Extorsionó a una menor, abusó de ella y publicó sus fotos

Un hombre de 27 años fue detenido e imputado tras la denuncia del padre de una menor de edad de la que abusó sexualmente bajo la amenaza de distribuir sus fotografías íntimas e incluso publicarlas en una página pornográfica. Era conocido de la familia.

La fiscal penal Verónica Simesen imputó a César Manuel Martínez de 27 años por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (2 hechos), tentativa de abuso sexual con acceso carnal, facilitación, divulgación y distribución de pornografía infantil y grooming en concurso real.

La denuncia fue realizada por el padre de la adolescente al tomar conocimiento por otra de sus hijas de que a la menor, luego de que le robaran el celular, empezaron a llegarle mensajes a sus redes sociales de una persona desconocida que aducía tener fotos íntimas de ella y que las haría públicas si no accedía a encontrarse con él.

En el primer encuentro, la víctima descubrió que se trataba de una persona conocida de la familia y éste bajo amenazas la sometió sexualmente. Hubo otros dos encuentros forzados y ante las reticencias de la menor, le dijo que publicaría las fotos en una página pornográfica.

La adolescente decidió contar lo sucedido a una hermana mayor al descubrir que el acusado había publicado efectivamente las fotos en una página con contenido pornográfico y con su número de celular, por lo que comenzó a recibir mensajes de extraños.

Desde la Fiscalía se solicitó la prisión preventiva del acusado, mientras se completan las diversas medidas solicitadas.

Rigen las medidas restrictivas sobre el exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta

Las medidas solicitadas oportunamente por la fiscal penal de Violencia de Género, María Soledad Filtrín Cuezzo, fueron restablecidas este jueves, después de que el exobispo Zanchetta se presentara ante el juzgado de 2° Nominación de Orán, a cargo de Claudio Alejandro Parisi, quien autorizó la salida del acusado de abuso sexual simple continuado calificado por la condición de ministro de culto, en perjuicio de dos personas.

La fiscalía a cargo de Filtrín Cuezzo constató la llegada del exobispo Gustavo Oscar Zanchetta a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. En ese contexto, al acusado se le retuvo documentación de viaje y la fiscal pidió que todas las constancias del acta de presentación y de la retención de documento de viaje autorizado por el Juez, se documente por escrito.

El viernes 21 de junio, y a través de su resolución, el juez Parisi dispuso “autorizar provisoriamente al imputado Oscar Zanchetta a salir del país a partir del día de la fecha, debiendo presentarse indefectiblemente por ante este Juzgado el día 08/08/19 a hs. 10:00 con las constancias que acrediten los motivos que sirven de base a la solicitud de viaje que se autoriza”. El permiso de viaje fue por un lapso de 49 días, desde el 21 de junio y hasta el 8 de agosto.

Pedido de elevación a Juicio
El 1 de julio pasado, la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, requirió juicio oral y público, en la causa caratulada “Zanchetta Gustavo Oscar-Abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido”, en perjuicio de dos víctimas.

En su pedido, de más de 30 fojas y en las que se resumen los hechos denunciados, pruebas y testimonios colectados; Filtrín dijo que en las actuaciones se investigó el hecho denunciado el 6 de febrero pasado por un joven, “quien dio cuenta de episodios de contenido sexual sufridos en su perjuicio de parte de quien ejercía las funciones de obispo de la Diócesis de Orán, Gustavo Zanchetta, y que ocurrieron a partir de 2017”. Según la denuncia, tuvieron como escenario el edificio del seminario Juan XXIII, de Orán y en un domicilio particular de Los Toldos.

Filtrín sumó la denuncia de un segundo seminarista, que el 13 de febrero pasado denunció haber sufrido episodios de significación sexual y conductas inapropiadas “frente al público y en el ámbito privado”. Dichos acometimientos habrían ocurrido en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo. En este caso, los hechos se habrían registrado desde 2016.

En su fundamentación, la Fiscal destacó que “ponderados los elementos de convicción colectados durante la investigación a su cargo y en labor conjunta con el fiscal penal de Delitos contra la Integridad sexual Nº 1 del distrito Centro, Federico Obeid, puede extraerse con meridiana claridad que la materialidad de los hechos han tenido plena corroboración, como la vinculación del acusado en su carácter de autor material”. Y cita Filtrín que “el nombrado actuó con ánimo doloso de involucrar sexualmente a las víctimas dando inicio al despliegue de actos y maniobras de seducción, manipulación y preeminencia por la función de superior jerárquico en el ámbito eclesiástico, logrando confianza, temor reverencial en las víctimas a través de tocamientos inverecundos cernidos en su cuerpo con clara significación sexual, quebrantando la voluntad de los mismos temerosos de perder su condición de seminaristas y poner fin con su vocación al servicio religioso. Dichos acometimientos fueron sostenidos en el tiempo y mayor reproche penal merece la conducta adoptada por el acusado por su condición de ministro de culto religioso reconocido, calidad ésta que demanda el deber de actuar con rectitud y apego a las normas morales y religiosas con mayor celo que la de un ciudadano común”.

En ese marco, recordó que se acreditó que al momento de acaecidos los hechos, los denunciantes revestían el carácter de aspirantes al sacerdocio y que el acusado, el de obispo. También obra documentación a través de la cual se dejó asentado el cese de sus funciones, ya que el Sumo Pontífice Francisco aceptó la renuncia de Zanchetta como Obispo de la Diócesis de Orán, el 31 de julio de 2017.

Una fiscal pide a la justicia federal que investigue al religioso Rosa Torino

La Fiscal Penal 3, Verónica Simesen de Bielke, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, advirtió al fiscal penal federal en turno sobre la posible comisión de los delitos de lavado de activos y narcotráfico por parte del religioso Rubén Agustín Rosa Torino. Lo hizo a partir de la publicación del lunes 29 de julio, del sitio web Todo Noticias, que tituló “La Virgen de Guadalupe, el nexo entre El Chapo Guzmán y un cura argentino acusado por abuso”.

De acuerdo a la publicación del sitio, y cuya investigación lleva la firma de la periodista Miriam Lewin, “Exreligiosos confirmaron que el cura Agustín Rosa los obligaba a transportar dólares desde México a la Argentina. El capo narco iba a pagar la reparación del techo de un convento”.

El lunes pasado, la fiscal Simesen solicitó a la fiscalía penal federal en turno, que inicie una investigación preliminar de oficio, tal como lo establece el artículo 214 del Código Procesal Penal de la Nación. Dicho artículo establece que “si el representante del Ministerio Público Fiscal tuviere indicios de la posible comisión de un delito de acción pública, promoverá la investigación preliminar para determinar las circunstancias del hecho y sus responsables”.

La fiscal basó su pedido al fiscal federal, tomando como notitia criminis la publicación mencionada, que sostiene, entre otros aspectos, que “consultado sobre el tema, un exreligioso integrante de la congregación, que vivió en México, donde el Instituto tiene varias sedes, confirmó que grupos de narcotraficantes del cartel de Sinaloa les pedían a Rosa y a los miembros de la congregación que los bendijeran antes de los operativos importantes y que un famoso jefe narco estuvo a punto de pagar la reparación del techo de un convento justo antes de ser arrestado en el 2014”.

El mismo informante sostuvo ante la periodista Lewin que “un señor estuvo a punto de hacernos el techo del convento que se vino abajo por una lluvia. Lo que nos iba a regalar era una locura, la reparación entera salía como U$S50.000. Un día nos iba a entregar la plata y el anterior lo detuvieron. Y ahí me enteré de que el señor, que tenía visto porque venía a la iglesia y las monjitas lo conocían, era nada menos que el Chapo Guzmán”. Y contó que «Yo viajé a la Argentina llevando U$S30.000, y juré que nunca más lo iba a hacer. Otros hermanos llevaban dinero escondido adentro de una imagen de la Virgen de Guadalupe, en los bolsillos, en la ropa interior. Siempre estaban trayendo plata».

Simesen y la fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Cecilia Flores Toranzos, reformularon el 11 de julio pasado el pedido de elevación a juicio en la causa que involucra al suspendido sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino. Contaron con el aval del procurador general de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, quien ratificó con su firma los argumentos esgrimidos por las integrantes del Ministerio Público Fiscal. Rosa Torino está acusado de «abuso sexual gravemente ultrajante por la duración, agravado por ser el autor ministro de culto reconocido», en perjuicio de dos exnovicios de su congregación y de «abuso sexual simple», en perjuicio una mujer. La imputación por esos delitos fue confirmada por la jueza de Garantías Nº 1, Ada Zunino. Las fiscales reformularon la acusación a partir de la resolución del 25 de junio pasado, cuando el juez de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, Adolfo Figueroa, declaró nula la elevación a juicio. Simesen de Bielke y Flores Toranzos dejaron constancia que no comparten los fundamentos de Figueroa y precisaron, a través de 54 páginas, cómo se inició la causa, las declaraciones de las víctimas, de testigos y las razones por las cuales se atribuyó Rosa Torino la comisión de los delitos que le imputan.

En el requerimiento, las fiscales expresan que, según consta en un informe del Arzobispado de Salta, Rosa Torino fue ordenado sacerdote para la arquidiócesis el 21 de noviembre de 1985 y estuvo incardinado (incorporado) allí hasta 2009 cuando se aprobó la creación del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Rosa Torino creó varias sedes del instituto en el interior de Salta, en otras provincias y el exterior (Chile, México y España). A instancia del Arzobispado, en 2015 el Vaticano dispuso la intervención de la orden y se le suspendió la licencia para ejercer el sacerdocio.

Abuso Sexual: una unidad fiscal especializada investigará al sacerdote Carlos Fernando Páez

La unidad especializada que investigará al sacerdote Carlos Fernando Páez, denunciado por supuesto abuso sexual, está conformada por la Fiscalía Penal 1 de Tartagal y las Fiscalías Penales 1 y 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Federico Obeid y María Cecilia Flores Toranzos, respectivamente.

El sacerdote Carlos Fernando Páez, de la parroquia La Santa Cruz, de Villa Saavedra, de Tartagal y que depende de la Diócesis de Orán, fue denunciado por un joven cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2015 y 2017.

La denuncia contra el sacerdote, de 58 años, también incluye supuestas amenazas y presiones por parte de Páez y el exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, -actualmente imputado por el delito de abuso sexual continuado agravado a dos seminaristas-, que habrían ocurrido en oportunidad que el joven avisó que se retiraría de la vida religiosa, lo cual concretó en julio de 2017. Posteriormente, regresó, pero se alejó definitivamente en enero pasado.

Además de los abusos, el hombre denunció humillaciones, degradaciones públicas y manipulación psicológica por parte de Páez, quien habría aprovechado su vulnerabilidad y lo habría acusado de “huérfano emocional”, entre otras cosas, para ganarse la confianza del joven y luego manipularlo con respecto de su formación y posibilidades.

En la denuncia también consta que por las consecuencias de los abusos, el joven se habría autoflagelado y habría intentado quitarse la vida dos veces, además de empezar a consumir bebidas alcohólicas.

La Unidad Fiscal Especializada conformada en el Distrito Judicial Centro, se integró a pedido del denunciante, en virtud del temor a las posibles represalias por parte del sacerdote denunciado en Tartagal.

Quebrachal: irá a prisión por abusar de su sobrina

Un hombre de 35 años fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el abuso sexual con acceso carnal agravado de su sobrina menor de edad. El hecho fue descubierto por la madre de la víctima, al descubrir mensajes obscenos que éste le enviaba a la adolescente.

Imagen ilustrativa

El fiscal penal de Joaquín V. González, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Metán en la audiencia de debate contra un hombre de 35 años, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor víctima.

Los hechos fueron denunciados en el mes de noviembre de 2018 por la madre de la adolescente, quien había notado cambios en la conducta de su hija y descubrió en su celular mensajes obscenos que le enviaba su tío, que también vivía en la misma casa.

La menor le confesó a su madre lo que sucedía y le dijo que su tío la tenía amenazada, por lo que radicaron la denuncia y se inició la investigación, que culminó con el juicio al acusado.

El juez Sebastián Fucho le impuso la pena de 8 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, se ordenó la extracción de material genético del imputado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Su expareja sometía a tocamientos a una de sus hijas

Un hombre de 28 años fue condenado a la pena de 3 años de prisión condicional y al cumplimiento de reglas de conducta por actos de tocamiento a los que sometió a la hija menor de edad de quien fuera su pareja. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.

La fiscal penal Verónica Simesen, representó al Ministerio Público ante la Sala V del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Mario Fernando Aguirre, imputado por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda y la convivencia.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, al tomar conocimiento de que quien fuera su pareja, había sometido a tocamientos inapropiados a su hija menor de edad durante el tiempo que convivieron.

La jueza Mónica Faber, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 3 años de ejecución condicional y a la realización de un tratamiento psicológico por la naturaleza de los hechos que se le imputan.

En el mismo fallo, se ordenó la extracción de material genético del imputado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Fue abusada en una comunidad de rehabilitación

Una joven mujer que se encontraba internada en una comunidad de rehabilitación en la zona de Campo Quijano, fue sorprendida por un exintegrante de la misma y abusada sexualmente bajo amenazas con un cuchillo.

La fiscal Verónica Simesen, a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, imputó a Ezequiel Alejandro Bustos de 21 años por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas, violación de domicilio en concurso real.

El hecho ocurrió en el interior de una comunidad abierta de rehabilitación ubicada en Campo Quijano, donde una mujer que se encontraba allí internada en forma voluntaria, fue abusada sexualmente por un excompañero, que irrumpió en su dormitorio y la amenazó con un cuchillo.

El acusado había formado parte de la comunidad y luego se fugó. Al momento de ser imputado, declaró y estuvo acompañado de un defensor particular.

10 años de prisión para un abusador

Un hombre de 30 años fue condenado por el abuso sexual con acceso carnal de una menor de edad con la que tenía una relación familiar política. Aprovechó la situación de convivencia con la adolescente para vulnerar su integridad sexual.

La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra un hombre oriundo de la provincia de Tucumán, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente.

Los hechos ocurrieron en 2016, cuando la víctima tenía 15 años y fue abusada sexualmente por un familiar político que se encontraba alojado en su casa. Al tomar conocimiento, sus padres radicaron la denuncia y se inició la investigación.

La jueza María Livia Carabajal lo condenó a la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que ordenó su inmediata detención.

En el mismo fallo, se ordenó la extracción de material genético del imputado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

A través del diario íntimo, descubrió que su hija era abusada

Un hombre de 28 años fue condenado a la pena de 8 años de prisión efectiva por actos de abuso en perjuicio de su hija de 10 años. La madre tomó conocimiento de lo que sucedía al leer el diario íntimo de la menor.

Imagen ilustrativa

La fiscal penal Verónica Simesen, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 28 años acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la reiteración agravado por la convivencia, el vínculo y la guarda.

La denuncia que originó la investigación la realizó la madre de la menor de 10 años en Noviembre de 2018, cuando encontró el diario íntimo de la niña sin candado y al leerlo, supo que era sometida a actos con contenido sexual por su propio padre.

Con la colaboración de la institución escolar a la que concurría la niña, pudo conocer detalles de los hechos que se habían reiterado a lo largo de un año y formalizó la acusación contra su pareja y padre de sus hijos.

La jueza Carolina Sanguedolce, luego de recibir la confesión del acusado y la aceptación de los hechos que se le imputan, lo condenó a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Caso Teruel: Hay un tercer imputado y cambiaron la calificación del hecho

El fiscal penal 1, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, citó a audiencia de imputación a Silvio Ezequiel Rodríguez, Marcos Lautaro Teruel y Gonzalo Isaac Farfán y les hizo conocer el cambio de calificación de la acusación, que ahora es “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas”. Las audiencias de imputación se concretaron durante la semana.

En el decreto de imputación, el fiscal Obeid indicó que “al surgir que el hecho investigado resulta diverso y más complejo” que aquel por el cual se decretó la imputación anterior, dispuso la ampliación y modificación del decreto de citación a audiencia de imputación, y les atribuyó, en calidad de coautores a Silvio Ezequiel Rodríguez, Marco Lautaro Teruel y Gonzalo Isaac Farfán, el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.

Una comisión especial efectuó el traslado de Silvio Ezequiel Rodríguez, quien fue detenido en Córdoba y trasladado a la Alcaidía General de la capital salteña.

La imputación se originó en la denuncia de una mujer que relató que durante el verano de 2014, cuando tenía 19 años, habría sido abusada sexualmente por Marcos Lautaro Teruel, en su domicilio. En tanto, Rodríguez y Farfán habrían participado, de acuerdo a la nueva imputación.

Teruel fue imputado previamente y en otro caso, por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real, a partir de la denuncia de la madre de una menor, quien relató que el acusado habría aprovechado que la niña frecuentaba su casa para vulnerar su integridad. Permanece detenido con prisión preventiva.