Procuración General solicitó que los fondos judiciales se destinen a acciones comunitarias en Campo Quijano

Hoy se celebró una audiencia donde la telefónica multada por incumplir una orden judicial de brindar información pública socio-ambiental sobre antenas, se comprometió a invertir los fondos de la sanción en acciones comunitarias en beneficio de los pobladores de Campo Quijano.

Audiencia-AMX-01La Fiscal ante la Corte N° 2, Patricia Di Paolo en representación del Procurador General de la Provincia, acompañada por el doctor Sebastián Lloret, letrado que llevo adelante la acción por la Procuración, el Director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia, Alberto Gentile, y la Secretaria de Ambiente de Salta, Irene Soler, acompañados de sus respectivos letrados, se reunieron con el abogado Ramiro María Saravia por la empresa AMX Argentina S.A. para acordar el depósito de la suma fijada como astreintes por el juez de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta, José Gerardo Ruíz y determinar el destino del dinero.

De común acuerdo, fijaron que la suma de $433.500 sea depositada en una cuenta judicial antes del 5 de Enero de 2016 y que este dinero sea destinado a beneficiar a los pobladores de Campo Quijano con la realización de un relevamiento sanitario ambiental poblacional y muestreo sistemático sobre los pobladores que viven en las adyacencias de la antena ubicada en Campo Quijano.

Audiencia-AMX-02El proyecto estará a cargo de las autoridades del Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente y se presentará en 30 días, una vez finalizada la feria judicial.

Se fijó una nueva audiencia la segunda semana del mes de Febrero de 2016 para analizar los avances y se propuso que el control del cumplimiento del proyecto lo realice la Auditoria General de la Provincia.

El clima que se vivió en la audiencia, que concluyó con la lectura del acta por la secretaria de la sala, doctora Cristina Juncosa, fue constructivo y de consenso y se concentró en el objetivo común de acercar a los pobladores alguna respuesta a las preocupaciones que motivaron el pedido de que la Procuración General asumiera el caso por la vía judicial.