Más de 2800 contravenciones por Covid en lo que va del año

Son contravenciones registradas en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 7 de febrero del corriente año. El sistema discrimina entre las contravenciones registradas contra personas físicas y establecimientos comerciales, tanto en la Unidad Fiscal Contravencional como en las fiscalías penales de toda la provincia. Mientras tanto, sigue pendiente la creación de Juzgados Contravencionales.

Durante ese período, las fiscalías de toda la provincia recibieron 2840 actuaciones por contravenciones, de las cuales, 1227 fueron derivadas a la Unidad Fiscal Contravencional. Luego de recibir la notificación, las y los contraventores, tienen la opción de hacer el descargo o pagar una multa en forma voluntaria. Si optan por la última, deben dirigirse con el recibo emitido por la Fiscalía Contravencional, a la sede bancaria y contra presentación del ticket de pago de la infracción, se cierra la actuación. Tal como lo establece la normativa vigente, los pagos se realizan directamente en la cuenta dispuesta para tal fin por la Policía de la Provincia. Es decir que la recaudación en concepto de multas, va directamente a la fuerza de seguridad provincial.

Las multas por contravenciones van desde los $ 800 (ochocientos pesos) y hasta más de $ 100.000 (cien mil pesos). La sanción impuesta dependerá de la contravención y la cantidad de infracciones cometidas por la misma persona física o establecimiento comercial.

Para el período comprendido entre el 1 de enero y el 7 de febrero de 2021, las Contravenciones registradas en el sistema informático son:

Contravenciones por “COVID – Personas” a todas las Fiscalías MPF: 2743

Contravenciones por “COVID – Establecimientos” a todas las Fiscalías MPF: 97

Contravenciones por “COVID – Personas” a UFICON: 1160

Contravenciones por “COVID – Establecimientos” a UFICON: 67

Es decir, que las fiscalías de toda la provincia, recibieron actuaciones por contravenciones 2840, de las cuales, 1227 fueron derivadas a la Unidad Fiscal Contravencional.

UFICON

Las contravenciones son los delitos de menor cuantía o faltas, lo que las diferencia de los delitos. El Código Contravencional de la Provincia es eminentemente preventivo.

En 2011, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, fue coautor de la iniciativa legislativa de la Corte de Justicia, que propuso la creación de cinco juzgados contravencionales en toda la Provincia. Es que la ley 7145 prevé la creación e instalación de los juzgados específicos en materia contravencional y hasta que ello ocurriera, la ley 7154 dejó la competencia al Jefe de Policía o su reemplazante legal.

En junio de 2019, Cornejo dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Contravenciones, en virtud de la dispersión de causas originadas en infracciones al Código Contravencional, que se encontraban en distintas fiscalías. Todo ello, a partir de la modificación de la ley que entró en vigencia en 2016.

En 2020, la Legislatura otorgó estado parlamentario a una iniciativa legislativa, que prevé la creación de cinco Juzgados Contravencionales, pero la cuestión no prosperó.

El Procurador reiteró la necesidad de contar con jueces especializados en la materia, porque al margen de la recaudación destinada a la Policía, que se genera, por ejemplo, a través de las infracciones sanitarias en el marco de la pandemia, “hay muchas otras causas paralizadas en el Poder Judicial, sin trámite y sin realización de los remates establecidos por la ley vigente”, afirmó Cornejo.

El Colegio de Gobierno dispuso la cesantía del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia

El Colegio de Gobierno del Ministerio Público aplicó la sanción de cesantía al auxiliar fiscal de la Delegación Fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur. Lo hizo en los términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de su Reglamento General. Con la sanción aplicada, quedó extinta la relación laboral de Dantur con el organismo.

Para resolver de esa forma, el Colegio tuvo en cuenta que el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó el sumario administrativo en contra de Dantur, motivado en la imputación realizada en su contra por la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, en concurso real. A su vez, el 16 de diciembre de 2020 y en virtud de un nuevo hecho enmarcado en las actuaciones penales, se dispuso la ampliación del sumario y la conformación de una Unidad Fiscal para la investigación penal pertinente.

De un primer hecho investigado, se tuvo que Dantur mantuvo diálogos con el comisario de Apolinario Saravia, Walter Ezequiel Omar Mamaní, imputado por la presunta comisión de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real con coacción en calidad de autor. Todo esto, mientras Dantur se desempeñaba como auxiliar fiscal y daba cumplimiento a las órdenes de la fiscal Simesen de Bielke.

De conversaciones vía WhatsApp con Mamaní, surgió que el sumariado lo asesoró, al darle su punto de vista e inclusive informarle sobre medidas probatorias producidas. Además, le ofreció la llave de la dependencia fiscal para que el funcionario policial compulse las actuaciones. Dantur también guardó silencio cuando Mamaní trató de “fanática” a la fiscal, según surgió de las pericias realizadas en los teléfonos celulares del sumariado.

El segundo hecho, fue haber inducido al error a la fiscal de Derechos Humanos y al Tribunal de Impugnación, sobre la calidad de oficial o personal del teléfono celular que entregara al momento de requerírsele el dispositivo que utilizaba como funcionario del Ministerio Público Fiscal. De la investigación surgió que el celular oficial era utilizado regularmente por miembros de su familia, en tareas ajenas a su función.

El Sumario sugirió la cesantía

El informe final de la Instrucción del Sumario precisó la responsabilidad de Sergio Ariel Dantur por las faltas imputadas y corroboradas, con la recomendación de la aplicación de la sanción disciplinaria de cesantía, conforme la jerarquía y las funciones legalmente encomendadas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Con el informe final elaborado por el Instructor Sumariante, el Colegio de Gobierno tuvo por acreditados los hechos que dieron origen al sumario administrativo, sobre las reiteradas faltas cometidas en cuanto al buen desempeño de sus funciones en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

Por consiguiente, tras analizar los hechos atribuidos a Dantur, más las pruebas, informes y testimoniales, quedó acreditado que el funcionario trasgredió la Ley Orgánica del Ministerio Público 7328, en lo referido al incumplimiento de los deberes a su cargo; el ejercicio de conductas contrarias a los reglamentos y disposiciones generales o particulares dictadas por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público; la comisión de faltas u omisiones que atenten contra la eficacia de las tareas a su cargo y que se cometan en el desempeño de sus funciones y la ejecución de conductas que atenten contra la autoridad, dignidad o decoro de los superiores jerárquicos, de sus iguales o de sus subordinados o del servicio.

De acuerdo al sumario, Dantur también infringió la normativa que establece su obligación de guardar reserva de todo asunto de servicio, extremándola cuando lo requiera la naturaleza de la cuestión o lo indiquen las instrucciones del superior jerárquico; cuidar de los bienes estatales y/o privados que le fueran confiados con motivo de su función y velar por la economía y uso racional de los mismos; comunicar a su superior jerárquico inmediato por escrito y con su firma, cualquier irregularidad que pueda afectar los intereses del Ministerio Público y retirar o emplear con fines particulares bienes del Ministerio Público sometidos a la guarda del agente, funcionario o Dependencia en la que se desempeña. Todo ello, en función de la Ley 7712, que establece la responsabilidad personal del Auxiliar Fiscal por el buen desempeño de sus funciones.

Todas esas faltas, conllevaron a solicitar la sanción prevista en la Ley Organica y el Reglamento General del Ministerio Público, de las que se desprende que los magistrados y funcionarios tendrán especialmente en cuenta las responsabilidades inherentes a la función que desempeñan, las que implican deberes y obligaciones. El primer deber básico del agente es cumplir con dedicación la función y observar el fiel cumplimiento de sus deberes, porque el servicio de justicia exige rectitud y la observancia de una conducta irreprochable, con el deber de guardar en todo momento un estilo que trasunte seriedad, confiabilidad y honestidad de un buen funcionario.

Si bien no ha recaído sentencia condenatoria por los hechos imputados a Dantur, tal circunstancia no impide que pueda aplicarse una sanción disciplinaria al margen de las causas penales existentes, atento a que el pronunciamiento administrativo es independiente del judicial en razón de ser distintas las finalidades perseguidas y los bienes jurídicos tutelados en cada uno de ellos. También son diferentes los principios que se aplican en una y otra rama del derecho y diversos los valores en juego.

Al ponderar las conductas atribuidas al agente sumariado, el material probatorio que las acredita, la gravedad y cantidad de las irregularidades que ellas comportan, se estimó apropiado aplicar a Sergio Ariel Dantur, la sanción administrativa consistente en cesantía.

Confirman sanciones al titular de un medio por publicaciones misóginas, agraviantes y descalificantes

El juez Martín Coraita, de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el titular de la revista “Fuera de la Ley”, y confirmó de esa manera, lo dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género del Distrito Orán, que le impuso prohibiciones en cuanto sus publicaciones y estableció que los integrantes del medio, deben capacitarse sobre violencia mediática con perspectiva de género.

El magistrado considera que “la presentación adolece de una crítica concreta y detallada del fallo recurrido en los aspectos esenciales que lo sustentan”.

Cabe recordar el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, presentó una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial Orán contra Luis María Gómez como titular del medio. Lo hizo en virtud de las publicaciones realizadas por la revista “Fuera de la Ley”, en la que a través de agravios y descalificaciones, deliberadamente, atacó a funcionarias y magistradas del Ministerio Público que cumplen funciones en las áreas de investigación de distintos delitos, especialmente aquellos en los que se encuentran vulnerados derechos de niñas, niños y mujeres, y en problemáticas tan sensibles como la violencia contra las mujeres, el género y los delitos contra la integridad sexual.

En razón de esto, la jueza Adriana Maidana Vega, resolvió prohibir a Luis María Gómez como titular de la revista “Fuera de la Ley”, la publicación de imágenes, nombres o datos que permitan conocer en forma directa o indirecta la identidad de mujeres, niños, niñas o adolescentes víctimas de delitos y toda publicación que contenga datos sensibles de las causas y que afecte sus derechos fundamentales.

Prohibió también publicaciones con connotaciones misóginas, toda comunicación sexista y descalificadora de las operadoras de justicia, cualquiera sea su tarea, cargo o jerarquía, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.

Egresaron los primeros investigadores civiles del CEI

Después de 13 meses de formación, egresaron 56 investigadores civiles, de los cuales serán incorporados 23 al Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal. La Comisión Evaluadora definió la lista de alumnos que llegaron a la etapa del examen final. El inicio de la Formación de Investigadores Fiscales contó con más de 700 inscriptos.

El dictado y formación estuvo a cargo de fiscales, auxiliares, profesionales y personal policial y el objetivo fue la conformación de un Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), organismo de carácter profesional, especializado e independiente, que contará con el equipamiento y medios adecuados para brindar asistencia a los fiscales penales en su función de investigación y colaborará en la elaboración de la teoría del caso.

Cabe tener presente las palabras del Procurador, Abel Cornejo, en oportunidad de la bienvenida que diera a los alumnos, hoy ya egresados del CEI, quien resaltó la responsabilidad y desafío de convertirse en los futuros investigadores que tendrá la provincia, porque cuando se trata de investigaciones criminales, “ustedes, antes que cualquiera, son quienes tendrán que buscar la verdad y la transparencia y llevar convicción en la ciudadanía, cuando existe un reclamo generalizado de justicia”.

Ante el requerimiento de la Procuración General, se procederá a la incorporación al Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) de 23 del total de 56 egresados, en dos etapas, cuyo criterio de selección se realizó teniendo en cuenta una evaluación integral que incluyó la consideración de las notas de exámenes rendidos, desempeño de cada uno a lo largo del desarrollo de la capacitación, actitudes y aptitudes, perfil crítico, capacidad de análisis y de reflexión e informe psicotécnico laboral.

La selección final surgió del Informe Final elevado por el Cuerpo Directivo de la capacitación “Formación de Investigadores Fiscales”, integrado por Sofía Cornejo Solá, Jorge René Silisque y Omar Dávila.

El MPF sumó una Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y fortalece todo el sistema

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso que desde este lunes, la Delegación de Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº 3, de barrio Limache, funcione como Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº 5 del Distrito Judicial del Centro. Quedó a cargo de la fiscal penal, Liliana Jorge. Además, fortaleció el plantel de todas las fiscalías especializadas en la materia.

En la misma Resolución, Cornejo dispuso que la división territorial de funciones de las Fiscalías Penales de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial del Centro, se establezca en cinco zonas de actuación. También reforzó los planteles de cada Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del Distrito Centro.

Para adoptar tal decisión, el Procurador tuvo en cuenta el monitoreo constante que se realiza sobre el funcionamiento del sistema de especialización de las Fiscalías Penales y por supuesto, la creciente demanda en materia de violencia familiar y de género. Ante la reciente centralización de funciones atinentes a esa materia, se optimizaron los recursos disponibles en el Ministerio Público Fiscal y se modificó la estructura de la Delegación de Limache, para convertirla en Fiscalía.

Como se sabe, solo hasta octubre pasado, las denuncias por violencia de 2020 habían superado a todas las 2019, porque el Ministerio Público Fiscal recibió 8569 denuncias por violencia de género (entre el 1 de enero y el 30 de octubre). Y durante 2019 se recibieron 8307 denuncias en todo el territorio provincial. Las denuncias aumentaron en forma exponencial.

El esquema de la especialización, se completa de la siguiente manera:

• Fiscal de Violencia Familiar y de Género N° 1, Claudia N. Geria
• Fiscal de Violencia Familiar y de Género N° 2, Facundo Ruiz de los Llanos
• Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 3, Gabriela R. Dávalos
• Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 4, Elisa Viviana Pérez
• Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 5, Liliana G. Jorge

Desde el 1 de febrero, el MPF trabajará de 8 a 14

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que con el fin de la feria judicial, a partir del 1 de febrero, el horario de funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, será de 8 a 14 y bajo la modalidad presencial. La excepción será el personal incluido en la población de riesgo y sin perjuicio de los servicios bajo modalidad remota que deberán prestar desde sus lugares de aislamiento.

En este sentido, el Procurador recomendó que magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, adopten las medidas sanitarias locales y nacionales respecto de las dependencias y el personal a su cargo, para preservar la salud, tanto de los trabajadores que prestan servicios, como de las partes en los procesos que por diversos motivos deban concurrir.

Por último, ordenó que el área de Higiene y Seguridad, Servicio Médico y Dirección de Personal del Ministerio Público, arbitren las medidas tendientes al seguimiento y control de las pautas sanitarias de trabajo para garantizar las condiciones de higiene y seguridad para preservar la salud de las y los trabajadores.

Denuncias web: ya radicaron más de 100 denuncias por violencia, abusos y estafas

Desde el 1 de diciembre pasado, cuando entró en vigencia el sistema de recepción de “Denuncias Web para otros delitos”, incorporado a la página oficial del Ministerio Público Fiscal, se registraron 109 denuncias. Mediante el nuevo sistema, los ciudadanos de la provincia registraron sus denuncias en el apartado “otros delitos”, que se sumó a los previamente disponibles para denunciar robos, venta de drogas y abusos policiales.

Desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 18 de enero de 2021, se registraron 109 denuncias web genéricas a través del sitio web www.denunciasweb.gob.ar. Del total, 105 fueron confirmadas y derivadas a las fiscalías penales correspondientes de toda la provincia.

Los delitos más denunciados corresponden a hechos de violencia familiar y de género, como amenazas, desobediencia judicial y lesiones, entre otros. También se registraron denuncias por abuso sexual, estafas e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Las  denuncias corresponden en su mayoría a Salta capital, pero también se registraron en municipios del Valle de Lerma, Orán, Tartagal, Embarcación, Salvador Mazza, Pichanal, Metán y Joaquín V. González.

Las denuncias fueron remitidas a las seis fiscalías penales del Distrito Centro, a las de  Violencia de Género 1, 2 y 3; Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 1, 2 y 3, y a las de Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, Cachi y El Carril. Otras fueron derivadas a las fiscalías penales de Orán, Metán y Tartagal y sus delegaciones.

La herramienta informática permite a los usuarios registrar las denuncias desde cualquier dispositivo informático con acceso a Internet, sin necesidad de concurrir a una dependencia policial. Por supuesto, ofrece la posibilidad de adjuntar imágenes a la denuncia.

Al implementar el sistema, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, sostuvo que es “indispensable para la gestión, brindar respuestas de calidad al ciudadano, a través de la ampliación de los canales de acceso al servicio de justicia” y especialmente, en el marco de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.

El procurador general visitó la Fundación Cintia Fernández

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, visitó este lunes la Fundación Cintia Fernández, que brinda gratuitamente apoyo legal, psicológico y social para familiares y víctimas de violencia. Su presidenta, Ana Fernández, integra el Comité de Estudio de femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del MPF.

Desde el femicidio de su hija, ocurrido el 3 de mayo de 2011, Ana Fernández encaró una desesperada búsqueda de justicia. Recorrió dependencias judiciales y gubernamentales, hasta entonces había realizado 285 marchas alrededor de Plaza 9 de Julio para pedir que el caso de Cintia no quedara impune, y entonces, creó la Fundación para brindar asistencia integral a las víctimas de violencia, recibir denuncias y ofrecer contención y asesoramiento a familiares.

La Fundación fue inaugurada el 19 de agosto de 2016 y actualmente funciona en Santiago del Estero 555, Piso 1, departamento E.

Tuve el honor de visitar la Fundación Cintia Fernández en su sede, como testimonio de mi admiración y afecto de la lucha incansable de su fundadora, Ana Fernández, mujer, madre y trabajadora que pugna por una justicia digna y ética. Con afecto, Abel Cornejo”, escribió el Procurador en el libro de Actas de la Fundación.

En abril pasado, el MPF y la Fundación Cintia Fernández capacitaron sobre investigación y litigio de femicidios, a través de las disertaciones de Gabriela Rodríguez, del Comité de Evaluación de Femicidios y Transfemicidios y Violencia de Género y la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, referidas al “Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios) – UFEM”. Fue propuesta por la Fundación y declarada de interés por el Procurador.

En octubre pasado, el MPF abrió las charlas públicas del Área Académica de la Fundación Cintia Fernández. Fue inaugurada en septiembre pasado e inició el 22 de octubre su ciclo de capacitaciones abiertas al público, con la charla magistral de la Directora del SAVIC, Matilde Alonso.

Desde el 8 de marzo pasado, el edificio del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, lleva el nombre de Cintia Fernández.

El Colegio de Abogados será querellante en el caso del abogado agredido

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, se presentará como querellante particular en la causa que investiga la agresión contra el abogado David Leiva, ocurrida el jueves último, en el ingreso a Ciudad Judicial. La decisión fue comunicada por el presidente del Colegio al Procurador General de la Provincia y al Fiscal interviniente. Burgos consideró que debe analizarse por qué hay seguridad privada y no estatal en edificios públicos.

Burgos y Cornejo

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pedro Burgos, quien informó que el Consejo Directivo decidió iniciar las actuaciones que correspondieren “para obtener una sanción y condena ejemplar”, en el caso del abogado David Leiva. Afirmó que es una medida habitual que se adopta cuando un colega matriculado es víctima de una agresión, tal como ocurrió con el Dr. Pablo Ibáñez. El abogado fue agredido hace tres años en Joaquín V. González. En esa oportunidad, el Colegio se presentó por primera vez como querellante particular y logró la condena por lesiones, afirmó el dirigente. También consideró que “ninguna persona debe ser tratada de la forma en la que lo fue el Dr. David Leiva. Nos solidarizamos con él e impulsamos las medidas para ser protagonistas en este caso”.

En otro sentido, Burgos precisó que el hecho que se investiga, “pone en situación de análisis otra cuestión: conocer cuáles son las razones por las que los edificios públicos son custodiados por personal de seguridad privada, cuando está al alcance el personal policial, que estaría en mejores condiciones de asumir y controlar cualquier situación conflictiva”.

Burgos se reunió previamente con el fiscal penal 1, Pablo Paz, quien inició la investigación de oficio el jueves último, en base a distintas publicaciones. El fiscal habló con la víctima, quien ya radicó denuncia formal. De las medidas dictadas, espera la remisión de los exámenes médicos solicitados, con intervención del CIF de Orán y la conclusión del trámite en la Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta, que debe autorizar el acceso a los videos de las cámaras de seguridad.

Se podrán denunciar otros delitos a través de la página de Denuncias Web

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la aprobación del sistema de recepción de “Denuncias Web para otros Delitos”, incorporado a la página oficial del Ministerio Público Fiscal y en el sitio web www.denunciasweb.gob.ar, que regirá desde este martes 1 de diciembre de 2020.

De este modo, los ciudadanos de la provincia, podrán registrar sus denuncias en el apartado “otros delitos”, que se suma a los ya disponibles para denunciar robos, venta de drogas y abusos policiales.

La herramienta informática permitirá a los usuarios registrar las denuncias desde cualquier dispositivo informático con acceso a Internet o teléfono celular a través de la aplicación móvil; sin necesidad de concurrir a una dependencia policial.

En este sentido, el Procurador General sostuvo que es “indispensable para la gestión, brindar respuestas de calidad al ciudadano, a través de la ampliación de los canales de acceso al servicio de justicia” y especialmente, en el marco de restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.