Con la presencia de funcionarios de la Justicia tanto del orden nacional como local, entre ellos el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, se llevó a cabo ayer el acto inaugural del posgrado “Especialización en Fiscalía Penal Acusatoria”.
La ceremonia de lanzamiento se realizó en el Salón Auditorium de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta y estuvo presidida por el Director de la Carrera, y Procurador General de Salta, Pablo López Viñals; el Vice Director y Fiscal Federal 2, Eduardo Villalba, y el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Víctor Claros.
Se contó además con la presencia del Presidente del Consejo de Procuradores, Defensores y Asesores Generales de la Argentina, Mario Bongianino; el Subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Juan José Benítez, y los procuradores de Santiago del Estero, Luis de la Rúa; de Jujuy, Sergio Lello Sánchez; de Tucumán, Edmundo Jiménez y de Mendoza, Alejandro Gullé.
En primer término, López Viñals hizo un resumen de las gestiones que se llevaron a cabo por más de un año en busca de darle vida a la carrera, la que nació de la necesidad de brindar una formación integral a los fiscales penales bajo el sistema acusatorio, el cual ya se consolidó en materia de administración de justicia en todo el país.
Esfuerzo conjunto
Con menciones especiales a Villalba y Claros, el Procurador resaltó el esfuerzo colectivo realizado por los promotores de este posgrado, el que se basó en el modelo de capacitación de fiscales de España. Asimismo destacó que a partir de esta carrera, los fiscales de la región se podrán integrar y lograr una mayor relación, lo que seguramente dará frutos también en la persecución penal de los delitos que son comunes a la región.
Enfatizo en la necesidad de que los fiscales adquieran identidad propia en el servicio de administración de justicia. “No tenemos la justicia que la gente quiere. La justicia día a día es objetada por la sociedad, por lo que tenemos el deber de mejorar y como institución responder a las necesidades que la comunidad hoy nos plantea”, señaló.
A su turno, Villalba y Claros agradecieron la tarea de otros colaboradores, entre ellos a Juan Sebastián Lloret, Mariana Gamba, Pablo Paz y María Rosa Panza, quienes cumplen distintas funciones dentro de la estructura de la carrera, tanto por parte de la Procuración de la Provincia, la Justicia Federal y la Facultad de Ciencias Económicas.
Villalba sostuvo que la gestiones fueron un esfuerzo de muchos colaboradores, quienes aportaron sobre todo su tiempo. Agradeció la presencia de Casal en el acto inaugural e instó a seguir en un trabajo mancomunado entre los distintos organismo en busca de responder a los conflictos que la gente plantea a la Justicia.
Claros por su parte, dio la bienvenida a los estudiantes y resaltó la importancia de la carrera, a la que consideró un desafío, pues se trata de una gestión que se logró ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), un organismo de alta performance educativa, tanto nacional como internacional.
Por su parte, Casal y Bongianino también destacaron la implementación de la carrera, la cual, indicó el Procurador General, no es casualidad que se haya iniciado en esta región, donde “el sistema acusatorio” se encuentra afianzado.
Benítez agregó que este paso no hace más que ratificar la decisión del gobierno nacional de iniciar la aplicación de la Reforma del Código Procesal Penal de la Nación por Salta, ya que lo realizado en esta provincia es un faro a seguir por el resto del país. “Esta carrera se ha declarado de interés nacional, ya que la formación de un fiscal es muy importante, y esperamos que el ejemplo de Salta se replique muy pronto en otras regiones del país”, agregó el subsecretario.
La carrera
Se trata de una carrera de posgrado, la primera en el país, que tiene una duración de un año y medio, y que se dictará en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Cuenta con la aprobación correspondiente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Mediante la especialización, se busca abordar temas diversos, desde el conocimiento de las reglas del proceso penal acusatorio hasta el estudio del funcionamiento y gestión de las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia penal.
La implementación de la carrera obedece a “la sinergia” generada a partir de la concentración de las instituciones involucradas en un mismo espacio, tal el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, la Ciudad Judicial de Salta, el Laboratorio Forense Regional, con sede en el CIF y el campus de la Escuela de Oficiales de la Policía de la Provincia, donde también se dictarán clases y se concretarán las distintas prácticas y actividades.
Por otra parte se fijaron como objetivo de la carrera los siguientes: formar abogados que pretendan desarrollar su carrera profesional, o parte de ella, en los Ministerios Públicos Fiscales de la República Argentina; brindar una mirada sistémica de las instituciones judiciales, con especial énfasis en la posición que ocupa el Ministerio Público Fiscal y su gestión organizacional; dotar a los cursantes de herramientas teóricas y prácticas para abordar los desafíos que suponen los fenómenos criminales modernos; completar una formación teórica y práctica con una afiliación profesional en distintas oficinas del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta o del Ministerio Público Fiscal de la Nación, entre otros.
Cuerpo docente
El cuerpo académico de la carrera, en tanto, estará conformado por profesionales con una amplia experiencia y trayectoria en cada área, entre otro, figuran Alberto Binder, Gonzalo Rúa, Diego García Yomha, Diego Iglesias, Gabriel Pérez Barberá, Ricardo Toranzos, Carlos Martín Amad, Jorge Auat, Mariela Labozzetta, Horacio Azzolin, Luis Cevasco y Mario Gustavo Galante. Además, el bloque sobre ética en la función fiscal fue especialmente elaborado por la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Martín Federico Böhmer, como también de Celeste Braga Beatove.