Caso Guantay: el Procurador reconoció a la fiscal Simesen de Bielke

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, destacó la tarea desempeñada por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke durante la audiencia de debate que culminó este jueves en la Sala VII del Tribunal de Juicio, con la condena a prisión perpetua de los cinco responsables del homicidio calificado de Daniela Guantay.

Cornejo recibió a Simesen de Bielke para reconocer la tarea desempeñada durante el juicio en el cual la fiscal solicitó prisión perpetua para Carlos Alfredo Agüero, “Chury”; Norberto Silvestre, “Chiqui”; Julio César Monasterio, “Gordo Julio”; Juan Reynaldo Álvarez, “el viejo” y Griselda Marisel Urzagaste. Todos fueron condenados a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género por ser perpetrado con ensañamiento y por concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la participación de un menor de edad.

La menor imputada fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género por ser perpetrado con ensañamiento y por concurso premeditado de dos o más personas y la sentencia será remitida al Juzgado de Menores 3, que se encuentra a cargo de su tutela.

El Procurador puso de relieve el trabajo de Simesen de Bielke y el desarrollado especialmente en este caso, porque su formación y actuación basada en la perspectiva de género, permitieron que los hijos, madre y seres queridos de Daniela Guantay sepan que su femicidio no quedó impune. Dijo que el caso es emblemático, porque se trata del primer fallo en el país en el que se condena simultáneamente a prisión perpetua a cinco personas acusadas de femicidio.

“Que una integrante del Ministerio Público Fiscal investigue y logre la condena de los autores de un padecimiento y muerte tan aberrantes como los sufridos por Daniela, es alentador para una sociedad que hoy sigue sufriendo las consecuencias de la violencia machista en todas sus expresiones y que espera el castigo de los violentos y femicidas”, afirmó el Procurador, quien comparó este caso con el de Jimena Salas, por la alevosía y ensañamiento con la que él o los autores del crimen, terminaron con su vida.

Por su parte, Simesen de Bielke relató que el juicio fue una experiencia muy intensa y que pese a la inexistencia de pruebas directas (en orden a los indicios biológicos o pruebas de carácter genético), la hipótesis planteada por el Ministerio Público Fiscal, fue la adoptada por el Tribunal de Juicio. “La responsabilidad penal debía recaer sobre los acusados”, sentenció.

Reconoció que se trató de un juicio complejo, dada la cantidad de testigos y los seis defensores, porque ello implicó que hubiera preguntas y repreguntas constantes sobre temas que los testigos ya habían contestado. Además, hubo duros cuestionamientos a los testigos y una actitud de deslealtad procesal por parte de las defensas, que con su estrategia trataron de confundir al Tribunal.

Este caso fue una bisagra desde el punto de vista profesional y humano para Simesen de Bielke, quien admitió que como funcionaria “damos lo mejor de nuestra parte, para que la tarea se vea reflejada en el resultado”. Y desde el punto de vista personal, “fue muy fuerte ver a la madre de Paola y los niños, agradecidos con el resultado. Fue una bisagra desde el punto de vista profesional y humano”, finalizó la fiscal.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Paola Marocco, María Livia Carabajal y Francisco Mascarello. La querella fue ejercida por los abogados Gabriela Rodríguez y Pablo Del Pino, ambos de la Fundación Cintia Fernández.

Basura y contaminación: se tramitan unas 30 causas por daños ambientales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, convocó a los fiscales de la provincia que intervienen en causas referidas a basurales. Durante el encuentro, que también contó con la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet e integrantes del Servicio Forense de Medio Ambiente, se unificaron criterios con respecto de la normativa referida a rellenos sanitarios, cursos de agua y otras problemáticas similares.

Los fiscales convocados este viernes son quienes tramitan actuaciones referidas a la gestión de los residuos y su impacto en el ambiente y que en su mayoría, se originaron con la información recabada por la Relatoría Ambiental de la Procuración General de la Provincia, a cargo de Sebastián Lloret.

Vale recordar que la ley nacional 25.916 y el artículo 105 de la ley provincial 7.070, establecen que la gestión de residuos domiciliarios recae bajo la competencia de los municipios, los que están habilitados y monitoreados por la administración pública provincial. La provincia se rige para ello, por un Plan Estratégico Provincial diagramado conforme las pautas mínimas exigidas por Nación.

En consecuencia, los rellenos sanitarios no pueden estar en cursos de agua y sí deben ubicarse en sitios alejados de ciudades o pueblos y sujetos a Estudios de Impacto Ambiental y Social, con participación social previa en audiencias públicas. Además, deben realizarse mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.

Arrojar residuos domiciliarios de forma indebida y contaminar con ellos, son infracciones contempladas en el Código Contravencional de la Provincia; y las mismas conductas con residuos peligrosos, comprenden delitos del Código Penal.

A la reunión fueron convocados funcionarios fiscales con competencia de los municipios de Salta Capital, Orán, Campo Quijano, Rosario de Lerma, Guachipas, General Güemes, La Viña, La Merced, El Carril, San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Campo Santo, Coronel Moldes, Santa Victoria Oeste, Chicoana, El Bordo, Nazareno, Isla de Cañas, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Rivadavia Banda Sur, El Jardín, Metán, El Tala, El Potrero, La Candelaria, Río Piedras, El Galpón y Rosario de la Frontera. También de Tartagal, Aguaray, Salvador Mazza, Rivadavia Banda Norte, General Ballivián, General Mosconi, Santa Victoria Este, Las Lajitas, General Pizarro, El Quebrachal, Joaquín V. González, Cafayate, Cachi, San Carlos, Molinos, Animaná, Angastaco, Seclantás, Payogasta, Embarcación, Iruya, Los Toldos, El Dorado, Apolinario Saravia, Aguas Blancas y Coronel Juan Solá.

Una Comisión de Enlace mejorará la articulación con Seguridad

Con el firme objetivo de mejorar la comunicación y articular mejores acciones entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la creación de una Comisión de Enlace Institucional con la cartera provincial.

La Comisión de Enlace Institucional dependerá de la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro y estará integrada por la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet; el director del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila; la fiscal penal 1 de Violencia de Género, Claudia Geria y el fiscal penal de UNICROH, Pablo Rivero.

Las funciones de la Comisión fue uno de los temas abordados este jueves, en un encuentro con la jefa de Policía de la Provincia, comisaria general Norma Morales. Con ella se analizaron también aspectos vinculados con la fuerza de seguridad como auxiliar de la justicia y la preocupación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal ante la posibilidad de disminuir las consignas policiales en casos de violencia de género.

Durante el encuentro, el Procurador destacó la necesidad de articular las políticas de actuación entre el Ministerio Público Fiscal con otros organismos públicos e instituciones privadas, mediante el desarrollo de nuevos vínculos institucionales y fortaleciendo los ya existentes, lo que permitirá generar canales de comunicación más eficientes para la defensa de los intereses de la sociedad.

Cornejo afirmó que la existencia de las comisiones de enlace entre los organismos propiciará el contexto de colaboración institucional, indispensable en la investigación criminal y la protección de víctimas de violencia familiar y de género, entre otras.

Procuración, Policía y hospital San Bernardo se unen para mejorar la práctica forense

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a funcionarios del Ministerio Público Fiscal, de la Policía de la Provincia y el hospital San Bernardo, con el fin de que se coordinen y optimicen todas las prestaciones vinculadas con la investigación penal de homicidios y otros hechos que requieran de autopsias. Hablaron también sobre el Hospital Escuela, Museo de la Morgue, diplomatura en Medicina Legal en Salta y el próximo Congreso Mundial Forense.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este lunes al gerente general del hospital San Bernardo, Pablo Salomón y el jefe del Servicio de Morgue de ese hospital, Juan José Albornoz. El especialista también es jefe del departamento de Medicina y Química legal de la Policía de la Provincia y vicepresidente del Colegio Médico de Salta. Por el Ministerio Público Fiscal, estuvieron la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María Luján Sodero Calvet; el jefe del Departamento Técnico Científico del CIF, Pedro Villagrán y la jefa del Servicio Médico del Ministerio Público, Florencia Wayar.

Los presentes se comprometieron a verificar en lo inmediato los aspectos necesarios de refuncionalización de la morgue del hospital San Bernardo, con el objetivo de actualizar el convenio que oportunamente permitió que médicos de la Policía de la Provincia realicen las autopsias en ese lugar. Como en todos los casos, la realización de la autopsia en el CIF o el hospital, será determinada por el fiscal interviniente que dirija la investigación. En el mismo sentido, las autoridades del hospital San Bernardo trabajarán en la optimización del uso de espacios públicos disponibles para tareas forenses, en vistas de avanzar también en la formación de futuros médicos legistas.

Precisamente, con el objetivo de no limitar las prácticas forenses a las investigaciones penales y en cambio, abrirlas a la capacitación, es que los presentes destacaron la posibilidad de destinar actividades de la morgue con la investigación científica y activar en el hospital San Bernardo el “Hospital Escuela” y Museo de la Morgue. Ambos espacios permitirían a los profesionales aprender in situ, a través de los exámenes anatómicos de cadáveres.

Destacaron otras instituciones ya existentes, como le caso del Museo Forense de la Justicia Nacional “Dr. Juan Bautista Bafico”, que funciona desde 1935 y es un sitio de gran interés jurídico y científico donde se alberga una colección de casi 2500 piezas anatómicas en perfecto estado de conservación. El Museo Forense depende la de Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

También sobre formación, discutieron al ponderar las posibilidades que ofrecerá la diplomatura en Medicina Legal que a través de la Universidad de Morón, dictará el Colegio Médico de Salta.

Finalmente, el Procurador invitó a los presentes a “convertirse en anfitriones en el próximo Congreso Mundial Forense”, que se celebrará en Salta en octubre próximo, a través de exposiciones científicas y aportes, porque la Medicina Legal en Salta tiene destacados profesionales que por su formación y trayectoria, serán valiosos referentes de la ciencia forense a nivel internacional.

Reforma Constitucional, Congreso Mundial Forense y Ciberdelitos, en la primera reunión del CAF

Los integrantes del Consejo Asesor de Fiscales realizaron este viernes la primera reunión del 2020 en la que discutieron, entre otros temas, sobre la inminente reforma de la Constitución Provincial, la organización del Congreso Mundial Forense que se llevará a cabo en Salta en octubre, la puesta en marcha de la fiscalía de Ciberdelitos y de un nuevo sistema informático para el CIF y las fiscalías penales.

Ante el anuncio del Poder Ejecutivo Provincial, de ingresar a la Legislatura el 1 de abril próximo el proyecto de Ley de Reforma de la Constitución de la Provincia, los consejeros coincidieron en que la Carta Magna no debería ser modificada en sus artículos 164 al 168, contenidos en el Capítulo II y referidos a la composición, atribuciones y deberes, autonomía funcional y asistencia del Ministerio Público. En el mismo sentido, Cornejo se manifestó a favor de ampliar el número de jueces de la Corte de Salta a nueve y remarcó que todos los tribunales de Justicia del país deberían contar con idéntico número.

Por otra parte, el Procurador instó a los integrantes del Consejo Asesor a participar como expositores en el Congreso Mundial Forense que se desarrollará en Salta los días 21, 22 y 23 de octubre próximo y que contará con destacados conferencistas de Latinoamérica y Europa.

Con respecto a la puesta en marcha de la fiscalía penal de Ciberdelitos, Cornejo adelantó que funcionará como un “CIF informático” de referencia en la región norte del país y anticipó la firma de convenios con organismos nacionales y capacitaciones con especialistas de renombre internacional, como el excoordinador del Programa Nacional Contra la Criminalidad Informática del Ministerio de Justicia, Marcos Salt y agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI). También recordó que el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, será capacitador y observador de los fiscales que aspiren a dirigir la fiscalía de Ciberdelitos.

Por último, la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María Luján Sodero Calvet, anticipó la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema informático para el CIF y las fiscalías penales. Sodero indicó que será una “modificación radical en el sistema” que permitirá la simplificación de conexiones y legajos.

Presidido por el Procurador, estuvieron en la primera reunión de 2020, la vicepresidenta del Consejo, Gabriela Buabse, la secretaria general del Consejo, Ana Cecilia Carraro y la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet. También participaron la fiscal de Impugnación, Josefina David de Herrera; la de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria; la de Menores, Irma Carolina Hernández, el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid; de la UNICROH, Pablo Rivero; de UFINAR, Santiago López Soto; de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores; de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey. El interior provincial estuvo representado por la fiscal penal de Orán, Mónica Viazzi.

El Ministerio Público congeló sueldos por seis meses

La decisión se suma a la medida adoptada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Salta. La resolución lleva la firma de la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, la asesora general Mirta Lapad y el procurador general Abel Cornejo.

El Colegio de Gobierno dispuso el congelamiento de las remuneraciones que perciben quienes integran los escalafones de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Técnicos del Ministerio Público, a partir del 1 de enero de 2020 y por el plazo de 180 días.

Lapad y Cornejo sostuvieron que “vista la situación económica y del país, resulta necesario extremar las medidas tendientes a contribuir en la contención del gasto” y señalaron que “se requiere un mayor esfuerzo de los estamentos de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Técnicos”. Similares medidas adoptaron los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Provincial.

Asumió Sodero Calvet en el CIF: “Lógica fiscal aplicada a la investigación y el debate”

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento a la fiscal penal María Luján Sodero Calvet como Directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Cornejo destacó su trayectoria y capacidad; Sodero Calvet anticipó que la lógica fiscal se aplicará a la investigación en el CIF y mejorará las instancias de debate.

Luego de tomar juramento a la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María Luján Sodero Calvet, el Procurador expresó que con la nueva estructura, “finalmente se normalizará una de las aéreas más importantes del Ministerio Público Fiscal”. También remarcó que la primera directora del organismo, será una mujer y reconoció la trayectoria, compromiso laboral y capacidad de trabajo coordinado de la fiscal designada.

Por su parte, Sodero Calvet valoró que el conocimiento previo del trabajo puntual que se realiza en las fiscalías penales le permitirá aportar “una visión totalmente distinta desde todos los puntos de vista, porque implica una lógica fiscal aplicada a la investigación y el debate”. Anticipó que en investigación de los casos, habrá una mayor conexión entre todos los departamentos y áreas del CIF y las fiscalías, y que ese trabajo también se notará en todas las instancias de los juicios.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales tiene como misión, esencialmente, asistir a los Fiscales para que puedan actuar ante los Jueces reclamando una decisión basada en la verdad, al desarrollar su actividad a través de un trabajo multidisciplinario de investigación técnica, científica, criminalística y operativa.

El acto contó con el secretario de Justicia del Gobierno de la Provincia, Pedro García Castiella; la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; funcionarios, magistrados e invitados especiales.

Violencia de Género: sancionan al titular de un medio por publicaciones agraviantes y descalificantes

A partir de la denuncia presentada por el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta contra la revista “Fuera de la Ley” y contra su titular, el Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género del Distrito Orán, le impuso prohibiciones en cuanto sus publicaciones y estableció que deben capacitarse sobre violencia mediática con perspectiva de género.

Ante publicaciones realizadas por la revista “Fuera de la Ley”, donde a través de agravios y descalificaciones, deliberadamente, ataca a funcionarias y magistradas del Ministerio Público que cumplen con diversas funciones en las áreas de investigación de diversos delitos, especialmente aquellos donde se encuentran vulnerados derechos de niñas, niños y mujeres, y en problemáticas tan sensibles como la violencia contra las mujeres, el género y los delitos contra la integridad sexual, el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, presentó una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial Orán contra Luis María Gómez como titular del medio.

En la denuncia firmada por el presidente del Comité, Abel Cornejo, se señala que los ataques implican una mayor vulneración de derechos de quienes, como víctimas de delitos, solicitan la intervención del sistema de administración de justicia. Atacando a las funcionarias y profesionales, también se afectan derechos fundamentales de las víctimas, lo que se denomina Victimización Secundaria o Revictimización, en tanto de modo directo o indirecto aluden a las causas donde se ventilan situaciones tan sensibles para la comunidad, con mayor razón, en la provincia de Salta con declaración de emergencia social en materia de violencia de género desde el año 2014.

Los agravios a víctimas, funcionarias y magistradas implican también la afectación del Acceso a Justicia de quienes sufren aquellos delitos. El Acceso a Justicia es un Derecho Humanos Fundamental y garantizarlo es un deber insoslayable del estado en su conjunto.

La prensa también debe ser respetuosa de pautas que han sido elaboradas con la finalidad de respetar los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos y, en consecuencia, también de aquellas personas que desarrollan funciones para el esclarecimiento de delitos que se sostienen en estructuras sociales patriarcales, machistas, misóginas.

En razón de esto, la jueza Adriana Maidana Vega, resolvió prohibir a Luis María Gómez como titular de la revista “Fuera de la Ley”, la publicación de imágenes, nombres o datos que permitan conocer en forma directa o indirecta la identidad de mujeres, niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos y toda publicación que contenga datos sensibles de la causa y que afecte sus derechos fundamentales.

Prohíbe también publicaciones con connotaciones misóginas, toda comunicación sexista y descalificadora de las operadoras de justicia, cualquiera sea su tarea, cargo o jerarquía, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.

Finalmente establece en la resolución un plazo de 60 días dentro de los cuales el titular del medio y su personal, deberán recibir capacitación en la materia, ley 26485 y 7888 y en especial sobre Violencia Mediática con perspectiva de Género.

Se avanza en la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, presentó una propuesta a Nación para realizar un programa de capacitación y asesoramiento.

Por medio del procurador general de la nación interino, Dr. Eduardo Casal, se dio a conocer la opinión favorable del Dr. Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a la propuesta del Dr. Abel Cornejo de realizar un programa de capacitación y asesoramiento técnico para la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia de Salta.

Actualmente se está conformando un equipo de trabajo integrado por especialistas en temas vinculados a delitos informáticos. Cabe recordar que Salta será el cuarto distrito del país con una Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia.

Preocupa al Procurador la superpoblación carcelaria

En el marco de la sugerencia que realizó al Gobernador de la Provincia para que deje de adherir a la ley de microtráfico, el procurador general, Abel Cornejo manifestó su preocupación por el crecimiento de la población carcelaria en Salta. Señaló que en 2018 la población creció en un 41% cuando la media del país en el mismo año era del 25%.

Cornejo graficó la situación de superpoblación carcelaria en Salta al explicar que, por ejemplo, en el penal de Villa Las Rosas hay más de 1.400 personas detenidas, cuando la capacidad del penal es para 1000 internos y se trata de un edificio obsoleto que tiene más de 80 años. En el caso de la Alcaidía General, tiene actualmente 700 detenidos cuando su capacidad es para 300.

En el año 2008, la población penitenciaria provincial era de 1.714 internos y transcurridos 10 años, se incrementó en un 90% y llegó a 3.266. Al respecto, Cornejo resaltó que se trata de «cifras muy indicativas» porque «el salto se produce en 2014, con la adhesión a la ley de microtráfico, aunque no es el delito de mayor incidencia (cuarto en cantidad de casos), pero sí provocó un aumento exponencial».

«En 2018 había 440 presos por microtráfico en Salta, eso nos da una idea de que si entran 440 presos más en un solo año, cuánto puede ser el aumento de la población carcelaria en ese sentido», remarcó.

Cornejo consideró que «hay que buscar establecimientos carcelarios más adecuados, también por la seguridad y salubridad de quienes están detenidos, con otras características totalmente diferentes, en otro lugar«.

Finalmente, marcó como dato clave que las violaciones y delitos contra la integridad sexual son los que producen más condenados y procesados en Salta actualmente. En 2018, 730 personas estaban detenidas por delitos sexuales.