Una importante reunión de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional se celebró este miércoles, a partir de la convocatoria del Ministerio Público Fiscal de Salta. Participaron autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo y referentes de pueblos originarios y agrupaciones campesinas, entre otras organizaciones de la sociedad civil.
Las y los participantes del encuentro convocado por el procurador general Abel Cornejo, que contó con la participación de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, María Magdalena Odarda, definieron que la Mesa de Concertación sistematizará diagnósticos y propuestas para elaborar políticas públicas tendientes a reducir conflictos por tierras y emergencia habitacional. La tarea se dividirá en comisiones de Pueblos Indígenas y Campesinos; de Emergencia Habitacional; de Tierras Urbanas y de Capacitación.
Con Odarda y Cornejo, estuvieron la secretaria de la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, diputada nacional Verónica Caliva, el secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación, Miguel Gómez; los coordinadores de la misma Secretaría, Oscar Díaz Regional NOA, José Castro Videla (Norte) e Ignacio Garzarón (Centro); la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo y el director Regional del INTA, José Miguel Minetti. También participaron el director de Asuntos Jurídicos del INAI, Julián Fernández; la coordinadora NOA del Centro de Acceso a la Justicia, Marcela Mon.
El Poder Ejecutivo Provincial estuvo representado por el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; Gustavo Skaf y la directora de Regularización de Tierras con Conflictos Comunitarios; Florencia Luñis Zavaleta.
Participaron también el defensor General, Pedro García Castiella; la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto y las directoras del Centro de Mediación del MPF, Nancy Valencia Donat y del Centro de Comunicaciones Institucionales, Natalia Nieto.
Lucía Ruiz representó a la organización Campesina Unión y Progreso y estuvieron Noelia López, del Movimiento Nacional Campesino Indígena; Yamila Contreras, de la Asociación Civil Raíces Norteñas; María Tolaba, de la Asociación Civil Los del Bermejo; Antolín Soraire, de la Asociación Campesinos de Los Blancos; Nelson Campos, de la comunidad del pueblo Wichí El Algarrobal (Pichanal) y el asesor de la coordinadora de tierra ruta nacional 81, Raúl Marinconz; el representante de la Asociación de Productores de Fincas de Salta, Raúl Dávalos y Martín Plaza, del Colectivo de Abogades Populares.
Diálogo y mediación para la promoción real de derechos
Las y los presentes coincidieron en celebrar la convocatoria, con las complejidades y particularidades que presenta cada situación. En esa línea, la presidenta de INAI, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Magdalena Odarda destacó la “significativa decisión” de llevar adelante el encuentro, al tiempo que consideró que debe existir un cambio de paradigma en la relación entre los pueblos indígenas y el Ministerio Público y los tres poderes del Estado. Subrayó que todavía hay quienes “se resisten o están en desacuerdo con el diálogo, aunque sepan que deben primar la Ley y la Constitución”.
En el mismo sentido, Cornejo destacó el trabajo realizado desde 2020 para conformar la Mesa con el fin de sostener la mediación como instrumento de encuentro entre las y los participantes porque, según consideró, “la paz es el camino para la concordia y la promoción real de derechos de ciudadanas y ciudadanos”. Alentó al mantenimiento de la Mesa, dada la pluralidad de su integración, porque “de los grandes disensos, nacen los verdaderos acuerdos”.
El secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, Miguel Ángel Gómez, ratificó el compromiso de diálogo para el trabajo en territorio y se refirió al necesario abordaje interinstitucional de la emergencia habitacional, al tiempo que la designada coordinadora de la Mesa de Concertación, María José Castillo, admitió la complejidad de la problemática, que es “profunda, con muchas aristas y que tiene cuestiones estructurales para superar”, por lo cual, se debe hacer un “esfuerzo interinstitucional”. La funcionaria señaló que se debe evitar la criminalización de los conflictos a partir de la utilización del derecho penal, porque a partir del derecho es que se consolidará la propuesta para efectivizar el marco operativo desde una perspectiva de Derechos Humanos. Justamente, Julián Fernández se refirió a la necesidad de capacitar a las y los operadores judiciales y del MPF, para que el abordaje de los conflictos se haga desde un enfoque de derechos.
Skaf puso a disposición los equipos de mediación para casos complejos y dijo que la Provincia “está absolutamente alineada” con la prioridad de la mediación y consideró que el abordaje debe ser “muy serio e interdisciplinario”. Valencia Donat precisó sobre la tarea de mediadores del MPF y destacó que lo hacen “con diálogo y escucha activa, con perspectiva integradora, de género, promenores y de vulnerabilidad”. El abordaje en territorio que se realizó en distintas ocasiones, -a pesar de las restricciones por pandemia-, permitió resolver distintos conflictos, abordados desde el diálogo con los tres poderes del Estado. La funcionaria destacó también que en los conflictos de grupos atravesados por situaciones de altísima vulnerabilidad, emergen intereses genuinos, públicos, privados y políticos, pero señaló que el de la mediación es “un proceso restaurativo y sanador”.
Entre otros oradores, Marinconz enfatizó que hace más diez años que se pedía una Mesa de Conciliación y Lucía Ruiz celebró la reunión, porque permitirá el abordaje de la situación de pequeños poseedores y campesinos productores, al tiempo que la diputada Verónica Caliva destacó el fallo logrado por la fiscala Gabriela Souto, en el caso que tuvo como protagonista a la dirigente Lucía Ruiz.
