Sus integrantes intercambiaron proyectos sobre los cuales se trabajará, con prioridad en la elaboración del protocolo único para la investigación de femicidios y aquellos perpetrados en contra de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género. La unificación de criterios para la elaboración de un registro de femicidios, conforme las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, simplificará la definición de políticas públicas de los tres poderes del Estado.
Una de las primeras definiciones de este jueves, fue la de iniciar en breve, la formación de efectores del Ministerio Público Fiscal, según lo establece la adhesión provincial a la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”, y que fija la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Dicha normativa se conoce como Micaela, por Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.
Por otra parte, se avanzará en la centralización de información sobre entidades intermedias, organismos municipales, provinciales, judiciales y del Ministerio Público Fiscal, que trabajan en materia de asistencia jurídica, psicológica, asistencial y económica a las víctimas de violencia o sus familias, para evitar la superposición de actuaciones en ese sentido y facilitar el acceso a la asistencia a quienes desconocen dónde recurrir. Dicha información estará disponible en la pestaña de la web del Ministerio Público Fiscal, en la que se publicarán todos los datos de interés vinculados con la problemática de violencia.
Las participantes también plantearon propuestas con respecto de los criterios de trabajo de los equipos técnicos de violencia del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Salta; analizaron los históricos fallos por violencia de género contra las mujeres trans Gimena Álvarez y Diana Sacayán. En el primer caso, sus asesinos, Carlos Plaza y Juan José del Valle, fueron condenados en 2016 a prisión perpetua por las juezas de la Sala III del Tribunal de Juicio de Salta; y en el segundo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de Capital Federal condenó en 2018 a Gabriel Marino a prisión perpetua por homicidio agravado por violencia de género y odio a la identidad de género.
La directora del OVcM, María Pía Ceballos adelantó que se presentarán como Amicus Curiae en el juicio contra José Gustavo Gareca, acusado de homicidio agravado por mediar violencia de género en perjuicio de Mirna Antonella Di Marzo, quien murió en enero pasado como consecuencia del ataque del acusado en octubre de 2018.
Al Comité, que preside el procurador Abel Cornejo y coordina la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, lo conforman la fiscal de Violencia de Género, Claudia Geria; la responsable del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto; la secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi; la subsecretaria de Políticas de Género, Rosaura Gareca; las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Tania Nieves Kiriaco, María Pía Ceballos y Ana Pérez Declercq; la abogada especializada en Derechos Humanos, Yesica Montagna y la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández.
Este jueves, se sumaron la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, María Luján Sodero Calvet y la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo. Además, sus integrantes aceptaron la solicitud para integrarse del subsecretario de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia, Leandro Ramos, quien participará desde el próximo encuentro del Comité.