La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputará en las próximas horas a un hombre y una mujer, quienes fueron detenidos este jueves, luego de un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente y a partir del cual también se secuestraron elementos de interés para la investigación.
La intervención de Salinas Odorisio inició a partir de la denuncia de una persona que resultó afectada por compras con su tarjeta de crédito, por una suma superior a los $ 200.000 (doscientos mil pesos), en comercios de la provincia. También fue utilizada para pagos en dólares estadounidenses para compras realizadas en el exterior.
Las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Delitos Económicos Complejos del CIF del Ministerio Público Fiscal, permitieron identificar a los autores del delito, al confirmar que valiéndose de información obtenida en las empresas en las que trabajan, la pareja utilizó números de tarjetas de crédito ajenas y realizó compras online.
La estafa, bajo la modalidad “hormiga” fue verificada a través de compras realizadas mediante una aplicación de pedidos a domicilio, para la cual utilizaron nombres de terceros durante un año y medio. El denunciante sufrió débitos de su cuenta de caja de ahorros, en moneda argentina y extranjera, y además, contrajo una deuda por los intereses sumados por compras realizadas en moneda extranjera.
Ambos detenidos cuentan con antecedentes, ya que fueron denunciados en 2018 cuando él trabajaba en una concesionaria y una firma crediticia. Actualmente, el hombre se desempeña como asesor comercial de una empresa de alarmas y valiéndose de su conocimiento en el uso de tarjetas de créditos y débitos, habría robado datos del denunciante, quien a su vez, fue captado por la esposa del primero, quien trabaja en una empresa de telefonía celular.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos reiteró la necesidad de radicar la denuncia pertinente ante casos de estafas, porque la modalidad registra gran cantidad de víctimas que no dan a conocer los hechos defraudatorios. Es que la mayoría, como primera medida, desconoce la compra ante la entidad bancaria, que absorbe la responsabilidad financiera sobre el cliente. En consecuencia, muchas víctimas desisten de denunciar al no verse afectadas en su patrimonio y ello propicia la impunidad de quienes utilizan sus datos crediticios con fines ilícitos.
Para este martes se encuentran citados peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, efectivos policiales y vecinos de Vaqueros entre otros.
Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio, representan al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia.
Entre los nueve testigos citados para la jornada de este martes se cuenta a peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que tomaron parte durante la investigación, efectivos policiales, vecinos de la localidad de Vaqueros, entre otros.
La audiencia inició el día 3 de mayo y está previsto que se extienda hasta el 21 de mayo próximo.
Este miércoles se desarrollará una nueva jornada del juicio que se sigue contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Cajal Gauffín. Son ocho los testigos citados para prestar declaración. Está previsto que la audiencia se desarrolle hasta el 21 de mayo.
Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio, representarán desde este lunes al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia.
El Tribunal colegiado está integrado por los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman y para la jornada de este miércoles, está previsto que reciban la declaración de ocho testigos, entre los que se cuenta a dos efectivos policiales que intervinieron en la investigación y vecinos del barrio San Nicolás.
La audiencia se desarrolla en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial desde las 8 y está previsto que se extienda hasta el 21 de mayo.
Este martes se desarrollará en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, la segunda jornada del juicio que se sigue contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Cajal Gauffín. El Tribunal de la Sala VII de Juicio recibirá la declaración de ocho testigos citados por las partes.
En el juicio que se sigue contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia. este martes, el Tribunal de la Sala VII de Juicio, integrado por los jueces Francisco Mascarello, Martín Diez y Federico Armiñana Dohorman, recibirá el testimonio de ocho testigos citados por las partes.
Se trata de efectivos policiales que intervinieron durante la investigación y vecinos de barrio San Nicolás, en la localidad de Vaqueros.
Representan al Ministerio Público, los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio.
Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, se identificó a los acusados y el viudo de la mujer asesinada en enero de 2017, decidió prestar declaración y responder preguntas de las partes. Vargas manifestó que no prestará declaración por el momento. Declararon tres testigos, entre ellos la niñera de las hijas de la víctima.
En la primera jornada de la audiencia de debate que se sigue contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia; el primero se abstuvo de declarar y quien fuera la pareja de la víctima, decidió declarar ante el Tribunal de la Sala VII de Juicio y responder preguntas.
Cajal hizo un relato sobre la jornada del 27 de enero de 2017, de las horas previas al hallazgo de Jimena Salas sin vida y sobre cómo se desarrollaron los hechos con posterioridad. Al momento de responder preguntas, fue consultado por el manejo de las llaves en la vivienda, la relación con su pareja, sus relaciones extramatrimoniales y sobre algunas actitudes adoptadas en relación al hecho.
El primer testigo fue un empleado municipal de Vaqueros, quien se desempeñaba como agente de tránsito en enero de 2017 y que cuando se dirigía en forma peatonal a cumplir sus tareas, observó a Salas en la puerta de su casa, conversando con un hombre, al que no pudo ver porque estaba de espaldas y aportó datos sobre un vehículo estacionado afuera de la vivienda. Refirió haber escuchado que reían y hablaban algo relacionado a la Red de Vecinos de la localidad.
El segundo testigo fue la mujer que se desempeñaba en la casa de Jimena Salas como niñera de las dos menores. La mujer dio un detalle de las tareas que cumplía, describió a la víctima como buena y muy amable y en el relato de la jornada del 27 de enero, señaló que Salas le dijo que llevaba llaves al salir del domicilio y que luego, al regresar, debió abrirle la puerta porque creía haberlas olvidado en el auto de su marido.
Finalmente, prestó declaración un oficial de la Policía de la Provincia, que en la fecha, revistaba en la División Homicidios y tuvo a su cargo la primera intervención. Con un soporte multimedia se refirió a las primeras tareas desplegadas y a las entrevistas realizadas entre los vecinos, desde donde pudieron iniciar las líneas investigativas.
En la presentación se refirió incluso a la presencia del imputado Vargas en el barrio durante el día del hecho, lo cual se obtiene del testimonio de una vecina y de una imagen que lo capta en un camping ubicado en las proximidades de la casa de la víctima.
Para la jornada de este martes se encuentran citados ocho testigos, entre los que se cuenta a vecinos del barrio San Nicolás, donde vivía Jimena Beatríz Salas.
Este lunes dará inicio en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Federico Cajal Gauffín. Está previsto que se extienda hasta el 21 de mayo y las partes citaron a más de 100 testigos a declarar.
Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio, representarán desde este lunes al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro en la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia.
El Tribunal colegiado estará integrado por los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman.
Durante la primera jornada, se dará lectura al requerimiento a juicio fiscal, se dará la posibilidad para que los acusados presten declaración y se iniciará la ronda de testimoniales con tres personas citadas, entre quienes se cuenta a la persona que se encontraba al cuidado de las dos hijas menores de la víctima en enero de 2017.
Del 3 al 21 de mayo, se desarrollará en la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro, la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Federico Cajal Gauffín. Las partes citaron a mas de 100 testigos a declarar.
La audiencia será presidida por el juez Francisco Mascarello y está previsto que se desarrolle del 3 al 21 de mayo en jornadas que iniciarán a las 8 y para las que las partes citaron a más de 100 testigos a declarar.
Los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Diego Nicolás Rodríguez López, requirieron ante el Juzgado de Garantías del Distrito Judicial Sur-Joaquín V. González, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al exauxiliar fiscal Sergio Ariel Dantur, acusado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública.
En la presente causa, surgió que el imputado, investigado por su vínculo con el acusado policía de la subcomisaría El Dorado de Apolinario Saravia, Walter Mamaní, hizo entrega voluntaria de un teléfono celular como supuesto de uso oficial y omitió poner a disposición el teléfono corporativo del Ministerio Publico Fiscal, por lo que realizó la maniobra de entregar el teléfono de uso particular como si fuera oficial.
En un primer momento, el resultado de la inspección al teléfono celular aportado por la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simensen de Bielke, fue utilizado como elemento de prueba en contra de Dantur, lo cual fue sostenido por el Juez de Garantías y el Tribunal de Impugnación.
Fue así que por disposición del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, fue creada la Unidad Fiscal para investigar la conducta de Dantur, quien al entregar el teléfono celular y no especificar que se trataba de un móvil personal y no oficial, generó la declaración de nulidad de las actuaciones, conducta que condujo al error no solamente del Tribunal, sino también de la fiscala que investigaba la causa.
Se agregó como conducta reprochable a Dantur, que el teléfono celular oficial no fue utilizado a tales fines, sino que se verificó una utilización ambigua y confusa del aparato, lo que alteró el desarrollo de las tareas encomendadas como funcionario público, que perjudicó el normal y correcto desempeño de su función pública.
Extracción de datos
En el análisis del plexo probatorio reunido, concurrieron como prueba objetiva de indubitada certeza, los informes de los peritos del Gabinete de Informática del CIF, quienes realizaron un análisis integral del informe de extracción sobre los teléfonos secuestrados al auxiliar fiscal Sergio Dantur. Surgió así un informe de 8182 páginas, con un resumen de 300, del cual fueron sustraídos distintos elementos de interés para profundizar en el análisis.
También pudo establecerse que el teléfono de la línea oficial del Ministerio Público Fiscal, era utilizado por la hija de Dantur, menor de edad, quien recibía mensajes de trabajo y que luego eran reenviados por la madre de la niña a la línea personal utilizada por Dantur.
Los teléfonos analizados fueron el oficial (otorgado por el Ministerio Público Fiscal) y el personal. Del último, surgieron los mensajes intercambiados con el comisario detenido e imputado, Walter Mamaní, cuando se realizó la inspección ocular. El imputado también realizó consultas y visitó páginas de contenido con información referida al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Existen comunicaciones en las que se presume que Dantur intercambiaba cheques de manera frecuente.
Por otra parte, se hallaron comunicaciones con un acusado de venta de motos robadas, en las que el imputado Dantur se comunicó con alguien a quien señaló como “Jujuy”, detrás del apodo. El exfuncionario hizo referencia a que esperaba el embarque y que ya tenía un par de tornillos. Las tareas complementarias con la Brigada de San Pedro de Jujuy, revelaron que sería una persona que estuvo detenida en esa ciudad jujeña, por comerciar con motocicletas robadas, las que eran llevadas a “Chaco” y que desde allí regresaba con “carne”.
Dantur también posee un registro de búsqueda de armas de distintos calibres y recibió un mensaje de alguien a quien le preguntó si tenía una para venderle. A través de un audio, Dantur dijo a otro hombre que le interesaba comprar un arma y que quería una 45” o una Ballester Molina, también un fusil o subfusil, al que se le pueda poner una mira holográfica o láser.
Dantur mantuvo una fluida comunicación con distintos dirigentes políticos y un exfuncionario provincial, quien le habría facilitado vídeos de las filmaciones obtenidas en el caso Mamaní. La misma persona advirtió a Dantur “que tenga cuidado con Mamaní, porque se la estaba mandando cambiada”.
El 28 de junio de 2020, Dantur le dijo al policía Walter Mamaní que dejaba el expediente en la mesa de la fiscalía, en su oficina y sobre su escritorio; que pidiera las llaves y que se quedara tranquilo compulsando las actuaciones “y a la mierda”.
Por lo expuesto, quedó demostrada la materialidad del hecho y la participación responsable del encartado. La exigencia de un elemento subjetivo implícito en el tipo penal, se dio por el conocimiento y la voluntad de actos contrarios a la función pública que afectaron el bien jurídico protegido, que es la administración pública.
Reunidos los elementos de convicción necesarios durante la investigación, se requirió juicio para John Hartwell Cooke Johnston y María Eugenia Gonzalez Enriquez, por un hecho ocurrido en Villa San Lorenzo en febrero de 2020, donde resultaron damnificadas la expareja y la hija menor de edad del empresario.
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, requirió juicio para John Hartwell Cooke Johnstoncomo autor del delito de tentativa de homicidio agravado por la relación de pareja preexistente y por el género en perjuicio de su expareja y para María Eugenia González Enriquez como partícipe necesario del delito de homicidio.
El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2020 por la tarde, cuando la expareja del empresario se presentó en el hotel que este posee en Villa San Lorenzo y éste, tras agredirla verbalmente, la saca hacia el jardín con empujones y su actual pareja, González Enriquez, a manera de ayuda, retiene a la menor por los brazos en el interior del hotel para que no ayude a su madre.
Johnston se colocó sobre la humanidad de la víctima e intentó asfixiarla. La mujer ofreció resistencia y pudo arrojar una piedra contra una puerta vidriada y la niña pudo escapar. En este intento, la actual pareja de su padre, la empujó y la arrojó al piso, haciendo que golpeara su cabeza.
La menor pudo tomar una fotografía con un celular, captando el momento en que el acusado estaba sobre su madre agrediéndola y pudo llamar a una tía, quien llamó al Sistema de Emergencias 911.
En el decreto consta que los términos de la acusación quedan debidamente acreditados con elementos objetivos y subjetivos recogidos durante la investigación, donde se advierte la conducta de John Johnston orientada a producir la muerte de su expareja al reducirla en el piso y provocarle asfixia mecánica con las manos, lo que no se produjo por circunstancias ajenas a su voluntad.
En el caso de González Enriquez, su conducta resultó un acto necesario para posibilitar que Johnston tuviera las condiciones óptimas para llevar a cabo su cometido sin interrupciones de terceros.
Cuatro de los seis imputados por el homicidio de de Santiago Roberto Sebastián Bayón, ocurrido el 9 de febrero de 2019 en Villa Los Tarcos, Cerrillos, fueron condenados y los otros dos absueltos por el beneficio de la duda. Serán registrados en el Banco de Datos Genéticos.
En el fallo, condenan aMatías Daniel Vázquez, “Huevo”, a la pena de 16 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple en calidad de autor.
A Cristian Maximiliano Vázquez, le impusieron una pena de 15 años y 6 meses de prisión efectiva como autor del delito de homicidio simple y lesiones leves agravadas por el género y la relación de pareja.
Jonatan Emilio Caba deberá cumplir 15 y 3 meses de prisión efectiva como autor del delito de homicidio simple y hurto simple.
En el caso de José Manuel Tapia, deberá cumplir 15 años de prisión efectiva como autor del delito de homicidio simple.
Walter Exequiel Vázquez, “Kiko” y Facundo Jesús Ortellado fueron absueltos por el beneficio de la duda y se ordenó su inmediata libertad.
En el mismo fallo, se dispuso que se les extraiga a los condenados, material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Representó al Ministerio Público, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien en los alegatos, solicitó que los seis cumplan condenas efectivas.