Tras un cuarto intermedio, este viernes se reanudó la audiencia de debate contra dos mujeres policías, acusadas por un hecho ocurrido en 2018, cuando una mujer sufrió una fractura al ser reducida en un procedimiento policial. Hoy finalizó la ronda de alegatos.
El fiscal de Derechos Humanos, Gabriel González, solicitó la condena para la agente Judith Villanueva y la sargento ayudante Silvia Martínez, por considerarlas coautoras de los delitos de vejaciones calificadas, agravadas por el uso de la violencia y lesiones graves, agravadas por la función policial y la pena de 3 años de ejecución condicional, con prohibición de acercamiento a la víctima. Además, la inhabilitación especial para ejercer cargos en las fuerzas de seguridad del Estado por el doble de tiempo que dure la condena.
Durante los alegatos, el fiscal González solicitó que se valore el hecho en el contexto de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad policial del Estado, que le produjo lesiones de gravedad a la víctima. Pidió, además, que el testimonio de esta última también sea analizado en ese contexto, al igual que toda la prueba recibida.
Para ello, la Fiscalía de Derechos Humanos hizo la valoración de toda la prueba producida, los testimonios directos, indirectos e inmediatos.
Por otro lado, el fiscal González recordó que, oportunamente, se solicitó la remisión de copias a la Fiscalía Penal 1 por el posible delito de falso testimonio cometido en audiencia, del hoy Comisario Arias, que en aquel entonces revestía el cargo de suboficial principal, por parte del Ministerio Público Fiscal y de la defensa.
Al finalizar los alegatos, tanto de la fiscalía como de la defensa, la jueza Gabriela González dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 24 de octubre, para dar a conocer el veredicto.
Los hechos
El hecho ocurrió el 4 de febrero de 2018 cuando la víctima fue agredida físicamente por personal policial femenino que se encontraba prestando servicio en el local bailable “Carpa El Gaucho La Florida”, de la localidad de La Merced.
La denunciante se encontraba esperando el colectivo frente a la carpa sobre Ruta 68, cuando observó que había un incidente entre varias personas que se encontraban en el lugar y en el que intervino personal policial.
Al ver que el incidente se desplazaba hacia donde se encontraba junto a su pareja, le pidió a los efectivos que pararan. Fue entonces cuando una policía de sexo femenino le dijo que se retirara. Cuando procedían a abandonar el lugar, sintió que la tomaron del brazo izquierdo con fuerza, haciéndoselo hacia atrás, queriéndola reducir. En ese momento le propinaron un golpe de puño en el brazo desde atrás, e inmediatamente sintió un fuerte dolor.
La situación provocó a la víctima “el quiebre del brazo izquierdo (húmero por torsión), usando una fuerza desproporcionada y mayor a la requerida para la reducción de la víctima”, corroborado por el informe de Medicina Legal del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).