Dotan de mayor infraestructura a las Fiscalías de Delitos contra la Integridad Sexual

Las autoridades del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, magistrados y funcionarios, inauguraron las oficinas en las que desde ahora funcionarán las Fiscalías pertenecientes a la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

La presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público y asesora general de Incapaces, Mirta Lapad; el procurador general, Pedro García Castiella; el defensor general, José Gabriel Chibán; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero y el exprocurador y actual ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, inauguraron las oficinas en las que desde ahora funcionarán las Fiscalías pertenecientes a la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

Las nuevas oficinas, ubicadas en el primer piso del edificio “Cintia Fernández” anexo a la Procuración General, ubicado sobre calle Evangelina Botta de Nicolai de la ciudad de Salta, dotan de mayores herramientas e infraestructura a las Fiscalías, aspectos que son fundamentales al momento de que las víctimas radiquen su denuncia y presten declaración testimonial con una mayor privacidad.

Al tomar la palabra, el exprocurador general y actual ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, sostuvo que “cuando existen objetivos concretos de afianzar y mejorar la justicia, a todos los poderes nos debe encontrar juntos. Es una enorme satisfacción participar de este acto. Hay un pensamiento que nos une a todos y es fortalecer las instituciones y mejorar la administración del servicio de justicia”.

“Celebro que en materia de delitos contra la integridad sexual, haya una política estratégica firme de apoyo a las investigaciones de los fiscales. Este edificio representa un símbolo de esta lucha y un claro mensaje de la actual conducción de la Procuración General, sobre cuál debe ser el proceder en este sentido, para que las víctimas no se sientan desprotegidas y todos contribuyamos a este anhelo de justicia que es un clamor de la sociedad”, aseveró Cornejo.

En igual sentido, el procurador general, Pedro García Castiella, sostuvo afirmó que “es un orgullo y una satisfacción poder inaugurar las nuevas oficinas en compañía de los presentes, lo que es una muestra de los nuevos perfiles y contornos en cuanto a priorizar las investigaciones de los delitos que más laceran. Otro aspecto es la contención y el acompañamiento a las víctimas de toda clase de delitos. Esta inauguración permitirá liberar espacios para que puedan trabajar los equipos de psicólogos y de acompañamiento a las víctimas con una mayor logística y privacidad”.

“Esto, en alguna medida sirve para dotar de una mejor calidad laboral, siempre reivindicando la misión de los fiscales como responsables y directores de las investigaciones. La sociedad espera mucho de nosotros. La realidad que nos toca afrontar es cada vez más difícil, pero no cabe dudas que tendremos todo el ahínco y el compromiso para estar a la altura de los tiempos que se avecinan. Por eso es necesaria la unidad y generar puentes con el Ministerio de Seguridad y Justicia, con el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, con la Corte de Justicia y también otras jurisdicciones tales como la justicia federal, que es lo que exigen los tiempos que nos toca afrontar”, sostuvo García Castiella.   

Con una superficie construida de 650 metros cuadrados, las obras que iniciaron en diciembre de 2019 y que debieron ser interrumpidas a raíz de la pandemia a causa del coronavirus, fueron ejecutadas por la empresa constructora Romero Igarzabal SRL por un monto de $36.076.243,52.

Mediante resolución 462, de septiembre de 2015, la Procuración General de la Provincia dispuso la creación de las tres Unidades Fiscales especializadas en Delitos contra la Integridad Sexual, con competencia en el ámbito del Distrito Judicial Centro. Cada una desarrolla sus funciones mediante un trabajo conjunto, en el que cada integrante del equipo interdisciplinario realiza una labor clave a la hora de esclarecer hechos de abuso y acompañar a las víctimas.

Del acto también participaron la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gabriela Buabse, los fiscales penales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, Federico Obeid y Rodrigo González Miralpeix  e integrantes de las Fiscalías, miembros del Ministerio Público y diversos funcionarios. 

Declaran de interés el «Entrenamiento en Litigación Oral con Evidencia Digital»

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, declaró de interés del Ministerio Público Fiscal el programa de capacitación “Entrenamiento en Litigación Oral con Evidencia Digital”, organizado por la Institución Reconstrucción Forense Especializada de Argentina y la Universidad Vizcaya de las Américas de México.

La capacitación se llevará adelante entre octubre y noviembre del corriente año, bajo la dirección de la fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de CABA, Daniela Dupuy y la vocal de la Cámara del Crimen de la ciudad de Córdoba, Patricia Soria. También participarán referentes de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos.

El programa ofrece una formación de nivel superior dirigida a fiscales penales y funcionarios judiciales, a partir del tratamiento de temas de relevancia actual, como la construcción estratégica de la teoría del caso, destrezas en alegatos de clausura y presentación del caso, examen directo y contraexamen de peritos y testigos desde la evidencia digital, entre otros.

La actividad resulta de especial interés para el Ministerio Público Fiscal, no solo en razón de la materia específica a tratar y su importancia actual, sino también en miras de la inminente puesta en funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, con competencia en todo el territorio provincial y que perseguirá las conductas delictivas cometidas a través de Internet. También se consideró el evidente impacto en la seguridad pública y en los derechos individuales de las personas afectadas.

El MPF y Aguas del Norte buscan reducir y eliminar conexiones clandestinas

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este miércoles al presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, con quien analizó la próxima firma de un convenio de colaboración mutua entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa, referido especialmente a la detección y sanción de conexiones clandestinas.

Las conexiones clandestinas ponen en riesgo la salud y el ambiente, además de dañar los bienes públicos y afectar el servicio a otros vecinos. Por ello, el Ministerio Publico Fiscal y Aguas del Norte alcanzarán en un acuerdo que permita poner operativos los procedimientos para detectar y sancionar las conexiones clandestinas, especialmente las cloacales.

El presidente de Aguas del Norte anticipó que entre otras cuestiones, el convenio marco permitirá determinar fehacientemente cuáles son las zonas de la provincia más afectadas por conexiones clandestinas y que en consecuencia, tienen posibilidades de presentar mayor daño ambiental y mayor riesgo de salud para la población.

En ese sentido, el procurador general Abel Cornejo, recordó que la Constitución de Salta se refiere a la protección del medio ambiente y la defensa de la calidad de vida en su artículo 30, que establece que “todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a disfrutarlo” y que “los poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente en procura de mejorar la calidad de vida, previenen la contaminación ambiental y sancionan las conductas contrarias”.

En su artículo 41, la Carta Magna sostiene que “la salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada persona. Es un bien social” y que “compete al Estado el cuidado de la salud física, mental y social de las personas, y asegurar a todos la igualdad de prestaciones ante idénticas necesidades”.

Fortalecen el trabajo conjunto entre INADI y el Ministerio Público Fiscal de Salta

Hubo más de 120 consultas al INADI durante el primer semestre del año, en los que el área jurídica debió brindar asesoramiento principalmente en hechos referidos a orientación sexual e identidad de género, discapacidad y salud. El Ministerio Público Fiscal y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo trabajan de manera conjunta en la erradicación de actos de discriminación en general, y de xenofobia y racismo en particular.

En el marco del trabajo conjunto que llevan adelante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio Público Fiscal para erradicar actos de discriminación, el abogado Edgardo Torrejón, intervino en 120 consultas en el primer semestre de 2021.

Los motivos por los que Torrejón debió brindar asesoramiento principalmente fueron orientación sexual e identidad de género, pueblos originarios, migrantes, discapacidad y salud. En cuanto a los ámbitos, el laboral ocupa el primer lugar y Educación y Salud, le siguen inmediatamente después.

Como parte de su tarea en el INADI, el abogado del Ministerio Público Fiscal recibe consultas sobre posibles casos de discriminación, asesora y acompaña a las víctimas en todo el proceso para que avancen en la radicación de su denuncia.

Además, realiza gestiones ante otros organismos a fin de acercar soluciones que eviten las situaciones de discriminación planteadas.

Cabe recordar que en abril de 2020, el procurador General de Salta, Abel Cornejo, firmó un convenio de cooperación con la titular del INADI, Victoria Donda, y cuyo delegado en Salta es el funcionario Gustavo Farquharson.

El acuerdo contempla acciones conjuntas entre ambos organismos y que tienen como fin concientizar y prevenir sobre los distintos tipos de actos discriminatorios bajo pretexto de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual.

También se contemplan la discriminación por edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente.

En ese marco, la Procuración General destinó recursos humanos para asegurar el asesoramiento y colaboración a la Delegación Salta del INADI y designó al abogado Edgardo Torrejón, afectado a cuestiones propias del organismo nacional.

Para realizar consultas o denuncias se puede llamar al 4218758 o al 168, escribir al WhatsApp del INADI +54 9 11 3696-6292 o enviar un mail a salta@inadi.gob.ar.

Rosa Torino: El Procurador recibió a las tres víctimas

El procurador general de la Provincial, Abel Cornejo, junto a la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, recibieron a las víctimas que denunciaron penalmente por abuso sexual al sacerdote Agustín Rosa Torino.

El sacerdote está acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración, agravado por ser ministro de culto reconocido, en perjuicio de dos víctimas; y de abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de culto reconocido, en perjuicio de una tercera.

Durante el encuentro, el Procurador brindó su solidaridad y apoyo a las víctimas Valeria Zarza, Yair Gyurkovitz y Jonatan Alustiza, quienes radicaron las denuncias penales en contra del acusado y sostuvo que si no fuera por ellos “hubiera sido imposible llegar al juicio contra este monstruo”.

En tanto, las víctimas agradecieron al Procurador y a la Fiscala por abrirle las puertas y agradecieron la contención y la custodia, por temor al acusado.

Durante el juicio, las tres víctimas ratificaron los abusos

El primero de ellos fue Yair Gyurkovitz, uno de los exnovicios, quien durante el inicio del juicio sostuvo que ingresó a la comunidad religiosa en 2010 y que en 2012 fue trasladado a Puerto Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, donde sufrió abusos por parte de otro sacerdote.

Afirmó que en 2014 fue llamado por Rosa Torino, por lo que volvió a Salta. Precisó que los abusos por parte del imputado, ocurrieron en Palermo Oeste, Cachi y en Finca La Cruz, con fecha imprecisa y durante 2014.

También indicó que la mayoría de los abusos, ocurrieron en la sede ubicada en Santa Fe 1247, de la capital salteña.

En tanto, este miércoles declararon la exmonja Valeria Zarza y el otro exnovicio, Jonatan Alustiza, quienes llegaron a Salta para declarar y partirán este jueves hacia sus respectivos lugares de residencia.

La primera en declarar fue Zarza, quien ingresó a la congregación en 1997. A partir del 2000, estuvo en el círculo privado del imputado. Sostuvo que fue víctima de tocamientos desde ese año por parte del acusado y que jugaba un papel de mediadora entre el sacerdote y otros miembros de la comunidad, por el fuerte carácter del acusado, quien solía humillar a las personas.

Indicó que a fines de 2004, le dijo al acusado que escuchó durante retiros espirituales sobre abusos. El sacerdote le gritó y le pidió nombres.
El imputado le dijo que eran comunes los juegos sexuales y que cualquier cosa, le avisara.

Luego, fue trasladada a México, donde durante un retiro espiritual, también escuchó sobre abusos.

En octubre de 2010 regresó a Salta y comenzó con ataques de llanto y dolores en el cuerpo. Afirmó que le llevó mucho tiempo entender lo que sucedía y pensó que si denunciaba, traicionaría al imputado.

Sostuvo que dentro de la congregación, los hacían pasar por locos cuando se hablaba de abusos y que muchos integrantes, incluida ella, fueron tratados con medicamentos psiquiátricos recetados por un médico clínico relacionado con alguien de la comunidad, quien recetó drogas tales como clonazepam.

La exmonja rompió en llanto al relatar que el acusado se burlaba de su cuerpo con comentarios groseros y que dijo muchas veces que “las mujeres no sirven”.

Detalló que de 2000 a 2004 fue sometida a tocamientos por parte del acusado, con chirlos y roces en sus partes íntimas.

Precisó que realizó denuncias canónicas en 2015 en San Isidro, Buenos Aires, pero que solo fueron por las humillaciones del acusado, porque no había internalizado los abusos hasta ese momento.

En tanto, el otro exnovicio víctima, Alustiza, Salta, pidió declarar sin las presencia del acusado.

Precisó que ingresó a la comunidad en 2009, a los 14 años y también afirmó que fue abusado por el sacerdote de Puerto Santa Cruz, en el sur del país y abusado en 2013 en Salta por el acusado, tras acercarse a contarle sobre los hechos del sur.

Relató que al pedirle ir al médico por supuesto varicocele, el sacerdote se negó y le explicó sobre la enfermedad. El imputado lo invitó a pasar a su habitación, donde lo sometió a tocamientos. Le dijo luego que estaba todo bien y que no contara nada de lo ocurrido.

Sostuvo que sintió vergüenza y culpa, entrando luego en depresión e intentos de suicidio. El testigo rompió en llanto y dijo que en 2016 recién pudo hablar con su pareja sobre lo ocurrido.

Por último, relató que días después del abuso, escapó de la congregación, porque no lo dejaron salir.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate que se desarrolla en la Sala IV Tribunal de Juicio.

El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a la defensora oficial Civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz

Tras escuchar los alegatos del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y de los abogados defensores de la acusada, Rosa Fabiola Díaz, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó de su cargo, en decisión unánime, a la defensora oficial Civil 1 de Tartagal. También dispuso inhabilitarla para ejercer cargos públicos por el plazo de ocho años. El veredicto ordenó, además, remitir la documentación presentada por el procurador general Abel Cornejo al Fiscal Penal que por turno corresponda.

La última jornada del juicio contra la acusada, inició con el alegato del procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien afirmó que todo lo que vinieron sosteniendo tanto él, como el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, durante todo el juicio, “está absolutamente acreditado, demostrado y probado en este juicio“.

Las causales de destitución fueron mala conducta, mal desempeño y falta de los deberes a cargo de la magistrada de la Defensa.

Cornejo calificó al juicio como “inaudito y sin precedentes”, por el hecho de que confluyeron el Defensor General y el Procurador General en la necesidad de generar el proceso de remoción, al tiempo que remarcó que ello ocurrió mientras ambos magistrados se encontraban “en un proceso de incertidumbre, debido a intimidaciones, acusaciones y una campaña difamatoria previa, con el único fin de hacer retroceder las instituciones del Estado”.

Por ello, el Procurador recordó los mecanismos constitucionales por los que se puede someter a juzgamiento a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, y que hubiesen sido los correctos, porque hay un proceso expreso en la Carta Magna y que no es “con insultos ni con difamaciones ni generando esa suerte de decaimiento de instituciones del Estado”.

Inmediatamente después, el Procurador repasó las pruebas y testimonios recabados durante el juicio en torno a la denuncia de haber retenido y vendido junto a su hermana Paola Díaz y su madre -hoy fallecida- en el inmueble de propiedad de su madre, donaciones efectuadas por la “Fundación Los Nobles” de la provincia de Santa Fe, las que, además de no ser entregadas a sus destinatarios (comunidades aborígenes de la zona) habrían sido comercializadas en distintos lugares de esa ciudad.

En el caso conocido como “Jacoba” Olarte”, Díaz fue acusada de haber participado en una venta simulada de un bien inmueble de Joaquín V. González, del departamento Anta. La supuesta venta se realizó entre la pareja de su hermana Paola Díaz, Gustavo Mónico Marcelo Serrano y Olarte. Por este caso, Rosa Fabiola Díaz fue imputada por el delito de abuso de autoridad. Y ella y su hermana, Alejandra Paola Díaz también fueron imputadas por el delito de usurpación y robo en concurso real, en el mismo caso.

Sobre la causal de mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, Cornejo recordó que se la acusó de haber incumplido de forma grave y reiterada obligaciones y deberes funcionales de tipo formal y material. Se le atribuyó la existencia de 150 casos correspondientes a los años 2017-2020 en los cuales no existen razones para que la Defensora a cargo del servicio no haya iniciado trámite o actuación judicial. De los 150 casos referidos, 29 de ellos fueron clasificados como casos “testigos”.

Posteriormente alegó la defensa de la acusada. Uno de los abogados, repudió cualquier expresión ofensiva que se haya vertido en contra del Procurador y manifestó su solidaridad con el funcionario.

Finalmente, hizo uso de la palabra la exdefensora oficial de Tartagal, Rosa Díaz. La decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue la de la destitución de la defensora oficial de Tartagal, Rosa Fabiola Diaz e inhabilitarla por ocho años para ejercer cargos públicos.

Los fundamentos se conocerán el martes 6 de julio, a las 11.

Ciberdelitos: Training para fiscales en investigaciones criminales digitales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, declaró de interés estratégico del Ministerio Público Fiscal de Salta, el programa de capacitación “Training para fiscales en investigaciones criminales digitales. Clínica de casos reales”, organizado por la Fundación Reconstrucción Forense Especializada y la Universidad Hartmann de México. Está dirigida a fiscales penales y funcionarios judiciales.

El Training para fiscales en investigaciones criminales digitales se llevará a cabo entre julio y septiembre del corriente año, bajo la dirección de la fiscala coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de CABA, Daniela Dupuy  y el fiscal General Federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, con la coordinación académica de los abogados especialistas Federico Baudino y Jorge Litvin.

El programa ofrece una formación de nivel superior dirigida a fiscales penales y funcionarios judiciales, a partir del tratamiento de temas de relevancia actual tales como la investigación digital de cara al juicio oral, evidencia digital, herramientas disruptivas para la investigación, cooperación internacional entre Estados y recolección de evidencia en extraña jurisdicción, entre otros.

Vale recordar que con la sanción de la Ley Nº 8175, se creó la Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia en 2019, con competencia en todo el territorio de la provincia, con el fin de perseguir aquellas conductas delictivas cometidas a través de internet. Para ello, se consideró el evidente impacto en la seguridad pública y en los derechos individuales de las personas afectadas.

Por ello, la actividad resulta de especial interés para el Ministerio Público Fiscal, no solo debido a la materia específica a tratar y su importancia actual, sino también en virtud de la futura puesta en funcionamiento de esta fiscalía especializada, cuya ley de creación se promulgó en diciembre de 2019.

Las y los fiscales interesados, podrán comunicarse con la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo.

Los temas del training para fiscales en investigaciones criminales digitales

La capacitación comenzará el 8 de julio próximo, con el siguiente temario y disertantes:

  • Innovadoras herramientas para investigar en el Ciberespacio. Alek Pacheco, Agente Federal en Homeland Security Investigations. Puerto Rico Crimes Against Children Task
  • El femicida encubierto. Feminicidio. Ubicación del cuerpo con evidencia digital. Fiscal del caso: Ramiro Ramos Osorio. Fiscal de la Provincia de Salta
  • No todo lo que reluce es oro. Grooming y corrupción de menores de edad. Fiscal del caso: Martín Govetto. Fiscal en lo Penal de Bariloche.
  • El pediatra Pedófilo. Producción y distribución de explotación sexual infantil. Fiscala del caso: Daniela Dupuy. Fiscala Coordinadora Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos CABA
  • Buscando elementos probatorios en España. Narcotráfico con evidencia digital y Cooperación Internacional. Fiscal del caso: Maximiliano Hariabedian. Fiscal General Federal de la Ciudad de Córdoba
  • Del Grooming al abuso sexual con acceso carnal. Leading case de autoría mediata. Fiscal del caso: Laura Batistelli. Fiscal de Cámara de la Ciudad de Córdoba.
  • Corrupción de Estado y evidencia digital. Corrupción y  enriquecimiento ilícito. Fiscal del caso: Carlos Rívolo. Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la CABA • Ing. Gustavo Presman .
  • Una defensa difícil de probar. Homicidio en Legítima defensa. Técnicas de reconstrucción virtual. Fiscal del caso: Fernando Amoedo. Fiscal de Cámara de la Ciudad de Córdoba.
  • El crimen del almacenero Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal. Fiscal del caso: Sebastián Videla. Fiscal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

El Procurador pide al Consejo de la Magistratura que audite una causa federal

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo solicitó al presidente de la Comisión de  Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Ricardo Guillermo Recondo, que dicha Comisión audite el expediente Nº 24746/2017, caratulado “HUERGO; Matías Luis (SECSA – ARCADIO), s/infracción a la ley 24.769”, en trámite por el Juzgado Federal Nº 1 de Salta. Pidió que se compruebe el estado de tramitación en que se encuentra y si se cometieron las irregularidades de las que dan cuenta dos denuncias que están radicadas en la Justicia Federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no define la cuestión de competencia planteada por los fiscales federales.

El procurador Cornejo  puso en conocimiento de la Comisión en cuestión el comunicado emitido por el juez federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, a través del cual conminó a la jueza de Garantías Nº 5 del Distrito Centro del Poder Judicial de Salta y al Ministerio Público Fiscal de Salta a continuar la investigación del desprendimiento parcial de la causa Nº 24746/2017 – caratulada – “HUERGO; Matías Luis (SECSA –ARCADIO) s/infracción a la ley 24.769. En este punto, cabe destacar que el 9 de mayo de 2019, el juez Bavio decidió declararse parcialmente incompetente en dicho expediente y remitió al fuero provincial las copias de la resolución, sin certificar ni firmar.

Esa decisión tuvo dos repercusiones. En el fuero federal, los fiscales federales apelaron esa medida y luego la casaron. La Cámara Federal de Casación Penal decidió mantener el desdoblamiento impulsado originalmente por Bavio. En tanto, en el fuero provincial se decidió primero  suspender las actuaciones hasta tanto se dirimiese la cuestión de competencia y de esa forma, evitar nulidades y vulnerar el principio del ne bis in ídem y consecuentemente, seguir de acuerdo a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal todavía debe pronunciarse en un planteo formulado por los fiscales federales,  y que coincide con la postura de la Justicia Provincial y del Ministerio Público de Salta. En la misma presentación, Cornejo recordó que como en el orden federal, el MP de Salta es un órgano extra poder, según el artículo 164 de la Constitución de la provincia de Salta.

Es necesario recordar que cuando se plantea una contienda negativa de competencia entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial y al no existir un órgano común que la dirima, la encargada de resolver la cuestión es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Consecuentemente, si la Corte Suprema no tomó aún una decisión sobre el asunto en particular, el Juez Federal no puede conminar a la Justicia Provincial ni al Ministerio Público de Salta, por la sencilla razón de que no tiene ninguna facultad para hacerlo, a menos que hubiese utilizado los mecanismos institucionales que rigen en la Constitución de la provincia de Salta.

Denuncias vinculadas con la causa y que no fueron investigadas por la Justicia Federal

En la presentación, que sostiene que “más allá de lo inusitado del comunicado emitido por el Juez Federal de Salta, que conminó a poderes extraños a la órbita de su competencia en una causa en pleno trámite”, Cornejo también informó al Consejo sobre la denuncia formulada por el abogado defensor del imputado, que reseña en forma detallada un cúmulo de supuestas graves anomalías en su tramitación y que fue desestimada en forma instantánea por la justicia federal. La denuncia fue originalmente presentada en sede provincial y por tratarse de un expediente federal (más allá de que los denunciados son un diputado nacional, magistrados federales e integrantes de la Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos), la fiscala Simesen de Bielke se declaró incompetente y la remitió a la Justicia Federal,  donde se aceptó la declinatoria y quedó allí radicada. 

El procurador salteño sumó a la reseña enviada al Consejo de la Magistratura la denuncia formulada por el exconcejal Luis Raúl López, en contra del diputado nacional Martín Federico Grande Durand, en la que lo acusó de tener conocimiento de hechos y pruebas vinculados a la causa Nº 24746/2017, y pese a que tenía obligación de denunciarlos -por tratarse de un legislador nacional-, no lo hizo. Sobre esa denuncia, la Justicia Federal no informó si siguió su curso o la desestimó.  Idéntico temperamento adoptó de oficio en el orden provincial la fiscala Verónica Simesen de Bielke, “lo cual le valió una catarata de insultos proferidos por el mismo legislador”, señaló Cornejo.

En síntesis, hubo dos denuncias vinculadas a la supuestamente defectuosa tramitación del expediente Nº 24746/2017,  de las cuales, una fue desestimada en el acto, y sobre la otra, todavía se desconoce qué sucedió. Ambas fueron formuladas en la Justicia Federal.

Es oportuno mencionar que el expediente Nº 24746/2017 se inició hace cuatro años, pero recién cobró impulso a partir de 2019, cuando Bavio decidió declararse incompetente en forma parcial. Con esa declaración, el magistrado cambió radicalmente el temperamento que la Justicia Federal de Salta tenía acuñado desde un largo tiempo atrás en materia de investigaciones de ilícitos tributarios, con el consecuente riesgo de que la bifurcación de los expedientes pueda traer aparejada la nulidad de la causa por tratarse del juzgamiento de hechos idénticos, o bien, que uno de ellos sea condición necesaria para que se configuren las denominadas condiciones objetivas de punibilidad.

Es que el artículo 22 de la ley  24.769 no permite ninguna interpretación diferente porque establece que “respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente la justicia nacional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las causas que se encuentren en trámite ante el mismo. En lo que respecta a las restantes jurisdicciones del país será competente la justicia federal”.

Pedidos de informes a la Corte Suprema y las Cámaras Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico

Además de llamar la atención que se pretenda intimar a la Justicia Provincial y al Ministerio Público de Salta por una supuesta demora en la investigación, que no es tal; nada se sabe del expediente federal, que aparentemente estaría sumido en una parálisis y por lo cual se quiere transferir una responsabilidad que en este caso, no le corresponde a la justicia provincial.

Por ello, en el mismo pedido al Consejo de la Magistratura, Cornejo puso al Ministerio Público Fiscal de Salta a disposición de la Comisión de Disciplina y Acusación, a fin de cotejar pruebas e informes para dilucidar la insólita situación planteada y solicitó que se pida informe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para constatar el estado de las actuaciones sobre la cuestión de competencia planteada.

Finalmente, solicitó que se requiera informes a las Secretarías de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, para que informen si existen antecedentes de desdoblamiento de la competencia en casos de investigaciones de delitos penales tributarios.

Metán y Rosario de la Frontera, con trabajo remoto

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, en virtud de la actual situación epidemiológica, dispuso la continuidad de la modalidad de trabajo remoto para las dependencias del Ministerio Público Fiscal ubicadas en los departamentos abarcados en el Distrito Judicial Sur-Circunscripción Metán. El resto de las dependencias, volvió a la modalidad presencial, en grupos rotativos.

Es que desde este lunes 31 de mayo, para las dependencias que no estén contempladas en el Distrito Judicial Sur-Circunscripción Metán, entró en vigencia nuevamente la Resolución N° 1202/21, que establece rotaciones de los grupos de trabajo de manera presencial.

El personal convocado presta funciones de manera presencial, con carácter rotativo y con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas, con respeto del distanciamiento y uso de tapabocas, entre otras.

Los agentes que no estén comprendidos en el turno presencial, igualmente prestan servicios de manera remota desde sus respectivos domicilios y cumplen con las pautas de trabajo dispuestas por el titular de cada dependencia.

Como siempre, el personal que cumple funciones de forma remota, se encuentra a disposición del Ministerio Público Fiscal y podrá ser convocado cuando las necesidades de servicio así lo requieran, con excepción del personal comprendido en los grupos de riesgo o que hayan presentado declaraciones juradas ante la Dirección de Personal, quienes deberán prestar servicios de forma remota mediante las herramientas tecnológicas habilitadas.

Todas las personas que integran el Ministerio Público Fiscal deben adoptar y mantener las medidas sanitarias para preservar la salud tanto de quienes prestan servicios, como de las partes en los procesos que por distintas circunstancias deban concurrir.

Cabe resaltar que frente a la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud, con un especial impacto en algunos departamentos de Salta y atento a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por el gobierno nacional y provincial, la Procuración General dictó numerosas resoluciones para adecuar la modalidad de trabajo del Ministerio Público Fiscal de Salta a las pautas sanitarias vigentes.

La atención al público se realiza también en el marco de las pautas sanitarias y bajo los protocolos aprobados por el Colegio de Gobierno, mientras que los letrados podrán hacer uso del sistema de “Escritos Web”, de carácter esencial. Ante la necesidad de concurrir a una dependencia del Ministerio Público Fiscal, podrán solicitar los turnos, modalidad habilitada mediante idéntico sistema, para evitar la aglomeración de personas en las oficinas.

Se recuerda a la ciudadanía que cuenta con la posibilidad de realizar denuncias por drogas, robos, abusos policiales, incidentes viales, violencia de género y delitos genéricos u otros, a través del “Sistema de Denuncias Web”, disponible en el sitio https://www.denunciasweb.gob.ar y a través de la página institucional del Ministerio Público Fiscal https://testmpfs.mpublico.gov.ar.

El MPF, con trabajo remoto hasta el 30 de mayo

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que desde el 26 al 30 de mayo inclusive, la modalidad de trabajo en fiscalías y dependencias del Distrito Judicial Centro, con exclusión de las sedes de Cafayate y General Güemes, y del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Metán, se realice bajo la modalidad remota. Además de las normativas nacionales citadas para la decisión, se menciona que el COE observó un crecimiento del 45 % en el número de casos entre una semana y otra.

Frente a la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud, con un especial impacto en algunos departamentos de Salta y atento a las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria por el gobierno nacional y provincial, la Procuración General dictó numerosas resoluciones para adecuar la modalidad de trabajo del Ministerio Público Fiscal de Salta a las pautas sanitarias vigentes.

A su vez, las disposiciones sanitarias establecidas mediante el DNU 334/21 que prorrogó el anterior DNU 287/21, modificaron el actual contexto epidemiológico tanto en el orden nacional como provincial.

El artículo 3 de la norma establece las medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario, o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021.

Así, se estableció la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

Las trabajadoras y los trabajadores, deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo cuando sea posible, deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por este decreto, siempre en cercanía a sus domicilios.

La restricción de circulación nocturna establecida en el artículo 18 del Decreto 287/21 y ampliada por el inciso 6° del artículo 21, regirá desde las 18 hasta las 6 del día siguiente.

En ese marco, se dictó la Resolución 13/21 del Comité Operativo de Emergencia provincial, la cual dispuso medidas de carácter restrictivo en el ámbito provincial.

El COE señaló que del análisis de la situación de riesgo de la Provincia de Salta, correspondiente a datos de la semana epidemiológica 19, realizado por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, se observó un crecimiento del 45 % en el número de casos con respecto a la semana anterior, que afectó a la mayoría de los departamentos de la provincia de manera concomitante.

De ello surgió la clasificación final de los Departamentos según el mapa de riesgo actualizado de la semana epidemiológica 19.

En virtud de lo expuesto, se determinó que los Departamentos de Cachi, Chicoana, Metán, La Caldera, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Capital, Cerrillos y la Candelaria, son considerados como de “Alto Riesgo”; los Departamentos de Cafayate, Gral. Güemes, Gral. San Martín, Guachipas, Iruya, La Viña, Orán, San Carlos, Los Andes, Molinos, Rivadavia, Anta y Santa Victoria, son considerados como de “Mediano Riesgo”, y el Departamento de la Poma, como de “Bajo Riesgo”.

Por tales motivos, el COE provincial concluyó que correspondía aplicar un esquema de medidas específicas que tiendan al objetivo planteado para los Departamentos considerados como de “Alto Riesgo” y la aplicación de otro esquema de medidas para los considerados como de “Mediano y Bajo Riesgo”.

En atención a la invitación realizada por el artículo 4 inciso E de la Resolución 13/21 del COE y el marco de normas de emergencia vigentes, que implican una necesidad de reducir en forma decisiva la circulación de personas para evitar la propagación del virus, sobre todo en los departamentos con Alto Riesgo Epidemiológico, es preciso sugerir a los titulares de las dependencias, que por aplicación de los fundamentos que aquí se expusieron, hasta el 30 de mayo inclusive, limiten la asistencia del personal para garantizar el servicio que deben prestar las dependencias a su cargo, en especial, las que se encuentren de turno y/o deban realizar medidas que no admiten demora, en cuyo caso deberán observar estrictamente las medidas de prevención establecidas en la Resolución de PG 1196/21.

Distinta situación merecen las dependencias comprendidas en los departamento clasificados con medio o bajo riesgo epidemiológico en cuyo caso, para ellas quedara subsistente la modalidad de trabajo dispuesta en la Resolución de PG 1202/21.