la UDEC, el Ministerio de Economía de la Provincia comunicó que el vehículo en cuestión era una camioneta Chevrolet S10, modelo 2009, siendo su titular desde el 14/07/2009, el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio de Finanzas y Obras Publicas de la Provincia de Salta (actual Ministerio de Economía y Servicio Públicos). Además, se envió copia del acta de entrega del vehículo a la Cámara de Senadores el 21 de junio de 2009.

Por su parte, la Cámara de Senadores informó que el 16 de julio de 2020 hizo entrega de la camioneta al senador provincial por el Departamento de Rosario de Lerma, Sergio Ramos.

El 20 de abril, Ramos y Guerra fueron citados a audiencia de imputación. Ante la ausencia del senador provincial, sólo fue imputada Natalia del Valle Guerra como partícipe necesaria del delito de peculado de bienes, quien negó los hechos en la audiencia.

Ramos fue citado, nuevamente, el 26 de abril de 2023 a audiencia imputativa. Asistió acompañado de su abogado particular y, tras escuchar la imputación, negó los hechos.

Tras evaluar las pruebas reunidas, la fiscal Salinas Odorisio consideró que Ramos, en su calidad de funcionario público, se apartó de los fines previstos por los que la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, le había asignado la camioneta Chevrolet, modelo S10, efecto público cuya administración y custodia le había sido confiada en razón de su cargo, señalando que el imputado colocó  dicho bien fuera del alcance de su custodia que le fue asignada, entregando el mismo a la incusa, para que lo utilice para asuntos personales, perjudicando en consecuencia el patrimonio y el normal funcionamiento de la Administración Pública”

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 Económicos Complejos

General Güemes: La exdirectora de Cultura fue declarada culpable de peculado

Mónica Fernanda Valdiviezo fue sentenciada a dos años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio y, en su alegato, había solicitado tres años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua.

Valdiviezo se desempeñaba como directora del Centro Cultural 13 de Febrero de la Municipalidad de General Güemes. Al concluir su gestión en diciembre de 2019, el nuevo intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra, dio inicio a la investigación por irregularidades en el manejo de fondos del centro cultural y el faltante de archivos.

La investigación realizada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos reveló que la exdirectora de Cultura de Güemes, sustrajo caudales estatales pertenecientes al Centro Cultural 13 de Febrero sin rendir cuentas de los ingresos obtenidos por actividades en el cine y las ventas en el bar, durante su gestión como funcionaria pública.

La fiscal Salinas Odorisio sostuvo que el Municipio sufrió perjuicio patrimonial debido a que de la rendición de fondos del año 2019, la suma de $ 807.208,23 se encuentra sin respaldo documental alguno.

El juez Guillermo Pereyra de la Sala 6 del Tribunal de Juicio condenó a Mónica Fernanda Valdiviezo a dos años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado.

 

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