Durante sus alegatos, la Fiscal sostuvo que el acusado aprovechó su condición de policía, la vulnerabilidad de las víctimas y la confianza de sus familias, provocando secuelas que aún hoy afectan sus vidas.
La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia en la que Alberto Gabriel Guaymás fue declarado penalmente responsable por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de una niña que tenía 5 años al momento de los hechos y de una adolescente de 12 años.
Tras valorar las pruebas incorporadas al debate, la jueza Victoria Montoya consideró acreditados los hechos atribuidos al acusado, calificados legalmente como abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, previstos en el artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal, y grooming, previsto en el artículo 131 del mismo cuerpo legal. La audiencia de cesura, en la que se determinará la pena a imponer, será fijada por el Tribunal.
En sus alegatos de clausura, la fiscal Celina Morales Torino afirmó que el Ministerio Público Fiscal logró demostrar con certeza la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal del acusado, derribando el estado de inocencia que lo amparaba al inicio del debate.
La fiscal sostuvo que Guaymás, quien se desempeñaba como personal policial, «aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias», para cometer delitos que afectaron profundamente la infancia y adolescencia de ambas menores.
Destacó que, en el caso de la niña de 5 años, el abuso ocurrió en un ámbito de intimidad, sin testigos directos, una característica frecuente en este tipo de delitos. Sin embargo, señaló que el relato de la víctima se mantuvo persistente a lo largo del tiempo y fue corroborado por testimonios de docentes, profesionales de la salud mental y referentes de una fundación a la que asistía.
La fiscal remarcó además que el daño provocado trasciende el momento de los hechos. Durante el juicio se conoció que la niña presenta dificultades en el aprendizaje, episodios de angustia, temor a permanecer sola y un marcado descenso en su rendimiento escolar. Según las pericias psicológicas incorporadas al debate, las experiencias vividas impactaron en su desarrollo emocional y continúan condicionando
distintos aspectos de su vida cotidiana.
Respecto del delito de grooming, Morales Torino sostuvo que el acusado utilizó información obtenida durante una intervención policial vinculada a la búsqueda de una adolescente de 12 años para iniciar conversaciones privadas con ella, formularle preguntas de contenido sexual, solicitarle fotografías e
intentar concertar un encuentro.
La madre de la adolescente declaró durante el debate que, tras descubrir esos mensajes, su hija sintió miedo y desconfianza hacia la autoridad policial, mientras que la familia debió modificar hábitos y rutinas por la sensación de inseguridad generada por lo sucedido.
Al solicitar una sentencia condenatoria, Morales Torino sostuvo que el acusado «aprovechó la asimetría de poder, la vulnerabilidad de las víctimas y, fundamentalmente, la confianza depositada por sus familias», y que «lejos de honrar su función, quebrantó el deber de protección que le competía a quien portaba un uniforme para proteger a la sociedad» y remarcó que las pruebas producidas durante el debate permitieron demostrar que ambas víctimas vieron alteradas su infancia y adolescencia como consecuencia de estos hechos.
