El Procurador pide al Gobernador la suspensión de la Ley de Microtráfico y el traslado del Penal

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, recibió al procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, quien realizó aportes sobre la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes; la ubicación de la Unidad Carcelaria Nº1; aspectos vinculados con la seguridad y el proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia.

Durante el encuentro, Cornejo planteó al Gobernador la necesidad de suspender la vigencia de la Ley N° 26.052, de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, que modificó la Ley N°23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes y permitió a las provincias que adhieran a la nueva norma, actuar en el narcomenudeo. En Salta la adhesión entró en vigencia el 1 de enero de 2014, y desde entonces, la Administración Nacional adeuda los fondos correspondientes que establece la misma normativa. El su artículo 5º, la Ley establece “un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente”. Cornejo citó los antecedentes de Entre Ríos y La Rioja, distritos que adhirieron a la ley, pero suspendieron su aplicación en virtud de la inexistencia de transferencia de los créditos.

Cornejo sostuvo que el incumplimiento del Gobierno Nacional generó hacinamiento en las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y las comisarías de la Policía de la Provincia, donde también se aloja a detenidos. “Se afectan Derechos Humanos y garantías constitucionales de los internos y la seguridad de toda la comunidad, cuando los efectivos policiales están abocados exclusivamente a tareas de microtráfico y no a otras problemáticas”, afirmó el Procurador. En ese contexto, el Procurador sugirió al Gobernador que la Unidad Carcelaria Nº1, ubicada en Villa Las Rosas, sea trasladada a un espacio suburbano del área metropolitana. “La cárcel quedó ubicada en medio de un área altamente urbanizada, con las consecuencias lógicas para la población cercana”, afirmó el Procurador.

El Gobernador y el Procurador también dialogaron sobre las expectativas del Cuerpo Especializado de Investigadores del MPF. Cornejo remarcó que “es imperiosa la necesidad de que haya 200 miembros efectivos del CEI, porque esos investigadores civiles serán quienes trabajan conjuntamente con los efectivos policiales y dirigidos por un fiscal, en la investigación de delitos de mayor complejidad”. En el mismo sentido, hablaron sobre la próxima promulgación de la Ley que creó una fiscalía de Ciberdelitos, una fiscalía penal en Cachi y otra en Rosario de la Frontera; y que además, modificó la dirección del CIF, que quedará en manos de un fiscal.

En otro orden, Sáenz y Cornejo hablaron sobre el proyecto de Reforma de la Constitución de la Provincia, que ingresará a la legislatura en abril próximo, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias. Consultado sobre los mandatos de los cargos en el Ministerio Público, Cornejo afirmó que deben mantenerse por seis años. Por otra parte, destacó el sistema electoral que puso en vigencia el exgobernador Ricardo Durand (1952- 1955 y 1963-1966), y que dividió el Circuito Electoral en tres secciones: Capital, Norte y Departamentos del Oeste y el Sur. “Una reforma en ese sentido mejoraría la representatividad en Capital, cuyos habitantes hoy están subrepresentados”, sostuvo Cornejo.

El Procurador recibió al Secretario de Justicia

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Pedro García Castiella, con quien discutió sobre proyectos y acciones vinculados con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo Provincial. El Secretario tiene como misión asistir al Gobernador en todo lo concerniente a las relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La reunión de los funcionarios sirvió para ratificar los objetivos del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Justicia, de mejorar políticas vinculadas con las víctimas de delitos graves y sus familiares, trabajar en proyectos de reforma y actualización legislativa en materias vinculadas a la justicia, la cooperación entre ambas partes en cuestiones relativas a la mediación y otros métodos participativos de resolución de conflictos y la coordinación de las políticas de lucha y condena del microtráfico de drogas, entre otros.

En ese marco, Cornejo y García Castiella hablaron sobre exámenes psicológicos a los concursantes para cargos de magistrados inferiores del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público, la capacitación previa a los exámenes de los concursantes y la posible reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. La última modificación legislativa parcial de esa ley, data de 2012 y “los cambios sociales e institucionales producidos en los últimos ocho años, sugieren la necesidad de actualizar y mejorar la normativa”, afirmó el Procurador.

También fueron temas de conversación la situación carcelaria de la provincia y el Congreso Mundial de Ciencias Forenses que se realizará en Salta en octubre próximo, cuya organización podría contar con el apoyo del Poder Ejecutivo Provincial.

Por otra parte, el Procurador anticipó al Secretario de Justicia que el equipo técnico trabaja en la elaboración de la iniciativa legislativa de Autarquía Financiera del Ministerio Público Fiscal. Entre las atribuciones atribuidas al MPF por la Constitución de la Provincia en su artículo 166, se encuentra la de “proponer y administrar su propio presupuesto, enviándolo al Poder Ejecutivo para su remisión al Poder Legislativo a efecto de su consideración”. En ese sentido, el Procurador destacó que el artículo 167, referido a la autonomía funcional, establece que “en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del Poder Público”. La autarquía económica y financiera, en consecuencia, cristalizaría la división republicana de poderes y la autonomía para definir criterios del orden administrativo, financiero, presupuestario y operativo, de acuerdo a las necesidades reales de las fiscalías y otras dependencias.

El Ministerio Público tiene iniciativa legislativa no exclusiva con respecto a la ley de organización del Ministerio Público, Códigos Procesales y demás leyes vinculadas a la administración de justicia y al ejercicio de sus funciones.

El Ministerio Público Fiscal ratifica el Plan Estratégico y su política de transparencia

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, aclaró que nuevamente el abogado Pedro Arancibia, ha intentado confundir y desinformar a la comunidad al divulgar que “la Justicia llamó la atención a los fiscales penales y al Procurador Abel Cornejo por haber difundido noticias falsas e imprecisas”. Eso no sucedió porque el magistrado interviniente en la causa que investiga el crimen de Jimena Salas, no “ha ordenado” y en cambio, sí libró un oficio en un proceso que sigue abierto.

Dicho proceso continúa abierto y el oficio mencionado fue oportunamente contestado por el Procurador General de la Provincia el lunes 23 del corriente. En sus publicaciones, Arancibia falta a la verdad al sostener que “El 20 de diciembre el juez de Garantías 5, Dr. Héctor Martínez hizo lugar al pedido solicitado por el abogado defensor Pedro Javier Arancibia, al encontrar que la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, más precisamente por los fiscales Salinas Odorisio y Torres Rubelt en torno al imputado Nicolás Cajal, esposo de la víctima del atroz crimen de Vaqueros, excedió una vez más, lo establecido por el art. 263 del Código Procesal Penal de Salta”.

Falta a la verdad también cuando afirma a través del comunicado de prensa que distribuyó masivamente, que “también se le llamó la atención, bajo apercibimiento de ley, al Procurador General, Dr. Abel Cornejo por ser el responsable tanto de los fiscales penales como de la información que se publica desde la página web: testmpfs.mpublico.gov.ar/”, más allá de confundir a comunicadores y público en general, ya que la providencia del Juzgado, es un paso incluido dentro de un proceso que no concluyó y que el mismo letrado inició ante el juzgado mencionado (con el reiterado objetivo demostrado desde mayo pasado, de restringir el acceso a la información de cualquier ciudadana y ciudadano interesado en conocer la actuación los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Salta).

El magistrado interviniente no “ha ordenado” y en cambio, sí libró un oficio en un proceso que sigue abierto, y que fue oportunamente contestado por el Procurador General de la Provincia el lunes 23 del corriente y cuyo contenido compartimos.

En primer término, Cornejo rechazó categóricamente la afirmación de Arancibia, de que en la página oficial del Ministerio Público Fiscal se publica información falsa y agrega la presentación que “Si se repasan las actitudes del Sr. Abogado defensor, puesta de manifiesto en innumerables apariciones públicas y escritos difundidos por diferentes medios de comunicación, con su firma, V.S. podrá percatarse no solamente del nivel de agresión, falta de consideración y ausencia de respeto institucional que el Dr. Arancibia mantuvo como conducta constante, mas la serie de improperios que desbocadamente soltó, tanto respecto de quien suscribe estas líneas tildándolo de “esquizofrénico” –en abierta contradicción a lo que dispone especialmente la ley de Salud Mental, conforme al artículo 7 inciso i) de la Ley 26657-, como también sosteniendo que los fiscales actuantes mentían constantemente. Es decir que la estrategia de la defensa no se fundó en atacar o rebatir pruebas irrefutables sino en una violenta diatriba con el objeto de desacreditar la investigación que V.S. le consta que fue sustanciada respetando a rajatablas la garantía del debido proceso adjetivo”.

También dijo Cornejo en su presentación ante el juez de Garantías 5, que “esta presentación produce particular asombro, debido a que una vez, más se busca tergiversar la actuación del Ministerio Público Fiscal, que tiene fijado en su plan estratégico como política comunicacional institucional, la de mantener informada a la ciudadanía de casos que revisten interés público, la atención que el Dr. Arancibia haya avalado, en cambio, el oscurantismo se mantenía en relación a la información pública de uno de los poderes del Estado y que haya convalidado ese silencio ominoso que solo conduce a la desinformación y el desconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas de todo cuanto acontece en los procesos penales que se sustancian en pos de conocer la verdad, que por lo demás, reside en el acuerdo entre las palabras y los actos.”

Finalmente, dijo el Procurador que “por consiguiente, nada de lo que hizo contravino la norma prescripta en el artículo 263, habida cuenta que todo lo realizado y que se hizo público, está debidamente acreditado en las constancias de la causa. Demás está decir que las bravuconadas y los insultos que profiere sin pausa ni medida el Dr. Arancibia, en nada detendrán el proceso de procesos que afligen y avergüenzan a la sociedad en su conjunto, sin perjuicio de que la tasa de femicidios registrada en Salta, debería generar políticas públicas en todos los poderes del Estado para que sea disminuida en forma inmediata”.

Fiscales de Salta adoptan el Protocolo de femicidios de la UFEM y ONU

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Salta el “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)” confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. Se basa en el Modelo ONU.

En su resolución, Cornejo recomendó a los magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios del Ministerio Público Fiscal la aplicación del Protocolo e invitó y puso a disposición del Poder Judicial de Salta los lineamientos y perspectiva de género esgrimidos en dicho Protocolo.

El Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios), confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), detalla las medidas a adoptar para las distintas fases de la investigación e identifica las figuras especiales que los Fiscales pueden hallar en los distintos escenarios en función de las particularidades de los contextos femicidas. Del Protocolo surgen los lineamientos para identificar y probar el contexto de violencia de género en los distintos casos de muertes violentas de mujeres o su tentativa y se establece que en todos los casos la hipótesis de un femicidio debe ser considerada desde el inicio de toda investigación. Además, se indican las medidas para asegurar los derechos y la participación de las víctimas en el proceso; las pautas para la etapa oral como la construcción de la acusación a partir de una teoría del caso y el litigio de las cuestiones de reparación integral a las víctimas, así como también las diligencias y previsiones en la etapa de ejecución de la sentencia.

La resolución del Procurador fue remitida a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y otra a ONU Mujeres, en cumplimiento de lo dispuesto expresamente en el “Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”, disponible en línea en www.oacnudh.org y www.onumujeres.org y www.onumujeres.org.

El Consejo Asesor de Fiscales elabora iniciativas legislativas

Se realizó la última reunión del año del Consejo Asesor de Fiscales, creado en mayo pasado, al asumir el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. Sus integrantes eligieron a los nuevos representantes y discutieron sobre cumplimiento de las consignas policiales y la implementación en el Ministerio Público del Protocolo para femicidios de UFEM- ONU, entre otros temas.

El Consejo reeligió este viernes a la fiscal penal Gabriela Buabse como vicepresidenta y nominó a los representantes de las distintas Unidades Fiscales, quienes se incorporarán en la próxima sesión. Al Cuerpo lo integran una fiscal de Impugnación; un fiscal penal de cada unidad o fiscalía especializada; otro de las dependencias con asiento en la ciudad de Salta; un fiscal penal por las dependencias del área metropolitana de Salta y General Güemes y un fiscal penal por los distritos judiciales de Orán, Tartagal y Sur.

En otro orden, los fiscales conocieron detalles de la resolución del Procurador, que aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Salta el “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)” confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. Se basa en el Modelo ONU. En el mismo sentido, los presentes discutieron sobre la escasez de personal policial para afectar a consignas para víctimas. Analizaron el caso Saracho, por el cual cuatro policías fueron condenados el mes pasado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claudia Soledad Saracho fue asesinada por Rolando Colque en junio de 2017. Nueve días antes del femicidio, la víctima realizó una denuncia por violencia de género y el fiscal interviniente ordenó protección policial fija por el plazo de 10 días. Cuando Colque la mató no había consigna.

Capacitaciones en ciberdelitos, aportes para mejorar los concursos del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, las competencias de las fuerzas de seguridad en determinadas actuaciones, la tarea de médicos legistas y el CIF en su conjunto, también fueron temas discutidos por el Consejo Asesor de Fiscales, cuya función es la evaluación de la gestión del Ministerio Público Fiscal y la prestación del servicio en todas las dependencias. Sus miembros sugieren mejoras para la gestión, porque según la resolución que lo creó “…el ejercicio de las facultades del Procurador, debe estar precedido de un conocimiento acabado de la actividad desarrollada y los aciertos y dificultades de las dependencias, para proyectar decisiones que permitan brindar un servicio más eficaz y eficiente”.

El Consejo determinó que todos aquellos mecanismos factibles de ser mejorados legislativamente, serán analizados por sus integrantes, quienes avanzarán en la elaboración de iniciativas legislativas que aporten herramientas para dinamizar investigaciones y sanciones a la comisión de delitos.

Presidido por el Procurador, estuvieron este viernes la vicepresidenta del Consejo, Gabriela Buabse, la secretaria general del Consejo, Ana Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila; la fiscal de Impugnación, Josefina David de Herrera; la de Graves Atentados, María Luján Sodero Calvet; la de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria; el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid; de la UNICROH, Pablo Rivero; de UFINAR, Santiago López Soto; de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores; de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey; de Cerrillos, Gabriel Portal, de General Güemes, Gabriel González y de la UGAP de Tartagal, Pablo Cabot.

Concurso Nacional: suman tres médicos legistas al CIF

Tres médicos de los quince postulantes iniciales fueron seleccionados para desempeñar funciones en el Gabinete de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Estarán afectados al Distrito Judicial del Centro y con tareas rotativas en el interior. La cobertura ideal de cargos es de doce médicos para 2020.

La Comisión Evaluadora del Concurso Público Nacional, conformada por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Villagrán; la jefa del Servicio Médico del Ministerio Público, Florencia Wayar y el vicepresidente del Colegio Médico de Salta, Juan José Albornoz, seleccionó a los médicos Omar Isidoro Vicentín, Rosana Elizabeth Romano y Alejandra Lavinia Nasrala para cubrir las vacantes disponibles en el CIF. La Comisión valoró los antecedentes profesionales, académicos y científicos de los postulantes, conforme a las pautas y puntajes establecidos en el acta de admisibilidad.

Los postulantes admitidos realizaron las entrevistas psiquiátricas – psicológicas. En cada entrevista, la Comisión evaluó aspectos personales y profesionales relativos al cargo, perfil del postulante para desempeñarlo, conocimientos puntuales sobre la función del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y del Gabinete de Medicina Legal del Departamento Técnico Científico, de la normativa vigente en la Provincia y disponibilidad horaria, entre otras cuestiones determinantes para definir la mejor aptitud y actitud para el cargo de médico legista.

El Procurador valoró la predisposición de los profesionales seleccionados, quienes además de encabezar el orden del mérito del Concurso, realizarán sus tareas tanto en Capital como en el Interior, a través de un cronograma rotativo. Cornejo destacó que hoy se cubren las tres vacantes existentes en el CIF, pero explicó que la aspiración para resolver las necesidades reales del Ministerio Público Fiscal en torno a los médicos legistas es de doce cargos.

Por otra parte, ratificó la decisión de los profesionales médicos, de que uno de ellos sea coordinador del trabajo del equipo; la vigencia de la resolución de la conformación de juntas médicas para la realización de autopsias que así lo requieran y el sistema de guardia doble, que permitirá al médico legal en turno contar con un segundo forense en caso de considerarlo necesario.

Todas las modificaciones adoptadas sobre la organización de la estructura del CIF responden a la necesidad de que los fiscales dirijan sus investigaciones en forma coordinada con las herramientas disponibles de los laboratorios y pesquisas y que como consecuencia, las investigaciones cuenten con pruebas indubitables.

El Procurador recibió a las autoridades de la Cámara de Diputados

El Procurador General de la Provincia recibió a las autoridades de la Cámara de Diputados de Salta, quienes además de presentarse formalmente, intercambiaron aportes con Abel Cornejo acerca de las prioridades fijadas en la agenda de trabajo legislativa y del Ministerio Público Fiscal. Apuntan a generar herramientas en favor de los ciudadanos que recurren a las fiscalías en búsqueda de justicia.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix; el vicepresidente primero, Ignacio Jarsún Lamónaca, la vicepresidenta segunda, Alejandra Navarro, los secretarios legislativo y administrativo, Raúl Romeo Medina y Gastón Galíndez, respectivamente; la presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor y la diputada de Orán, Patricia Hucena.

El presidente de la Cámara baja, Esteban Amat Lacroix, dijo que los diputados provinciales tienen como uno de los objetivos planteados para 2020, otorgar las herramientas legislativas que mejoren la dinámica de las investigaciones en el ámbito Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta. En el mismo sentido, el vicepresidente primero, Ignacio Jarsún Lamónaca sostuvo que el principal objetivo es aportar desde la Legislatura aquellos instrumentos que otorguen mayor celeridad a las investigaciones y causas.

Cornejo celebró la posibilidad de diálogo interinstitucional, porque ello permitirá reforzar el servicio a los ciudadanos que requieren del servicio de justicia. “Si los poderes del Estado trabajan en función del ciudadano, que es el legítimo demandante de servicios y respuestas, seguramente la organización democrática de Salta será fortalecida con mayor institucionalidad”, finalizó el Procurador.

Destacan las herramientas del Ministerio Público Fiscal ante la violencia hacia las mujeres

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Kiriaco, entregó al procurador general de la provincia, Abel Cornejo, el Informe Anual 2019. Incluye la información sistematizada entregada por primera vez por el Ministerio Público Fiscal. Kiriaco también celebró la integración del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, reclamada desde 2016.

Durante el encuentro, Cornejo y Kiriaco analizaron los datos publicados en el Informe Anual 2019, que este año cuenta con un comparativo interanual de 2016, 1017 y 2018 y un análisis que expone los casos en los que se realizó más de una denuncia por violencia de género. En ese contexto, Kiriaco aseguró que el avance más significativo este año, fue la decisión del Procurador de integrar el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, porque fue un pedido hecho en forma continuada por el Observatorio desde 2016.

Por otra parte, la funcionaria celebró que desde este año, el Observatorio haya obtenido datos en forma sistematizada de parte del Ministerio Público Fiscal, porque permitieron realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los hechos de violencia de género y femicidios. “Todo ello permitirá mejorar las políticas públicas de la Provincia”, afirmó Kiriaco. Según lo establece la Ley Nº 7863, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres tiene entre sus funciones la elaboración de un informe anual. Es público y puede descargarse de la página: www.ovcmsalta.gob.ar y se entrega a las autoridades con competencia en la materia, para que adopten las medidas que corresponda.

“La dignidad de la sociedad se basa en la protección de las niñas, niños y adolescentes”

Así lo consideró el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, durante la apertura Primer Encuentro Interprovincial sobre “La revictimización de la Infancia – Políticas de Protección y Procedimientos Judiciales en Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes”. Cornejo instó a una reacción ética de la sociedad y el necesario convencimiento de los tres poderes del Estado en prevenir, sancionar y erradicar el abuso sexual infantil.

Cornejo consideró que “la dignidad de la sociedad se basa en la protección de las niñas, niños y adolescentes, porque ellos son nuestra continuidad” y advirtió que si no los protegemos “tendremos un futuro caótico, sin haber solucionado las heridas lacerantes del abuso sexual infantil que humillan a la sociedad”. En ese sentido, citó a una especialista forense e invitó a pensar que “si se comete un abuso y la sociedad no se siente integralmente abusada, no habrá reacciones éticas de la contundencia necesaria para revertir los hechos aberrantes”. Entonces, insistió en destacar la tarea del procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, por lograr la condena en el caso de las atrocidades sexuales cometidas por religiosos a alumnos sordomudos e hipoacúsicos del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, porque “fue una condena ejemplar para uno de los hechos más oprobiosos de la historia judicial argentina”.

El Procurador también apuntó a la necesidad de articular y potenciar acciones entre poderes del Estado. “Es imposible que uno solo de los poderes pueda llevar a cabo acciones eficientes, porque si los tres no están convencidos de que se trata de un oprobio que nos humilla, avergüenza, posterga y somete como sociedad, nada cambiará”, advirtió. Y agregó que los funcionarios “tenemos la obligación de revertirlo, para dignificar a las personas abusadas porque a pesar de todos los esfuerzos de las víctimas, las personas no vuelven a ser las mismas”. Según Cornejo, ese abordaje “no puede ser coyuntural y sí a través de políticas públicas sostenidas en el tiempo, con voluntad inquebrantable de provocar un cambio estructural en los poderes públicos”.

Por su parte, la presidenta de la Red PAPIS, Lucrecia Miller consideró que a la gravedad de un abuso sexual infantil, se suma que “el problema empieza con la denuncia, porque además de una víctima, hay una familia estallada y que debe ser reconstruida”, especialmente cuando el abusador se encuentra en el entorno de la víctima. Recordó la necesidad de avanzar en la creación de la figura de Defensor del Niño en la Provincia y por otra parte, en discutir el proyecto de ley mediante el cual se impulsa la jerarquización de la víctima infantil con respecto de las otras. En el mismo sentido, Miller celebró que a partir de la sanción de la Ley 27.455, el abuso sexual en la Infancia se haya convertido en un delito de instancia pública. La norma modifica el artículo 72 del Código Penal y obliga al Estado a actuar de oficio ante los delitos de abuso sexual infantil.

En tanto, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano dijo que el derecho debe tender a restablecer la paz social, pero que en muchos casos, “se olvidó de la víctima”, y especialmente cuando se trata de una niña, niño o adolescente. “No se dio un remedio integral a la problemática en la provincia y allí es cuando la sociedad civil pide que se revea”, porque la infancia necesita tutela efectiva, finalizó.

Durante la apertura estuvieron con Cornejo, Catalano y Miller, la defensora general de la Provincia, María Inés Diez; el ministro Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, fiscales, autoridades e invitados especiales.

Investigación Criminal: Fiscalías profundizarán relación con Nación

El Ministerio Público Fiscal profundizará el trabajo conjunto con el Centro de Inteligencia Criminal del NOA y sumará acciones coordinadas entre ambas instituciones. El CICRE NOA también integra la comisión interinstitucional conformada recientemente para la búsqueda de María Cash.

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a la Coordinadora del Centro de Inteligencia Criminal Regional NOA, dependiente de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación; Laura García Albesa.

Convinieron avanzar en ciclos de capacitación en inteligencia criminal contra el delito complejo y organizado y en mejorar el intercambio de información y análisis de datos para futuras investigaciones. La capacitación incluirá al Ministerio Público Fiscal y a los integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores.

La profundización de la tarea se hará en nuevas fiscalías, ya que en otras se trabaja en forma conexa con temas específicos.

Del Centro de Inteligencia dependen Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.