Son tres los detenidos por el homicidio de una anciana

La fiscal a cargo de la investigación por el homicidio de una mujer de 70 años, ocurrido este sábado, informó que en las últimas horas se detuvo a otras dos personas por el hecho y que la audiencia de imputación se concretará en las próximas horas. Uno de los detenidos es familiar de la víctima.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria extraordinaria, Ana inés Salinas Odorisio, informó que en el marco de la investigación que lleva adelante por el homicidio de María Leonor Ginés de 70 años, se produjo la detención de otras dos personas vinculadas al hecho.

Salinas Odorisio explicó que los sospechosos son un familiar de la víctima de 21 años, una persona trans y otro hombre mayor de edad, quienes permanecen detenidos y serán acusados formalmente en las próximas horas.

La identificación de los sospechosos se produjo a partir de la recepción de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y otras medidas probatorias.

Un detenido por el homicidio de una septuagenaria

Este sábado al mediodía, se reportó el hallazgo de una mujer de 70 años sin vida en el interior de su departamento. El informe preliminar de autopsia indica que el deceso se produjo por heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio informó que se produjo la detención de una persona sospechosa.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria extraordinaria, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga el homicidio de una mujer de 70 años, ocurrido este sábado.

Explicó que la mujer fue encontrada sin vida en el interior de su departamento de avenida Belgrano al 900 y de forma inmediata se dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales y a la División Homicidios, quienes realizaron las tareas de rigor en el lugar.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizó la autopsia por la tarde. El informe preliminar indica que la víctima, identificada como María Leonor Ginés de 70 años, falleció por numerosas heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo.

De las primeras tareas investigativas desplegadas, se logró la detención de un hombre sospechoso de haber tenido participación en el hecho, quien será imputado en las próximas horas.

Salinas Odorisio señaló que la investigación se encuentra en su etapa inicial y se trabaja en la detención de otras personas vinculadas al hecho.

Ocho años de prisión para el conductor que mató a una mujer y lesionó a su hijo

En fallo unánime, el Tribunal de la Sala V de Juicio, condenó a Cristian Sebastián Mamaní a la pena de 8 años de prisión efectiva como autor de los delitos de homicidio simple en concurso ideal lesiones leves por un hecho ocurrido en marzo de 2019 en barrio El Cruce de General Güemes.

Este viernes se desarollaron los alegatos en la audiencia de debate contra contra Cristian Sebastián Mamaní, “Payaso”, imputado como autor de los delitos de homicidio simple en perjuicio de Zulma Fernández en concurso ideal con lesiones en perjuicio de Alex Cardozo.

Luego de la deliberación, el Tribunal de la Sala V de Juicio, haciendo lugar al pedido de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, condenó al acusado a la pena de 8 años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del imputado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Búsqueda internacional de Johnston: rige la reserva de actuaciones

Entre las medidas adoptadas en la investigación de la causa que tiene como acusado a John Hartwell Cocke Johnston y con el objetivo de garantizar su avance, la fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, dispuso la reserva parcial de las actuaciones por 10 días.

La fiscal penal Salinas Odorisio presentó el decreto de imputación contra Johnston, de 68 años, de nacionalidad estadounidense y con domicilio en Villa San Lorenzo, acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por el género.

Oportunamente la fiscal requirió a Interpol, la captura nacional e internacional de Johnston, luego de que éste saliera del país el viernes 28 de febrero junto a cuatro familiares con destino a Uruguay, según consta en el registro de Migraciones.

A su vez, la víctima ratificó en la Fiscalía la denuncia que en un primer momento tomó estado público e indicó que el agresor la golpeó y le gritó que era una “oportunista” por haberle iniciado acciones legales tras 10 años de no pagar la cuota alimentaria para la hija que tienen en común.

La situación se agravó cuando el denunciado arrojó al piso a la mujer y mientras le decía a la niña que no debía ser como su madre, la asfixiaba. El hecho quedó registrado por la menor a través de fotografías.
También prestó declaración testimonial la menor, bajo la modalidad de circuito cerrado de televisión.

Por otra parte, la querella requirió el congelamiento de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de Johnston, pedido que se encuentra a consideración del Juzgado de Garantías 5.

Juzgan a un conductor ebrio que mató a una mujer y lesionó a su hijo

Un hombre de 36 años es juzgado por los delitos de homicidio simple en concurso ideal lesiones leves por un hecho ocurrido en marzo de 2019 en barrio El Cruce de General Güemes, cuando atropelló a una mujer que volvía de trabajar en una feria , causando su muerte y provocando lesiones en su hijo que la acompañaba. La audiencia concluye este viernes.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas, representa al Ministerio Público ante la Sala V del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Cristian Sebastián Mamaní, «Payaso», imputado como autor de los delitos de homicidio simple en perjuicio de Zulma Fernández en concurso ideal con lesiones en perjuicio de Alex Cardozo.

El hecho ocurrió el 9 de marzo de 2019 en la intersección de calles Bolívar y Dominga Pauna de barrio El Cruce de General Güemes, cuando alrededor de las 20, la víctima regresaba de una feria junto a su hijo, transportando a pie un carro con plantas y fueron embestidos por un automóvil que pasó y que se dio a la fuga, dejando abandonados a la mujer y a su hijo.

La mujer fue trasladada al hospital local y luego al hospital San Bernardo, donde falleció por las lesiones recibidas.

Personal policial trabajó en el relevamiento de testigos y cámaras y pudieron localizar el vehículo en la localidad de El Bordo, donde fue secuestrado horas más tarde para ser sometido a pericias y se produjo la detención del acusado, quien aún permanecía en estado de ebriedad.

Tras ser imputado, Mamaní prestó declaración y tratando de eludir su responsabilidad, dijo que ese día viajó en el automóvil como acompañante ya que estaba ebrio, que la conducción estuvo a cargo de otra persona.

De los testimonios y medidas probatorias realizadas, se pudo constatar que Mamaní guiaba el vehículo y llevaba a su hijo menor de edad como acompañante. Incluso testigos resaltan la conducción temeraria que realizó por diversos puntos de esa ciudad.

En el requerimiento se hace énfasis en que Mamaní tuvo siempre el dominio pleno y consciente de sus acciones, por cuanto el mismo decidió voluntariamente consumir bebidas alcohólicas, conducir en estado de ebriedad su vehículo sin importarle que tenía su pequeño hijo como acompañante y realizar el fatídico recorrido por las calles de Güemes, ruta nacional 34 y El Bordo sin interés por el patrimonio, la integridad física y la vida de terceros.

La audiencia está presidida por el juez Marcelo Rubio está previsto que finalice este viernes con los alegatos de las partes y la lectura del veredicto.

Jimena Salas: piden juicio oral y público para Vargas y Cajal Gauffin

Los fiscales de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas y Gustavo Torres Rubelt, pidieron al Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio contra los imputados Sergio Horacio Vargas y Nicolás Federico Cajal Gauffin.

Salinas Odorisio y Torres Rubelt requirieron juicio oral y público en contra de Sergio Horacio Vargas (34 años), en calidad de partícipe secundario, del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria y en perjuicio de Jimena Salas; y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin , como autor responsable del delito de encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración de justicia.

En el requerimiento, los fiscales relataron los hechos ocurridos desde el 27 de enero de 2017, cuando Cajal Gauffin halló el cuerpo de Jimena Salas, las medidas ordenadas y todo lo sucedido hasta llegar al pedido de elevación a juicio. A partir de los elementos, Salinas Odorisio y Torres Rubelt, sostienen que la conducta desplegada por el imputado Cajal derivó en una manifiesta obstrucción de la justicia, perpetrada en orden a evitar dar cuenta acerca del origen o naturaleza de bienes espurios que estaban en su poder y que fueran sustraídos por los autores del homicidio en ocasión de ejecutar el hecho principal.

Sobre Vargas

Dijeron que como consecuencia de las medidas llevadas a cabo en la investigación se pudo establecer que los autores materiales contaron con la activa colaboración del imputado Sergio Vargas para la perpetración del hecho, lo que se logró probar con grado de probabilidad suficiente. Mientras que, por otra parte se pudo establecer que el coimputado Nicolás Cajal Gauffin, pese a ser pareja de la damnificada, habría desplegado conducta criminalmente punible, al ocultar información trascendental para la investigación de los hechos, direccionándola y condicionando el resultado; todo ello en función de intereses personales, lo que sumado al transcurso del tiempo ha impedido (hasta el momento) la determinación de los autores materiales, sobre los que la investigación debe continuar y continúa de manera constante e intensa.

Al pedido sumaron todos los elementos probatorios recabados durante la investigación; entre ellos, las numerosas declaraciones testimoniales, entre las cuales varias coincidieron en señalar a un hombre que consultó por una “señora que tenía unas hijitas en la entrada, al principio de calle Las Virginias (domicilio de Salas) y que esta señora le había encargado que le iba a comprar”. Otros testimonios describieron a un hombre con un perro en las manos, y otros describieron a Salas hablando con uno de esos sujetos.

La base probatoria también se sustenta en informes policiales, de telefonía (que confirmaron que Vargas utilizó líneas telefónicas registradas a su nombre y prepagas con una “actividad inusual, intercambiando tarjetas SIM de diversas compañías de manera permanente y llamativa”), con impacto en la zona donde residía Salas, a principios de enero.

“Se pudo determinar fehacientemente la utilización de telefonía celular de manera llamativamente sospechosa en general y en particular por haberse comprobado que el día 4 de enero estuvo en la zona con un equipo telefónico que no se corresponde a los numerosos elementos secuestrados en la causa”, dicen los informes. Otro dato llamativo es que el día posterior al hecho consultó la web del diario El Tribuno cuando según se puede comprobar jamás había ingresado a un portal de noticias”. Según el Gabinete de Informática Forense – Depto. de Criminalística del CIF del Ministerio Público Fiscal, tuvo “una conducta atípica en los motores de búsqueda utilizados”, ya que sobre un total de 2672 (dos mil seiscientos setenta y dos) cookies recopiladas en el dispositivo, constan seis registros de visitas a la página web el diario El Tribuno el día 28 de enero de 2017, un día después del crimen.

Sobre Cajal Gauffin

Sobre el imputado Nicolás Federico Cajal Gauffin, se sumaron testimonios, informes médicos y policiales, pericias informáticas y telefónicas, entre otras. Se dio cuenta de que cuando llegó la policía, “su estado era sereno, predispuesto y atento a los detalles solicitados, haciendo siempre hincapié en que su concubina (víctima) habría sido atacada por un ladrón”. El imputado dijo que “los policías le dijeron que lleve a las menores (sus dos hijas, halladas en el baño), al auto para preservar la escena y a él, también le pidieron que se retire de la casa”. No fue detenido.

La alarma

También se suma el informe de la empresa proveedora del servicio de alarmas, que confirman que fue apagada el 26 de enero y restablecida el 30 del mismo mes, sin intervención de los técnicos.

Indica que “no existen constancias que funden la falla de comunicación del sistema GPRS en la alarma instalada en el domicilio de la víctima por sabotaje, ni corte de alimentación y no fue posible la falla por equipos de inhibidores de señal en razón que tanto la víctima como la niñera utilizaron sus equipos de telefónica celular encontrándose en el inmueble…por lo que resulta concluyente que la falla de comunicación registrada en fecha 26 de enero de 2017, víspera del homicidio aconteció al desconectar la antena de la misma; que momentos previos al evento de “falla en comunicación”, Nicolás Cajal se encontraba en el inmueble solo.

Indica el pedido de elevación a juicio que “Cajal no mencionó ni la existencia de la alarma ni la extraña falla que en la víspera se había registrado, conociendo él la falla producida y su falla en el funcionamiento cuando ocurrieron los sucesos, ya que constan grabaciones registradas por la empresa en las que le comunican que la misma NO estaba funcionando”. Destacan que el servicio fue restablecido el 30 de enero, sin la intervención de equipos técnicos de la empresa

Testigos también señalaron que Cajal Gauffin utilizaba distintos números de teléfono, que no declaró.

Cajal anticipó la hipótesis del “perro”

Otro dato es que un compañero de trabajo del imputado declaró que cuando llegó a Vaqueros, el 27 de enero de 2017, Cajal le dijo “la mataron a mi mujer… por culpa de ese perro de mierda la mataron a mi mujer…”. Es decir, Cajal “señaló al testigo, una circunstancia fáctica vinculada al modo de comisión del hecho, la que no fue conocida sino tiempo después y merced a diferentes tareas investigativas, lo que da cuenta que conocía de antemano información de la mecánica del luctuoso suceso”. La hipótesis de los dos sujetos que aparecieron con un perro, fue elaborada en octubre de 2019.

Los homicidas buscaban un maletín

Otro informe policial pone de relieve que pese a existir una caja fuerte, los causantes se dirigieron directamente hasta un maletín y que por el nivel de preparación, el recorrido interno efectuado, y la metodología registrada, podría haberse tratado de un domicilio “entregado”.

En noviembre pasado, se realizó sobre dicho maletín, la prueba denominada “ejercicio punto a punto”, en la que el trabajo de perros certificados en la búsqueda de divisas, moneda de curso nacional y sustancias estupefacientes, dio positivo para sustancias narcóticas y/o divisas en su interior. La caja fuerte que estaba en el mismo placard, “no fue ni siquiera tocada…y a pesar de su fácil acceso y visibilidad, no fue violentada”.

Se documentó “la ausencia de desorden… y que las evidencias indican claramente que los autores materiales conocían la tenencia de estupefacientes, divisas o moneda de curso nacional en cantidades considerables para los victimarios”.

Los investigadores concluyeron que “el imputado intentó instalar desde los primeros minutos del abordaje policial la teoría de un robo frustrado al azar, omitiendo la sustracción ahora probada en el ejercicio punto a punto”.

Además, consta que Cajal recibió en julio de 2017, un llamado en el que “se hizo referencia expresa a maniobras propias de actividades ilícitas, con terminología utilizada en la jerga del comercio de estupefacientes, donde se asocia el resultado muerte del suceso a vinculaciones con el tráfico de drogas, lo que permite corroborar el contenido del maletín periciado”. Y se señala que “el imputado, nuevamente omitió dar a conocer al personal policial interviniente” esa comunicación.

Contradicción sobre las llaves de Salas

Los fiscales también encontraron una contradicción en la declaración de Cajal Gauffin, cuando dijo que el 27 de enero de 2017, encontró la llave de Jimena en la puerta; cuando la niñera declaró que la mujer la esperó afuera varios minutos porque no tenía la llave de su casa. Y en la presunción de la modificación de elementos del lugar del hecho, dijeron los fiscales que “cuando llegó Cajal, observó el llavero colgado en el alambre al lado de la puerta de ingreso; le sorprendió ver la puerta sin seguridad y el llavero de Jimena en el alambre”.

Según el registro fotográfico, “la llave que se observa colgada en el rombo del alambre tejido no sería el utilizado por Jimena…y el llavero que se encuentra colgado en el alambre, tiene llaves de un vehículo, lo que permite inferir que las llaves pertenecían a Cajal”. También se confirmó la presencia de un tercer llavero.

Los fundamentos de la acusación

Se ubica activamente la presencia e intervención de Sergio Vargas en la etapa previa del homicidio y se advierten actividades en torno a la ubicación del domicilio de la víctima y el ofrecimiento de dos sandalias para niñas, para lograr la precisa localización del domicilio donde residía Salas. Salinas Odorisio y Torres Rubelt, entendieron que la conducta de Vargas consistió en colaborar con los autores materiales del hecho, actuando como identificador o “marcador” del inmueble, y luego de alertante, a los fines de brindar mayor seguridad a los autores del crimen para la perpetración del hecho.

Se verifica luego el empleo de un supuesto perro “extraviado”, ardid a través del cual dos personas, aún no identificadas, ingresan al inmueble, atacan mortalmente a la víctima, resguardan a las menores, y luego, de simular la búsqueda de elementos de valor arrojando un joyero sobre la cama, toman el contenido de un maletín que se encontraba en el interior del domicilio.

En una instancia posterior, signada por la dificultad investigativa para esclarecer el suceso, y para individualizar a los dos sujetos que habrían matado a Salas, se destaca la actitud remisa de Nicolás Cajal. Dicen los fiscales que el imputado “deliberadamente omite brindar información, tergiversa datos, e impide una tarea investigativa eficiente, actitud que supera una mera renuencia y que, a la luz de las circunstancias, ostenta contenido criminal, por aparejar una efectiva obstaculización al proceso investigativo”.

Sobre Nicolás Federico Cajal Gauffin, afirmaron también que “en numerosas oportunidades y desde el comienzo de la investigación el imputado ha manifestado que no se sustrajo elemento alguno de su domicilio, negando la presencia de elementos de valor o susceptibles de ser objeto de robo, lo que determinó que el curso de la investigación siempre se abordara con presunción de un robo frustrado al azar y consecuentemente a una multiplicidad de hipótesis”.

El imputado habría ocultado deliberadamente por motivos a determinar, la existencia de dinero, divisas y/o sustancias estupefacientes, que ahora se sabe que contenía el maletín que estaba el armario de la habitación principal del domicilio. Se comprobó que los autores materiales de quitar la vida a la víctima de manera violenta, ya lastimados, se dirigieron directamente al armario, lo cual fue probado por los rastros biológicos hallados en el maletín.

Agregaron que Cajal Gauffin, tuvo la “decisión de omitir información a la Fiscalía para instalar el supuesto de un robo frustrado”.

Los fiscales entendieron que la omisión de dar a conocer que en el maletín secuestrado de su habitación y que se encontraba semiabierto, contenía dinero tanto nacional como extranjero y sustancia prohibida, es determinante y permite presumir que el imputado no quiso hacer referencia a esta situación porque ello daría paso a que los investigadores lleguen a indagar la procedencia de esos elementos… y con su accionar futuro, al intentar por diversos medios cobrar la póliza de seguro por la muerte de su pareja, Jimena Salas.

Lo cierto es que con esa omisión, logró la acción de ocultar un posible móvil del crimen, una prueba fundamental en la investigación que surgió luego de casi tres años y que pudo y puede cambiar el rumbo de la investigación con las dificultades que implica el paso del tiempo.

Según la autopsia practicada al cuerpo de la víctima, registraba unas 40 puñaladas aproximadamente, registraba signos de defensa y se utilizaron al menos dos armas blancas. Salas falleció por shock hipovolémico por lesiones múltiples por arma blanca. El cuerpo fue retirado por su madre al día siguiente del crimen y cremado el 29 de enero.

Juicio para un policía imputado en relación a la muerte de su esposa

Un efectivo policial fue requerido a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber dejado su arma reglamentaria sin los cuidados necesarios, al alcance de su esposa, quien la usó para quitarse la vida.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2, para Jorge Exequiel Martearena por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de su esposa.

El hecho ocurrió el pasado 3 de octubre al mediodía, cuando una mujer de 26 años fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda con una herida de arma de fuego y se pudo constatar que usó el arma reglamentaria de su esposo, que es personal policial, para realizar el disparo que acabó con su vida.

En razón de esta situación, Martearena fue detenido, mientras se analizaba la responsabilidad que le cupo en el hecho.

En el requerimiento, la fiscal considera que el imputado dejó su arma reglamentaria al alcance de la víctima, sin el debido cuidado y resguardo, contraviniendo la normativa que regula la tenencia y portación responsable, más aún en el caso en el que el acusado es personal policial.

El reproche penal a Martearena es porque en forma clara y contundente, no dio cumplimiento al deber de guardar el arma de fuego descargada y separada de su munición, en un lugar seguro y bajo llave.

No declaró el hombre que intentó matar a su expareja con un arma de fuego

Nicolás Nahuel Cabrera fue imputado por un hecho ocurrido el pasado domingo en Villa Primavera, donde atentó contra la vida de su expareja con un arma. Tras conocer la acusación, decidió no prestar declaración. Continuará detenido.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Nicolás Nahuel Cabrera de 21 años como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja, por el género y por el uso de arma de fuego en concurso ideal con violación de domicilio en perjuicio de su expareja y madre de su hijo.

El joven, tras conocer la acusación en su contra, decidió no prestar declaración y desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención mientras se completan las diversas medidas solicitadas para el esclarecimiento del hecho.

Villa Primavera: intentó matar a su expareja con un arma de fuego

Un hombre de 21 años fue detenido y será imputado en las próximas horas por un hecho ocurrido este domingo por la madrugada. El acusado se presentó en la vivienda de la joven de 18 años e intentó dispararle con un arma de fuego que no se accionó. Tenían denuncias previas de violencia y había una prohibición de acercamiento.

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Ana Inés Salinas Odorisio, investiga un hecho ocurrido durante la madrugada de este domingo en Villa Primavera, cuando un hombre de 21 años se hizo presente en la casa de su expareja, una joven de 18 años y tras violentar la puerta de acceso, ingresó a su habitación e intentó dispararle pero el arma de fuego no se accionó.

La joven pareja tuvo una relación de 10 meses y un hijo en común. Se encontraban separados hace algunas semanas y según la propia víctima, ya tenían antecedentes de violencia y existía una prohibición de acercamiento para el acusado.

Salinas Odorisio explicó que ya fue detenido y será imputado en las próximas horas por la tentativa de homicidio calificado.

Piden la captura nacional e internacional de un acusado de tentativa de femicidio

La fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contras las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la captura nacional e internacional de John Hartwell Cocke Johnston, de nacionalidad estadounidense y con domicilio en Villa San Lorenzo, acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por el género.

La fiscal penal Salinas Odorisio solicitó la detención del agresor de 68 años, pero efectivos policiales no encontraron a nadie en el domicilio. Las diligencias están a cargo de la División Homicidios del Ministerio Público Fiscal.

El acusado, según consta en el registro de Migraciones, salió del país este viernes 28 de febrero, junto a cuatro familiares con destino a Uruguay.

Según el relato de la víctima que tomó estado público, el agresor la golpeó y le gritó que era una «oportunista» por haberle iniciado acciones legales tras 10 años de no pasar alimentos a la hija que ambos tienen en común.
La situación se agravó cuando el denunciado arrojó al piso a la mujer y mientras le decía a la niña que no debía ser como su madre, la asfixiaba. El hecho quedó registrado por la menor a través de fotografías.

Entre las medidas adoptadas en la investigación, la fiscal Salinas Odorisio citó a la denunciante a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.