La Fiscalía Penal 2 de Metán intervino tras la consulta policial por amenaza contra un vecino, desobediencia judicial y por violación del aislamiento preventivo, social y obligatorio. El fiscal Gonzalo Gómez Amado, que está a cargo de la fiscalía de Rosario de la Frontera interinamente, también imputó a un hombre por la violación a las disposiciones sanitarias por el COVID-19.
El primer caso se inició tras los controles realizados por personal de la subcomisaría El Mirador sobre cumplimiento del DNU del Poder Ejecutivo Nacional, que establece como medida de prevención para la propagación del COVID- 19, el aislamiento preventivo, social y obligatorio.
Una pareja de jóvenes fue demorada cuando se encontraban en la plaza del barrio Ramón Abdala, de Rosario de la Frontera. El tiene 19 años y ella es menor de edad. El fiscal, Gonzalo Gómez Amado imputó al mayor por la violación del aislamiento preventivo, social y obligatorio, mientras que la menor quedó a disposición del Juzgado de Menores de turno.
Por otro lado, el segundo caso inició tras la denuncia de un vecino de Lumbreras, quien denunció haber sido amenazado por un vecino. El juez interviniente ordenó una medida cautelar solicitada por el fiscal y al acusado, identificado como Humberto Ernesto Mendoza, se le prohibió acercarse al domicilio del damnificado, ejercer actos de violencia, proferir amenazas e ingerir bebidas alcohólicas.
A pesar de haber sido notificado de las medidas, vecinos de la cuadra alertaron a la policía que Mendoza nuevamente se encontraba afuera y vociferando frente a la casa del denunciante. Personal policial del destacamento Río Piedras llegó al lugar y pidió al acusado volver a su domicilio. El hombre desoyó el pedido e incluso amenazó al efectivo al decirle que “tenía marcado a dos policías” y que “los abriría de punta a punta”. El informe policial menciona que Mendoza se encontraba con aliento etílico. Se le secuestraron un machete y un cuchillo tipo carnicero cuando fue detenido.
Con estos elementos, el fiscal imputó a Mendoza por los delitos de amenaza en perjuicio de su vecino, desobediencia judicial y la violación a las disposiciones sanitarias por el COVID-19.