El área de genética forense del C.I.F. acreditó exitosamente normas de calidad internacional

El Servicio de Biología Molecular Forense del Departamento Técnico Científico del C.I.F., obtuvo la acreditación o reconocimiento formal de competencia e imparcialidad de su laboratorio, equipamiento técnico y peritos. Para ello, se llevó adelante por parte del Organismo Argentino de Acreditación, una auditoría de evaluación independiente, en base a requisitos normativos internacionales.

Habiendo acreditado la idoneidad de su desempeño para las tareas periciales pertinentes, el servicio perteneciente al Ministerio Público Fiscal de Salta, se posiciona exitosamente como el único Laboratorio de Genética Forense de los Ministerios Públicos y Poderes Judiciales del país, en alcanzar este logro con competencias a nivel internacional.

En este sentido, el procurador general de provincia de Salta Pedro García Castiella, y la Directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales Gabriela Buabse*, destacaron el alto grado de compromiso y profesionalismo puesto a diario por el equipo que integra el Servicio de Biología Molecular Forense, cuya dedicación además, ha tenido como resultado el logro de los objetivos propuestos, holgadamente.

 

El servicio está conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales técnico-científicos, tales como técnicos de laboratorio, bioquímicos y biólogos y profesionales afines, como licenciados en genética e ingeniería genética, cuyas incumbencias están a disposición permanente para todo lo concerniente a la pericia y análisis que le atañen.

Dada la relevancia de la Biología Molecular en el campo de la investigación penal, el cuerpo de profesionales que integra el Servicio, se capacita y actualiza permanentemente, lo que permite un eficiente nivel de respuesta y alcanzar los altos estándares de rendimiento que demanda la tarea pericial.

Por su parte, la Oficina de Calidad del CIF supo poner a disposición, todas las herramientas necesarias para orientar y gestionar la documentación requerida para tal auditoría, como también preparar al personal adecuadamente para alcanzar el nivel de respuesta que cumpla con los criterios establecidos por la correspondiente auditoría.

 

En el Día Internacional de la Mujer renovamos nuestro compromiso de garantizar una vida plena de derechos

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio Público Fiscal renueva el compromiso diario asumido por cada uno de sus integrantes, de proteger el bienestar, la seguridad, y garantizar el acceso de las mujeres a la justicia.

Las leyes y su aplicación eficaz son un pilar fundamental de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, como así también respuesta a esta grave vulneración de los derechos humanos. Es por eso que trabajamos en el permanente desarrollo y crecimiento de estrategias en materia de política criminal de género y diversidad, analizando, visibilizando, promoviendo y diseñando herramientas y acciones para fortalecer la actuación del Ministerio Público Fiscal de Salta dentro del ámbito de sus incumbencias y responsabilidades y afrontar los próximos desafíos.

Con la premisa de que todas las mujeres se sientan escuchadas y protegidas, actuamos comprometidos en el fortalecimiento de la respuesta que debemos brindarles, desde el contacto inicial y a lo largo de todo el proceso, apoyando su camino hacia la justicia sin discriminaciones, sesgos ni prejuicios. En este sentido, la más reciente disposición del MPFS, ha sido el fortalecimiento de las Fiscalías Penales del Distrito Centro a través de una  Convocatoria a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la cobertura de seis cargos de Auxiliar de Fiscalía Penal.

Atentos a la problemática en el norte de la provincia, relacionada a la narcocriminalidad y delitos conexos, que en muchos casos también se encuentra presente en casos de violencia que afectan a mujeres, se dispuso la creación de una Unidad Especial de Investigaciones del Norte a fin de reforzar el despliegue regional de las actividades del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) e incrementar la capacidad investigativa de las Fiscalías Penales de los Distritos Judiciales de Orán y Tartagal. A la par, desde estas Fiscalías, se impone la premisa de analizar la existencia de situaciones de vulnerabilidad, la posible existencia de otros delitos vinculados con la violencia de género y/o la trata de personas, la detección y persecución de ciberdelitos y utilización de material de abuso sexual infantil, entre otras realidades que pueden estar aconteciendo, incorporando perspectiva de género y victimológica.

La muerte violenta de mujeres es un fenómeno extendido a nivel global; su prevalencia va en aumento en todo el mundo y está cobrando proporciones alarmantes. Es por eso que desde la Procuración se dispuso que, ante el inicio de cualquier investigación por muerte violenta de una mujer, un supuesto suicidio o muerte accidental, deberá presumirse primeramente la comisión de los delitos de femicidio, cumpliendo con las pautas, protocolos y medidas previstas, hasta tanto se pueda descartar la comisión dolosa con un debido razonamiento probatorio e indiciario. Esta regla también fue extendida a casos de aparentes suicidios o muerte violenta con presunción de conexidad con criminalidad compleja.

El logro de investigaciones exitosas que permitan el enjuiciamiento y el justo castigo de cada caso de delitos vinculados con el género y las distintas violencias resulta una herramienta indispensable para pulverizar cualquier ideación o falsa expectativa de impunidad ante su acometimiento; sólo así podrá cimentarse la advertencia en la conciencia colectiva -en términos de prevención general- de que cada conducta violenta  arrastrará como consecuencia su sanción penal.

Basados en una estrategia central de multiplicación, se concentran los esfuerzos en la capacitación permanente del personal perteneciente al Ministerio Público Fiscal para que éstos se conviertan en agentes multiplicadores en género, derechos humanos y prevención de la violencia.

Desde el Servicio de Atención a las Víctimas (Savic), Fiscalías de Violencia Familiar y de Género, Unidad de Femicidios, Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y las distintas Fiscalías Penales se trabaja incansablemente para detener las violencias contra la vida de mujeres y personas miembros del colectivo LGBTIQ+ y delitos contra la integridad sexual, procurando los mecanismos más aptos para otorgar una red de contención y acompañamiento suficiente, especialmente en aquellos casos de sectores de extrema vulnerabilidad.

Los crimenes relacionados con el género y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas no son inevitables, pero pueden y deben prevenirse a través de la intervención temprana y una necesaria asociación multisectorial, aumentando la sensibilización y perfeccionamiento del sistema. Mejorar la coordinación estratégica de los múltiples sectores comprometidos, trabajo conjunto, concientizar, promover la escucha activa, garantizar la atención y la protección de las mujeres es el camino que nos llevará a la reversión y disrupción cultural que permita concretar este ansiado deseo de terminar con este flagelo.

Pedro García Castiella

Procurador General de la Provincia de Salta

Funcionarios de los ministerios de Seguridad de Nación y Provincia visitaron la Fiscalía de Ciberdelitos

El procurador general de la provincia Pedro García Castiella recibió hoy una comitiva de funcionarios, encabezada por el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, Lucas Gaincerain, el director de Investigaciones del Ciberdelito, Pedro Janices, y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia Marcelo Domínguez, quienes se interiorizaron sobre el trabajo que viene llevando a cabo la Fiscalía de Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de Salta.

En la oportunidad, tomaron contacto con los cuerpos periciales de apoyo para la investigación con los que cuenta la Fiscalía de Ciberdelitos, entre los que se encuentra el Gabinete de Informática Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), tomando conocimiento sobre las actividades que vienen realizando desde su reciente creación, a fin de combatir con más eficacia la delincuencia informática, incluso mediante la prevención, la detección, la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos en todas sus formas.

Se expuso a los visitantes durante su recorrido, sobre  la gestión y actualización de técnicas y herramientas empleadas por los distintos actores involucrados en la investigación de hechos delictivos complejizados por el uso de las nuevas tecnologías.

Acompañaron a los funcionarios, la directora del CIF Gabriela Buabse, y la fiscal penal de Ciberdelitos Sofía Cornejo.

Unidad Fiscal para investigar denuncia a funcionarios judiciales de Tartagal

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso con fecha 24 de febrero del corriente año, la conformación de una Unidad Fiscal a los fines de que se investigue la denuncia efectuada por una ciudadana tartagalense, en virtud de la cual, se acusa a varios magistrados y funcionarios que prestan funciones tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público en el Distrito Judicial Tartagal.

Dicha Unidad fue integrada por la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, y el fiscal penal N 2 del Distrito Judicial Centro, Ramiro Ramos Ossorio, quienes estarán al frente de la investigación del caso.

La denuncia se radicó en contra de una fiscal, dos jueces, dos defensoras oficiales, un asesor de incapaces y dos licenciadas en psicología, por sus actuaciones en una causa donde estuvieron imputados dos sobrinos de la denunciante por abusar sexualmente de una niña, bajo el entendimiento según el texto de la denuncia, de que nunca podrían haber estado acusados ya que padecerían de determinado retraso mental.

Con la creación de la Unidad Fiscal para avocarse al caso, se garantiza la seriedad y objetividad en el ejercicio de la acción penal, al tiempo que se multiplica la capacidad operativa y técnica del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de alcanzar la verdad sobre los hechos.

Cabe tener presente, que en la causa que da origen a la actual denuncia, los sobrinos de la ahora denunciante fueron imputados por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente y por la minoría de edad de la víctima (art. 119, 3er. y 4to. párrafo, inc. f, del Código Penal) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la situación de convivencia preexistente y por la minoría de edad de la víctima (art. 119, 2do. y 4to. párrafo, inc. f, del Código Penal), por una indeterminada cantidad de hechos que se reiteraron desde que la niña abusada tenía 7 años de edad. En razón de ello, los acusados fueron privados de libertad durante la tramitación del proceso. Luego de practicarse una junta médica por dos psiquiatras, en la que se concluyó que los imputados eran inimputables, el Tribunal de Juicio dictó el sobreseimiento (citando lo dispuesto por los arts. 34 del Código Penal y el art. 328, inc. 2, del Código Procesal Penal) y dispuso como medida de seguridad la internación provisional de ambos en el Hospital de Salud Mental “Ragone” (citando lo regulado por Acordada 12.380 de la Corte de Justicia de Salta) y remitió las actuaciones al Juzgado de Ejecución competente.

 El ordenamiento penal de nuestro país tiene prevista tradicionalmente dos posibles consecuencias jurídicas ante un hecho delictivo, la pena y la medida de seguridad. La segunda se reserva para aquéllos sujetos que, habiendo cometido un hecho típicamente delictivo, lo hicieron en estado de inimputabilidad (por no haber podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones –art. 34, CP-), por lo que se le aplica una medida de seguridad tendiente a evitar que se dañe a sí mismo o a terceros, debido a la peligrosidad que demuestre.

El Procurador General creó la Unidad Especial de Investigaciones del Norte para fortalecer la actividad regional del C.I.F.

Se dispondrá de más recursos y tecnología avanzada dirigidos a optimizar las investigaciones y garantizar a la ciudadanía mayor eficiencia en el abordaje penal de los delitos.

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castilla, dispuso la creación de una Unidad Especial de Investigaciones del Norte, a fin de reforzar el despliegue regional de las actividades del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) e incrementar la capacidad investigativa de las Fiscalías Penales de los Distritos Judiciales de Orán y Tartagal, implicando una importante esfuerzo económico en dotación de tecnología de avanzada, personal especializado y logística en general.

Considerando como aspecto fundamental de la política criminal indispensable en dicha región, teniendo en cuenta las modalidades delictivas que se presentan en el Norte de nuestra provincia, las que resultan ser cada vez más complejas y con intervención de actores interjurisdiccionales debido a las zonas fronterizas que abarca, evaluó el Procurador que resultaba necesario crear la mencionada Unidad, dotando de mayores recursos y tecnología adecuada para brindar soporte a las investigaciones penales cuya responsabilidad recae sobre los Fiscales de la región.

No es menor resaltar que en el Norte de nuestra provincia han acaecido casos de gran connotación social, relacionados a crímenes por ajuste de cuenta (sicariato), secuestros extorsivos, delitos contra la propiedad (robo de vehículos con paso fronterizo) y demás tipologías vinculadas al narcotráfico, en donde el escenario delictivo demanda en términos de política criminal, urgentes ajustes orientados a  incrementar la capacidad investigativa, operativa y de análisis que debe llevar adelante el Ministerio Público Fiscal, siendo la creación de esta Unidad y el fortalecimiento de una base operativa regional del C.I.F. un centro estratégico para cubrir las demandas investigativas de los departamentos de Orán, General San Martín y Rivadavia.

La Ley Orgánica del CIF (7665) establece que el Departamento de Investigaciones de dicho Cuerpo se integra con unidades especiales que serán las «encargadas cumplir las diligencias de investigación relacionadas con cada uno de los hechos delictivos en los que los fiscales requieran su intervención». De esta forma, el Ministerio Público Fiscal puede contar con un equipo altamente capacitado, abocado exclusivamente a las tareas de análisis e investigación, lo que redunda en mejores resultados para el abordaje de los hechos delictivos.

También corresponde destacar que en virtud de convenios de colaboración mutua celebrados con anterioridad con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, es posible integrar la Unidad Especial de Investigaciones del Norte con personal policial experto y calificado, cuyo perfil resulte adecuado para ese tipo de actividades.  Afectados a esa función específica, cumplirán de modo directo con las directivas que emanen de las y los Fiscales en cada caso, inmediación que hará más eficiente y fluida la comunicación entre quienes tienen el deber de ejercitar la acción penal pública y sus auxiliares en la investigación.

La puesta en marcha de la Unidad Especial de Investigaciones del Norte se propone redundar en beneficio del esclarecimiento de los hechos más graves y complejos que se susciten en el norte provincial, procurando con ello que el sistema de justicia brinde a la ciudadanía respuestas de mayor calidad y un freno a la instalación de estas modalidades delictivas en la región y la provincia misma.

El Procurador General de Salta presenció la primera audiencia del Plan Piloto de Oralidad

Un hombre fue condenado a prisión efectiva, dos días después de haber cometido el delito. La reducción de los tiempos procesales, es uno de los ejes de la reforma judicial.

 

Junto a la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero, el Procurador General Pedro García Castiella, asistió hoy a la primer audiencia enmarcada en la implementación del Plan Piloto de Oralidad de la Justicia de Salta.

La audiencia, tuvo lugar en la Sala del Juzgado de Garantías IV, a cargo del Juez Diego Rodríguez Pipino, donde se informó sobre el acuerdo al que arribó el fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos como representante del Ministerio Público Fiscal con la defensora oficial, por lo que solicitaron que la causa se resuelva bajo el procedimiento abreviado. Carlos Adrián Maximiliano Rivadeneira, de 27 años, fue condenado por el delito de robo en grado de tentativa.

El hecho sucedió el pasado 15 de febrero cuando una persona caminaba por Avenida Tavella mientras hablaba por su teléfono móvil, cuando sufrió por parte de Rivadeneira, el arrebato del aparato. Circunstancialmente, tres efectivos policiales y un agente del Servicio Penitenciario advirtieron lo sucedido mientras se trasladaban en un colectivo urbano, del que descendieron inmediatamente, logrando detener al autor del hecho.

El hombre, fue sorprendido en situación de cuasi flagrancia (momento inmediato posterior a que se cometió el hecho), razón por la cual, ante la suficiencia probatoria de la acusación fiscal, basada en testimonios de los intervinientes, testigos y del propio damnificado, y atento a que el acusado ya había cumplido una condena por un hecho anterior por delito contra la propiedad, se lo condenó a prisión efectiva, declarándolo reincidente por primera vez.

 

Plan Piloto

El procurador general de Salta Pedro García Castiella señaló al término de la audiencia que: “Avanzar en la profundización de la oralidad en el proceso penal, implica un salto cualitativo muy significativo en la calidad de la administración de justicia, dadas las bondades que ofrece la inmediación, la presencia oral y actuada entre el juez y las partes; un proceso de mayor calidad en un sentido en el que ya avanzaron muchas provincias y el mismo Código Procesal Penal Federal de la Nación, que se aplica en la justicia federal de Salta y Jujuy”.

“Sistemas de esta naturaleza, permiten que se resuelva y concentre en una sola audiencia, lo que en el actual proceso – entre plazos y traslados-, demanda entre treinta y cuarenta días, tiempo en el que la persona detenida se encuentra en un largo lapso de indefinición de su situación de libertad, o confirmación de su privación de libertad y avance ´posterior del proceso”- agregó el funcionario judicial.

Finalmente, García Castiella expresó su reconocimiento “ya que hay un enorme esfuerzo concurrente entre el Poder Judicial y el Ministerio Publico, y va a demandar también mayor esfuerzo y compromiso de todos los operadores del sistema judicial, por cuanto van a tener que concentrar todos los fundamentos y respaldo probatorio para un solo acto, como lo es la audiencia de prisión preventiva que puede ser convertida en audiencia multipropósito. No debemos olvidar también que este proceso de modernización demanda un gran esfuerzo tecnológico y logístico, tanto para la registración fílmica, como para los canales de comunicación y accesos informáticos”.

Procuradores del país expresaron su preocupación por el narcotráfico y reclaman políticas de estado conjuntas y coordinadas con Nación

Ante la ola de hechos trágicos e inseguridad vinculados al narcotráfico registrados en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Procuradores Generales de las distintas provincias realizaron un pronunciamiento calificando la situación como “gravísima”.

Procuradores y Fiscales de las distintas jurisdicciones provinciales, entre ellos el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, advirtieron sobre la alarmante situación y reclamaron «una política de Estado que opere de manera conjunta y coordinada entre los estados provinciales y la Nación».

En un comunicado conjunto, los funcionarios se mostraron preocupados por «la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico».

Remarcaron la necesidad de una «política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro país».

«Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente», señalaron.

Añadieron también: ”No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal».

En ese contexto, consideraron «necesaria y urgente» la adopción de «medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad”.

Es preocupación de la Procuración General de la provincia de Salta en consonancia con el resto de los Procuradores, la replica de este flagelo en todo el territorio nacional. De esta manera, pusieron a disposición «toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar». A su vez, propusieron que, «desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo».

En la misma línea, los funcionarios provinciales expresaron un «incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional».

«Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos», concluye el comunicado.

Además de la firma del procurador general de Salta Pedro García Castiella, se encuentra la del procurador de Santa Fe, Jorge Barraguirre, y del fiscal general Jorge Baclini, junto a la de sus pares de las distintas provincias de Mendoza, Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Catamarca, Chaco, Misiones, Santiago del Estero y Neuquén.

El comunicado completo:

 

COMUNICADO
Los Procuradores y Fiscales Generales, Titulares de los Ministerios Públicos Fiscales de las Provincias que integran la República Argentina, y miembros del Consejo de Procuradores, Fiscales Generales, Defensores y Asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, individualizados al pie del comunicado, profundamente preocupados por la situación que atraviesa la seguridad en general y en particular en la ciudad de Rosario a raíz de la incidencia del narcotráfico en la misma, manifestamos:

1- Que desde hace varios años venimos denunciando la gravísima situación que se presenta en esta materia, y la necesidad de una política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes, para evitar que este flagelo deje de incidir en la vida y relaciones en nuestras provincias y afecte de manera irreversible el futuro de nuestro País. Para ello, se requiere el funcionamiento integrado del Estado a partir de un diálogo interinstitucional profesional y conducente.

2- No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal.

3-El avance del narcotráfico es innegable y su proyección sobre los territorios provinciales, y fundamentalmente en aquellos donde la geografía facilita su ingreso y distribución, torna necesario y urgente, la adopción de medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado, y eviten que nuestros jóvenes y las futuras generaciones vean comprometida su vida en paz, armonía y libertad.

4-Nadie puede ignorar que la capacidad de corromper del narcotráfico, lleva a la instalación de una suerte de Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república, generando el riesgo de que queden en manos de los narcotraficantes, ingresándose en una suerte de apocalipsis de nuestra sociedad democrática.

5-Es en mérito de ello que ponemos a disposición toda la colaboración que desde nuestros Ministerios Públicos Fiscales podamos aportar, y proponemos que, desde todos los ámbitos institucionales y políticos, sin distinción de ideologías, partidos o intereses particulares, coloquemos esta temática como prioridad en la construcción de una política de Estado consensuada y sostenible, convocando a quienes desde el rol que desempeñan, pueden aportar ideas para encarar tareas conjuntas que con urgencia, coadyuven en el combate de este flagelo.

6-Por último, manifestamos nuestro incondicional y absoluto apoyo al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, y a todos los Ministerios Públicos, que están ejerciendo sus funciones en un evidente estado de inseguridad personal y funcional.

7- Guardamos la esperanza de enfrentar y vencer de manera coordinada y democrática, mediante un plan establecido como política de Estado nacional, este flagelo que claramente compromete el futuro de nuestros hijos.

Suscriben la presente:
Alejandro Gullé –Presidente – Procurador General Provincia de Mendoza Jorge Crespo- Presidente-Procurador General Provincia de Rio Negro Eduardo Quatropani- Fiscal General Provincia de San Juan
Julio Conte Grand- Procurador General Provincia de Buenos Aires
Juan Bautista Mahiques- Fiscal General de CABA
Jorge Barraguirre- Procurador General Provincia de Santa Fe
Juan Manuel Delgado- Fiscal General Provincia de Córdoba
César Sotelo – Fiscal General Provincia de Corrientes
Jorge García- Procurador General Provincia de Entre Ríos
Jorge Miquelarena- Procurador General Provincia de Chubut
Luis Martínez- Procurador General Provincia de San Luis
Jorge Baclini- Fiscal General Provincia de Santa Fe
Tristán Lobo- Procurador General Provincia de Catamarca
Jorge Canteros – Procurador General Provincia de Chaco
Pedro García Castiella- Procurador General Provincia de Salta
Miguel Piñero- Procurador General Provincia de Misiones
Luis De La Rúa- Fiscal General Provincia de Santiago del Estero                                                                                                                 José Ignacio Gerez – Fiscal General de la Provincia de Neuquén

                                                                                                                                                                             Febrero 13 de 2023.-

Nomina de Feria de Enero 2023 del Ministerio Público Fiscal

El Ministerio Público Fiscal de Salta mediante resolución Nº 21608 estableció como periodo de feria judicial el comprendido entre el domingo 1 y el martes 31 de enero de 2023.

Se deja establecido que en el caso de las dependencias del fuero Penal, Fuero Civil, De Personas y Familia, Violencia Familiar y de Género y Cuerpo de Investigadores Fiscales que se encuentren de turno, la feria se desagregará del siguiente modo: primera quincena comprenderá desde las cero horas del domingo 1 hasta las 24 horas del sábado 15 de enero. La segunda quincena comprenderá desde las cero horas del lunes 16 hasta las 24 del martes 31.

En cuanto al periodo de feria para el resto de las dependencias judiciales: la primera quincena comprenderá desde el lunes 2 al viernes 13 de enero, y la segunda será desde el lunes 16 al martes 31 de enero.

El horario de atención durante enero será de 9 a 13 en turno matutino, y de 14 a 18 en el vespertino

https://testmpfs.mpublico.gov.ar/wp-content/uploads/2023/01/Fiscalías-en-Feria-enero-2023.pdf

Monasterio San Bernardo : Una Unidad Fiscal continuará las investigaciones

Frente a la inhibición planteada por la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.

El procurador general de la provincia Pedro García Castiella dispuso la creación de una Unidad Fiscal conformada por el fiscal penal Gabriel González y la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, a fin de que ejerzan de manera conjunta la representación del Ministerio Público Fiscal,  dando continuidad a la investigación de hechos denunciados, vinculados a la administración del Monasterio San Bernardo. 

Obedece a tal resolución, la inhibición formulada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, dependencia que venía actuando en la investigación.

Se analizaron planes de acción para solucionar la problemática de la Subcuenca Arias – Arenales


En la Procuración de la provincia de Salta, se analizó el estado actual y problemáticas presentes. Experimentados profesionales y técnicos coincidieron en la importancia de la convocatoria a fin de realizar un trabajo interdisciplinario de planificación.

Convocados por el procurador general de Salta Pedro García Castiella, para conocer diferentes perspectivas científico técnicas sobre la problemática socio-ambiental de la Subcuenca de los Ríos Arias-Arenales, se realizó una reunión técnica con centros científicos de la Universidad Nacional y Católica de Salta.

El encuentro realizado el pasado 12 de diciembre, contó con la presencia de investigadores y académicos de vasta trayectoria, alcanzados por los convenios de colaboración que los Fiscales mantienen con estas casas de estudios, lo que les permite colaborar científicamente como auxiliares de justicia.

Al darles la bienvenida, García Castiella  manifestó la importancia de contar con la asistencia técnica de instituciones que tienen dilatada experiencia en la tarea de estudiar, muestrear, diagnosticar, proyectar, evaluar y monitorear las condiciones ambientales de la provincia, ratificando la importancia del trabajo interdisciplinario en materia ecológica.

Explicó el Procurador que la convocatoria se basó en dos finalidades: poner en valor el trabajo intelectual y de campo que realizan los centros académicos locales, para la perspectiva forense: y por otro lado, ampliar la óptica de enfoque más acotada que se tiene en los casos judicializados en los que intervienen los Fiscales en sus respectivas causas, para poder mirar los problemas en su integralidad. Esto les permitirá a los magistrados canalizar mejor las peticiones, reclamos y requisitorias que hacen ante los jueces, buscando orientar los trámites a las mejores soluciones posibles.

Por el Servicio de Medio Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la ingeniera química Leonor Barrenechea realizó un repaso de las causas investigadas sobre la subcuenca, tanto en la parte alta, en los cursos de las quebradas, en la Reserva Hídrica de Finca Las Costas, como en el propio cauce de los ríos Arias y Arenales. 

Expuso que los valores de estas aguas hacen considerarlas no propias para uso recreativo en contacto directo, y que se detectaron metales peligrosos para la protección de vida acuática. Advirtió la presencia de residuos en distintos puntos sobre las márgenes del tramo urbano, todo lo cual termina recalando en la parte baja de la sub cuenca, caracterizada por el embalse Cabra Corral.

Por el Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), de la Facultad de Ingeniería de la UNSa. y el CONICET, Verónica Rajal explico una serie de informes basados en estudios realizados en la zona media de la sub cuenca, donde se encuentra el sector más urbanizado del valle.

La ingeniera detalló sobre los resultados obtenidos de tesis doctorales y trabajos de investigación. Confirmó los datos del CIF y evidencio la presencia de bacterias virus y parásitos. Puntualizó que, del estudio de riesgo sobre la población afectada, tanto para contacto por inmersión como contacto mano-boca, las conclusiones son en extremo preocupantes.

En cuanto a perspectivas de mejoramiento, el magister arquitecto Pedro Fernández, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta, y quien fuera uno de los artífices del Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad de Salta, explicó que para esta problemática interesa la interfase entre lo urbano y la ribera del río. Expuso el docente e investigador científico, que todo lo que se hace en la ciudad, repercute en el río; y detalló obligaciones urbanísticas que están plasmadas en los PIDUA I y II que ayudarían a abordar los problemas planteados. El profesional marcó como un desafío a resolver la situación de las márgenes, en donde se encuentran asentadas en lugares muy riesgosos e insanos algunas barriadas.

Seguidamente la master Ana Zelarayán, secretaria de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa., realizó un abordaje de la problemática del Rio Arenales desde la integridad territorial y la dinámica social y económica. Explicó se debe trabajar en el ordenamiento ambiental del territorio, y que las unidades de cuenca hídrica son la mejor escala de medida. En la exposición de la licenciada en Recursos Naturales, fue apoyada por la diplomada y licenciada Silvia Ferreira, directora del Centro de Estudios de Cuencas y Ríos de Montaña, quien hizo hincapié en la tarea de planificación, gestión y estabilización de las áreas altas de la subcuenca. 

La doctora en Geología del Instituto de Aguas Subterráneas para Latinoamérica (INASLA), Verónica Rocha Fassola, por su parte, destacó la necesidad de tener en cuenta la dinámica de los sistemas acuíferos, es decir, el cómo actúan en todo este esquema las aguas subterráneas. 

En el espacio final de dialogo y preguntas, se profundizaron algunas dudas que los fiscales civiles, Ramiro Michel Cullen y Agustín Vidal y el fiscal penal Federico Jovanovics, plantearon respecto a causas particulares.

En el cierre, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, manifestó la importancia de contar con los cuadros técnicos de las Universidades de la provincia, y su intención de profundizar la tarea de colaboración con las facultades y los institutos científicos.