Microtrafico

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Jorge Marcos René Garvizu y Noelia Belén Durán, acusados de los delitos de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización.

Con los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial y el resultado del allanamiento realizado el pasado jueves 23 de julio, en el que se logró el secuestro de sustancia acondicionada para la venta, una balanza y dinero en efectivo, pudo acreditarse que los imputados tenían a su disposición estupefacientes que destinaban a la venta.

Las actuaciones iniciaron con la recepción de varias denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los acusados vendían droga, tanto de día como de noche y que hacían delivery en motos enduro con las que esquivaban los controles policiales puestos por la cuarentena y atravesaban los ríos y vías de Solís Pizarro.

Con la información recabada en el transcurso de la investigación, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento, el secuestro y la detención de los imputados.

A las 22:16 del 23 de julio,  los efectivos policiales arribaron a la vivienda investigada y detuvieron a Jorge Marcos René Garvizu y Noelia María Belén Durán.

Al requisar a la imputada, se le encontró la suma de $600, mientras que al imputado se le encontró una billetera con la suma total $5.020 y un celular.

Cuando se realizó el registro domiciliario, Durán entregó 18 envoltorios de polietileno con sustancia vegetal disecada amarronada en forma compacta y 11 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta. También entregó en mano la suma un total de $9.250. En el patio externo del inmueble se encontró una rejilla metálica (tipo colador) y una moto Yamaha 110 cc.

Por último, de una habitación se secuestraron varios teléfonos celulares y una balanza electrónica blanca.

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Ivana Analía Espíndola y Daniel Ernesto Troncoso, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que Espíndola, de 39 años y con domicilio en Avenida Costanera de Barrio Ceferino, vendía pasta base y que todos los días llegaban compradores.

Al iniciar la investigación, se confirmó que la mujer investigada ya contaba con antecedentes por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.

Además, de entrevistas con vecinos que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, pudo conocerse que el grupo familiar de la investigada era muy problemático y que Ivana alias “Iva”, vendía drogas en su domicilio, lo que provocaba que sus compradores cometieran diferentes delitos, tales como robos, hurtos, amenazas y daños a instituciones públicas.

En base a tareas de vigilancia y la demora de algunos compradores a quienes se les secuestraron sustancias, se llegó a la conclusión de que la mujer llevaba a cabo de manera organizada actividades ilícitas relacionadas con el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes, por lo que se pidió al Juzgado de Garantías interviniente la realización de un allanamiento.

El procedimiento en el domicilio de la acusada fue realizado el pasado 22 de julio por personal policial de Drogas Peligrosas Sector 5 “B”, donde Espíndola fue vista junto a Troncoso, de 39 años, quien según se determinó, actuaba como “pasamanos”.

De una de las habitaciones se secuestró 28 envoltorios de polietileno color rosado con sustancia blanquecina en forma de “pipas”.

Además, en una caja se encontró un envoltorio de polietileno color blanco con sustancia blanquecina en forma granulada.

Otra requisa realizada a Troncoso permitió el secuestro de una bolsa con 101 envoltorios color rosado con sustancia blanquecina en forma en forma de pipas.

Durante el allanamiento también se secuestraron $ 45.910 en efectivo.

El fiscal penal de Ufinar, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que la jueza Mónica Faber condenó a Cristian Sebastián Robles y Andrea Elizabeth Ibarra, a la pena de cuatro años de prisión efectiva, por ser autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. También declaró penalmente responsable a una menor por el mismo delito.

Tareas de vigilancia permitieron observar a la menor mientras entregaba sustancias estupefacientes a jóvenes a cambio de dinero, mientras que un allanamiento realizado en su domicilio ubicado en Atocha III, permitió el secuestro de sustancias estupefacientes acondicionadas para la venta.

Cuando el personal policial ingresó a la vivienda, observó a Cristian Sebastián Robles desplazarse rápidamente hacia la habitación del fondo, donde tiró por la ventana un objeto que luego se determinó que contenía sustancia estupefaciente.

Respecto de Andrea Ibarra, quedó comprobado que llevaba cabo la comercialización de estupefacientes en el interior del inmueble. A eso se suma que cuando se realizó el allanamiento en el domicilio, no pudo ser encontrada, aunque sí se logró el secuestro de sustancias estupefacientes. Luego el 4 de julio de 2019, se produjo su detención.

Oportunamente, el fiscal penal Santiago López Soto solicitó la responsabilidad penal de la menor y el decomiso del dinero secuestrado y la afectación del 30% para la cuenta del Ministerio Público Fiscal destinada a la lucha contra el microtráfico.