La mujer fue denunciada por distintas personas a las que les otorgó préstamos a cambio de la firma de un pagaré en blanco, que luego fue ejecutado con sumas muy superiores a las prestadas.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una mujer por el delito de estafa por abuso de firma en blanco (3 hechos), todo en concurso real.
La intervención de UDEC inició luego de que tres personas denunciaran que la mujer, quien trabaja en el Servicio Penitenciario, les había prestado dinero y requiriendo a cambio que les firmara un pagaré en blanco.
En uno de los casos denunciados, la víctima aseguró que la imputada le realizó un préstamo de 20.000 pesos en 2017 y que, pese al pago de parte de la deuda, en mayo de 2019, la denunciada lo embargó por la suma de $ 120.000 más honorarios $ 40.000.
Otro de los denunciantes afirmó que “en una oportunidad le solicitó un préstamo a la imputada por el monto de $43.000, firmando un pagaré en blanco” y que “por razones de salud se atrasó en el pago de tres cuotas, las que hacían un total de $8000, fue así que en menos de 25 días recibió un documento de embargo por el monto de $150.000, tomando conocimiento que era por el pagaré firmado”.
El tercer denunciante contó que había solicitado un préstamo a la imputada por $30.000 para pagar cuotas atrasadas del colegio de su hija y que a cambio firmó un pagaré. Durante varios meses cumplió con las cuotas hasta que, por la situación económica, no pudo hacerlo, siendo ejecutado el pagaré a través de su sueldo por un monto de $237.000.
Los informes caligráficos coincidieron en señalar que las grafía en los pagarés no coincidían con la de los denunciantes pero sí con la de la imputada.
La fiscal Salinas Odorisio consideró que la denunciada, aprovechándose de la confianza depositada en ella por las víctimas les ofreció prestamos de dinero, requiriendo mediante maniobras que le firmaran un pagaré en blanco como garantía, haciéndolos incurrir en error, y llenando luego la imputada los pagarés con sumas muy superiores a las requeridas en calidad de préstamo por las víctimas, conforme se acreditó con la pericia caligráfica realizada, haciendo ejecutar judicialmente los pagarés, perjudicando así económicamente a cada uno de los denunciantes, quienes sufrieron el embargo de sus sueldos.