Se trata de integrantes de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera, quienes, junto a otros dos efectivos de esa misma dependencia, ya detenidos e imputados por delitos similares, fueron acusados de haber torturado a un detenido. El viernes pasado, tras las audiencias de imputación, los policías quedaron detenidos.
La detención de los policías fue solicitada por la Fiscalía de Derechos Humanos en el marco de una investigación iniciada en los últimos días, la cual se inició a partir de la denuncia de la abogada de un detenido, quien fue víctima de golpes y torturas por parte de seis efectivos de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera.
Los acusados en este caso, según lo informado desde la fiscalía, son el oficial auxiliar, Gustavo Orlando Orozco; el cabo, Darío Medina; el sargento, Andrés Suárez; el cabo, Arnaldo Coronel; el suboficial principal, Víctor Orellana y el cabo, Exequiel Pérez.
A excepción de los dos primeros, quienes se encuentran detenidos y con un requerimiento de juicio por delitos de torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales, el resto de los policías fueron detenidos el viernes pasado, oportunidad en la que se llevó adelante las audiencias de imputación.
En dichas audiencias, los efectivos, asistidos por sus abogados defensores, fueron notificados por la fiscalía respecto a los delitos de vejaciones calificadas y torturas, tras lo cual los imputados se abstuvieron de prestar declaración indagatoria.
Las acusaciones en contra de Orozco, Medina, Suárez, Coronel, Orellana y Pérez, según se informó, surgen de una investigación realizada en torno a la declaración brindada por Pablo Adrián López, un joven que cumple una pena de prisión efectiva.
Según el decreto de imputación, López refirió que al producirse su detención, el 19 de agosto de 2014, los policías imputados lo trasladaron hasta la base de la Brigada de Investigaciones, en Rosario de la Frontera, donde lo sometieron a una brutal agresión.
Indicó que fue golpeado en los tobillos, en las costillas y la cabeza. Explicó que lo desnudaron y lo mojaron, tras lo cual le realizaron el denominado “submarino seco” con una bolsa de plástico, tras lo cual lo arrodillaron frente a un inodoro, obligándolo a meter la cabeza en su interior a la vez que accionaban la descarga de agua.
Pese a la data de los hechos, la fiscalía pudo establecer que López reveló los golpes sufridos a manos de los policías, ya que prueba de ello, existen en el expediente certificaciones médicas de las lesiones, como así también que al momento de realizar el control de legalidad en el juzgado de garantías correspondiente, el detenido reveló los vejámenes sufridos.
En vista de estas pruebas, y otras que fueron producidas en el marco de este proceso penal, el fiscal, Gustavo Vilar Rey, llevó adelante la causa y solicitó la detención de los cuatro policías restante, Suárez, Orellana, Coronel y Pérez, quienes junto a Orozco y Medina, fueron sindicados por López como los responsables de los golpes y torturas que padeció tras ser detenido.
Mantención de detención
Tras las audiencias de imputación, la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías 6 que se mantenga la detención de los seis policías imputados. “Tal medida resulta necesaria para preservar el éxito de la investigación, téngase en cuenta que se trata de personas, con capacidad y medios para intimidar a quienes serán convocados como testigos con el objeto de inducirlos a callar o alterar la verdad de los sucesos.”, señaló el fiscal en su pedido.
A esto, la fiscalía agregó que varios de los testigos desempeñaban funciones en la misma jurisdicción de los acusados, por lo que a los imputados, en caso de ser liberados, les sería sencillos influir en los mismos a fin de entorpecer las diligencias judiciales.
Por otra parte, la fiscalía argumentó que en libertad los acusados “intentarán sustraerse a los requerimientos del proceso”. Los imputados, según surge de las actuaciones “no evidenciaron reparo funcional ni moral alguno de delinquir en el ámbito de una actuación donde debe primar la observancia del respeto irrestricto a los Derechos Humanos”.
Por último recordó que la calificación penal asignada a los acusados es el de “torturas”, delito que prevé una pena de 8 a 25 años, por lo que es de suponer que en caso de dictarse una condena, la misma sería de cumplimiento efectivo, lo cual potencia la posibilidad de que, en libertad, los imputados se den a la fuga.