Se realizó la última reunión del año del Consejo Asesor de Fiscales, creado en mayo pasado, al asumir el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo. Sus integrantes eligieron a los nuevos representantes y discutieron sobre cumplimiento de las consignas policiales y la implementación en el Ministerio Público del Protocolo para femicidios de UFEM- ONU, entre otros temas.
El Consejo reeligió este viernes a la fiscal penal Gabriela Buabse como vicepresidenta y nominó a los representantes de las distintas Unidades Fiscales, quienes se incorporarán en la próxima sesión. Al Cuerpo lo integran una fiscal de Impugnación; un fiscal penal de cada unidad o fiscalía especializada; otro de las dependencias con asiento en la ciudad de Salta; un fiscal penal por las dependencias del área metropolitana de Salta y General Güemes y un fiscal penal por los distritos judiciales de Orán, Tartagal y Sur.
En otro orden, los fiscales conocieron detalles de la resolución del Procurador, que aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Salta el “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)” confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. Se basa en el Modelo ONU. En el mismo sentido, los presentes discutieron sobre la escasez de personal policial para afectar a consignas para víctimas. Analizaron el caso Saracho, por el cual cuatro policías fueron condenados el mes pasado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claudia Soledad Saracho fue asesinada por Rolando Colque en junio de 2017. Nueve días antes del femicidio, la víctima realizó una denuncia por violencia de género y el fiscal interviniente ordenó protección policial fija por el plazo de 10 días. Cuando Colque la mató no había consigna.
Capacitaciones en ciberdelitos, aportes para mejorar los concursos del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, las competencias de las fuerzas de seguridad en determinadas actuaciones, la tarea de médicos legistas y el CIF en su conjunto, también fueron temas discutidos por el Consejo Asesor de Fiscales, cuya función es la evaluación de la gestión del Ministerio Público Fiscal y la prestación del servicio en todas las dependencias. Sus miembros sugieren mejoras para la gestión, porque según la resolución que lo creó “…el ejercicio de las facultades del Procurador, debe estar precedido de un conocimiento acabado de la actividad desarrollada y los aciertos y dificultades de las dependencias, para proyectar decisiones que permitan brindar un servicio más eficaz y eficiente”.
El Consejo determinó que todos aquellos mecanismos factibles de ser mejorados legislativamente, serán analizados por sus integrantes, quienes avanzarán en la elaboración de iniciativas legislativas que aporten herramientas para dinamizar investigaciones y sanciones a la comisión de delitos.
Presidido por el Procurador, estuvieron este viernes la vicepresidenta del Consejo, Gabriela Buabse, la secretaria general del Consejo, Ana Cecilia Carraro y el prosecretario, Omar Dávila; la fiscal de Impugnación, Josefina David de Herrera; la de Graves Atentados, María Luján Sodero Calvet; la de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria; el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid; de la UNICROH, Pablo Rivero; de UFINAR, Santiago López Soto; de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores; de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey; de Cerrillos, Gabriel Portal, de General Güemes, Gabriel González y de la UGAP de Tartagal, Pablo Cabot.
