El procurador general de Salta, Abel Cornejo participó este jueves en la Asamblea Extraordinaria de Procuradores, convocada por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, cuyo titular es Eduardo Quattropanni. Los procuradores acompañaron dos mociones de Cornejo y se interiorizaron sobre la nueva adenda al convenio de Cooperación con el Poder Ejecutivo Nacional, que permitirá acceder a $ 125.000.000 no reintegrables.
Los procuradores de todo el país acompañaron la propuesta del procurador salteño, Abel Cornejo, quien invitó a todos los Ministerios Públicos Fiscales del país a propender a la creación de fiscalías especializadas en Ciberdelitos, dado el auge de las tecnologías del último siglo, que significaron innumerables avances para la humanidad, pero también una serie de desafíos para las autoridades, legisladores e investigadores. Es que todos ellos, se vieron en la necesidad de centrarse cada vez más en la persecución y sanción de los delitos cibernéticos, como la pornografía y explotación sexual de menores, el robo de identidad, acoso cibernético y otros. En Salta, dicha Fiscalía fue creada por Ley en 2019 y actualmente, se concursa el cargo de Fiscal especializado en Ciberdelincuencia.
Por otra parte, el Consejo aceptó la moción del procurador Cornejo, de incorporar en el primer punto del próximo encuentro -previsto para el 18 de noviembre en Rosario de Santa Fe-, la propuesta de creación de una Oficina destinada a la interposición de recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de centralizar y agilizar la abundante tramitación que generan las fiscalías de todo el país ante el Máximo Tribunal de Justicia.
La elección de Rosario como sede del próximo encuentro, no es casual. Allí, Ariel Cantero fue condenado a 28 años y seis meses de prisión por organizar balaceras contra blancos judiciales desde su celda. Significó una condena ejemplar que buscó dar una señal contra el crimen digitado desde las cárceles que tiene en vilo a la ciudad santafesina. Los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Avila celebraron el fallo del tribunal conformado por los jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto, quienes consideraron al líder de Los Monos y a su banda como responsables de los ataques registrados entre mayo y agosto de 2018.
Según Marcogliese “fueron doce ataques con armas de fuego a instituciones y personas que representan al Estado, lo que significa al poder del miedo y de la violencia confrontando con el poder del Estado, que no es más que el de la sociedad en su conjunto».
Fondos para Laboratorios
Durante la Asamblea Extraordinaria de Procuradores, los integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, -que preside Alejandro Gullé- y el Consejo Federal de Política Criminal, -cuyo titular es Eduardo Quattropanni-; se ocuparon de la relación institucional del Consejo con otros organismos, de las necesarias capacitaciones para todo el país y de la décima primera adenda al convenio de Cooperación para la Creación e Implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense, que firmaron oportunamente la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los Consejos de Procuradores y de Política Criminal.
La adenda establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asignará al Consejo, en carácter de aporte no reintegrable, la suma de $125.000.000 (ciento veinticinco millones de pesos) para cubrir la renovación de licencias de equipos UFED adquiridos por los Ministerios Públicos de las distintas provincias argentinas, y para la adquisición de equipos, instrumental complementario, sistemas e insumos para la actualización y modernización de los laboratorios y las morgues judiciales.
El Convenio de Cooperación rige desde 2010 y tuvo como objetivo principal, la creación e implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense, para brindar a la investigación todas las evidencias científicas imprescindibles, seguras, confiables y oportunas que se requieran en el proceso penal.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos transferirá los fondos en los próximos 120 días y posteriormente, los Ministerios Públicos de todas las jurisdicciones, tendrán que presentar un informe final de uso de fondos que certifique el destino de la totalidad de esos fondos transferidos, como se hizo desde la firma del convenio de Cooperación.