Una Unidad Fiscal para investigar posibles expresiones amenazantes de un legislador

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la creación de la Cuarta Unidad Fiscal de Colaboración, que investigará la causa penal originada en virtud del contenido del video publicado por el diputado de Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, en su cuenta de Facebook. La unidad estará conformada por los fiscales penales Mónica Poma, Elisa Pérez y Leandro Flores.

El legislador de Rosario de la Frontera, Gustavo Orozco, quien además preside la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, realizó declaraciones vinculadas al caso Rosa Sulca, en las que consideró que los policías imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte “cumplieron correctamente con el protocolo” y repudió el accionar de los fiscales.

El diputado acusó a uno de los fiscales, sin nombrarlo, de “fugar” el audio del llamado al 911 en el momento en el que Rosa Sulca pide ayuda al Sistema de Emergencias y anticipó que pedirá la intervención de la Comisión de Juicio Político.

“Hay gente inocente detenida e hicieron lo que corresponde”, sostuvo Orozco en el video y acusó a los fiscales de “actuar apresuradamente, solo para tratar de calmar cuestiones mediáticas”.

En el mismo video también felicitó a la jueza de Garantías Ada Zunino por rechazar el pedido de detención del director del Centro de Coordinación Operativa, Fabián Tolaba, realizado por los fiscales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, quienes apelaron la decisión de la magistrada.

La Unidad Especial conformada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, imputó al comisario mayor, Fabián Tolaba, por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, en la causa que investiga el accionar policial en el marco del homicidio de Rosa Del Milagro Sulca. Tolaba se abstuvo de declarar y presentó un escrito dentro de las 48 horas posteriores.

Previamente, la Unidad Especial imputó a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, también acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.

El momento de la verdad

El procurador general de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, a punto de cumplir un año en el cargo, expresó su posición con respecto de la violencia de género y los femicidios en Salta. Pidió “la ayuda de todas y todos, porque no tenemos la soberbia de creer que solos lo lograremos”. Compartimos el documento:

Un nuevo y horroroso femicidio ha provocado indignación y consternación en mujeres y hombres de Salta. A la vez este nuevo crimen desafía y nos acusa a dar una lucha frontal, sin tregua, pausa ni medida a ese flagelo instalado en la sociedad, llamado violencia de género y su nefasta y peor consecuencia: los femicidios. No podemos seguir permitiendo, ni tolerando que se naturalice el horror como forma de vivir, ni el miedo como manera de callar ante la ignominia. Estamos próximos a cumplir un año de gestión y nos comprometimos en forma total y desinteresada como objetivo estratégico a dar esa batalla.

Soportamos diferentes operaciones difamatorias de quienes eligen someternos a una sociedad sin futuro ni libertad. Nosotros no lo aceptamos, ni lo aceptaremos jamás. Hemos asumido una función sumamente delicada y sus costos, a veces enormes y lacerantes. No nos importan esos costos ni claudicaremos ante los embates. Sí pedimos conciencia a la sociedad en su conjunto en que no debemos convalidar la negligencia, la omisión ni la mentira. Les solicitamos encarecidamente a los integrantes del Poder Judicial que nos acompañen en nuestras peticiones y no se obstaculicen las medidas investigativas que llevan adelante las Fiscalías, con un gran compromiso en búsqueda de la verdad.

No abandonaremos nunca las investigaciones anteriores, pero queremos que se descubran y se juzguen los delitos en tiempo real, presente, cualquiera sean sus autores, cómplices o encubridores. Llega un punto en la historia de las naciones en que debemos preguntarnos: ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuánto?, ¿hasta dónde? Y la civilización exige que la justicia funcione no solamente como método pacífico para la resolución de conflictos, sino como instrumento para alcanzar la paz y como elemento indispensable para disminuir la violencia. Nada nos hará cambiar de opinión, ni abandonar el objetivo primordial que es alcanzar el juicio y castigo de los culpables.

Jamás en 36 años de vida profesional escuché la grabación de una mujer anunciando desesperadamente que la estaban matando, ultimando a puñaladas de un modo cruel, salvaje y brutal. Queremos llegar a descubrir a todos los responsables de este nuevo femicidio y que nos dejen investigar libremente los anteriores. No escatimaremos esfuerzos ni voluntad para hacerlo. Aún con todos los errores que podamos haber cometido o lleguemos a cometer, tenemos la mejor intención de lograr una sociedad más justa y más libre. Al menos vale la pena el intento de hacerlo.

Dr. Abel Cornejo

Una Unidad Fiscal investiga el accionar policial en el caso Sulca

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, creó la tercera Unidad Fiscal de Colaboración “para la Investigación de la Causa Penal: Intervención Policial en AP 496/20”. La integran los fiscales penales, Pablo Rivero y Verónica Simesen de Bielke.

El Procurador General resolvió la creación de la Unidad Fiscal de Colaboración “para la Investigación de la Causa Penal: Intervención Policial en AP 496/20”, enmarcada en la investigación por el homicidio de Rosa del Milagro Sulca, ocurrido este martes en la zona este de la ciudad.
La Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial de Centro, intervino en el trámite de la causa identificada como AP 496/20 – Comisaría N° 4, y en la mencionada actuación, se generó la siguiente, denominada “Intervención Policial en la AP 496/20”.

Es que según explicó el fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria extraordinaria, Gustavo Torres Rubelt, se pudo verificar que la víctima realizó un llamado al Sistema de Emergencias 911 a las 2:37 del martes, mediante el cual pidió ayuda porque la están “matando” y otra voz femenina intentó desestimar el llamado diciendo que era su tía y que tiene problemas de salud.

Según el informe policial brindado, personal uniformado fue al domicilio tras el llamado, tocaron la puerta y el timbre en forma insistente, intentaron llamar a la persona que pidió auxilio y ante la falta de respuesta, se retiró.

El segundo llamado al Sistema de Emergencias 911 fue a las 18, por parte de una vecina a la que le llamó la atención la ausencia de la víctima.

La normativa vigente faculta al Procurador General a adoptar todas medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar, y de esa forma asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal. Asignó la tarea a los fiscales Rivero y Simesen de Bielke.

UFINAR requerirá fondos y bienes secuestrados del narcotráfico

El procurador general de Salta, Abel Cornejo, instruyó al fiscal penal a cargo de la UFINAR para que requiera a los jueces intervinientes que los automotores, motocicletas, aeronaves, embarcaciones, máquinas y equipos industriales o agrícolas y el dinero en pesos y divisas extranjeras (secuestradas o decomisadas), sean destinados al Ministerio Público Fiscal. Le corresponde el 30% del total de lo secuestrado, que debe destinarse a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y gastos que demandan las investigaciones.

El procurador Abel Cornejo y la coordinadora general, Ana Cecilia Carraro, firmaron la Resolución 966, que instruye al fiscal de UFINAR a requerir a los magistrados los bienes y dinero provenientes de secuestros o decomisados, para destinarlos a los fines establecidos en la ley.

La Resolución precisa que la Ley de Presupuesto prorrogada, autoriza al Ministerio Público de la Provincia de Salta a reinvertir los fondos provenientes de “la venta de productos elaborados, bienes en desuso u otros ingresos”, de acuerdo a los procedimientos y metodologías establecidos por la Ley de Contrataciones. También la ley nacional 23737, establece que “El juez… procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito”. Y en Salta, la Ley 7838, dispone que “El Juez de Garantías, a pedido del Fiscal o de parte interesada, dispondrá la entrega en depósito de los bienes secuestrados…”.

Con mayor especificidad para el supuesto de dinero secuestrado, la Ley 7838, modificada por Ley Nº 8.145, prevé que “El Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el treinta por ciento (30 %) del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad para solventar gastos vinculados a las investigaciones llevadas a cabo contra los delitos de su competencia”.

Vale recordar que la Ley 7782, modificada por la Ley 8145 establece que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y/o el producto de su venta se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, y para solventar gastos vinculados a las investigaciones de los delitos previstos por la Ley Nacional 23737.

Para tal fin, se dispuso la apertura de una cuenta bancaria en moneda nacional y otra en dólares estadounidenses, ambas con titularidad del Ministerio Público de la Provincia de Salta, denominada “UFINAR”.
La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) fue creada en 2017, pero nunca dispuso de los fondos o bienes establecidos por el marco jurídico vigente.

Violencia: El MPF extrema recaudos ante la convivencia permanente de víctimas y agresores

Dadas las restricciones a la libertad de circulación dispuestas para asegurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio y las particularidades de la situación que se atraviesa, el Ministerio Público Fiscal advirtió con profunda preocupación que el confinamiento en los hogares puede agravar o generar situaciones de violencia. Instruyó a fiscales al respecto y pidió especial atención a las víctimas con consignas policiales fijas o ambulatorias.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recomendó a las y los Fiscales de Violencia Familiar y de Género que extremen los recaudos necesarios para asegurar la efectiva vigencia y cumplimiento de todas las medidas de protección y resguardo de las víctimas de Violencia Familiar y de Género. Puso especial énfasis sobre aquellas personas que en razón de su vulnerabilidad se encuentren con consignas policiales fijas o ambulatorias; máxime cuando la obediencia de las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional y Provincial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, implican, en algunos casos, la convivencia permanente con el posible o eventual agresor.

En consecuencia, las y los fiscales deberán recibir todas consultas que surjan por parte del personal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, en relación a la problemática específica. Se aclaró que los supuestos relacionados a la Violencia Familiar y de Género y las directivas a impartir, se ceñirán a los parámetros y protocolos de actuación a los que el Ministerio Público Fiscal oportunamente y cuya vigencia se ratifica enfáticamente.

La circular fue notificada este viernes a los magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, a través de todos los medios de comunicación disponibles en el contexto de Emergencia Sanitaria (vía telefónica, correo electrónico y Whatsapp) y fue comunicada al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta, de manera de coordinar la actuación conjunta de ambas dependencias.

Las denuncias y pedidos de asistencia se canalizan a través del Sistema De Emergencias 911 y las dependencias policiales de todo el territorio provincial. Las y los fiscales se encuentran afectados las 24 horas para atender hechos de violencia.

El procurador Abel Cornejo, en videoconferencia con la ministra de Justicia de la Nación

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, participó de la videoconferencia organizada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, quien reunió virtualmente al Consejo de Procuradores de la República Argentina. Se analizaron las acciones que se vienen desarrollando para asegurar el cumplimiento del decreto referido a la Emergencia Sanitaria por coronavirus.

La ministra de Justicia monitoreó el cumplimiento de la cuarentena en todo el país y reunió, mediante videoconferencia, a todos los procuradores, para hacer un seguimiento de cómo se controla el cumplimiento del decreto de Emergencia Sanitaria. Junto a Losardo y Cornejo, participaron 13 procuradores generales más de todo el país.

«El aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante el decreto 297/2020, es una medida excepcional que el Gobierno nacional adopta en un contexto crítico», dijo Losardo ante los jefes de los fiscales, quienes deben velar por el cumplimiento de la norma nacional.

En ese sentido, Cornejo coincidió con la Ministra, al señalar que “la Emergencia Sanitaria exige un trabajo articulado de todos los poderes del Estado”, y que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio es la única manera de luchar contra la pandemia”.

En la conferencia, se recordó que el objetivo es «proteger la salud pública» y que «todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma temporaria deberán permanecer en sus domicilios habituales o casuales». Y que «deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán circular por rutas, vías y espacios públicos. Solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos», manifestó la titular de la cartera de Justicia.

La Ministra estuvo acompañada por los secretarios General de Justicia y Derechos Humanos Laura Marrazzo; de Justicia Juan Martín Mena, y los subsecretarios de Política Criminal Pablo Barbuto, y de Gestión Administrativa Walter Waisman. Losardo también abordó con los procuradores provinciales una agenda de trabajo concreto para la aplicación del decreto que incluye la cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos.

La conferencia, realizada desde la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contó con la participación de los procuradores de 14 provincias, entre los que se encontraban Julio Conte Grand (Buenos Aires), Mario Bongianino (La Pampa), Eduardo Quattropani (San Juan), Abel Cornejo (Salta), Jorge García (Entre Ríos), Jorge Crespo (Rio Negro), Alejandro Ficoseco (Jujuy), Javier Vallejos (La Rioja), Jorge Barraguirre (Santa Fe), Luis De la Rúa (Santiago del Estero), Jorge Miquelarena (Chubut), Edmundo Jesús Jiménez (Tucumán), Alejandro Gullé (Mendoza), el fiscal penal Jorge Baclini (Santa Fe) y el fiscal adjunto José Gómez (Córdoba).

Fiscales federales y provinciales optimizan recursos e infraestructura disponibles

La Procuración General de la Nación, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, acordaron el trabajo conjunto de los Ministerios Públicos Provinciales y Federal en todo el territorio del país, a efectos de optimizar los recursos humanos y la infraestructura disponibles.

Lo hicieron a partir de un convenio específico complementario entre la Procuración General de la Nación, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, al entender que a partir del estado de emergencia sanitaria por el que atraviesa el país, “es necesario dar un mensaje claro y contundente a la ciudadanía por parte de quienes tienen el peso institucional de llevar adelante investigaciones o colaborar con ellas en el marco de la emergencia”.

Por ello, en una actitud de racionalidad y compromiso institucional, acordaron el trabajo conjunto de los Ministerios Públicos Provinciales y Federal en todo el territorio del país, con el objetivo de optimizar los recursos humanos y la infraestructura de ambos.

En ese sentido, el procurador de Salta, Abel Cornejo ratificó la expresión del Consejo y dijo que “la situación crítica generada requiere el esfuerzo complementario de todos los estamentos, y en tal entendimiento asumimos este compromiso de actuación conjunta y de unión de voluntades en aras a un mejor servicio a la comunidad”.

El convenio, que se extenderá por dos años, tiene por objeto coordinar y aunar esfuerzos entre los fiscales provinciales y federales, para afrontar, en este momento crítico de la historia argentina, las investigaciones criminales iniciadas a partir los hechos vinculados a la pandemia del virus COVID-19 que azota a la República Argentina. Se comprometieron a colaborar, en el ámbito de sus competencias, a coordinar políticas públicas tendientes a resguardar la salud pública y lograr, una persecución penal más efectiva de los delitos vinculados a los hechos que vulneren la emergencia dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional o contribuyan a la propagación de la pandemia del virus COVID-19.

También, a fortalecer los lazos de cooperación (ya establecidos en un primer convenio de septiembre pasado), y si fuera necesario, un marco jurídico para la colaboración, tendiente a impulsar acciones de intercambio de información y utilización de los servicios existentes.

Además, generarán capacitaciones conjuntas e intercambio de experiencias que redunden en una mayor concientización de los operadores que integran los organismos y para lograr mayor eficiencia, celeridad y transparencia en los procesos penales que se lleven adelante.

Por supuesto, los fiscales mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas, administrativas y presupuestarias.

Por la vigencia del protocolo que restringe la circulación, las interconsultas de los fiscales serán realizadas digitalmente.

El acuerdo fue firmado por el procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal; el presidente del Consejo de Procuradores, Alejandro Gullé, y el del Consejo de Política Criminal, Eduardo Quattropani.

Normativa específica

• El Poder Ejecutivo Nacional adoptó medidas tendientes a mitigar el flagelo epidemiológico y su impacto sanitario. Dictó el DNU 260/2020, que se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley n° 27.541.

• Se advirtió que en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones allí establecidas se estarían infringiendo, cuanto menos, los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal de la Nación.

• Las infracciones a las normas de la emergencia sanitaria previstas en ese decreto darían lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo previsto en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

• Las medidas se profundizaron por medio del DNU 297/2020, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él. La existencia de infracción al cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

• La Procuración General de la Provincia, dictó distintas resoluciones específicas para garantizar agilizar el cumplimiento de todas las normativas en el territorio provincial

Coronavirus: Los detenidos por violar la cuarentena no van al sistema penitenciario ni a comisarías

Lo explicó el coordinador de los fiscales penales, Pablo Rivero, al despejar distintas consultas sobre la actuación conjunta con fiscales federales y el trabajo de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Provincia; además del destino de los detenidos que hasta hoy, suman más de 500 personas.

El coordinador de los fiscales de la Provincia, Pablo Rivero, explicó aspectos fundamentales del trabajo articulado que vienen desarrollando el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el de la Provincia. También aclaró sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de las medidas dispuestas a partir de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/20.

¿Cómo funciona la articulación entre los fiscales provinciales y federales en Salta?

Funciona muy bien, teniendo en cuenta que la Procuración General de la Nación y de la Provincia, adoptaron criterios tendientes a garantizar el cumplimiento de las funciones esenciales del Ministerio Público Fiscal durante la vigencia de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En Salta, garantizamos el cumplimiento de las funciones esenciales del MPF y trabajamos de acuerdo a lo establecido por el procurador, Abel Cornejo, que estableció criterios de actuación que permiten agilizar la toma de decisiones y asegurar la respuesta institucional que la sociedad hoy demanda. 

¿Hay discusión sobre la competencia federal y provincial cuando se detectan violaciones a la cuarentena?

Por una parte, la Procuración General de la Nación recordó esta semana la naturaleza federal en la materia y la correspondiente intervención de las y los fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en torno a las infracciones al artículo 205 del Código Penal de la Nación. No obstante, y a los fines de preservar la salud pública, desde Nación se hizo hincapié en la necesidad de evitar los planteos de competencia en los casos en que ya se encuentre interviniendo la justicia provincial. Por eso, los fiscales provinciales intervienen frente a la posible comisión de hechos delictivos relacionados con el COVID-19 cuando se registran en el territorio de la provincia de Salta y siempre que no se encuentren sometidos a la jurisdicción federal. En esos casos, hablamos de aeropuertos, rutas nacionales y cruces migratorios (legales e ilegales) entre otros espacios de jurisdicción federal.

¿Cómo fue la intervención federal hasta el momento?

Las fiscalías federales de Salta, a través del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, en turno, atendió consultas que se reciben, especialmente de parte de la policía provincial y Gendarmería Nacional. Esa fiscalía ya intervino en algunos casos puntuales, como la suspensión de tareas de más de 500 obreros que realizaban trabajos en dos empresas mineras ubicadas en la Puna, dispusieron medidas para verificar el estado de salud, la suspensión de tareas y el traslado a sus viviendas. Para ello, se coordinaron diligencias con la policía local de San Antonio de los Cobres.

¿Hubo otros casos?

La Fiscalía federal actuó con una pareja de ciudadanos húngaros que ingresaron en los últimos días y estaban en un hotel salteño: no tenían síntomas, pero se dispuso la revisación médica y la cuarentena en el mismo establecimiento. También con un grupo de colombianos, alojados en la casa de un ciudadano argentino. Sin síntomas, pero se ordenó la constatación médica  y cumplimiento de la cuarentena. Otra intervención se realizó en torno a un ciudadano francés que ingresó al país el 10 de marzo y a Salta arribó el 14: fue detectado en Cerrillos en motocicleta y quería llegar a Cafayate; y en Joaquín V. González, en el sur de la provincia, también hubo otra intervención por la presencia de un colombiano.

Sobre la actuación de la fiscalía, Toranzos ya dijo que “se busca que las personas permanezcan en sus viviendas”, y destacó la tarea “que lleva adelante la Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional tanto con acciones de prevención, presencia en las calles, rutas y en las vías de mayor circulación”.

Desde el viernes y hasta esta mañana, la Policía de la Provincia detuvo a más de 500 personas por incumplir el DNU. ¿Qué pasa con esas personas?

Las detenciones ocurrieron en Salta Capital, Orán, Tartagal, Cafayate, Joaquín V. González, Metán,  Salvador Mazza, y Rosario de la Frontera, porque la mayoría no supo justificar su permanencia en la vía pública. Como surge de las instrucciones del Procurador, los efectivos primero deben preguntar motivo de salida (para descartar excepciones contempladas en el DNU), luego intimar el regreso a los hogares y si hay posible comisión de delito, recién concretar una detención. Las personas en infracción -y con intervención del Juez de Garantías en turno-, cumplen detención domiciliaria, se dicta luego una prórroga y finalmente la prisión preventiva. Sobre el listado de intimados se cumple un control efectivo y diario del cumplimiento.

¿Qué destaca de los procedimientos llevados a cabo desde la entrada en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio?

El cumplimiento de las obligaciones de todos los fiscales penales de la provincia, pero además su excelente predisposición, porque como lo dispuso el Procurador, todos se encuentran afectados a las guardias telefónicas de 24 horas y las tareas que surgen de los incumplimientos. Y vale recordar que la Resolución emitida este sábado por el Procurador,  y que fue comunicada al Ministerio de Seguridad, establece cómo se coordina la actuación conjunta. Allí se autorizó la notificación por todos los medios (telefónica, mail, Whatsapp, página web, etc.) para el cumplimiento de la instrucción.

También destaco la predisposición de los fiscales federales, quienes han venido articulando las tareas de una manera rápida y eficaz con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia.

Covid-19: Investigan si un ciudadano cumplió con la cuarentena obligatoria

El fiscal penal 6, Marcos Ezequiel Molinati, ordenó distintas diligencias para determinar si un ciudadano salteño que regresó de Europa recientemente -y que se convirtió en el primer caso positivo por coronavirus Covid-19, confirmado por la ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano-, acató el protocolo sanitario vigente para evitar la propagación del virus.

Se trata de un hombre de 40 años que llegó de Europa e ingresó a Salta el 12 de marzo, y que de acuerdo a lo informado por la titular de la cartera sanitaria provincial “presentó síntomas desde ese día y permanece aislado e internado en una institución».

Por disposición del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, el fiscal Molinati investiga si el ciudadano cumplió con el protocolo establecido en el marco de la Emergencia Sanitaria nacional y provincial. Según algunas fuentes, el ciudadano podría haber incurrido en la violación de la obligación de someterse a la cuarentena al no haber informado sobre su situación, apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini.

Entre las primeras medidas ordenadas, el fiscal se constituyó en el establecimiento sanitario y el aeropuerto local, Martín Miguel de Güemes.

Artículo 205 del Código Penal

La investigación penal inició ante la posibilidad de que el salteño haya incurrido en el delito del art 205 del Código Penal.

El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado el jueves 12 de marzo pasado, por el Poder Ejecutivo Nacional, establece una serie de medidas para evitar la propagación del coronavirus. Entre ellas figura la obligatoriedad de permanecer aislados durante 14 días para aquellas personas que presenten síntomas de la enfermedad o que hayan ingresado a la Argentina provenientes de los países más afectados por la enfermedad.

Según establece el DNU quienes violen el aislamiento serán denunciados por la posible comisión de los delitos previstos en el artículo 205 del Código Penal, que tipifica los delitos contra la salud pública. El artículo 205 establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Cierran las dependencias del Ministerio Público Fiscal, con atención telefónica las 24 horas

Atento a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia, la Procuración General resolvió restringir en forma total la atención al público y en todas las dependencias de todo el territorio provincial. La totalidad de fiscales y auxiliares fiscales tendrán disponibles sus líneas telefónicas durante las 24 horas.

En concordancia con las medidas adoptadas este martes 17 por el Comité de Operativo de Emergencia, el procurador general, Abel Cornejo, informó que cualquier ciudadano o ciudadana que lo requiera cuando la situación así lo amerite, podrá concurrir a las dependencias de la Policía de la Provincia, institución que será el nexo con las fiscalías correspondientes.

Lo hizo en concordancia con la Resolución 3 del Comité Operativo de Emergencia,  que sostiene entre sus considerandos que “atento a la propagación del COVID-19 en nuestra provincia, urge fortalecer las medidas hasta ahora adoptadas, tendientes a la protección de la población. En tal contexto, el Comité Operativo considera propicio ahondar los extremos tendientes a profundizar las disposiciones vinculadas con la cuarentena impuesta”.

Por ello, el Comité, resolvió suspender el servicio de transporte público de pasajeros, con excepción del que sea necesario para el traslado de los agentes vinculados a los servicios de salud público y privado y de seguridad, y toda aquella persona que requiera tener acceso al sistema de salud. Se prohibieron también las reuniones y permanencia en lugares públicos, en todo el territorio de la provincia, encomendando a las fuerzas de seguridad el cumplimiento de la presente medida. Además, se dispuso el estricto control del cumplimiento de todas las medidas adoptadas y a adoptarse en el marco de la Emergencia Sanitaria, dispuesta por el decreto de Necesidad y Urgencia 250/2020, en las rutas, caminos y demás ingresos de la provincia.  En la misma Resolución, se dispuso el cierre de shoppings, cines, galerías comerciales y paseos de compras, abiertos y cerrados. Finalmente se estableció el cierre de todos los establecimientos educativos de la provincia, garantizando la asistencia alimentaria.