Salta será la primera en intercambiar perfiles genéticos con Nación

La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Miriam Losardo y el procurador general de Salta, Abel Cornejo, firmaron un convenio marco de colaboración, que permitirá llevar a cabo acciones de colaboración y complementación recíproca en la promoción y ejecución de tareas de investigación científica y tecnológica, en transferencia de los resultados de las investigaciones al medio socio – productivo y en la formación de recursos humanos que contribuyan a favorecer el desarrollo del conocimiento y la realización de sus objetivos institucionales.

Este miércoles, Losardo y Cornejo aprobaron el “Procedimiento de intercambio de perfiles genéticos en el marco del Registro Nacional De Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra La Integridad Sexual”, cuyo representante por parte de la cartera nacional, será el director del Registro Nacional De Datos Genéticos Vinculados A Delitos Contra La Integridad Sexual, José Antonio Pellegrino. En Salta, lo será la responsable del Servicio de Biología Molecular Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Alejandra Guinudinik.

Ministra Losardo

En el encuentro virtual entre Losardo, Cornejo y Pellegrino, también participaron la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet y el jefe del Departamento Científico del CIF, Pedro Villagrán.

En ese marco, el procurador Cornejo celebró la posibilidad de intercambiar información valiosa, cuando uno de los objetivos estratégicos fijados por la Procuración es la investigación profunda y cada vez más perfeccionada de los delitos contra la integridad sexual. Destacó también la figura de la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet, quien además de desempeñarse durante varios años como fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual; fue la primera fiscal en dirigir el CIF.

El Registro Nacional recibe los perfiles de ADN de condenados con sentencia firme y de evidencias biológicas de autores no individualizados vinculados a delitos contra la integridad sexual, que deben ser remitidos desde los Registros Provinciales y los laboratorios acreditados en todo el país, por orden judicial. El de Salta, fue el primero acreditado en todo el país. El Registro auxilia a los poderes judiciales y ministerios públicos de todas las jurisdicciones del país y mantiene actualizado el software en el que se recopilan y clasifican los perfiles genéticos.

La toma de muestras para el diseño de los perfiles, a través de la utilización de los marcadores genéticos, es ordenada por la justicia. Las muestras son procesadas por los laboratorios especialmente habilitados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Azzolin: “Quien es violento fuera de internet, lo es también adentro”

Así lo advirtió el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Horacio Azzolin durante el encuentro sobre “Violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología”. El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, destacó la figura de Azzolin, a quien conoció cuando fue designado Fiscal de la Procuración General de la Nación para intervenir en el juicio del caso “Ragone I”.

La apertura de la capacitación organizada por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal de Salta, estuvo a cargo de la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Inés Bocanera y el procurador general, Abel Cornejo.

En ese marco, Cornejo destacó el compromiso, capacitación y destacado trabajo de la UFECI y su expectativa de avanzar en la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia en Salta. La Ley  que la crea fue promulgada en diciembre de 2019. “Hay una necesidad imperiosa de agilizar investigaciones penales y contar con todos los recursos para preservar evidencia digital vinculada con abusos, violencia, delitos económicos y otros”, señaló Cornejo y destacó el camino abierto para mantener capacitaciones permanentes e intercambiar conocimientos entre representantes de los distintos poderes.

Por su parte, el fiscal Horacio Azzolin explicó durante su introducción a la formación que lo que diferencia el ejercicio de la violencia hacia las mujeres dentro y fuera de internet, es la escala, porque fuera de la red el alcance de la violencia se reduce a un pequeño universo de personas, cuando en la web el impacto puede ser masivo, además de permitir el anonimato de los agresores.

“No hay un mapa del delito sobre cibercrimen, porque no hay zonas más propensas que otras; porque no hay barrios ni clases sociales, ni género ni edad para ser víctima de distintos delitos”, graficó Azzolin, al tiempo que sostuvo que Internet es un vehículo para desarrollar las mismas conductas que se cometen afuera de la red. “Quien es violento fuera de internet, lo es adentro. Y por eso, la violencia contra las mujeres en internet no es distinta de la que se ejerce en otros ámbitos, aunque la escala sí es diferente”, precisó el Fiscal.

Justamente, remarcó Azzolin, “se trata de un enorme desafío el de investigar crímenes en la red, porque internet es ´una potenciadora de delitos´”. A diario, su equipo colabora con unidades especializadas en la trata de personas, la violencia contra la mujer, el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia institucional.

En el encuentro participaron 100 personas, entre funcionarias y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Salta, referentes del Consejo Federal de Procuradores y Fiscales, de la Secretaría de Derechos Humanos y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

Con anuncio de mayor descentralización, Cornejo y Saravia habilitaron la Delegación Fiscal de San Lorenzo

El Procurador General de la Provincia y el intendente de San Lorenzo, habilitaron este lunes la Delegación Fiscal de ese municipio, que estará a cargo de la auxiliar Analía Alisio, con dependencia de la Fiscalía Penal 1, a cargo de Pablo Paz. Cornejo anunció que en el marco de la descentralización iniciada por su gestión, la Delegación Fiscal se transformará en Fiscalía Penal y se habilitará una segunda Delegación Fiscal, al sur del municipio

En el marco de la inauguración, el intendente Manuel Saravia consideró que se trata de uno de los días más importantes de su gestión, porque el Ministerio Público Fiscal llevó la posibilidad de acercar la justicia a la sociedad, lo que aportará a mejorar la seguridad. La oficina se ubica en calle 25 de Mayo 2130. “San Lorenzo ya no es la villa veraniega de 5 ó 6 mil habitantes de hace unas décadas; y con 50 mil habitantes, merecíamos que éste vuelva a ser un municipio seguro”, afirmó Saravia y destacó la posibilidad de trabajar en forma coordinada con las instituciones, para lograrlo.  

Por su parte, el procurador Abel Cornejo, sostuvo que “acercar la justicia a la sociedad no es solamente un imperativo, sino una obligación estratégica” impuesta por su gestión, al tiempo que anunció que la Delegación Fiscal hoy inaugurada, se transformará en Fiscalía Penal y que próximamente se habilitará una segunda Delegación Fiscal, ubicada al sur del municipio para garantizar cobertura en todo el corredor que comprende desde Los Yacones y hasta Atocha. La delegación del Sur se conformará con recursos propios y sin generar gastos, “porque es el momento de ser solidarios”, dado el crítico contexto profundizado por la situación sanitaria, sostuvo el Procurador.

Se refirió a la complejidad de los nuevos delitos y a que justamente, dicha complejidad y la realidad social “nos interpelan y obligan a dar respuesta, para que el acceso a la Justicia no sea una utopía”. En pos de atender a la seguridad ciudadana, Cornejo instó a radicar las denuncias en fiscalías, donde se garantiza el control de legalidad y se cumplen los parámetros exigidos por la normativa vigente.

También expresó que la pandemia deja muchas enseñanzas y entre ellas, que “la solución no pasa por arreglar algunos problemas pensando con espíritu represivo” al tiempo que recordó que el MPF alienta a la conformación de una Mesa de Concertación para el uso de la Tierra y la Emergencia Habitacional, para fomentar “la amistad social, convivencia y diálogo fructíferos y así, evitar que todo termine en la Justicia”. Ratificó la política del MPF de priorizar el sistema de mediación, lo que dará resultados en la medida en la que todos los actores sociales se sienten bajo el imperio irrestricto de la Ley y sin buscar atajos.

Además, expresó que hoy, el escándalo moral que es la pobreza, debe preocupar a todos y que “la pobreza estructural se debe a bolsones mafiosos de corrupción que impiden el desarrollo de instituciones y obstaculizan la justicia”. Ratificó también la política del MPF de lucha frontal contra delitos vinculados con el ejercicio de la violencia de género, institucional y los abusos de cualquier tipo. Y consideró que “la falta de Justicia y la impunidad, generan escenarios como el de Tucumán (donde vecinos mataron al supuesto femicida de una niña), lo que es “un llamado de atención, porque nadie puede mirar hacia otra parte ante el clamor ciudadano de que la justicia sea efectiva y no se demore”.  

Por el contrario, señaló Conejo, la descentralización del MPF “es una muestra del diálogo fructífero y la sinergia institucional, para lograr una sociedad integradora que sepa convivir con divergencias y disidencias, porque de los grandes disensos vienen  las construcciones definitivas”, finalizó.

En el acto participaron el secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Diego Pérez; el diputado provincial Javier Diez Villa,  el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Dávalos, la coordinadora de la Procuración, Ana Cecilia Carraro y el fiscal penal 1, Pablo Paz, entre otras autoridades.

Azzolin capacita en Salta sobre “Violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología”

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal de Salta, organizaron la capacitación destinada a integrantes del Ministerio Público Fiscal sobre “Violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología”, que se desarrollará este miércoles 28, a las 16, a través del uso de plataforma digital.

La formación para fiscales e integrantes del MPF de Salta, estará a cargo del titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, Horacio Azzolin, quien brindará herramientas teóricas y prácticas para el abordaje de situaciones y delitos del cibercrimen. La apertura estará a cargo del procurador Cornejo.

La capacitación se organizó ante el crecimiento exponencial de relaciones y vinculaciones en nuevos espacios y al desarrollo de las personas en torno al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y debido a que la progresión de esas interacciones, demanda herramientas que permitan comprender su funcionamiento y sus riesgos, además de la importancia de su uso responsable que posibilita la formación, comunicación y la consecuente ampliación de derechos y libertades.

Sin embargo, su uso también devino en la comisión de delitos informáticos de los cuales muchos constituyen actos y hechos de violencia de género que afectan la intimidad, el honor, la libertad, la integridad moral y otros derechos, siendo las víctimas más expuestas y vulnerables de esos ataques niñas, niños y adolescentes.

En noviembre pasado, el procurador interino Eduardo Casal recibió en Buenos Aires a su colega Abel Cornejo, quien se interiorizó sobre el trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y para acordar la firma de un convenio de colaboración para que el MPF nacional brinde capacitaciones en la materia. En ese encuentro también participaron el titular de la unidad fiscal mencionada, Horacio Azzolin, y el secretario de Coordinación Institucional Juan Manuel Olima Espel.

Azzolin tiene 25 años de trayectoria en el servicio de justicia argentino. Desde 2008 es Fiscal Federal, especializado en litigación de casos complejos relacionados con el crimen organizado y las violaciones masivas a los derechos humanos. Desde 2013 se ocupa de la temática del cibercrimen, primero como punto focal de la Procuración General de la Nación y, desde fines de 2015, como titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

En Salta, la Ley de creación de la Fiscalía de Ciberdelitos fue promulgada en diciembre pasado, pero aún no fue puesta en funcionamiento.

El Ministerio Público Fiscal de Salta ratifica su posición a favor de la mediación

Legisladores provinciales y funcionarios nacionales se reunieron en forma virtual con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, y abordaron la situación de conflictos territoriales que involucran a pueblos originarios y especialmente, el caso de la comunidad wichí El Algarrobal, en Pichanal.

El encuentro contó con la participación del director Jurídico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Julián Celso Fernández Duarte; el coordinador Norte y la directora de Tierras de la Secretaria de Agricultura Familiar Campesina Indígena, Ignacio Garzarón y María José Castillo; la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta, Jorgelina Juárez y el diputado de Orán, Iván Mizzau; los abogados Chyntia Flores y José Castro Videla y la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro.

El director de Asuntos Jurídicos del INAI, Fernández Duarte, manifestó al procurador Abel Cornejo, la necesidad de que se respete la normativa nacional vigente; y especialmente la Ley nacional 26160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, que fue sancionada a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. Dicha Ley fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en 2013 a través de la Ley 26.894, y en 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extendió su vigencia hasta noviembre de 2021. Es una ley de emergencia y de orden público.

Específicamente sobre la comunidad El Algarrobal, el funcionario recordó el reconocimiento de la ocupación hecho por el INAI, en 2018, a través de la Resolución 323/2018, que en el Artículo 2°, indica: “Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Wichi El Algarrobal, perteneciente al pueblo wichi, asentada en el Depto. Orán, provincia de Salta, respecto de la superficie georreferenciada, que como Anexo I (IF-2018-40132113-APN-INAI#MJ) forma parte de la presente medida”. La superficie comprende 622 hectáreas y las que actualmente están en conflicto son menos de cinco, comprendidas en dos lotes no productivos. El conflicto se originó cuando la comunidad empezó a limpiar ese sector para establecer una huerta.

En ese marco, el Procurador recordó la propuesta de conformar una Mesa de Concertación para el uso de la Tierra y la Emergencia Habitacional y su instrucción al cuerpo de fiscales de llamar a mediaciones y evitar el uso de la fuerza o la represión “como alternativa ante los conflictos que agravan situaciones generadas por la emergencia social y el escándalo moral, que es la pobreza”, porque ello, “solo echaría nafta al fuego”. Insistió en que la única solución posible, debería “adoptarse desde un punto de vista humanitario, de los derechos humanos y político, sostenido por el equipo de mediadores del MPF.

También señaló la necesidad de que se cumpla con el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Lotes Fiscales 14 y 55.

Fernández Duarte y María José Castillo coincidieron en que la vía de solución es política y la funcionaria manifestó su preocupación por la criminalización de una situación que no requiere una definición penal. También pidió que el Ministerio Público Fiscal establezca un protocolo para que prohibir desalojos cautelares y que se prorroguen los previstos, tal como lo establece la normativa vigente.

Finalmente, Fernández Duarte compartió que preparan un anteproyecto de Ley para que todos los poderes del Estado se capaciten en Derecho Indígena, tal como sucede con Ley Micaela porque “se necesitan seriamente políticas públicas y una mirada intercultural, además de la capacitación de fiscales en esa rama del derecho”.

Proponen una Mesa de Concertación para resolver conflictos de tierras

La diputada nacional Lía Verónica Caliva y el procurador general, Abel Cornejo, coincidieron en la necesidad de conformar una Mesa de Concertación junto a los distintos poderes del Estado, que permita aportar y definir soluciones a problemáticas urgentes que tiene la provincia. Lo hicieron al reunirse virtualmente para intercambiar información sobre políticas públicas referidas a la ocupación de tierras, el déficit habitacional, la violencia institucional y de género, y  cuyos aspectos penales confluyen en el Ministerio Público Fiscal.

Durante el encuentro, Caliva expuso ante Cornejo distintos planteos que hicieron llegar organizaciones y ciudadanas y ciudadanos particulares al Congreso, vinculadas  especialmente con conflictos por tierras y asentamientos conformados en capital y el interior provincial (Rivadavia, San Martín, Orán y Cafayate). Destacó la necesidad de seguir evitando desalojos y la represión de las familias asentadas, a través de la mediación que mantiene el Ministerio Público Fiscal en los asentamientos de la zona sur de la capital y de Colonia Santa Rosa, entre otros. También se refirió al fallo de la Corte Interamericana de DDHH a favor de las comunidades y otros conflictos que involucran a poblaciones wichí, ava guaraní y diaguitas; las familias que se sumaron al cordón de pobreza profundizada por la pandemia y el estallido social que podría generar que el Estado no se anticipe y contenga la emergencia social antes de que pierda vigencia la prohibición de desalojos de alquileres.

Por su parte, Cornejo destacó la importancia del diálogo y de garantizar la paz, igualdad y equidad entre los distintos sectores en el marco de la emergencia sanitaria y social vigente, a la vez que precisó que desde el inicio del asentamiento en San Calixto, se produjeron más de veinte audiencias de mediación a través de una comprometida tarea de los mediadores del MPF y ante una situación que se fue tensando debido a la rotación de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.

El Procurador propuso que ante el déficit de más de 100 mil viviendas y en el marco de la Mesa de Concertación (que podrían integrar el poder ejecutivo nacional, provincial y los municipales, el poder legislativo nacional y provincial; poder judicial, el MPF y organizaciones intermedias); se analice como vía de solución que se avance en un relevamiento integral de tierras fiscales disponibles y déficit habitacional; y que entonces, se permuten tierras productivas de propiedad del Estado, por tierras privadas donde podrían ejecutarse loteos sociales. “Hay propietarios de tierras con servicios y que podrían recibir a cambio de ellas, tierras destinadas a la explotación agroforestal. De esa forma, se lograría una compensación de propiedades, tal como lo establece la Doctrina de Expropiaciones Justas”, señaló el funcionario.

Caliva y Cornejo discutieron sobre otros temas y acordaron trabajar en una agenda conjunta, que de acuerdo a la legisladora “será muy extensa, pero se debe empezar con lo más urgente”. Así, consideró que si en 2021 se discutiera la Reforma Constitucional en Salta, sería la oportunidad de discutir sobre situaciones problemáticas de fondo y sancionar cambios estructurales y sustanciales para terminar con ellas.  

La reunión también contó con la participación del asesor de la legisladora, Nicolás Tauber Sanz.

Abren sumario disciplinario a una fiscal

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso la apertura del sumario disciplinario en contra de la fiscal penal N° 3, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos y designó como Instructora Sumariante a la fiscal penal a cargo de la Fiscalía de Impugnación, Ana Inés Salinas Odorisio.

El Procurador consideró que pudo advertirse “prima facie” la falta de los deberes funcionales atinentes a su cargo como titular de la Fiscalía Penal N° 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, en orden a la violación de los deberes que surgen de la normativa constitucional referidas a la actuación del Ministerio Público Fiscal, las leyes que regulan la actuación fiscal y las resoluciones de la Procuración General. Y consideró que todo ello justifica, por su gravedad y complejidad, la promoción de la presente instancia disciplinaria.

Según consta en las actuaciones, el 9 de octubre pasado la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual Nº 3 recibió un oficio del comandante de la V Brigada de Montaña del Ejército Argentino, coronel mayor Mariano Castelli, quien solicitó información sobre el estado procesal de la causa que tramita esa fiscalía, en la que un oficial se encuentra imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en perjuicio de su hijo. Lo requerido fue a los fines de mantener actualizada la situación del imputado ante la fuerza y la eventual asignación de destinos y tareas a su personal. Castelli mencionó también el tiempo transcurrido desde la radicación de la denuncia en contra del oficial en cuestión, de casi 1 año y 8 meses, y la necesidad de contar con una definición de su situación procesal.

El 14 de octubre, la Procuración General solicitó a la Fiscalía interviniente la remisión de las actuaciones, de las cuales surgieron que  el 7 de febrero de 2019 la cónyuge del imputado radicó denuncia penal en contra de su pareja, por supuesto abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijo menor, de 3 años. El hombre fue imputado al día siguiente, el 8 de febrero, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, y la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías de 2° Nominación, el mantenimiento de detención del imputado.

El 19 de febrero, la Fiscalía requirió la prisión preventiva del imputado; el 22 su defensa técnica instó su sobreseimiento y fue rechazado. Pero el 27 de marzo, cuando la defensa requirió la libertad o el arresto domiciliario del acusado, el Juzgado de Garantías, le concedió el beneficio del arresto domiciliario y su incorporación al sistema U.A.D.M.E.

Luego, la nueva defensa técnica del imputado instó la aplicación de medidas sustitutivas, a lo cual se opuso la Fiscalía. El beneficio de medidas sustitutivas fue otorgado al militar el 20 de mayo y la Fiscal, consintió esa decisión judicial.

Posteriormente, el 8 de octubre de 2019, la denunciante volvió a presentarse ante la Fiscalía, donde manifestó que sus otros dos hijos menores, de 10 y 12 años, habrían sido abusados también por su padre. Ante los nuevos hechos denunciados y las diligencias probatorias realizadas con posterioridad, la Fiscal no arbitró medida procesal alguna.

En virtud de ello y de conformidad con el Reglamento General del Ministerio Público,  es que el Procurador dispuso la apertura del sumario disciplinario, para corroborar la posible responsabilidad de la fiscal Cecilia Flores Toranzos en los hechos descriptos.

El MPF abre las charlas públicas del Área Académica de la Fundación Cintia Fernández

El Área Académica de la Fundación Cintia Fernández, inaugurada en septiembre pasado, iniciará el próximo jueves 22 de octubre su ciclo de capacitaciones abiertas al público, con la charla magistral de la Directora del SAVIC, Matilde Alonso.

La directora del Servicio de Asistencia a la Víctima y de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal, Matilde Alonso ofrecerá una charla magistral sobre “Nuevos espacios de reflexión y acciones institucionales en materia de género y violencias”, el jueves 22, a las 20, por Zoom.

El área académica de la Fundación, dirigida por la abogada Gabriela Rodríguez, cuenta con la colaboración de abogadas y abogados, psicólogas, asistentes sociales y peritos en criminalística del equipo de profesionales de la ONG y ofrecerá sus actividades semanalmente. Alonso, la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández y la directora académica de la ONG, Gabriela Rodríguez son integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del MPF.

Las primeras charlas ofrecidas por el Área Académica fueron dictadas por distintos profesionales y estuvieron destinadas a integrantes de la Comisión de Víctimas de Familiares contra la Impunidad, para interiorizarles sobre inicios de los procesos penales y civiles, Ley de Víctimas y otros aspectos necesarios en la tramitación de causas.

“Esta será la primera charla magistral abierta al público, que nos permitirá iniciar un camino de capacitación a la sociedad, que muchas veces carece de información precisa sobre normativas y temas acuciantes y profundizados durante la pandemia”, explicó Ana Fernández. La capacitación interna y externa está contemplada en el Estatuto de la Fundación, comprometida con la lucha a favor de los Derechos Humanos.

  • Para mayor información, contactarse al teléfono 3874651842 o al correo areaacademicafcf@gmail.com
  • En redes sociales: Facebook: Área Académica Fundación Cintia Fernández e Instagram: area.academica.fcf

Sobre Matilde Alonso

La especialista en Políticas Públicas en Niñez, Adolescencia y Familia y docente universitaria, dirige el Servicio de Asistencia a la Víctima – S.A.Vic., que atiende, asesora a las víctimas de delito y les suministra la información para ser asistidas como tales por los organismos estatales y organizaciones no gubernamentales pertinentes. Brinda asistencia y tratamiento inmediato e integral a la víctima, tanto en su persona como en sus derechos, evaluando el daño sufrido, incluido el daño social; la orienta y deriva hacia los centros especializados de atención, sean públicos o de organismos no gubernamentales; procura la cooperación nacional para la realización de programas de atención a la víctima, desarrolla acciones de divulgación sobre los derechos de las víctimas dirigidas a la ciudadanía en general y organismos estatales y promueve y realiza investigaciones y estudios que permitan una más precisa comprensión de los elementos que componen el daño sufrido y permitan su cabal ponderación y asistencia. También vela por el cumplimiento de los derechos y de las garantías que se establecen para la víctima y testigos.

Listado de fiscales afectados desde el 19 al 31 de octubre

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dio por finalizada la feria judicial extraordinaria en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, en los Distritos Judiciales de Orán, Tartagal y Sur (Circunscripciones Metán y Anta) a partir del martes 13 de octubre. La prestación del servicio de justicia será presencial, con personal reducido que trabaje en forma escalonada. Se aprobó la nómina de magistrados, funcionarios y empleados que prestarán servicio desde el 19 al 31 de octubre.

Mediante Resolución 1091, el Procurador General, aprobó la nómina de magistrados, funcionarios y empleados que prestarán servicios desde el 19 al 31 de octubre.

COORDINACIÓN DE FISCALES

  • DR. PABLO ALEJANDRO RIVERO

DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO

FISCALÍA DE CORTE Nº 1 y 2 Y FISCALÍA DE CAMARA CIVIL, COM. Y LABORAL

  • DR. EDUARDO ALBERTO SYLVESTER

SECRETARÍA LETRADA

  • XIMENA FIGUEROA
  • SERGIO LUIS ARIAS

SUMARIANTE

  • KARINA CASAS

FISCALÍA CIVIL, COM. Y LABORAL N° 1° Y 2°

  • EDUARDO ALBERTO SYLVESTER (hasta el 21/10)
  • RODRIGO ERAZO SCHMIDT (a partir del 22/10)

SECRETARIAS LETRADAS:

  • MARIÁNGELES MENDOZA
  • BLANCA PUCHETA (a partir del 22/10)
  • SILVINA ROMERO (a partir del 22/10)

SUMARIANTES:

  • NATALIA FIGUEROA
  • NORA FIGUEROA (a partir del 22/10)
  • OSCAR VARGAS (a partir del 22/10)

FISCALÍA DE IMPUGNACIÓN Nº 1, 2 y 3

  • LEANDRO JOAQUÍN FLORES

AUXILIARES FISCALES:

  • KARINA HOLMQUIST MOREIRA
  • LUCIANA BERTINI

SUMARIANTE:

  • ALEJANDRA CORNEJO
  • CARLOS MARIO DE CAMPO

FISCALIA DE DERECHOS HUMANOS

  • VERÓNICA SIMESEN DE BIELKE

AUXILIARES FISCALES:

  • MACARENA JOVANOVICS

SUMARIANTES:

  • YANELA PERALTA
  • ANA LAURA SALAZAR

UNIDAD DE DELITOS ECONÓMICOS COMPLEJOS

  • LEANDRO JOAQUÍN FLORES

AUXILIARES FISCALES:

  • CLAUDIA GERALDINA ABRAHAM
  • PABLO NIEVA

SUMARIANTES:

  • GONZALO FIGUEROA
  • CELESTE REYNOSO
  • IVÁN RODRIGO JAIME

FISCALIA PENAL CERRILLOS Y FISCALÍA PENAL ROSARIO DE LERMA

  • FEDERICO GABRIEL PORTAL

AUXILIARES FISCALES:

  • ANALÍA ADET
  • DANIELA SARAVIA FALCÓN

SUMARIANTES: 

  • SEBASTIÁN CORTÉZ
  • LUISA ARIAS
  • FLORENCIA SARAVIA
  • MAXIMILIANO RÍZZOLI
  • FRANCO FIGUEROA WAYAR

FISCALIA PENAL DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL N° 1, 2 y 3

  • FEDERICO OBEID
  • RODRIGO GONZÁLEZ MIRALPEIX
  • MARÍA CECILIA FLORES TORANZOS

AUXILIARES FISCALES:

  • RODRIGO ESQUIÚ
  • SOFÍA CARPI
  • FEDERICO FARFÁN

SUMARIANTES:

  • ROXANA DURAND
  • CAROLINA VERA
  • MARÍA EMILIA AM
  • LUCIO HEREDIA
  • MARÍA PÍA MERCADO
  • ROBERTO ENCINA

EQUIPO TÉCNICO – PROFESIONALES:

  • CECILIA LEIVA
  • PAOLA PERETTO
  • ANDREA VILLARREAL

FISCALÍA PENAL DE MENORES Nº 1 Y 2 y FISCALIA DE TRANSICIÓN

  • CAROLINA HERNÁNDEZ

AUXILIARES FISCALES:

  • ANDREA CECILIA CARDOZO
  • NORMA ELENA MARTÍNEZ

SUMARIANTES:

  • OMAR ALFREDO MOLINA
  • NORMA CLAUDIA REINOSO
  • MERCEDES RUIZ DE LOS LLANOS
  • IRMA BEATRIZ GOMEZ

FISCALÍAS PENALES DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO:

  1. CLAUDIA N. GERIA
  2. FACUNDO RUIZ DE LOS LLANOS
  3. GABRIELA R. DÁVALOS
  4. ELISA V. PÉREZ
  5. LILIANA JORGE

AUXILIARES FISCALES:

  1. MARIA MERCEDES DE LA CUESTA – JORGE RICARDO FLORES
  2. NATALIA SARAVIA LIZONDO
  3. MARCOS VEGA ORTIZ
  4. RAQUEL BARRIONUEVO MERLANI – SEBASTIÁN TERÁN
  5. ANDREA BETIANA GÓMEZ

SUMARIANTES:

  1. MÓNICA MABEL COPA – FÁTIMA MACIEL
  2. GUILLERMO DÍAZ – MARÍA IRMA SOSA
  3. BELÉN BONAPARTE – PAOLA FERNÁNDEZ
  4. DEBORA JUDITH CARRASCO – MATÍAS CAYATA
  5. FLORENCA DIAZ PERGHER – VIRGINIA ALONSO GUDIÑO

EQUIPO TÉCNICO – PROFESIONALES:

  1. HORACIO VACA
  2. MARIA FERNANDA LERMA
  3. CAROLINA TEJERINA
  4. SILVANA BEATRIZ LIZÁRRAGA
  5. CAROLINA TEJERINA

FISCALÍA PENAL GENERAL GÜEMES:

  • GABRIEL ALEJANDRO GONZÁLEZ

AUXILIARES FISCALES:

  • FERNANDA JORGE ROYO

SUMARIANTES:

  • MAGDALENA VARGAS
  • GABRIEL TULA

FISCALÍA PENAL N° 1:

  • PABLO RODRIGO PAZ

AUXILIAR FISCAL:

  • MARIANA LECUONA DE PRAT
  • PABLO ALAVILA (CASTAÑARES)

SUMARIANTES:

  • IVÁN ÁLVAREZ
  • LAURA LÓPEZ

FISCALÍA PENAL N° 2

  • MÓNICA S. POMA

AUXILIAR FISCAL:

  • GUADALUPE MANJÓN

SUMARIANTES:

  • CLARA SORIA
  • MARCELA FIGUEROA

FISCALÍA PENAL N° 3:

  • HORACIO CÓRDOBA MAZURANIC

AUXILIAR FISCAL:

  • DIEGO VILLAGRA

SUMARIANTES:

  • OMAR JUÁREZ
  • FERNANDO DURÁN

FISCALÍA PENAL N° 4:

  • MARÍA EGUENIA GUZMÁN

AUXILIAR FISCAL:

  • MARIA EUGENIA LÓPEZ AHANDUNI

SUMARIANTES:

  • MARCELO ESTEBAN ROMERO
  • MARTÍN ATENCIO

FISCALÍA PENAL N° 5:

  • GABRIELA BUABSE

AUXILIAR FISCAL:

  • MARIANELA SÁNCHEZ HULET

SUMARIANTES:

  • RAÚL MAMANÍ
  • FÁTIMA GIL

FISCALÍA PENAL N° 6

  • MARCOS EZEQUIEL MOLINATI

AUXILIAR FISCAL:

  • MARIA LUJÁN CARRIZO

SUMARIANTES:

  • JORGE AMADO SKAF
  • ELIANA GUADALUPE SÁNDEZ

FISCALÍA CIVIL Y PENAL CAFAYATE:

  • SANDRA GRACIELA ROJAS

AUXILIAR FISCAL:

  • MARTÍN MARCHETTI

SUMARIANTES:

  • RAÚL ALANCAY
  • LUCIANA PALACIOS

DELEGACIÓN FISCALÍA PENAL CACHI

AUXILIAR FISCAL:

  • MARÍA DE LOS ÁNGELES JUÁREZ MATTAR

SUMARIANTE:

  • NATALIA VERDÚM

UNIDAD DE GRAVES ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS MAGISTRADOS:

  1. ANA INÉS SALINAS ODORISIO
  2. RAMIRO RAMOS OSSORIO
  3. GUSTAVO TORRES RUBELT

AUXILIARES FISCALES:

  1. PATRICIA UCHINO
  2. NICOLÁS ALONSO LÓPEZ
  3. MARÍA JORGELINA BRANDON SUÁREZ

SUMARIANTES:

  1. LUCÍA JERÉZ – ENRIQUE CASTAÑO
  2. GUILLERMO CRUZ – LUCÍA DUBOIS
  3. FERMÍN ORTIZ DE ROSA – ANABELLA SODERO

UNIDAD FISCAL CONTRA LA NARCOCRIMINALIDAD (UFINAR):

  • SANTIAGO J. LÓPEZ SOTO

AUXILIAR FISCAL:

  • JOAQUIN COSTELLO
  • DANIEL ESPILOCÍN

SUMARIANTES:

  • ADRIANA ARRAYA
  • FEDERICO BALBI

UNIDAD CONTRA ROBOS Y HURTOS:

  • PABLO ALEJANDRO RIVERO

AUXILIAR FISCAL:

  • GASPAR SOLÁ
  • CRISTIAN E. MEDINA

SUMARIANTES:

  • MARTÍN NICOLÁS MONTERO BANDUR
  • LUCAS LÓPEZ CASANOVA

UNIDAD FISCAL CONTRAVENCIONAL:

  • PABLO RODRIGO PAZ

SECRETARIOS LETRADOS:

  • HERNAN BLANQUEZ
  • CARLOS SARAVIA
  • DANIELA ZULETA

SUMARIANTE:

  • DANIELA CANTERO

OFICINA DE ORIENTACIÓN Y DENUNCIA PROFESIONALES – SAVIC PROFESIONALES:

  • BLANCA GRACIELA CARI

EQUIPO PROFESIONAL:

  • FERNANDA CARECCHIO
  • LAURA FLORES

SUMARIANTES:

  • DENISE CORNEJO
  • MIRIAM ARAMAYO
  • MARCELA ARIAS

CÁMARA DE OBSERVACIÓN – SALTA (CCTV)

SUMARIANTE:

  • MARIANO FEDERICO ALBARRACÍN

CENTRO DE MEDIACIÓN

  • NANCY VALENCIA DONAT

MEDIADORES: 

  • EMILIO VITTAR
  • ROQUE LÓPEZ HINOJO
  • CAROLINA RADZIWILUK
  • MARÍA GABRIELA AGOLIO
  • GABRIELA  ADET
  • CECILIA CHAMALE
  • LUIS GALLAGHER
  • RAQUEL SARAPURA
  • MAURICIO GIACÓM
  • SILVANA LIENDRO
  • NATALIA VELÁZQUEZ
  • VIVIANA SOSA

DISTRITO JUDICIAL SUR CIRCUNSCRIPCIONES METÁN Y ANTA

FISCALÍA CIVIL, COM., PENAL Y LABORAL N° 1 Y N° 2:

  • GONZALO GÓMEZ AMADO

AUXILIARES FISCALES:

  • JULIO BRANDÁN
  • JULIANA LEAVY

SUMARIANTES:

  • RITA BARROSO
  • ALEJANDRO PALÍA
  • REBECA SARAVIA
  • JULIETA BARRIONUEVO

FISCALÍA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO:

  • SUSANA ESTELA REDONDO TORINO

AUXILIARES FISCALES:

  • JULIO BRANDÁN

SUMARIANTES:

  • ARIEL MARTEL
  • CRISTIAN RODRÍGUEZ

EQUIPO PROFESIONAL:

  • RAMONA ÁLVAREZ
  • EVE GUERRERO

FISCALÍA PENAL DE ROSARIO DE LA FRONTERA:

  • NICOLÁS RODRIGUEZ

AUXILIARES FISCALES:

  • SILVIA L. VERA

SUMARIANTES:

  • ANDREA GONZÁLEZ
  • JAEL ROLDÁN
  • FERNANDA FIGUEROA

EQUIPO PROFESIONAL:

  • YONE DEL VALLE CRUZ
  • MÓNICA ROMÁN

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

  • JULIO BRANDÁN
  • PAOLA ANDERS

SAVIC PROFESIONALES:

  • DANIELA TORREGROSA

SECRETARÍA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL

SECRETARIA LETRADA

  • CANDELARIA LÓPEZ SARAVIA

SUMARIANTE

  • LORENA DÍAZ

CENTRO DE MEDIACIÓN

  • MARÍA DE LOS ÁNGELES PÁEZ
  • JOSÉ OSCAR OTERO

FISCALÍA PENAL – JOAQUIN V. GONZALEZ:

  • CELESTE GARCÍA PISACIC

AUXILIARES FISCALES:

  • MARÍA LUCIANA MOYANO
  • ROLANDO FABIÁN SAVALL SOTO
  • MARCELA LILIANA ELÍAS
  • YONNY ELIZABETH ZIGARÁN

SUMARIANTES:

  • ANAHÍ MEDINA
  • WALTER RAFAEL ÁLVAREZ MOLINA
  • DIONISIA ORELLANA
  • ADRIANA JAUREGUI
  • SEBASTIÁN OCHOA
  • ROCÍO BELÉN ESPICOGNA

MEDIADORA:

  • VIVIANA SOSA

DISTRITO JUDICIAL ORÁN

UNIDAD DE GRAVES ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS:

  • CLAUDIA MARÍA CECILIA CARRERAS

AUXILIAR FISCAL:

  • MARÍA ELIA BERNAD

SUMARIANTES:

  • ANDRÉS ARIAS
  • PAMELA FERREYRA

FISCALIA PENAL Nº 1, FISCALIA PENAL N° 2 Y FISCALIA PENAL N° 3:

  • DANIELA A. MURÚA (Fiscalía Penal N° 1 y Fiscalía Penal N° 2)
  • MÓNICA A. VIAZZI (Fiscalía Penal N° 3)

AUXILIARES FISCALES:

  • RODRIGO GUERRA ABREGÚ (FP1)
  • RAMIRO MORIZZIO (FP2)
  • RAMIRO TEVEZ CAÑETE (FP3)

SUMARIANTES:

  • JORGE M. TOLOSA NADRA (FP1)
  • ASUNCIÓN WENDELL (FP1)
  • ALEJANDRA CARRATALA (FP2)
  • SAÚL PEREZ (FP2)
  • CRISTIAN CARRIZO (FP3)
  • MARIANELA MARTÍN (FP3)

FISCALIA CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL:

  • MARCELA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ

SUMARIANTE:

  • MARIA DEL HUERTO PAZ DE OBRADOR

FISCALIA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO:

  • MARÍA SOLEDAD FILTRÍN CUEZZO

AUXILIARES FISCALES:

  • CARLOS A. SALINAS
  • SEBASTIÁN MARTORELL

SUMARIANTE:

  • VERÓNICA DONAT
  • ÁLVARO JERÉZ CASTAÑEDA
  • RENÉ A. ROMERO

EQUIPO TÉCNICO – PROFESIONALES:

  • ELIANA PLAZA QUEVEDO

FISCALÍA PENAL PICHANAL – COLONIA SANTA ROSA:

  • MARIA SOFÍA GUIOMAR FUENTES

AUXILIARES FISCALES:

  • ROGELIO FERNÁNDEZ
  • SILVIA FORTI

SUMARIANTES:

  • ALBERTO UBIERGO
  • JUAN GUTIÉRREZ
  • ROMINA ARIAS

SAVIC PROFESIONALES:

  • MARÍA DE LOS ANGELES PÉREZ
  • ANA RIGHETTI
  • MARÍA SOLEDAD MERCADO

DERECHOS HUMANOS:

  • RAMIRO MORIZZIO

SUMARIANTE:

  • ENZO PASCUAL PORCARA

CENTRO DE MEDIACIÓN

  • FLORENCIA GUERRERO

DISTRITO JUDICIAL TARTAGAL

FISCALÍA PENAL Nº 1 y FISCALÍA PENAL N° 2:

  • RAFAEL MEDINA
  • GONZALO A. VEGA

AUXILIARES FISCALES:

  • JIMENA BAIGORRIA

SUMARIANTES:

  • PATRICIA MOLINA
  • ÁLVARO MENDÍA CAMPOS
  • VERÓNICA AZURMENDI
  • LORENA ZELARAYÁN

FISCALÍA GRAVES ATENTADOS CONTRA LAS PERSONAS.

  • PABLO A. CABOT

AUXILIAR FISCAL:

  • JOSEFINA CALVO

SUMARIANTES:

  • DOLORES AGUILERA
  • ADRIÁN ONTIVEROS

FISCALÍA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO:

  • MARÍA LORENA MARTÍNEZ

AUXILIAR FISCAL:

  • JORGE SALEM

SUMARIANTES:

  • MARIANA CIMADEVILLA
  • ESTHER ALICIA CUELLAR

EQUIPO TÉCNICO – PROFESIONAL:

  • GRISEL GUERRERO PALMA

FISCALÍA CIVIL, COM. Y LABORAL:

  • ROSA VÉLEZ ROMÁN

SECRETARIA LETRADA:

  • JOSEFINA CALVO

SUMARIANTE:

  • FEDERICO FIUME

FISCALÍA PENAL EMBARCACIÓN:

  • GABRIELA SOUTO

AUXILIARES FISCALES:

  • VALERIA ALEJANDRA DAVID CABRAL

SUMARIANTES:

  • MARÍA EUGENIA ACOSTA
  • JULIÁN MOLINA

FISCALÍA PENAL SALVADOR MAZZA:

  • JORGE ARMANDO CAZÓN

SUMARIANTE:

  • LUCIA DANIELA ALBORNOZ GELATI
  • FERNANDO BARROS

SAVIC PROFESIONALES:

  • KARINA MAIDANA
  • ENRIQUE LESSER

DERECHOS HUMANOS:

  • JIMENA BAIGORRIA

CENTRO DE MEDIACIÓN:

  • MARÍA CECILIA PÉREZ

Córdoba: «El desprecio por la vida tiene que tener castigo”

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, analizó junto al referente de la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad, Raúl Córdoba, el proyecto de Ley “Tahiel”, que crea las figuras penales de Homicidio Vial y Lesiones Viales. Coincidieron en la necesidad de que los jueces cuenten con una normativa que permita sancionar a quien “sabía que iba a matar, pero no hizo para nada cambiar su actitud”, afirmó Córdoba.

Imagen ilustrativa

El proyecto, presentado el martes pasado en la Cámara de Diputados de la Nación con la presencia del presidente del cuerpo, Sergio Massa, el ministro de Transporte, Mario Meoni, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y familiares de Tahiel Contreras, el niño de 6 años que falleció tras ser atropellado por un automóvil que corría una picada en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere; determina que quien cause la muerte haciendo picadas ilegales, tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Asimismo, con los nuevos montos de las penas para el “Homicidio Vehicular” y las “Lesiones Vehiculares”, el delincuente vial quedará preso desde el momento cero de la investigación. Además, se fijará la pena de inhabilitación absoluta para volver a conducir.

La iniciativa crea la figura de «homicidio vial» en el que proponen agravar las penas en el caso de fallecimiento a causa de una corrida o picada de autos, con el objeto de que no puedan ser excarcelables.

“Necesitamos que se discutan leyes que establezcan equilibrios entre víctimas e imputados; y a la vez, los jueces necesitan que una normativa fehaciente y explícitamente, castigue a la persona que sabía que iba a matar, pero no hizo para nada cambiar su actitud”, explicó Córdoba, al referir que los agravantes (por consumo alcohol y estupefacientes, exceso de velocidad, circulación en contramano o con semáforo en rojo, por ejemplo) ya existen, así como las denominadas “picadas ilegales” tipificadas en el artículo 193 bis, que fueron receptadas como un delito de peligro y contra la Seguridad del Tránsito.

Sin embargo, todavía no fue incluido el concepto de “desprecio por la vida”, porque como cita el proyecto de Ley Tahiel: “Frente a la carencia aludida, optamos por generar nuevas tipicidades ancladas en los delitos “contra la vida” y las “lesiones” cuyo bien jurídico tutelado es la integridad física. Ahora resultará claro que tomar parte en una prueba ilegal de velocidad o destreza con vehículos automotores en la que se desprecie la vida (como conductor, organizador, promotor y/o facilitador), será un obrar equiparable a la conducta dolosa”.

En ese sentido, el Procurador expresó que “el desprecio por la vida, merece un mayor grado de reproche que, sin lugar a dudas, debe ser superior al de la conducta imprudente”, a la vez que destacó la necesidad de que los legisladores nacionales se comprometan con el tratamiento de leyes que agraven delitos que se siguen cometiendo por negligencia y no por accidente.