La fuerte presunción de entorpecimiento procesal y peligro de fuga por parte de los acusados, llevó a la fiscal penal Gabriela Buabse a solicitar en los últimos días la prisión preventiva de los ocho policías de Drogas Peligrosas del Sector 5, sobre quienes pesan graves imputaciones penales, entre ellas la de conformar una asociación ilícita para operar en la comercialización de drogas.
La presentación de la fiscalía a fin de asegurar la detención de los acusados se realizó ante el juez de garantías 2, Ignacio Colombo, quien deberá resolver si corresponde la prisión preventiva de los efectivos imputados, como así también de una mujer y su hijo, implicados en esta organización delictiva.
Las imputaciones penales se siguen contra el subcomisario, Ricardo Enrique López; el oficial auxiliar, Daniel Vizgarra; el sargento ayudante, Rafael Siares; el agente, Sergio López; la sargento ayudante, Nancy Bruna; el cabo, Pedro Gustavo Carrizo, Carlos Alfredo Erazo y el cabo, Javier Ramón Costilla.
Asimismo, están imputados, Sandra Elizabeth Serrudo y su hijo, Alfredo Thiz. Estos dos junto a los policías fueron acusados de los delitos de “asociación ilícita” y “confabulación”, cuyas penas, según lo establecido en el Código Penal y en la Ley 23.737, de drogas, ascienden a los 16 años de prisión.
Cabe señalar que los policías también fueron imputados por los delitos de “Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización Doblemente Agravado por la Participación de tres o más personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos”, “violación de secretos”, “omisión de los deberes del oficio”, “tenencia simple de estupefaciente” e “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
En la hipótesis criminal del caso, la fiscal sostuvo que los acusados habían conformado una asociación ilícita que tenía como objetivo brindar protección a una familia de narcos de barrio Alta Tensión, como así también sacar del negocio a sus competidores a fin de acaparar el mercado de venta de estupefacientes.
En su pedido de prisión preventiva, la fisca volvió a detallar el modus operandi de los ocho policías y la complicidad de Serrudo y Thiz a fin de monopolizar la comercialización de droga desde la boca de expendio que explotaba la mujer, en una vivienda del barrio Alta Tensión.
El accionar delictivo imputados a los policías se sustenta en varias pruebas, entre ellas una serie de escuchas telefónicas que se llevaron adelante en la investigación, la cual fue realizada por efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal.
Garantizar el proceso
Entre los argumentos esgrimidos por la fiscalía, Buabse señaló que la libertad provisoria de los imputados pondría en riesgo el proceso, ya que los acusados podrían eludir el accionar de la justicia, desobedecer las citaciones e influir en otros testigos a fin de entorpecer el proceso judicial en su contra.
Asimismo, indicó que dado la gravedad de las calificaciones penales que se persigue, y por ende el tenor de las penas de dichos delitos, hacen mayor presumible el riesgo de que los imputados se den a la fuga. En vista de ello, la fiscal solicitó que se mantenga la privación de libertad.
En el caso de Serrudo y Thiz, la fiscal señaló que la mujer ya tiene en su haber una condena anterior por droga, por lo que en el actual proceso, al momento del juicio, es muy probable que se aplique una pena, la cual será de cumplimiento efectivo, por lo que corresponde mantener su detención a fin de asegurar el éxito del proceso penal. También señaló que ninguno de los dos posee un trabajo, lo cual debilita sus condiciones de arraigo y eleva la posibilidad de que, en libertad, se den a la fuga.
Por otra parte, la fiscal señaló que la causa se encuentra aún en su etapa inicial, por lo cual restan que se cumplimenten medidas procesales que podrían verse entorpecidas por los imputados, en caso de ser liberados, por lo que insistió que los mismos sigan encarcelados.