La mayoría de los países del mundo, incluyendo la casi totalidad de los países americanos, han adoptado medidas penales para frenar el deterioro ambiental. La comunidad europea sancionó hace varios años ya una Directiva que obliga a todos sus países a utilizar las sanciones penales para la protección ecológica. Argentina aún no ha introducido en su Código Penal un capítulo para proteger el ambiente.
Salvando esta omisión, a partir del nuevo Código Contravencional, Salta se ocupará de contravenciones ambientales de una forma moderna y cuya persecución estará a cargo de los fiscales. A esto se suma la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales como herramienta técnica fundamental para investigar y probar los hechos más complejos.
La normativa, que ya rige desde el 1 de Enero de este año, es aplicable tanto al ambiente urbano como en casos de construcciones fuera de norma, demoliciones de bienes patrimonialmente protegidos, la generación de basurales irregulares ó la falta de certificación ambiental para industrias o talleres, como también rige para el ámbito rural, por ejemplo en la destrucción de suelos agrícolas por erosión o contaminantes, desmontes sin autorización, la caza y pesca furtiva y la prevención ambiental y sanitaria.
Con la aplicación de este nuevo Código, se abarcará el tratamiento de la basura en los municipios, los canales de riego, las emanaciones de los frigoríficos y otras industrias, los desagües de las plantas de tratamiento, la radiación no ionizantes de antenas, los talleres ruidosos, los corrales con animales en los barrios, entre muchos otros casos de afectaciones cotidianas.
Las nuevas contravenciones traen aparejadas sanciones mucho más rigurosas que las derogadas, pero también permiten que un fiscal, con control judicial, pueda acordar con el contraventor una pena menor si suma compromisos de acciones inmediatas de evitación de daños, de recomposición, de reparación o de destrucción de lo indebidamente realizado, y así evitar el agravamiento de sus sanciones.