La Fiscalía Penal de Cafayate inició una investigación a raíz de una denuncia presentada por asociación ilícita y falsificación de documento.
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, continúa con el proceso legal en el marco de la causa contra el Juez de Paz de Cafayate y otras cinco personas, involucradas en el marco de una investigación por un presunto caso de estafa y usurpación.
Esto luego de que el Vocal N° 1 de la Sala II del Tribunal de Impugnación, Pablo Arancibia resolviera frente a un recurso de apelación presentado, que la resolución cumplía con los requisitos formales y que las alegaciones del letrado, no justificaban la recusación de la fiscal.
Cabe destacar que previamente una Resolución de Impugnación tuvo como resultado la negación de un planteo de recusación presentado por el abogado Héctor Armando Leccese, en representación de los intereses de los imputados. Es así como la Jueza de Garantías, encargada de resolver la recusación, consideró que las alegaciones presentadas por el letrado en referencia a una supuesta enemistad, eran genéricas y no demostraban causales válidas para la recusación, medida que debe precisar necesariamente un motivo serio, jurídicamente atendible, de objetiva gravedad y no limitarse a alegaciones genéricas.
Por su parte la fiscal Sandra Rojas había argumentado que el planteo defensivo, representaba una maniobra dilatoria del proceso y que no se cumplían las causales necesarias para apartarla del caso.
La Fiscalía Penal de Cafayate inició una investigación a raíz de una denuncia presentada por asociación ilícita y falsificación de documento. Se basa en la presunta falsificación de una firma de un testamento a favor de una persona. Se presentaron pruebas, incluyendo un acta de defunción, una cesión de derechos litigiosos, informes periciales que concluyen que la firma en el testamento no pertenecía a la persona a la que hacía referencia.
Por el caso se imputaron a cinco personas por delitos que incluyen falsificación de documentos, uso de documento falso, estafa, falso testimonio e incumplimiento de deberes de funcionario público.