Ríos & Asociados: Detienen por falso testimonio al cadete de Cinthya Moya

El hombre fue quien entregó un bolso y un sobre a la líder de la falsa financiera el 4 de septiembre pasado, cuando fue detenida junto a una agente de la Policía de Salta. En declaración testimonial incurrió en numerosas contradicciones a la hora de explicar su presencia en el lugar.

El cadete que transportaba sobres para Cinthya del Valle Moya, la líder de la falsa financiera Ríos & Asociados, fue detenido por falso testimonio por pedido de la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.

El hombre había sido demorado el 4 de septiembre pasado, fecha en que Moya y la agente de la Policía de la Provincia de Salta Zulma Yanina Correa, fueron detenidas en un automóvil con $2.328.350.

Minutos antes, una comisión policial había concurrido al domicilio de Moya, en donde la observaron subir a un automóvil y permanecer, con el motor en marcha, por espacio de cinco minutos hasta la llegada de una motocicleta de la que bajó un hombre y le entregó un bolso negro. El vehículo en que se encontraba la líder de Ríos & Asociados circuló por varias calles de la ciudad, para detenerse en Belgrano y Almirante Brown, en donde subió una mujer. Se observó la llegada del mismo hombre en motocicleta, quien entregó un sobre a Moya.

En ese momento, los efectivos interceptaron el vehículo, deteniendo a Moya y Correa y secuestraron $ 1.168.850 del sobre y del bolso, $ 1.159.500. El cadete manifestó que simplemente realizaba un trámite para Moya por lo que fue liberado y citado a prestar testimonio en sede fiscal.

Durante la audiencia, el hombre, de 27 años, incurrió en numerosas contradicciones por lo que la fiscal Salinas Odorisio decidió corroborar las explicaciones del cadete y determinar su vinculación con Moya, concluyendo que el hombre, había faltado a la verdad al explicar la procedencia del dinero que tenía en su poder y luego entregó a Moya, entre otros. Teniendo en cuenta ello, la fiscal de UDEC solicitó su detención.

Personal de Investigaciones del CIF realizaron el allanamiento del domicilio del cadete en barrio Solidaridad, secuestrando un automóvil Fiat Siena adquirido por el hombre el 23 de agosto pasado, un teléfono celular y tres blisters de tarjetas prepagas telefónicas. Del domicilio del padre del cadete fueron secuestrados un cuaderno con anotaciones varias, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

El hombre fue detenido y trasladado a la Alcaidía General de la Provincia.

Durante la audiencia de imputación fue asistido por el mismo abogado defensor de Cinthya Moya y fue imputado por el delito de falso testimonio.

 

Detuvieron con $2.328.350 a la líder de la falsa financiera Ríos & Asociados

Juzgan a un hombre por estafas con cheques

El dueño de un comercio denunció que el hombre le pagó con cheques diferidos y, cuando se presentó a cobrar en el banco, le informaron que el titular había emitido una orden de no pagar.

En la Sala 4 del Tribunal del Juicio se desarrolla la audiencia debate contra Galo Leonel Ortuño acusado del delito estafa. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal.

La intervención de la UDEC inició en noviembre de 2019, luego de que el representante legal de una empresa, denunciara que Ortuño se presentaba a comprar productos, los que pagaba con cheques diferidos, sin que hubiera inconvenientes.

Con el tiempo, y a medida que la confianza crecía, aseguró que el denunciado efectuó diversas compras de insumos tecnológicos como computadoras, monitor, placa de red, impresora, copiadora, toners, resmas de papel, entre otros bienes, abonando con diferentes cheques a la orden de pago diferido.

No obstante, al acudir al banco, la institución financiera le notificó que no podía efectuar el pago, ya que existía una orden de no pago emitida debido a que Ortuño los había denunciado como robados. Este incidente involucró a un total de diez cheques.

Condenan a otro intendente de Animaná

Había sido denunciado en 2017 por José Rolando Guaimás, quien ayer fue condenado por peculado. La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en las dos causas.

La Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado, en la que el exintendente de Animaná, Ignacio Vicente Condorí, fue condenado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Tras reconocer su culpabilidad, Condorí fue sentenciado a dos años de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos electorales.

La investigación comenzó a partir de la denuncia formulada por el jefe comunal del municipio ubicado en el departamento San Carlos, José Rolando Guaimás (quien ayer fue condenado por condenado la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua por ser autor del delito de peculado),  por un hecho ocurrido durante 2015, cuando Condorí ejercía el cargo de intendente.

Según consta en las actuaciones, Guaimás fue intimado en marzo de 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para informar sobre el subsidio institucional, destinado a financiar el equipamiento del Centro de Integración Comunitaria. Debía remitir documentación respaldatoria de la inversión.

Ante la inexistencia de los fondos o constancias, Guaimás citó a Condorí, quien primero desconoció el dinero referido, luego aceptó la existencia de constancias de retiro del Banco y sugirió al denunciante que “el problema podía solucionarse contablemente, sin que saliera a la luz de los medios o se hiciera una denuncia penal, devolviendo el dinero y asentando como que nunca había salido del municipio”, lo que fue rechazado por el intendente. Finalmente, Condorí reintegró el dinero, para lo cual se labró un acta.

Condenan a un hombre por estafar a 46 vecinos de Villa Floresta

Estafó a 46 vecinos del barrio Floresta Alta, quienes le habían entregado dinero para realizar trabajos eléctricos que nunca se llevaron a cabo. El acuerdo de juicio abreviado se basó en su reconocimiento de culpabilidad ante las pruebas presentadas por la fiscalía.

En el año 2018, un grupo de vecinos del barrio Floresta Alta confió en el hombre para llevar a cabo la instalación eléctrica en sus hogares, entregándole una suma de $ 238.500, adeudando $375.665, monto que se entregarían al finalizar el trabajo.

Los problemas comenzaron a surgir en febrero de 2019, cuando los vecinos comenzaron a darse cuenta de que el individuo no tenía la intención de cumplir con su compromiso de realizar el trabajo acordado. Además, para empeorar la situación, les comunicó que no disponía de los fondos necesarios para reembolsarles el dinero que habían entregado como adelanto, tras lo cual hicieron la denuncia.

Tras la presentación de las pruebas reunidas por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, Taritolay Palacios reconoció su responsabilidad en los hechos, alcanzando un acuerdo de juicio abreviado, que tuvo lugar en la Sala del Tribunal de Juicio.

Juan Alberto Taritolay Palacios fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de estafas reiteradas (46 hechos).

 

Condenaron a dos mujeres por falsificar un boleto de compraventa de una vivienda

Una mujer que había adquirido una vivienda en 2009, debió luego iniciar un juicio de desalojo para recuperarla. Cuatro años después se enfrentó a un intento de usurpación respaldado por un boleto de compraventa falsificado. 

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que se desarrolló en la Sala 3 del Tribunal de Juicio.

Tras la presentación de las pruebas reunidas en la etapa de investigación por la UDEC, Mirta Elizabeth Anze Villena y Ana Lisa Montiel a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autoras de los delitos de estafa procesal en grado de tentativa y falsificación de documento privado en concurso real.

La intervención de la UDEC inició con la denuncia radicada por una mujer que adquirió una vivienda en calle Zuviría al 1500 en el año 2009. En diciembre de 2011 tomó conocimiento de que tres personas habían habían ingresado sin autorización al inmueble, obligándola a iniciar un juicio de desalojo que se tramitó en el Juzgado Civil Y Comercial 2, obteniendo sentencia favorable y logrando que el inmueble se le restituyera.

Cuatro años más tarde, en febrero de 2017, la denunciante fue notificada de una audiencia en el Centro de Mediación del Poder Judicial con dos de las mujeres que habían sido desalojadas en 2012. Allí, su abogado fue informado de la existencia de un boleto de compraventa supuestamente completado y firmado por ella a favor de las mujeres, quienes reclamaban la propiedad del inmueble.

Desde UDEC se inició una investigación, determinando la pericia caligráfica efectuada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que “del estudio comparativo entre los elementos dubitados, consistentes en la firma del boleto de compraventa y del contrato de locación y las firmas indubitadas del cuerpo de escritura y del DNI de la denunciante, surge que no guardan relación grafo-estructural entre ellas, observando diferencias en su formato y en los patrones gráficos mencionados”.

Por otra parte, se pudo establecer que en 2014, Anze Villena y Montiel se habían presentado ante una escribana pública en supuesto carácter de locatarias del inmueble, solicitando que se deje constancia del estado del mismo y de todo lo que ellas mejoraron o incorporaron al inmueble para hacer posible su ocupación, agregando fotografías para que se incorporen al primero testimonio.

La fiscal Salinas Odorisio consideró que todo ello demostró las intenciones de las acusadas de hacer pasar por cierto el hecho de que eran locatarias del inmueble mencionado y así reforzar sus falsas pruebas para hacer incurrir en error al juez civil para que declare la nulidad de los juicios iniciados en su contra por la damnificada.

 

Condenan a dos empleados municipales por falsificación de instrumento público

Hernán Ochoa y Andrea Cecilia Palacios fueron sentenciados a dos años y cinco meses de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la conden.

La Sala 6 del Tribunal de Juicio condenó a Andrea Cecilia Palacios, y Hernán Ochoa a dos años y cinco meses de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena por el delito de falsificación de instrumento público.

Ambos, además, fueron absueltos del delito de estafa. Por su parte, Azucena del Valle Ruiz resultó absuelta de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.

Durante su alegato, la fiscal Penal de la Unidad de Delito Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado tres años de prisión de cumplimiento efectivo y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Ochoa; 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional y 5 años 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Palacios. En cuanto a Ruiz, la fiscal de UDEC solicitó la absolución por la duda razonable.

Ochoa, Palacios y Ruiz fueron denunciados el 11 de junio de 2020 por la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta por haber emitido un Permiso Transitorio de Habilitación a un local de productos y artículos de limpieza ubicado en calle Leguizamón al 1700, con su firma falsificada.

Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario del local había iniciado en agosto de 2019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3000 por sellado y $ 3000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.

En la Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa) no existe registro de ingreso de pago de sellado a las arcas municipales correspondiente al permiso transitorio.

Al no tener novedades, el dueño del local contrató durante el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) decretado durante la pandemia de coronavirus, a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.

 

Generación Zoe: Requieren juicio para Cositorto y sus socios salteños por 118 estafas y asociación ilícita

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, estimó el perjuicio ocasionado por la financiera supera los cinco millones de pesos y los quinientos setenta y cuatro mil dólares.

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio al Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, para Nelson Leonardo Cositorto por considerarlo autor de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) en concurso real con asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Acusa también a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de Los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por ser coautores de los delitos de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, en concurso real.

La suma total del perjuicio ocasionado, de acuerdo a las 118 denuncias realizadas, asciende a 5.682.500 pesos y 574.120,29 dólares.

La causa

La intervención de la UDEC inició a raíz de distintas denuncias recibidas en 2022 por estafas en contra de Generación Zoe, una financiera nacional con una de sus sedes en Salta, ubicada en calle en Pellegrini 782.

Durante la investigación, desde UDEC determinaron que el modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados membresía educativa o inteligente), cuyo importe variaba entre los 500 y 1.000 dólares. A cambio de la inversión, la financiera les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.

Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.

El contrato rubricado tenía una duración de tres años, momento en el cual recién el inversionista podía retirar su capital. En el caso de que el aportante decidiera retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo retiros antes de 12 (doce) meses.

Además, a modo de incentivo y para que los inversionistas continuaran inyectando dólares al circuito, desde la plataforma virtual de Generación Zoe se premiaba con comisiones a aquellos que referían gente para ingresar a la organización como aportantes. Cuantas más personas, mayor era la comisión que se podía recibir.

Bajo el mismo esquema, ofrecían Robots (Navideño, de Enero, Febrero, etcétera), que consistían en un sistema de inversión similar al explicado, pero con una duración de tres meses y la promesa de un retorno del 100%, con un mínimo de inversión de 1.500 dólares.

La mayoría de las inversiones se realizaban en efectivo, dinero que era entregado en mano a los imputados y sólo en algunos casos se realizaban transferencias bancarias, operaciones que eran transferidas a la cuanta de Jorge Federico Vilardel, quien además recibía las trasferencias realizadas por Cositorto, destinadas al pago de los empleados e inversores, siendo este el encargado de realizar tales operaciones.

Los roles

Según el trabajo de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, los roles de cada uno serían:

  • Leonardo Cositorto: Era el Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, quien firmaba los contratos con los inversionistas, se encargaba de recolectar el dinero aportado a través de trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias, como ser “ZOE EMPOWERMENT S.A”, donde el mismo revestía el carácter de presidente.
  • Ricardo Gabriel Vilardel: Era el director y representante de Zoe en Salta. Era quien se encargaba de atender a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos que les otorgaban a los mismos por el dinero entregado.
  • Ana Vilardel: Era la secretaria de la sede local de Zoe; atendía a las víctimas y se logró determinar que recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados
  • Jorge Federico Vilardel: Era el encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta bancaria.
  • Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y/o conferencias para captar a las víctimas y se encargaban de difundir la financiera por diferentes medios.

 

 

Generación Zoe: Imputaron a Cositorto y sus socios salteños por 60 estafas y asociación ilícita

 

Elevan a juicio la causa contra Rubén Méndez Salazar

El exintendente de Salvador Massa y otras diez personas son acusadas de distintos delitos por el Ministerio Público Fiscal.

La Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot fue informada este mediodía por el Juzgado de Garantías de Salvador Mazza de la elevación a juicio contra el ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y otras diez personas.

El Ministerio Público Fiscal había elevado el requerimiento de juicio el 31 de octubre de 2023 (leer más), y tras numerosas oposiciones de las defensas técnicas de los acusados y las respuestas de la Unidad Fiscal, finalmente el Juzgado de Garantías decidió elevar la causa a juicio.

La Unidad Fiscal acusa a:

Rubén Méndez Salazar (exintendente de Salvador Mazza) de los delitos de peculado; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; incumplimiento de los deberes de funcionario público; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; peculado de servicios y trabajos; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; fraude a la administración pública, todo en concurso real.

Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Juan Marco Méndez (hermano del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor) y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Oscar Rodolfo Gutiérrez (Exsecretario privado del exintendente) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Roberto Justo Balverdi (Exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza) de los delitos de peculado (partícipe necesario); peculado (autor); incumplimiento de los deberes de funcionario público (coautor); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Roque Maximiliano Méndez (hijo del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesario); peculado (partícipe necesario); asociación ilícita (miembro), todo en concurso real

Carolina Antonella Morena (Tesorera) de los delitos de peculado (partícipe necesaria); incumplimiento de los deberes de funcionaria pública (coautora); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Ivanna Irene Méndez (hija del exintendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Susana Angelita Palacio (expareja del exitendente) de los delitos de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria); y asociación ilícita (miembro), todo en concurso real.

Liliana Cristina Centeno (contadora del exitendente) del delito de enriquecimiento ilícito (partícipe necesaria).

Roberto Orellana (Exsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza) del delito de peculado de servicios y trabajos (coautor)

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre de 2021 contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez Salazar, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

 

 

 

Detienen al segundo líder de la banda que estafaba con cheques electrónicos

Desde UDEC fueron identificadas diez personas involucradas, siendo dos de ellos los líderes de la banda.

En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, por denuncias de estafas cometidas con cheques electrónicos por un grupo de personas, esta mañana fueron detenidos dos hombres.

Personal de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó esta mañana tres viviendas del municipio de San Lorenzo; dos de ellas ubicadas en barrio Nueva Esperanza y la tercera en Atocha.

Como resultado del operativo, que fue requerido por la fiscal Salinas Odorisio al Juzgado de Garantías 1, fueron detenidos el que sería uno de los dos líderes de la banda y su hijo y serán imputados mañana. Los otros ocho involucrados ya fueron imputados provisionalmente por  los delitos de estafas y asociación ilícita.

Con la nueva detención ya fueron capturados los diez integrantes de la banda que estarían implicados en la estafa, que hasta el momento asciende a más de 20 millones de pesos y ocasionó pérdidas a dos empresas.

La primera de ella es una compañía dedicada a la venta de elementos de seguridad industrial y cuyo propietario denunció en noviembre de 2022 que había sido estafado por más de cinco millones de pesos con cheques electrónicos. Por este hecho, fueron detenidas dos personas y un tercer hombre que ya se encontraba alojado en la Alcaidía General de la Provincia por otro hecho similar en una causa que investiga la Fiscalía Penal 5.

A través de una denuncia efectuada el 15 de mayo del 2023, los investigadores de UDEC corroboraron que también una empresa local de lubricantes fue estafada por la misma banda delictiva, que libró cheques electrónicos diferidos a treinta y sesenta días, por montos que superan los 16 millones de pesos.

 

 

 

 

Condenaron al exintendente de Campo Quijano a seis años de prisión

Manuel Cornejo fue hallado responsable de tres hechos de peculado y de incumplimiento de funcionario público. Fue sentenciado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, una vez que la condena esté firme. Carmen Méndez, que era su secretaria de Hacienda, también fue condenada a tres años de ejecución condicional.

El exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo fue condenado a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos; y Carmen Méndez a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

El juez Guillermo Pereyra dispuso que Cornejo mantenga la libertad hasta tanto la condena se encuentre firme, aunque ordenó se mantengan las medidas con las que llegó a juicio.

Los condenados llegaron al juicio acusados por el Ministerio Público Fiscal de los delitos de peculado (4 hechos) y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en el caso de Cornejo; y de peculado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el de Méndez.

En su sentencia, el Tribunal absolvió a Cornejo de un hecho de peculado y del delito de enriquecimiento ilícito y lo condenó en el resto de los delitos de los que fue acusado. Además, ordenó que los elementos secuestrados sean restituidos a la Municipalidad de Campo Quijano.

A lo largo de los diez días que duró la audiencia debate, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó todas las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad de los acusados en los hechos. Durante su alegato, la Fiscalía había solicitado seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para el exmandatario y tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Méndez.

Previo a la condena, el juez Pereyra ofreció a Cornejo y a Méndez la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Ambos acusados optaron por no hacer uso de ese derecho.

 

Inicia hoy el juicio contra el exintendente de Campo Quijano