El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, creó la Unidad Fiscal para la Investigación de la Averiguación Preliminar sobre noticia criminis, referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos a los condenados Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leiseca, por parte del Juzgado de Ejecución N° 1. La Ley 7.138 establece la posibilidad de remoción de magistrados por mal desempeño.
Para adoptar tal decisión, el Procurador consideró necesario abrir una investigación, atento a la noticia criminis referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos al Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leiseca, y que podrían constituir anomalías o irregularidades en su otorgamiento por parte del Juzgado de Ejecución N° 1 del Distrito Judicial del Centro.
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los arts. 81 y 82 del Código Procesal Penal de la Provincia y para asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal, Cornejo adoptó las medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar. Y destacó que resulta menester disponer la creación de la Unidad Fiscal mediante la cual los fiscales penales Rodrigo González Miralpeix y Ramiro Ramos Ossorio, asumirán el trámite de la causa.
Vale recordar que la normativa vigente, a través de la Ley 7.138, de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público, en la sección referida a la Acusación y el procedimiento de remoción, establece que “los Jueces y Funcionarios del Ministerio Público pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por cualquiera del pueblo o por el Ministerio Público, por: Delito común, Mala conducta, Retardo de Justicia, Mal desempeño o Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.
El Procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, participó este miércoles junto a los secretarios de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Diego Pérez y de Seguridad, Benjamín Cruz, de la reunión de las comisiones de Legislación General y Justicia del Senado de la Provincia. Junto a diputados, analizaron los proyectos de creación de Juzgados Contravencionales, que serán tratados próximamente por la Legislatura.
El Procurador respondió a consultas de los legisladores, quienes analizan los proyectos de autoría de los legisladores Silvina Abilés, Guillermo Durand Cornejo y Javier Diez Villa, y afirmó que “hoy, el derecho contravencional está muerto en Salta: los expedientes están dormidos, según la última estadística de la Corte de Justicia, el 83,8 % de las causas contravencionales prescribieron y además, hay numerosos bienes sin rematar”. Cornejo explicó que la falta de funcionamiento de la justicia contravencional, también genera un impacto económico porque los bienes incautados se deterioran, se deben mantener (cuando se trata de ganado, especialmente) y no se procede a su remate, lo que permitiría generar recursos destinados al funcionamiento del sistema.
En el mismo sentido, el secretario de Seguridad Benjamín Cruz,
sostuvo que “la provincia pierde plata, porque aunque el fin de las
contravenciones no es recaudatorio y sí de prevención, los fondos generados por
remates y multas posibilitarían que los juzgados contravencionales sean “autofinanciables”, además de tener como destino el equipamiento de la Policía de la Provincia, que
actuará como instructora de las causas contravencionales. Justamente, Cornejo
precisó que el control de legalidad sobre la instrucción hecha por la fuerza
de Seguridad, lo ejercerán los jueces contravencionales. A su vez, recordó
que la normativa vigente permite que el Consejo de la Magistratura elija jueces
subrogantes hasta que se cubran las vacantes en forma definitiva, lo que aceleraría
la puesta en marcha de los Juzgados Contravencionales. Y sugirió revisar los artículos
141 al 149 y 166 al 190 del Código, para que el cuerpo normativo sea eficaz en
su aplicación.
En tanto, Cruz aportó que la justicia contravencional
permitirá supervisar posibles malos procederes o abusos policiales y prevenir
el delito, porque “la mayoría de contravenciones que inician como tales,
pueden terminar en la comisión de delitos”, al tiempo que puso como ejemplo que
“hay fiestas denunciadas por ruidos molestos, que terminan con enfrentamientos
y apuñalamientos”.
El secretario de Justicia, Diego Pérez enfatizó que en
base a las problemáticas expuestas, es que se solicita inmediatez en el
funcionamiento de los juzgados, con expectativas de aplicación de la nueva
normativa en el corto, mediano y largo plazo y con el objetivo principal de propender
a una convivencia pacífica.
Durante el encuentro, estuvieron los presidentes de las
comisiones de Legislación General, Dani Nolasco y de Justicia, Jorge Soto, los
senadores Mashur Lapad, Silvina Abilés, Guillermo Durand Cornejo, Marcelo García, Manuel Pailler, Javier Mónico, Esteban D’ Andrea, Carlos Rosso, Sergio Ramos
y Sergio Saldaño. También participaron el presidente de la Comisión de Justicia
de la Cámara de Diputados, Gonzalo Caro Dávalos y el diputado Javier Diez Villa,
además del secretario legislativo del Senado, Luis Guillermo López Mirau.
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, presentó el proyecto “Justicia Ágil” a las autoridades de los tres poderes del Estado y de organizaciones intermedias. La plataforma permitirá implementar el expediente electrónico en la justicia provincial; mejorar la eficiencia en los procesos judiciales y reducir costos, entre otras ventajas. Como lo establece la Ley N° 7.850, el sistema tiene misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel.
Cornejo destacó la posibilidad de
avanzar en la implementación del proyecto del expediente electrónico, porque
principalmente, garantizará la transparencia y posibilidad de que cualquier
ciudadano o ciudadano interesado, -a través de sus representantes-, accedan a
las actuaciones, peticiones y resoluciones, contenidos en los trámites
digitalizados. El sistema no se limita a un software de seguimiento de
expedientes como utilizan distintas jurisdicciones del país: el Expediente
Electrónico propuesto por el MPF, implica digitalizar todo el procedimiento
judicial y dejar de lado el soporte papel, a través del uso de la firma electrónica,
documentos electrónicos, notificación electrónica, domicilio electrónico y audiencias
virtuales, con la misma eficacia jurídica
y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o físico, según
lo establece la Ley N° 7.850.
Las claras ventajas del sistema
propuesto, son la celeridad y economía del trámite judicial, además del obvio
cuidado del ambiente por la despapelización; el descongestionamiento de
tribunales, la transparencia del procedimiento, la simplificación de circuitos
y procesos judiciales, la optimización de los espacios de trabajo, el entorno
de trabajo más limpio y agradable, más el acercamiento de las tecnologías a la
comunidad.
Actualmente las justicias
provinciales con plataformas de expediente electrónico son Córdoba, Mendoza y
Buenos Aires. Salta adhirió a la Ley Nacional 26.685, de Expediente Electrónico,
en 2014 y la propuesta del Ministerio Público Fiscal, propone el desarrollo e
implementación de la plataforma para la creación y manejo de expedientes
electrónicos, con asistencia y capacitación continua para todos los operadores
judiciales. Es que es de fácil aprendizaje para todos agentes del sistema,
desde magistradas, magistrados, agentes, abogadas y abogados, peritos y
litigantes en general. Por supuesto, será fundamental la articulación entre los
distintos actores de la actividad judicial, tales como el Colegio de
Magistrados y Funcionarios, el Colegio de Abogados y otros.
La seguridad, integridad,
confidencialidad, autenticidad y conservación del expediente electrónico, están
garantizadas. El proyecto de digitalización del proceso judicial suma las posibilidades
de generar aplicaciones móviles y sitio web para ciudadanos y abogados; plataforma
(o software) para jueces, magistrados, secretarios y administrativos;
A la presentación asistieron la presidenta del Colegio del Ministerio Público, la asesora general Mirta Lapad; el defensor general, Pedro García Castiella; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas; el secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la Provincia, Diego Pérez; el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores, Pedro Burgos; el presidente del Colegio de de Magistrados y Funcionarios, Eduardo Barrionuevo; la senadora provincial, Silvina Abilés y el secretario general de la Agremiación de Empleados Judiciales y del Ministerio Público de la Provincia de Salta, Oscar Lafuente, además del equipo de especialistas que desarrollaron la plataforma que propone utilizar el Ministerio Público Fiscal.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento este martes a María Celeste García Pisacic como fiscal penal de primera instancia del Distrito Judicial del Sur, circunscripción Anta.
García Pisacic fue designada por el decreto del Poder Ejecutivo 432/20 como fiscal de Primera instancia con actuación ante el Juzgado de Joaquín V. González del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Anta.
El acto de juramento se desarrolló este martes en el salón auditorio de la Escuela del Ministerio Público, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes.
El Procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este lunes al secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Diego Pérez, a la senadora Silvina Abilés y los diputados Socorro Villamayor, Gonzalo Caro Dávalos y Javier Diez Villa. Intercambiaron distintos aportes sobre los ejes del proyecto de ley de creación de cinco juzgados contravencionales, que ya tiene estado parlamentario.
La propuesta de creación de los cincos juzgados contravencionales,
de los cuales dos funcionarán en el Distrito Centro y los restantes en distritos
del interior, tiene estado parlamentario a través de un proyecto de ley de autoría
de la senadora provincial, Silvina Abilés. Sería tratado este jueves por la
Cámara de Senadores de la Provincia, y la semana próxima, por la Cámara de
Diputados. Así lo adelantó el secretario de Justicia y Métodos Participativos
de Resolución de Conflictos, Diego Pérez, quien explicará otros detalles de la
iniciativa este miércoles, en la Cámara
Alta y junto al secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz.
“La mayoría de la ciudadanía estima que el Código Contravencional se limita a la aplicación de multas, pero en realidad, su espíritu va mucho más allá; es el de generar conductas sociales que tiendan a una convivencia pacífica”, afirmó Pérez al ratificar la necesidad de cambiar paradigmas en el tratamiento de las contravenciones.
En tanto, el diputado Javier Diez Villa precisó que la función
de los jueces contravencionales, no se limitará solamente a las sanciones, ya
que tendrán una participación activa y de control sobre la instrucción, que estará
en manos de la Policía de la Provincia. “Se resolverán de esta forma, las
controversias generadas por el otorgamiento de potestades a la Jefatura de Policía”, afirmó el legislador.
Las contravenciones son los delitos de menor cuantía o faltas, lo que las diferencia de los delitos. El Código Contravencional es eminentemente preventivo. Desde 2016 fiscales del Ministerio Público y los jueces de Garantías intervienen en las actuaciones por contravenciones, a partir de la vigencia de la Ley 7914 que modificó el Código Contravencional de la Provincia de Salta, sancionado por Ley 7135 y que estableció la competencia material y territorial de las Fiscalías Penales no especializadas de los distintos Distritos Judiciales.
En 2011, el procurador Cornejo fue coautor de la iniciativa legislativa de la Corte de Justicia, que propuso la creación de cinco juzgados contravencionales en toda la Provincia. Vale recordar que la ley 7145 prevé la creación e instalación de los juzgados específicos en materia contravencional y hasta que ello ocurriera, la ley 7154 dejó al Jefe de Policía o su reemplazante legal la competencia.
El proyecto remitido por la Corte de Justicia propiciaba la
creación de cinco juzgados contravencionales tomando como base y fundamento las
propias previsiones del artículo 135 del Código Contravencional e iba a dotar de
competencia en la materia a dos juzgados del interior, con el fin de garantizar
cobertura a toda la provincia con juzgados de competencia específica.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó la Feria Judicial Extraordinaria en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, a partir de las cero del 15 de julio y hasta el 31 de julio inclusive. Como lo hizo el organismo desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, -salvo en las etapas que permitieron flexibilizaciones-, la totalidad de fiscales, funcionarias y funcionarios y personal, trabajan en forma remota y están a disposición telefónicamente durante las 24 horas. La atención al público se restringirá totalmente
A través de la Resolución 1044, el procurador Cornejo dispuso
que fiscales, funcionarias y funcionarios y todo el personal, cumplan sus
funciones a partir de este miércoles 15, desde sus hogares y con guardias
telefónicas las 24 horas. Y aclaró que cuando las necesidades del servicio
(audiencias, presos y otras), así lo requieran, deberán recurrir a las oficinas
para la articulación de las diligencias procesales y en el horario de 9 a 13.
Recordó asimismo, que los responsables de las distintas
aéreas del Ministerio Público Fiscal se encuentran facultados para organizar el
servicio de su dependencia en la emergencia, para realizar todas aquellas
actuaciones que no admitan demora o que deban practicarse con carácter de
urgente.
Y recomendó el cumplimiento de las medidas de prevención
e higiene emanadas por la autoridad sanitaria local, para que se evite
cualquier tipo de situación que pueda generar atisbos o principios de contagio. Del 15 al 31 de julio inclusive, la atención al público en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal, quedará totalmente restringida.
Como se sabe, desde el 20 de marzo pasado, y frente a la
situación excepcional que está atravesando la sociedad, el Ministerio
Público Fiscal aseguró su capacidad de adaptar los recursos materiales y
humanos que sean necesarios para responder a las contingencias que el
presente contexto sanitario genera en todo el país y en especial, en Salta.
Se articuló un esquema de trabajo esencialmente dinámico y
sujeto a la permanente evaluación y adecuación en su funcionamiento. Todo ello,
en consonancia con las recomendaciones sanitarias vigentes, lo que permitió
además garantizar la prestación del servicio de justicia. El Procurador consideró que las actuales
circunstancias, -enmarcadas en el anuncio de cuarentena administrada hecho por
el gobernador Gustavo Sáenz este domingo-, y ante la eventual posibilidad de
que exista contagio viral en la provincia, se hace necesario extremar todos los
recaudos ya adoptados, con el fin de preservar la salud de todos los
integrantes del Ministerio Público Fiscal y de toda la comunidad.
El presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano y el Procurador General de la Provincia Abel Cornejo se reunieron este miércoles para analizar distintos puntos de una agenda de trabajo en común.
Respecto de las medidas sanitarias vigentes en los
edificios judiciales y del Ministerio Público Fiscal, acordaron extremar las
disposiciones de higiene y salubridad en atención a la emergencia y
puntualizaron que se hará cumplir el distanciamiento social como práctica
recomendada. Como se sabe, desde el reinicio de la actividad presencial se
adoptó en los edificios judiciales un protocolo de medidas biosanitarias tanto
para el público externo como para empleados y magistrados.
Los funcionarios repasaron las medidas adoptadas para
garantizar el desarrollo de audiencias de debate que incluyan la habilitación de
salas de juicio en la Escuela de la Magistratura y en el Tribunal Electoral, las que vienen siendo usadas ampliando la disponibilidad de espacios para la
programación de audiencias.
Se acordó en este marco programar reuniones a través de
plataformas virtuales entre jueces y fiscales. Estas reuniones serán
encabezadas conjuntamente por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo
Catalano y el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo.
En el encuentro además, resolvieron avanzar en una
propuesta para unificar el funcionamiento de la Escuela de la Magistratura del
Poder Judicial y la Escuela del Ministerio Público. La Escuela de la
Magistratura del Poder Judicial de Salta tiene sustento constitucional.
Además se abordó la importancia de la notificación
electrónica y los pasos dados. En la actualidad toda la Provincia cuenta
con este sistema que significa un ahorro en papel y desplazamiento de personal,
y que pone a la Justicia salteña a las puertas del expediente digital.
El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal avanzarán
con el mismo objetivo.
Lo resolvió el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, al acompañar las decisiones adoptadas en el actual contexto de pandemia por el Comité Operativo de Emergencia Provincial; el anuncio realizado por el Intendente de San Ramón de la Nueva Orán; la Corte de Justicia de Salta y el Colegio de Gobierno del Ministerio Público. En el Distrito Judicial de Orán, se aplicarán las mismas medidas adoptadas para las Fiscalías de General Güemes, Colonia Santa Rosa, Distrito Judicial del Norte-Tartagal y Fiscalía Penal de Embarcación, las que ya trabajan en forma remota y sin atención al público.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó
que desde este lunes 6, y mientras las circunstancias epidemiológicas así lo
requieran, fiscales, funcionarias y funcionarios y todo el personal del
Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Orán, cumplan sus funciones
desde sus hogares, con guardias telefónicas las 24 horas, con restricción al
público total.
La Resolución 1042 también dispone que cuando los trámites
procesales impostergables así lo requieran, los responsables podrán afectar
el mínimo de personal para la articulación de las diligencias en cuestión. Cornejo
también dispuso la restricción total para la atención al público, en
adhesión a los criterios de seguridad y salubridad dispuestos por el Comité
Operativo de Emergencia Provincial; la intendencia de San Ramón de la Nueva
Orán; la Corte de Justicia de Salta y el Colegio de Gobierno del Ministerio
Público.
Las medidas adoptadas en resguardo del personal del
Ministerio Público Fiscal y de toda la comunidad, no implica que no haya atención
de los casos en investigación. La Resolución reitera que cualquier ciudadana o
ciudadano que lo requiera, puede recurrir a las dependencias de la Policía de
la Provincia, que funcionará como nexo con la Delegación fiscal
correspondiente.
Lo resolvió el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, al acompañar las decisiones adoptadas en el actual contexto de pandemia, por los Comités Operativos de Emergencia de Colonia Santa Rosa y de General Güemes, entre las que se destacan el regreso a la Fase I (ASPO) en ambas ciudades. La medida se suma a las adoptadas oportunamente en el Distrito Judicial del Norte-Tartagal y la Fiscalía Penal de Embarcación.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó
que desde este sábado 4, y hasta tanto se disponga lo contrario, fiscales,
funcionarias y funcionarios y todo el personal del Ministerio Público Fiscal
del Distrito Judicial Orán–Delegación Colonia Santa Rosa y Fiscalía Penal de
General Güemes, cumplan sus funciones desde sus hogares, con guardias
telefónicas las 24 horas. La restricción al público es total.
La Resolución 1041 también dispone que cuando los trámites
procesales impostergables así lo requieran, los responsables podrán afectar el
mínimo de personal para la articulación de las diligencias en cuestión. Por
supuesto, Cornejo dispuso la restricción total para la atención al público en la Delegación de la Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa y la Fiscalía Penal
de General Güemes, en adhesión a los criterios de seguridad y salubridad
dispuestos por los respectivos gobiernos municipales, en resguardo del personal
del Ministerio Público Fiscal y de toda la comunidad.
Corresponde destacar, que cualquier ciudadana o ciudadano que lo requiera, podrá recurrir a las dependencias de la Policía de la Provincia, que funcionará como nexo con la Delegación fiscal correspondiente. La decisión se suma a las ya adoptadas, en consonancia con el contexto sanitario en el Distrito Judicial del Norte-Tartagal y la Fiscalía Penal de Embarcación
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso que la fiscal Verónica Simesen de Bielke, se haga cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos; que el fiscal penal Gustavo Alberto Vilar Rey, estará a cargo en forma interina de la Unidad Fiscal Contravencional, a partir de su reincorporación. Hasta tanto, seguirá a cargo de la UFICON, la fiscal Gabriela Buabse.
El Procurador reorganizó las fiscalías, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 82 y 83 del Código Procesal, con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal y aprovechar mejor los recursos humanos disponibles para favorecer la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar.
En esa inteligencia, Cornejo consideró las necesidades funcionales de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Unidad Fiscal Contravencional, sin perjuicio de la obligación de las y los fiscales de garantizar el servicio de justicia que deben prestar, cumplir con sus actividades y de realizar todas las medidas que no admitan demora.
Sobre Simesen de Bielke
La fiscal Verónica Simesen de Bielkese desempeñó como fiscal penal de General Güemes; de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, donde también tuvo una destacada actuación y fue reconocida por el Procurador por la tarea desempeñada durante la audiencia de debate desarrollada en la Sala VII del Tribunal de Juicio, con la condena a prisión perpetua de los cinco responsables del homicidio calificado de Daniela Guantay.
En febrero pasado, Cornejo puso de relieve el trabajo de Simesen de Bielke y el desarrollado especialmente en este caso, porque su formación y actuación basada en la perspectiva de género, permitieron que los hijos, madre y seres queridos de Daniela Guantay sepan que su femicidio no quedó impune.
Hasta hoy, Simesen de Bielke vino desempeñándose en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, cuya función es la de investigación e intervención en las etapas de juicio y ejecución de los casos iniciados por delitos contra la Administración Pública, y desde donde impulsó diferentes investigaciones por fraude, peculado y otros delitos contra el erario público bajo la premisa impartida por el Procurador, de investigar en tiempo real.
