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Definen cómo funcionarán las nuevas fiscalías

El Consejo Asesor de Fiscales volvió a reunirse este viernes, presidido por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. Los representantes de cada materia realizaron distintos aportes y tal como quedó establecido desde su conformación, contó con la presencia de un fiscal del interior. Esta vez, asistió el fiscal de Graves Atentados de Tartagal, Pablo Cabot.

El orden del día giró en torno a los proyectos de creación de la Fiscalía de Ciberdelitos y Fiscalías Ambientales, además de los cambios que se aplicarán a partir de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que regirá desde el 5 de septiembre próximo.

Por otra parte, se avanzó en el desarrollo del Plan Estratégico del Ministerio Público Fiscal y en el seguimiento de víctimas de delitos de integridad sexual y violencia de género, a través de los equipos interdisciplinarios que trabajan con las Unidades de Delitos contra la Integridad Sexual y de Violencia de Género.

En todos los casos, se conformaron comisiones integradas por especialistas, que elaboran los proyectos que luego se discuten en el seno del Consejo Asesor de Fiscales.

El Consejo

El Consejo que preside Abel Cornejo y cuya vicepresidenta es la fiscal Penal 1, María Gabriela Buabse, se integra por el fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal y el de Gral. Güemes, Gustavo Torres Rubelt; la fiscal penal de Menores 2, Carolina Hernández; la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria y la Coordinadora de la Unidad de Delitos de Graves Atentados , María Luján Sodero Calvet.

También lo integran el fiscal penal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey; y los fiscales 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio; 1 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Federico Obeid; 1 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma; el fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto; el de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, Federico Jovanovics Torino y la fiscal de Impugnación 1, María Josefina David de Herrera. La secretaria general del Consejo de Fiscales es Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila. La próxima reunión será el viernes 21 de junio, a las 8.

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La Procuración General y el Ministerio de la Primera Infancia trabajarán para reducir la institucionalización de menores

Ante la inminente entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, convocó al ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, a sumar las herramientas disponibles en su cartera y trabajar conjuntamente en tareas orientativas y de contextualización de la situación de los menores involucrados en distintos casos. La tarea se llevará adelante a través de las Fiscalías de Menores.

Durante un encuentro en el que participaron el ministro de la Primera Infancia de la Provincia, Carlos Abeleira; el secretario de Niñez y Familia, Rodrigo Fernández y la representante de los fiscales de Menores ante el Consejo Asesor, Carolina Hernández; Cornejo destacó la necesidad de avanzar en procesos para evitar la institucionalización de los menores y salir del esquema persecutorio y represivo. En cambio, apuntó a “optimizar las herramientas de los distintos poderes del estado para anticiparse y no trabajar sobre las consecuencias” de distintas carencias que pueden generar un contexto propicio para la posterior comisión de delitos por parte de menores.

En ese sentido, el Procurador aclaró que las posibilidades tecnológicas e informáticas con las que cuenta el Ministerio de la Primera Infancia, permitirán acceder a datos de contexto familiar y social de los menores denunciados y víctimas, de manera orientativa. Toda la información a la que se acceda, se administrará de manera confidencial y solamente por parte de los fiscales de menores. Los datos no serán utilizables para el proceso penal y tendrán solo el carácter de orientativos.

En tanto, la fiscal de Menores 2, Carolina Hernández sostuvo que la información orientativa sobre la situación de los menores, ofrecerá instrumentos para entender por qué un menor podría haber llegado a la comisión de un delito o ser víctima; además de posibilitar que a través de distintas derivaciones a dispositivos de contención, se reduzca la reincidencia y judicialización de menores.

Por su parte, el ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, puso a disposición los programas informáticos y su adecuación a las necesidades de las fiscalías y la capacitación de los fiscales y el personal que operará el sistema.

La Ley 8097, de Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes, entrará en vigencia el 5 de septiembre próximo. El procedimiento especial que se establecerá mediante dicho régimen legal, se aplicará a las causas por delitos cometidos exclusivamente o con la participación de niñas, niños o adolescentes que, a la fecha de comisión del hecho, no hubiesen cumplido la edad de dieciocho años

En tanto, al Ministerio de la Primera Infancia se ocupa de lo concerniente a las políticas referidas a la Infancia consagradas en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, propendiendo al desarrollo integral de los derechos de los niños.

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El Procurador recibió a los padres de Gala Cancinos

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, mantuvo una reunión con Mónica Ovando y Javier Cancinos, padres de Gala. Mientras tanto, continúan los rastrillajes en el marco de la causa que investiga la desaparición de la menor. Gala Cancinos fue vista por última vez el 18 de mayo de 2017, en inmediaciones del Parque del Bicentenario.

“Notamos que el Procurador tiene interés en el caso y expresó su voluntad de avanzar con medidas que permitan lograr una pronta resolución”, sostuvo Javier Cancinos, mientras que Mónica Ovando anticipó que mantendrán reuniones en el corto plazo con uno de los investigadores para analizar en profundidad las hipótesis que presenta el caso. “Tenemos la expectativa de que se pueda conocer finalmente la verdad”, expresaron los padres de Gala.

Desde la semana pasada, el Equipo de Búsqueda y Rescate, asistido por cadetes de la Policía de la Provincia, personal militar y perros adiestrados; realizan rastrillajes en terrenos del Ejército Argentino, contiguo a la ruta provincial 28, camino a Lesser, en la zona norte de la ciudad.

Se trata del inicio de un nuevo rastrillaje, que se extenderá durante la presente semana y que tiene como objetivo realizar una revisión profunda de las tareas realizadas oportunamente y de las que quedaron pendientes.

Paralelamente, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas N°4, Ramiro Ramos Ossorio, anticipó que trabaja en otras dos hipótesis.

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Nuevas definiciones en el Consejo Asesor de Fiscales

El Consejo Asesor de Fiscales volvió a reunirse este viernes, presidido por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. Los representantes de cada materia realizaron distintos aportes y tal como quedó establecido desde su conformación, contó con la presencia de un fiscal del interior. Esta vez, asistió el fiscal de Metán, Sergio Castellanos. En reuniones previas, lo precedieron la Fiscal de Orán Mónica Viazzi y el de Tartagal, Pablo Cabot.

El orden del día giró en torno a la conformación de comisiones que trabajarán en la elaboración de proyectos específicos, vinculados con ciberdelitos, delitos ambientales y el Plan Estratégico 2020. Durante el encuentro, también se discutieron ideas para agilizar el decomiso y posterior destrucción de estupefacientes.

Por otra parte, el Procurador insistió en la posibilidad que tienen los funcionarios del Ministerio Publico Fiscal, de conformar Unidades Especiales cada vez que los casos así lo requieran.

En ese marco, Cornejo instó a los fiscales a compartir la información que pudieran obtener o que fuera útil, en torno a casos emblemáticos y que son “política de estado, como los del homicidio de Jimena Salas o la desaparición de Gala Cancinos”, dijo el Procurador. Por supuesto, la misma indicación fue destinada a todos fiscales de la provincia, para que trabajen en forma articulada, aunque su especialidad sea diferente a la del responsable de la investigación.

“La única forma de mejorar las investigaciones es trabajar en conjunto, para evitar la dispersión de esfuerzos y mejorar los resultados” insistió Cornejo.

Finalmente, los presentes remarcaron el inminente inicio de capacitaciones intensivas para el personal del Ministerio Público Fiscal y especialmente, las destinadas a fiscales, por especialidad.

El Consejo

El Consejo que preside Abel Cornejo y cuya vicepresidenta es la fiscal Penal 1, María Gabriela Buabse, se integra por el fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal y el de Gral. Güemes, Gustavo Torres Rubelt; la fiscal penal de Menores 2, Carolina Hernández; la fiscal penal 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria y la Coordinadora de la Unidad de Delitos de Graves Atentados , María Luján Sodero Calvet.

También lo integran el fiscal penal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey; y los fiscales 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio y el fiscal penal de Metán, Sergio Castellanos; además de la fiscal 1 de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma; el fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto; el de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, Federico Jovanovics Torino y la fiscal de Impugnación 1, María Josefina David de Herrera. La secretaria general del Consejo de Fiscales es Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila. La próxima reunión será el viernes 14 de junio, a las 8.

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Violencia: Avanzan con un Formulario Único de Denuncias

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la jueza de la Corte de Justicia de Salta, Sandra Bonari. Avanzaron en la posibilidad de constituir una unidad intrapoder que diseñe políticas públicas contra la violencia familiar y de género. Además, se coordinará el establecimiento de un formulario único de denuncias.

El procurador Abel Cornejo y la jueza de la Corte, Sandra Bonari, quien supervisa la Oficina de Violencia Familiar y de Género (OVIFG) y es responsable de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta; analizaron la posibilidad de implementar la Unidad que integraría a los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la activa participación del Ministerio Público Fiscal en materia de violencia familiar y de género.

En tanto, el formulario único de denuncias se basará en elementos contenidos en el Protocolo de Organización y Actuación de la Corte de Justicia, que de acuerdo a lo explicado por Bonari, “establece una plantilla de denuncias, que abarca toda la casuística necesaria para el trazado de estadísticas y políticas criminales”. El mismo formulario será utilizado por la Policía de la Provincia y los agentes fiscales.

En ese sentido, Bonari dijo que hay provincias que todavía no tienen un protocolo, como sí avanzó Salta y que a pesar de las herramientas disponibles, todavía no alcanza para frenar los hechos. Entre ellos, incluyó los casos de abuso sexual infantil, “que es otra de las formas de la violencia”, afirmó la magistrada.

El antecedente de la ficha única de denuncias, es el «Protocolo de Organización y Actuación» para casos de violencia familiar y de género, propuesto por la jueza Bonari y avalado por el Procurador, a través de la Acordada 12704, que firmó cuando era juez de la Corte de Justicia de Salta.

El Protocolo establece el procedimiento a seguir ante el conocimiento o denuncia de situaciones de violencia familiar o de género y busca evitar la revictimización y que las prácticas y decisiones judiciales sean integrales. Fue elaborado por una comisión interdisciplinaria formada por abogados, secretarios, prosecretarios, psicólogos y agentes de justicia, creada con ese fin.

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Justicia y Derechos Humanos: Abusos sexuales, Régimen Penal Juvenil y contravenciones en el temario

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias; la secretaria de Justicia, Carina Iradi y el secretario de Políticas Penales, Pablo Alavila.

Ante la inminente implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que regirá desde el 5 de septiembre próximo, los funcionarios debatieron sobre la importancia de la Mediación Penal Juvenil.

Además, ahondaron sobre el funcionamiento de la Mesa de Prevención de Abusos Sexuales y abordaron la implementación de una mesa interdisciplinaria para generar acciones que eviten la revictimización. En ese sentido, destacaron la necesidad de un acuerdo que permita que los agentes sanitarios sean capacitados en la toma y conservación de muestras, para asistir y completar la tarea de los médicos forenses que deben generar las pruebas en casos de abusos.

Por último, los funcionarios celebraron la creación de la Fiscalía de Contravenciones, que está a cargo de la fiscal Gabriela Buabse y destacaron la importancia de lograr una articulación con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, con el objetivo de lograr mayor celeridad en los resultados; finalizar las causas y ordenar los remates de bienes incautados por infracciones al Código Contravencional de la Provincia.

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Sistema Acusatorio: La Defensora General de la Nación destaca el apoyo local

Durante una reunión entre el procurador general, Abel Cornejo y la defensora general, María Inés Diez; la funcionaria informó que la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, destacó la implementación de un acuerdo entre ambos poderes, con el fin de que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales brinde apoyo a los defensores nacionales, como herramienta para la producción de pruebas necesarias para el ejercicio de la defensa.

El jueves 29 y viernes 30 de mayo pasado, la defensora general, María Inés Diez, participó de la octava edición de las Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial, durante las cuales defensoras y defensores públicos de todo el país debatieron sobre Régimen Penal Juvenil, Derechos Económicos Sociales y Culturales (salud; género y vivienda), Adopción, Flagrancia, Ejecución penal, Salud mental, Trata de personas y Violencia Institucional.

En ese contexto, Martínez dialogó con Diez sobre la decisión de de la Procuración General de la Provincia, de acompañar la transición de la Justicia Federal, a partir del 10 de junio próximo, cuando se implemente el sistema acusatorio en la justicia federal de la provincia. El 27 de mayo pasado, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la coordinadora de la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy, Ana Clarisa Galán Muñoz y al defensor oficial federal, Martín Bomba Royo.

Entre otros puntos, la Procuración y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, avanzarán en un convenio que permitirá asistencia del ámbito local al federal, ante la inminente implementación del Nuevo Código Penal. Después del encuentro con el procurador general Abel Cornejo, la defensora pública, Ana Clarisa Galán Muñoz, dijo que el propósito del convenio para el trabajo conjunto, es que contenga los alcances necesarios para garantizar el principio básico de la igualdad de armas. “La implementación del nuevo sistema significará un cambio de paradigma jurídico y procesal importantísimo”, afirmó Galán Muñoz.

En tanto, el defensor oficial, Martín Bomba Royo explicó que debido a la implementación del nuevo sistema acusatorio, que es similar al de la Provincia, pero con una generación avanzada, “vamos a tener que producir pruebas y estar más activos en las investigaciones”. Destacó el funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Fiscales porque “el CIF es un laboratorio de excelencia a nivel nacional”.

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El Procurador creó una Unidad Fiscal de Contravenciones

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso la creación de una Unidad Fiscal de Contravenciones, en virtud de la dispersión de causas originadas en infracciones al Código Contravencional de la Provincia; a partir de la modificación de la ley que entró en vigencia en 2016. Fue uno de los temas abordados en un encuentro con el senador provincial por Chicoana.

El Procurador recibió al senador por Chicoana, Esteban D´Andrea, quien manifestó los inconvenientes que genera la inmovilidad de causas originadas en contravenciones; los secuestros producidos y la falta de remate de esos bienes. D´Andrea participó del debate legislativo y sanción de la nueva ley en 2016 y durante su encuentro con Cornejo, destacó que hay una paralización de las causas desde hace tres años.

Vale recordar que durante el reciente encuentro del Procurador con el ministro de Seguridad, Carlos Oliver y el secretario del área, Jorge Ovejero, los funcionarios del Gobierno de la Provincia manifestaron preocupación por la misma temática. Por otra parte, los fiscales penales coinciden en la sobrecarga de causas vinculadas con contravenciones tales como la presencia de basura, ruidos molestos y animales sueltos, entre otras.

En ese marco, Cornejo anunció la creación de una Unidad Fiscal de Contravenciones, que estará a cargo de la fiscal Gabriela Buabse y que contará con al menos, cuatro auxiliares fiscales. Y ratificó su postura, expresada oportunamente, cuando propuso que se crearan juzgados contravencionales que se dediquen exclusivamente a estas cuestiones. “Actualmente, no hay jueces especializados en la materia, las causas están paralizadas, sin trámite y no se llevan adelante los remates establecidos por la ley vigente”, dijo Cornejo.

Desde 2016, todas las actuaciones por contravención pasaron a manos del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, por medio de la intervención de los Fiscales Penales y los Jueces de Garantías. Ese año, a través de la ley 7914 se modificó el Código Contravencional de la Provincia de Salta sancionado por ley 7135 y se estableció la competencia material y territorial de las Fiscalías Penales no especializadas de los distintos Distritos Judiciales y en razón de la expansión territorial de las Fiscalías Penales no especializadas de los Distritos Judiciales Centro, Sur, Orán y Tartagal se les asignó la competencia en materia contravencional.

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El Observatorio de Violencia contra las Mujeres pide que las denuncias se radiquen en fiscalías

En el marco del aniversario de la convocatoria de #NiUnaMenos, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, quienes destacaron la importancia de lograr un diálogo fluido entre los organismos; avanzar en la gestión de las causas de femicidios y la toma de denuncias en las fiscalías.

El encuentro entre el Procurador y las funcionarias coincidió con un nuevo aniversario de la convocatoria “Ni Una Menos”, cuya primera marcha fue el 3 de junio de 2015. En ese marco, las directoras del OVcM, plantearon la necesidad de que las denuncias se radiquen especialmente en las fiscalías y no en las comisarias.

La presidenta del Observatorio, María Laura Postiglione hizo hincapié en la importancia de la toma de denuncias por parte de las fiscalías, tras considerar que “las comisarías no son un lugar amigable cuando se trata de denunciar hechos de violencia”.

También plantearon en la necesidad de incrementar la cantidad de médicos forenses en la Provincia. En ese sentido, Postiglione indicó que se debe trabajar articuladamente en la generación de pruebas en las causas de delitos de integridad sexual y afirmó que “la poca cantidad de médicos forenses a nivel provincial genera que las víctimas deban esperar durante horas”.

Además, destacó la importancia de que se ponga en funcionamiento la mesa para el seguimiento de causas.

El Observatorio tiene entre sus funciones el monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres en la provincia de Salta.

La presidenta del OVcM, María Laura Postiglione asistió junto a las directoras Inés Bocanera, Tania Kiriaco y Ana Pérez Declercq.

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El Colegio de Magistrados celebra la creación de un cuerpo especial de investigadores

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta, para tratar distintos temas referidos al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

En el encuentro con el Procurador, estuvieron el presidente del Colegio, Eduardo Barrionuevo, el vicepresidente, Ángel Longarte y la secretaria general, Gabriela Buabse. Se sumaron la tesorera, Liliana Linares Morón y la protesorera, Julia Gómez Saravia.

En ese marco, las autoridades del Colegio plantearon la posibilidad de capacitaciones conjuntas de todos los operadores que se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Pupilar. En ese sentido, dijo Barrionuevo que hay que “acercar las distancias entre los distintos operadores del sistema, mediante el trabajo en proyectos de capacitación conjunta para brindar las respuestas necesarias”, al ciudadano que demanda justicia. 

Además, destacó que el Procurador planteó un proyecto de trabajo sobre la carrera de investigadores y “la necesidad de que los fiscales cuenten con investigadores confiables que dependan del Ministerio Público; algo que nosotros oportunamente también propusimos”, sostuvo el presidente del Colegio, Eduardo Barrionuevo.

El Colegio nuclea a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta (Camaristas, Fiscales, Defensores de Cámara; Jueces de primera y segunda Instancia, Fiscales, Defensores, Secretarios Relatores; Secretarios de Cámara, Secretarios de primera y segunda Instancia, Prosecretarios y Abogados Auxiliares) y tiene como objetivos velar por el mantenimiento del orden, respeto y dignidad propia de la función que ejercen sus asociados y representarlos en la defensa de sus legítimos intereses. También, gestiona entre los demás poderes del Estado y asesorarlos en toda la legislación o reglamentación que se refiere al Poder Judicial y del Ministerio Público, como así también proponer cualquier iniciativa que tienda a obtener un equitativo mejoramiento para la Administración de Justicia.

Además, fomenta la vinculación entre los miembros del Poder Judicial de la Provincia y del Ministerio Público y las relaciones con entidades afines de otras Provincias y del extranjero, auspiciando conferencias, congresos y actos que tiendan a una fraternidad cultural y científica. Entre sus objetivos, el Colegio que reúne a funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público, también propugna la implantación de la carrera judicial y promueve el mejoramiento de la Administración de Justicia, cooperando con toda iniciativa tendiente a ese objetivo.

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