Una vez dada de alta del nosocomio, la niña de 12 años contó a la psicóloga del CIF, lo que le había sucedido en la noche del 3 de noviembre pasado e identificó a sus agresores. La fiscal Lorena Martínez, a cargo de la investigación, solicitó al Juzgado de Garantías, la inmediata detención de un hombre mayor de edad, medida que se concretó en la tarde del viernes 2 de diciembre.
La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, imputó a un hombre de 23 años por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de participantes y por la participación de un menor de edad.
Durante la audiencia, que tuvo lugar en la tarde de ayer viernes 2 de diciembre, el hombre se abstuvo de declarar y la fiscal Martínez solicitó al Juzgado de Garantías el mantenimiento de su detención.
El imputado fue detenido luego de que una menor de edad de 12 años de la comunidad wichi manifestara en Circuito Cerrado de Televisión a la psicóloga del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) lo que le había sucedido la noche del 3 de noviembre en una senda cercana a la escuela de la comunidad originaria Bajo Grande.
Una vez
recuperada de las lesiones recibidas y dada de alta del hospital en el que
estuvo internada, la niña contó que esa noche se encontró con el imputado y un
menor de edad, quienes la golpearon y la tiraron al piso, en donde la sujetaron
con fuerza y la abusaron sexualmente. Luego, la menor de edad les solicitó que
la dejaran ir a su casa, pero los agresores la golpearon con un palo y perdió
el conocimiento.
Ante la comisión especial enviada por el Ministerio Público Fiscal para investigar lo sucedido, la niña individualizó a los participantes del ataque, por lo que la fiscal Lorena Martínez solicitó al Juzgado de Garantías la inmediata detención del adulto, medida que se concretó en la tarde de ayer.
Respecto al menor de edad, de 14 años años, continúa vinculado a la causa y bajo medidas tutelares dispuestas por el juez de Garantías Vázquez Sgardelis.
La niña y su familia reciben asistencia y contención del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC) del Ministerio Público Fiscal.
El caso
El 3 de
noviembre un miembro de la comunidad wichi de Bajo Grande denunció que encontró
a su hija de 12 años en una senda, tendida en el suelo con manchas
sanguinolentas en el cuero cabelludo. Posteriormente fue trasladada hasta el
hospital de Alto La Sierra en el móvil policial junto a un enfermero. Sostuvo
el denunciante que ante la mejoría de su hija, logró preguntarle quién la había
golpeado, y ella le señaló a un menor de edad como el autor de la lesión.
El Fiscal Penal de Salvador Mazza Armando Cazón solicitó que se dé inmediata intervención al Juez de Menores de turno, puesto que sólo se indicaba como posible responsable a un menor de edad, y conforme el Régimen Penal de Menores, es a este último a quien corresponde la dirección de la investigación.
Posteriormente, y luego de surgir la presunción de un posible ataque sexual en función del examen médico practicado a la víctima, alrededor de las 23 horas, la fiscal Gabriela Souto, interinamente a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género de Tartagal, fue puesta en conocimiento de los hechos sucedidos por un llamado del Juez de Menores a cargo, articulando inmediatamente comunicación con el personal policial de Alto La Sierra. En idéntico sentido, dispuso que el auxiliar de la fiscalía se constituya al Hospital de Tartagal a fin de informarse sobre el estado de salud de la menor y la posible sospecha de abuso sexual.
Ese mismo día 3 de noviembre, siendo horas 23:29 horas, y luego de reunir la información correspondiente, la Fiscal se contactó nuevamente con el personal policial actuante y tomó conocimiento de que la Secretaria del Juzgado de Menores dispuso distintas diligencias en torno al sospechoso y a la investigación. En tal sentido, y ante un hipotético caso de intervención de otras personas mayores de edad, pidió también expresamente al personal policial tareas de pesquisas y de campo, para la individualización de todos los sujetos que pudiesen haber estado reunidos previamente con la menor, como así también arbitrar los recaudos necesarios para lograr mayor eficiencia en la toma de muestras biológicas para un futuro cotejo genético.
La fiscal Gabriela Souto efectuó presentaciones al Juzgado de Menores, que llevaba a cabo la investigación, en las que solicitó que se practiquen diversas medidas investigativas: inspección ocular y croquis ilustrativo del lugar del hecho, levantamiento y secuestro de prendas de vestir de las personas que estuvieron en la reunión del 3 de noviembre a la madrugada, y que se registre todo con muestras fotográficas. Asimismo, se puso a disposición del Juez el equipo de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (psicólogas y trabajadoras sociales) a los fines de entrevistar y asistir al padre y a la niña víctima y que se fije audiencia de declaración en Circuito Cerrado de Televisión a la niña, cuando su estado de salud así lo permitiera. Requirió, además, que se de intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno y al Juzgado de Violencia Familiar y de Género.
También dispuso que una psicóloga del SAVIC del Ministerio Público Fiscal, brinde asistencia y contención a la niña víctima y a sus familiares.
Finalmente, en la tarde del pasado lunes 7 de noviembre, y teniendo presente la limitada estructura y recursos de investigación con que se cuenta en el Distrito Judicial Tartagal, a partir del ofrecimiento voluntario efectuado desde la Procuración General para colaborar con la investigación a cargo del Juzgado de Menores, viajó hacia la ciudad de Tartagal un equipo de investigación especializado en Delitos contra la Integridad Sexual y profesionales del Departamento de Criminalistica, correspondiente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) a fin de dar cobertura y colaboración a la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho.
