El viernes pasado tuvo lugar en la Sala de Reuniones de la Procuración General de la Provincia, una reunión convocada por el Procurador General, Dr. Pedro García Castiella, en el marco de las actuaciones referidas al requerimiento de informe sobre aguas subterráneas en Salta.
Estuvieron presentes por la Procuración General, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret y el integrante del Servicio de Ambiente del Departamento Técnico Científico del CIF, Ing. Eliseo Joel Medina; el Secretario de Recursos Hídricos, Ing. Julio Romero Leal; el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Dr. Jorge Figueroa Garzón, junto a otros funcionarios de ambos organismos; el Vice Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, Dr. Virgilio Núñez, en carácter de cooperación técnico-institucional con el Ministerio Público Fiscal.
A 22 años de vigencia de la Ley de Medio Ambiente, las autoridades no dieron cumplimiento a lo estipulado respecto a la aplicación del Programa Sistemático de Construcción de Mapas de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas, es decir que releve las debilidades del sistema y los niveles de situación de riesgo existentes.
En el marco del convenio de cooperación existente y en respuesta al pedido de informe que oportunamente se hiciera, la Procuración General de la Provincia cumplió con una serie de pasos tendientes a avanzar en un proceso multi-institucional de trabajo, conforme se evaluó durante la reunión mantenida con los representantes de los diferentes organismos e instituciones.
Se coincidió en la necesidad de convocar a una próxima reunión, a la brevedad, a fin de establecer de manera formal un plan de trabajo sostenido para arribar a los resultados esperados.
Cabe recordar que es competencia del Procurador de la Provincia el control de la legalidad de los llamados “derechos colectivos”.
Hasta 2019, sólo el ENRESP medía, periódicamente, las aguas de abastecimiento público e hídrico, en relación a algunos problemas puntuales, tales como arsenicismo endémico. Y, de acuerdo a lo informado en aquella oportunidad por el CIF, se poseía un padrón relativo de pozos habilitados en la provincia, con bajo nivel de precisión. Es por ello que se trabaja en base a principios de prevención y precaución, por los riesgos, tanto para la sociedad, como el ambiente, ambos involucrados de manera directa.
En el año 2000 se sancionó la Ley provincial N° 7070 de Protección del Medio ambiente (ver Sección III sobre “De las aguas subterráneas y su protección”, artículos 71 y 72 sobre sistema de clasificación de las aguas subterráneas, vulnerabilidad y elaboración de mapas de vulnerabilidad y Autoridad de Aplicación, respectivamente).