El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Néstor Alberto Durán y Sonia Esther Carabajal, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautores.
Las actuaciones iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que Néstor Alberto Durán, alias “Cordobés” y Sonia Esther Carabajal, comercializaban estupefacientes en inmediaciones de su vivienda ubicada en barrio Guachito Gil, de la Ciudad de Salta.
Un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente realizado el 11 de marzo pasado, permitió la detención de los acusados y el secuestro de 99 envoltorios con cocaína y sus derivados y de dos cigarrillos de marihuana. También fueron secuestrados elementos para acondicionar el estupefaciente como, tijeras y cuchillos; teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de $23.330.
En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los imputados.
Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar a los imputados mientras entregaban drogas a cambio de dinero a diferentes consumidores, mientras que uno de ellos declaró en fiscalía y reconoció haber comprado estupefacientes a los acusados.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco imputados por los delitos de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas, en calidad de coautores.
Las imputaciones recayeron sobre Juan José Vargas, de 21 años; Ángel Sebastián Vargas, de 23; Matías Ezequiel Vargas, de 27; Eduardo Andrés Giménez, de 36 y Martín Alberto Silvestre Samana, de 21.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima registrada en el sistema del Ministerio Público Fiscal, en la que indicaron que en un inmueble de barrio San Benito de la Ciudad de Salta, vendían drogas las 24 horas del día y que también hacían entregas en moto.
Tras los allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente realizados el 27 de noviembre de 2020 en los domicilios de los imputados, fue secuestrada sustancia estupefaciente cuyo narcotest dio resultado positivo para cocaína y cannabis sativa, que estaba a disposición de los acusados y acondicionada para la venta directa al público.
También fueron secuestrados elementos de corte y fraccionamiento y una balanza gramera, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de $24.360.
En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los imputados.
También destacó los contundentes elementos probatorios incorporados por el personal policial a cargo de las tareas de investigaciones, quienes lograron documentar fílmica y fotográficamente a los acusados mientras comercializaban sustancias prohibidas y la demora de compradores.
Los dos hombres circulaban en una motocicleta por ruta provincial 5 y al detectar un control policial, intentaron huir. Al ser aprehendidos, opusieron resistencia a los efectivos. Transportaban algo más de cuatro kilos de marihuana dispuesta en distintos envoltorios.
La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, imputó en la delegación fiscal de Apolinario Saravia a Alberto Micael Melendrez de 18 años y a José Emanuel Figueroa de 24 años, como coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridaden concurso real.
El hecho ocurrió el pasado sábado 17 de abril sobre ruta provincial 5, a la altura de General Pizarro, cuando dos jóvenes que circulaban en una motocicleta con sentido Norte – Sur, detectaron un control vehicular y tomaron un camino alternativo.Se generó una persecución y al momento de ser aprehendidos, los jóvenes opusieron tenaz resistencia a los efectivos intervinientes.
Al ser requisados, se verificó que llevaban entre sus pertenencias, dinero en efectivo, celulares y algo más de cuatro kilos de sustancia vegetal disecada, dispuesta en distintos envoltorios. El narcotest confirmó que se trataba de cannabis sativa.
En el marco de una investigación por la posible comercialización de estupefacientes en Rosario de la Frontera, se logró la detención de un hombre cuando retiraba una encomienda que contenía alrededor de tres kilos de marihuana dispuesto en tres envoltorios. Se declaró el caso como de flagrancia.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó en forma provisional a Yulián Gabriel García, de 23 años, como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La detención de esta persona se produjo en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía por la posible comercialización de sustancias estupefacientes en la ciudad de Rosario de la Frontera, denunciada en forma anónima por un ciudadano.
De las tareas desplegadas por personal de Drogas Peligrosas de esa ciudad, se procedió a la detención de García en el momento en que retiró de la ciudad de Metán, una encomienda, donde transportaba alrededor de tres kilos de sustancia vegetal disecada, dispuesta en tres envoltorios y que el narcotest arrojó que se trata de cannabis sativa.
Rodríguez López declaró el caso como de flagrancia y por distribución territorial, remitió las actuaciones a la Fiscalía Penal 2 de Metán, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, donde continuará su trámite.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio condenó a prisión de ejecución efectiva a tres personas, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Mónica Mukdsi, condenó a Miguel Omar Brites, a la pena de cuatro años y dos meses de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lo declaró reincidente por segunda vez.
En tanto, Ramón Domingo Figueroa, fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Al tener una condena previa, la magistrada unificó la pena y la llevó a seis años y seis meses de prisión de ejecución efectiva.
Talía Alejandra Brites recibió una condena de tres años de prisión de ejecución efectiva, por ser partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización y la magistrada amplió la pena a tres años y seis meses de ejecución efectiva, también por una condena anterior.
El allanamiento al domicilio de uno de los imputados, realizado el 13 de mayo de 2020, permitió dar con los acusados mientras fraccionaban sustancias.
Ese día fueron secuestrados 12 envoltorios de plástico color negro que contenían una sustancia blanquecina en forma de ralladura, tres envoltorios de plástico color negro con sustancia blanquecina en forma aterronada, una hoja A4 con sustancia blanquecina rallada suelta, una tarjeta de plástico con restos de sustancia, una tijera, un cepillo de dientes, un cuchillo, distintos frascos y un total de $43.280 en efectivo.
De otras habitaciones del mismo domicilio, se secuestraron una hoja en blanco con sustancia, un envoltorio de plástico transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura, tres teléfonos celulares y 10 proyectiles de distintos calibres. El narcotest realizado sobre la sustancia dio positivo para cocaína y sus derivados.
En tanto, el allanamiento al domicilio de otro de los imputados, permitió el secuestro de distintos envoltorios con sustancia vegetal, cuatro plantines de marihuana y dos celulares. El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio positivo para cannabis sativa.
En base a los elementos obtenidos y mediante las tareas de vigilancia realizadas por personal policial, se pudo determinar que las tres formaban parte de una organización con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y posterior venta de sustancia estupefacientes.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviada, en la que el juez del Sala V del Tribunal de Juicio, condenó a tres integrantes de la banda “Los Poseídos”, que se dedicaban a la venta de estupefacientes y que operaban en barrio San Benito, en la zona sudeste de la ciudad.
El vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio, Marcelo Rubio, condenó a Cristian Rubén Bernardino Choque, a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, al considerarlo penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en forma organizada y en calidad de autor.
En el mismo fallo, el magistrado condenó a Brisa Candela Yaqueline Alba a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional; y a Eduardo Joaquín Nico, a la pena de tres años de prisión de ejecución efectiva, al considerarlos penalmente responsables del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en forma organizada y en calidad de partícipes secundarios.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de un informe presentado en marzo de 2020 por el Grupo de Investigaciones de Drogas del Sector 6, que recibió denuncias de vecinos del barrio San Benito, quienes llegaron hasta la base operativa para manifestar su preocupación por la venta de estupefacientes en ese barrio. Señalaron a un tal “Burro Choque” como el líder de una banda conocida como “Los Poseídos”.
Múltiples allanamientos realizados el 23 de abril de 2020 en los domicilios de los penados, permitieron el secuestro de cocaína y cannabis sativa, acondicionadas para su venta y que estaban a entera disposición de los imputados, además de sumas de dinero en efectivo obtenido de la actividad ilícita y elementos para acondicionar el estupefaciente para su comercialización.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que la Sala VII del Tribunal de Juicio, condenó a 20 personas, acusadas de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, en forma organizada y por la portación de arma de fuego de uso civil.
José Mauricio Guzmán, de 29 años; Adrián Ramiro Nieto, de 25 y Elsa Padilla Márquez, de 62, fueron condenados a la pena de cuatro años de prisión efectiva y al pago de una multa, por resultar autores del delito de comercialización de estupefacientes.
Silvio Francisco Maza, de 26 años, fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y multa, como partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes.
En tanto, Franco Exequiel Parrón Baldoni, de 31, fue condenado a un año de prisión efectiva como autor del delito de confabulación. Se tuvo por cumplida la pena y se ordenó su libertad.
Por su parte, Cristian Alexis Arias, de 22 años, fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión efectiva y multa como autor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes.
Sergio Alejandro Estrada, de 36 años, recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva y multa como autor del delito de comercialización de estupefacientes.
Al imputado Emanuel Alejandro Alberto Acosta, de 34 años, se le dictó la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva y multa, como autor del delito de comercialización de estupefacientes y portación de arma de uso civil, en concurso real. Permanecerá con la modalidad de arresto domiciliario.
A los acusados Facundo Leonel Guzmán, de 27 años; Lucas Martín Tanco, de 32; José Elías Nicolás Verón Marín, de 22; Hugo Antonio Portal, de 74; Rosa Arellano, de 73; Miguel Andrés Callau, de 32; Rodrigo Exequiel Romero, de 28; Leandro Alberto Nicolás Zerda, de 31; Juan Abel Ramírez, de 28; Carlos Gustavo Díaz González, de 26 y Fernando Ariel Zambrana, de 36, fueron condenados a la pena de tres años de prisión condicional y multa por resultar partícipes secundarios del delito de comercialización de estupefacientes.
Finalmente, Eliana Lorena Fuentes San Millán, de 32 años, recibió una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional como autora del delito de encubrimiento agravado y fue inhabilitada como funcionaria pública por el término de tres años.
En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Lorena Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representará al Ministerio Público Fiscal en el juicio contra 20 personas, imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, en forma organizada y por la portación de arma de fuego de uso civil. Una de las imputadas es policía. Las audiencias se desarrollarán en la Sala VII del Tribunal de Juicio.
En abril de 2019, el fiscal penal Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio contra José Mauricio Guzmán, Facundo Leonel Guzmán, Lucas Martín Tanco, Adrián Nieto, Eliana Lorena Fuentes San Millán, Franco Exequiel Parrón, Fernando Ariel Zambrana, Alberto Nicolás Zerda, Juan Abel Ramírez, Elías Nicolás Verón, Hugo Portal, Rosa Arellano, Emanuel Alberto Acosta, Miguel Andrés Callau, Rodrigo Ezequiel Romero, Carlos Gustavo Díaz González, Elsa Padilla, Silvio Francisco Maza, Cristian Alexis Arias y Sergio Alejandro Estrada, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.
La investigación inició en setiembre de 2017, a partir de actuaciones propias de los efectivos policiales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y los datos aportados por vecinos y testigos a través del sistema de denuncias web. Todos los acusados fueron detenidos en agosto de 2018, en un operativo que se denominó “Pachamama”.
En el requerimiento, el fiscal penal López Soto sostuvo que las primeras informaciones llevaron a los investigadores, conducidos por el comisario Eduardo Sánchez Rosado, a centrar las pesquisas en un domicilio de barrio Universitario, apuntado por denuncias anónimas y también por estar relacionado a un incidente con un grupo antagónico, perteneciente a un asentamiento vecino llamado Villa Lata.
El fiscal indicó que los policías lograron superar todos los cercos hasta obtener distintos datos que nos permitieron atar cabos hasta llegar a todos los detenidos que proveían de droga a varios revendedores.
López Soto resaltó el aporte de testigos y vecinos que fueron claves para seguir con las pesquisas. “Los Guzmán no solían comercializar la droga en su vivienda, sino que citaban a sus compradores en distintos lugares de los alrededores, y los encuentros se hacían dentro de vehículos”.
A partir del seguimiento e investigación en torno a los hermanos Guzmán, la fiscalía pudo llegar a otros revendedores, quienes se proveían de los principales imputados, los que a su vez comercializaban los estupefacientes en forma directa.
La organización, encabezada por los hermanos Guzmán, se proveía de droga que era entregada por Sergio Estrada, apodado “Negro Ale”.
“Este sujeto junto a otros dos cómplices, Arias y Maza, eran los que proveían la droga”, declaró. Para dar con los mismos, los investigadores centraron una serie de pesquisas en hospedajes de la zona de la terminal de ómnibus y del hospital San Bernardo.
Desde allí, Estrada hacía los contactos para vender la mercadería a bandas organizadas, como el caso de la organización que lideraba Guzmán. “El primer procedimiento se realizó a fines de julio de 2018, oportunidad en la que se detuvo a Estrada, Arias y Maza con una importante cantidad de la droga”, indicó.
En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Lucía Mariela Giménez, de 40 años, acusada del delito de tentativa de entrega de estupefacientes a título gratuito agravado por cometerse en un establecimiento carcelario, en perjuicio de la salud pública.
Las actuaciones iniciaron luego de que el pasado 3 de febrero, se practicara una requisa a la acusada, quien iba a visitar a su hermano detenido en la Alcaidía General de la Provincia.
Durante el procedimiento se le secuestró sustancia vegetal disecada en forma de picadura, acondicionada en 8 envoltorios de papel, ocultos entre las hojas de un rollo de papel higiénico. Además, se le secuestró un teléfono celular.
El narcotest sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para Cannabis Sativa.
Entre los elementos colectados durante la investigación, el fiscal penal Santiago López Soto, valoró las testimoniales del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y del Servicio Penitenciario, la prueba documental, la pericia toxicológica, el informe de antecedentes penales y los datos extraídos del teléfono celular.
En sus fundamentos, el fiscal sostuvo que se trató de un intento de entrega ocasional de estupefacientes, agravada por tratarse de un lugar de detención de personas.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Gloria Jorgelina Ríos, de 37 años, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.
De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero último en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la mujer tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.
Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos). El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada, dio resultado positivo para cannabis sativa; y el hecho sobre la sustancia blanquecina, fue positivo para clorhidrato de cocaína.
La mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes.
Por instrucción de la Procuración General de la Provincia, el fiscal penal Santiago López Soto requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial 7838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el 30 % del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia”.
