A través de un planteo de incompetencia, la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos giró a la Fiscalía Federal las actuaciones realizadas en torno a una denuncia por irregularidades en el manejo del Fondo Federal Solidario por parte del ex intendente de Cerrillos, Rubén Corimayo.
El planteo, presentado por la fiscal penal, María Eugenia Guzmán, surge de las actuaciones que la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos inició a partir de la denuncia de la actual intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, quien señaló una serie de irregularidades que a su criterio constituirían delito.
Al respecto, la jefa comunal sostuvo que advirtió las supuestas irregularidades al analizar un informe contable de la Secretaría de Haciendas de ese municipio, en el que, según dijo, surgen violaciones reiteradas de las obligaciones legales por parte de la anterior gestión en relación al manejo de los fondos federales.
En vista de ello, la fiscalía inició una investigación preliminar en torno a la acusación penal, y en el ese marco solicitó una serie de informes al Ministerio de Haciendas y Finanzas de la Provincia, en el que se requirió las rendiciones de cuentas que hubiera realizado el municipio de Cerrillos respecto a las sumas de dinero percibidas por el Fondo Federal Solidario durante el período 2015.
En igual forma, se solicitó dicha documentación contable a la Secretaría de Hacienda de Cerrillos, como así también al Banco Macro se pidió los resúmenes de cuentas corrientes que hayan operado con estos fondos nacionales.
Posteriormente, y tras concluir que la acusación radica en la supuesta desviación de los recursos federales de la soja. “Tal hipótesis, aún cuando el dinero hubiera ingresado, tal como sucedió, a una cuenta municipal, posee una asignación específica dada por la normal nacional de creación del fondo, Decreto 206/09”.
Desviación de fondos
Al respecto, la fiscal señaló que del decreto en cuestión surge que la creación de tal fondo “está destinado a financiar, en Provincias y Municipios, obras que constituyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos y rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes”.
En vista de estos parámetros, Guzmán sostuvo que “la investigación penal tiene como eje determinar si hubo o no afectación al Estado Nacional, no sólo por el carácter nacional de los fondos involucrados, sino por la finalidad de los mismos, pues no se trata de partidas de dinero de uso libre, sino poseía una asignación específica”.
“De este modo, tanto el origen de los fondos como la consecución de los fines de su aplicación, son nacionales, en tanto le fue asignado un interés público nacional, los que fueron expuestos al tiempo de su creación”, agregó la fiscal.
En vista de ello, concluyó que la investigación penal del caso debe seguir en manos del fuero judicial federal, por lo que decidió remitir las actuaciones a la Fiscalía Federal en turno de Salta, puesto que la misma se trata de una investigación preliminar, sin que hasta el momento se haya dispuestos ninguna imputación formal al respecto.