Esta decisión surgió de un convenio de cooperación y asistencia técnica firmado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y el Consejo Federal de Política Criminal. El acuerdo tiene como objetivo, más allá de capacitaciones recíprocas entre los organismos, inhibir a los usuarios de armas de fuego que estén involucrados en causas penales por violencia de género o intrafamiliar.
El convenio fue firmado por la directora de la ANMAC, Natalia Gambaro y los presidentes de ambos consejos, Mario Oscar Bongianino y Pablo López Viñals, en un encuentro que los funcionarios mantuvieron en Buenos Aires en los últimos días.
De esta manera, y según los puntos acordados en el acuerdo, quedó establecido que a aquellas personas que estén involucradas en delitos de violencia de género o familiar se les restringirá la posibilidad de portar armas de fuego en forma legal.
Con este acuerdo, los organismos involucrados reafirmaron la decisión política de trabajar a nivel nacional en forma preventiva en la problemática de la violencia de género y familiar, un flagelo que afecta a toda la sociedad y sobre el cual se hacen necesarias toda clase de medidas preventivas.
El convenio establece mecanismos mediante los cuales las fiscalías informarán a la ANMAC sobre las causas vinculadas con este tipo de conductas de tipo penal en forma inmediata, para que este organismo, cuya funciones giran en torno a la supervisión del uso de armas de fuego, ponga en marcha los procedimientos precautorios y/o sancionatorios, según corresponda quedando registrados en el Banco Nacional Informatizado de Datos.
“Cada vez que las fiscalías tomen conocimiento de una denuncia de violencia de género, nos va a informa a nosotros que tenemos dos alternativas: detectar inmediatamente si esa persona sujeta de denuncia tiene un arma legal registrada y proceder entonces a informar para incautarla; o bien dejar el antecedente en nuestra base de datos respecto a que esa persona tiene una denuncia y así evitar que en el futuro pueda adquirirla en el mercado legal”, explicó Gambaro.
La funcionaria agregó que “la Reforma Procesal Penal tiene plazos muchos más cortos y necesita que las agencias estatales también estén a la altura de esas circunstancias. De esta manera pueden tomar decisiones mucho más rápidas con información confiable”.
López Viñals, Procurador General de Salta y Presidente del Consejo Federal de Política Criminal, coincidió con la necesidad de agilizar los plazos y allanar los trámites legales, sobre todo cuando se “trata de tomar medidas de prevención que podrían salvar vidas”.
Asimismo, López Viñals resaltó la asistencia técnica que se compartirá a partir de este convenio entre los organismos que firmaron el acuerdo, lo cual permitirá “perfeccionar” la tarea que llevan adelante, tanto las fiscalías, como la ANMAC.