Sumario administrativo e investigación penal en el caso del auxiliar fiscal

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo dispuso distintas medidas tendientes a esclarecer la responsabilidad del auxiliar fiscal, Ariel Sergio Dantur, en hechos que constituirían conductas incompatibles con la función pública. Para ello, pidió que se agreguen los hechos en cuestión a las actuaciones sumariales iniciadas oportunamente y que se conforme una Unidad Fiscal para investigar la posible comisión de delitos por parte del funcionario.

El Procurador dispuso que se agregue como hecho nuevo al Sumario Administrativo que se instruye contra el auxiliar penal de la Fiscalía Penal de J.V. González – Delegación Apolinario Saravia, Ariel Sergio Dantur, la situación generada por la decisión del funcionario de no informar sobre la titularidad del teléfono investigado en el marco de la causa penal que lo tiene como imputado por la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real. En el mismo sentido, Cornejo pidió que se corra vista a la Unidad Fiscal conformada, a fin de que se investigue y se busque esclarecer las vinculaciones que podría haber tenido el funcionario.

Entre los considerandos, el Procurador tuvo en cuenta que “al momento de requerírsele el teléfono de su uso como funcionario del Ministerio Público Fiscal, el auxiliar fiscal, Ariel Sergio Dantur, no especificó si se trataba del móvil personal u oficial -circunstancia que de por sí resulta irrelevante a los fines de la posible comisión de un delito- y la cual no tuvo en cuenta la Sala I del Tribunal de Impugnación al momento de declarar la nulidad de las actuaciones y, siendo además que este comportamiento “prima facie” habría inducido a error tanto al Tribunal como a la Fiscal Penal que investigó la causa”. Y agregó que “ello constituiría una conducta incompatible con la que un funcionario público debería actuar y ser el primer interesado en que se esclarezca la verdad de lo sucedido”.

No obstante la orden de sumar el hecho al sumario administrativo que ya instruye la fiscal García Pisacic, el Procurador también resolvió que se conforme una Unidad Fiscal de Investigación constituida por los fiscales penales María Celeste García Pisacic, Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Alejandro Rivero, que determine si en este hecho también existió la comisión de algún delito.  

El Colegio de Abogados será querellante en el caso del abogado agredido

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, se presentará como querellante particular en la causa que investiga la agresión contra el abogado David Leiva, ocurrida el jueves último, en el ingreso a Ciudad Judicial. La decisión fue comunicada por el presidente del Colegio al Procurador General de la Provincia y al Fiscal interviniente. Burgos consideró que debe analizarse por qué hay seguridad privada y no estatal en edificios públicos.

Burgos y Cornejo

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pedro Burgos, quien informó que el Consejo Directivo decidió iniciar las actuaciones que correspondieren “para obtener una sanción y condena ejemplar”, en el caso del abogado David Leiva. Afirmó que es una medida habitual que se adopta cuando un colega matriculado es víctima de una agresión, tal como ocurrió con el Dr. Pablo Ibáñez. El abogado fue agredido hace tres años en Joaquín V. González. En esa oportunidad, el Colegio se presentó por primera vez como querellante particular y logró la condena por lesiones, afirmó el dirigente. También consideró que “ninguna persona debe ser tratada de la forma en la que lo fue el Dr. David Leiva. Nos solidarizamos con él e impulsamos las medidas para ser protagonistas en este caso”.

En otro sentido, Burgos precisó que el hecho que se investiga, “pone en situación de análisis otra cuestión: conocer cuáles son las razones por las que los edificios públicos son custodiados por personal de seguridad privada, cuando está al alcance el personal policial, que estaría en mejores condiciones de asumir y controlar cualquier situación conflictiva”.

Burgos se reunió previamente con el fiscal penal 1, Pablo Paz, quien inició la investigación de oficio el jueves último, en base a distintas publicaciones. El fiscal habló con la víctima, quien ya radicó denuncia formal. De las medidas dictadas, espera la remisión de los exámenes médicos solicitados, con intervención del CIF de Orán y la conclusión del trámite en la Superintendencia de la Corte de Justicia de Salta, que debe autorizar el acceso a los videos de las cámaras de seguridad.

Asentamiento: Vecinos de zona sur, con expectativas en la Mesa de Concertación

Vecinos de la zona sur de la ciudad se reunieron con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, para manifestar su preocupación en torno a la ocupación irregular de terrenos que se encuentran entre los barrios Scalabrini Ortiz, San Calixto, San Nicolás, San Remo, Parque La Vega, Círculo 1 y Don Santiago, todos ubicados en la zona sur de la ciudad.

El procurador Abel Cornejo escuchó a vecinos referentes de distintos barrios de la zona sur, quienes manifestaron su preocupación por la presencia de familias en la denominada ampliación Parque La Vega y barrio San Calixto. Advirtieron sobre el pronto colapso de la zona, ante la existencia de más de 30 barrios dependientes de un solo centro de salud, una sola escuela primaria y secundaria, una comisaría y un destacamento policial y un único predio deportivo, todos espacios que ya están saturados por la gran cantidad de familias que residen desde hace años en esa parte de la ciudad. Destacaron también la falta de acceso a servicios básicos, el riesgo de mayor contagio del coronavirus y los conflictos generados interna y externamente al predio ocupado en forma irregular.

En ese marco, el fiscal penal 5, Horacio Córdoba Mazuranic, precisó que desde el inicio del proceso de mediación penal y hasta ahora, se retiraron unas 113 personas del predio y que quedan asentadas unas 60 familias en Parque La Vega, 30 en el Lote 65 de San Calixto y otras 20 en el Lote 53, del mismo barrio. Ratificó la continuidad de las investigaciones penales abiertas por intentos de conexiones clandestinas, coacción y hechos de inseguridad e informó que durante los últimos meses, se redujeron los hechos en perjuicio de efectivos de la Policía, los cortes de tránsito y las denuncias formales por distintos delitos. 

El presidente del Centro Vecinal  de barrio San Remo,  José Villalba, destacó la “buena predisposición del Ministerio Público Fiscal para escucharnos y darnos respuesta, porque los únicos que nos recibieron hasta ahora, fueron el fiscal Córdoba y el Procurador”. Precisó que siguen esperando “que haya compromiso de los otros poderes, porque quienes pedimos una respuesta, representamos a 30 barrios de la zona”. En ese sentido, dijo que los vecinos también ponen sus expectativas en la Mesa de Concertación que convocará el Ministerio Público Fiscal, porque permitirá que todos los organismos abocados a solucionar el déficit habitacional, pero también de quienes residen cerca de los asentamientos, consensuen respuestas para ambos sectores afectados.

Durante el encuentro con el Procurador, el Fiscal Penal 5 y el Presidente del Centro Vecinal, también participaron la secretaria letrada de la Procuración, Sofía Cornejo, Paula Marisa Aramayo (Barrio Pablo Saravia), Abel David Moya (Vicepresidente del Centro Vecinal de San Remo), y Carlos Arias (Barrio San Calixto).

El Procurador General recibió a legisladoras del Sur

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a las diputadas Emma Lanocci, de Metán y Emilia Figueroa, de Rosario de la Frontera, quienes plantearon distintas cuestiones referidas especialmente a la relación entre profesionales de la salud y la actividad del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial.

Las legisladoras de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Salta, plantearon ante el Procurador distintos temas, vinculados con el organismo y otros  relacionados con la administración y servicio de justicia. Ambas coincidieron en señalar la necesidad de una nueva Fiscalía Penal especializada en Violencia Familiar y de Género, ya que la única existente en la zona, se ubica en Metán, distante a poco más de 40 km de Rosario de la Frontera. Explicaron que a pesar de la sensibilidad de la temática, muchas mujeres desisten de denunciar hechos de violencia, cada vez que deben trasladarse hasta ese lugar y se les dificulta.

La diputada Figueroa también manifestó su preocupación por la prórroga de la entrada en vigencia del Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes. De acuerdo a la ley sancionada, el Régimen debía regir desde el 5 de septiembre de 2019. Se prorrogó por un año, debido a la imposibilidad fáctica de aplicarlo y este año, fue nuevamente postergado, hasta 2021. En el mismo sentido, consideró que el Distrito Judicial del Sur, debería contar con una Fiscalía especializada en Niñez y Adolescencia, con profesionales capacitados para abordar y establecer una relación con niñas, niños y adolescentes. “Es el sector más vulnerable de la sociedad, especialmente por el impacto de la violencia social y familiar en los menores”, afirmó la legisladora.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Salud, Emma Lanocci, planteó la necesidad de más designaciones de asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos y otros especialistas en adicciones para casos judicializados, dado que la escasez de personal hace que los mismos profesionales roten entre distintas tareas del Hospital Zonal, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

Las legisladoras también sugirieron que la Cámara Gesell que funciona en el hospital de Rosario de la Frontera, se traslade a un ámbito estrictamente judicial, como el Juzgado de Metán y advirtieron sobre la falta de médicos forenses afectados a la zona, la cual, reconocieron, afecta a toda la provincia.

El Procurador se comprometió a optimizar los recursos disponibles del Ministerio Público Fiscal y a derivar temas específicos que no son competencia del organismo, pero que permiten que el acceso al servicio de justicia, sea justo y equitativo en todo el territorio provincial.

Salta tendrá una Fiscalía especializada en Femicidios

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios de Salta (UFEM – SALTA), con competencia en el Distrito Judicial del Centro. La UFEM estará a cargo de la fiscal Mónica Poma.

La Resolución 1111 que crea la UFEM, repasa que en 2019 se aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el “Protocolo para la investigación y litigios de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”, confeccionado por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. Y que se intensificó el abordaje de los fenómenos criminales de mayor complejidad y connotación social, para lograr intervenciones coordinadas y efectivas. Por ello, no resultó indiferente a la gestión el incremento de femicidios en la provincia, y ante el reclamo social, el Procurador consideró oportuno  profundizar y potenciar la política criminal del organismo, con un criterio de especialización.

La creación de la UFEM permitirá adecuar la estructura actual, bajo las recomendaciones formuladas por Naciones Unidas para los Ministerios Públicos, Fiscalías y Poderes u Organismos Judiciales y resulta compatible con lo dispuesto por la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres, especialmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará),  y la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de rango constitucional.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó los patrones socioculturales existentes en las y los operadores judiciales y los déficits de las investigaciones de estos delitos y conminó a “crear instancias especializadas en derechos de las mujeres dentro de los Ministerios Públicos, la policía y los tribunales, para garantizar una perspectiva de género al abordar casos de mujeres.  

Mirta Lapad seguirá presidiendo el Colegio de Gobierno del Ministerio Público

El procurador general, Abel Cornejo y el defensor general, Pedro García Castiella, reeligieron a la asesora general, Mirta Lapad en el cargo de presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público. García Castiella será el vicepresidente. El Colegio acordó el trabajo sobre temas en común y Cornejo propuso que a partir de la próxima renovación de autoridades, la presidencia sea rotativa.

El Ministerio Público es un órgano autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, que integra el sistema de administración de Justicia. Lo integran el Ministerio Público Fiscal, que ejerce la acción penal pública y acciona en defensa de la legalidad, intereses  generales, difusos y medio ambiente; el Ministerio Público de la Defensa,  que tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de personas de escasos recursos y de quienes estuviesen ausentes y el Ministerio Público Tutelar, que vela por los derechos y bienes de los menores e incapaces de hecho. Al Ministerio Público lo dirige el Colegio de Gobierno, que elige entre sus integrantes a una o un presidente, que dura dos años en sus funciones.

En ese marco, Cornejo propuso que Lapad sea reelegida en la función por el próximo período de dos años, y que a partir del próximo cambio de autoridades, previsto para 2022, la designación se realice en forma rotativa. La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Colegio de Gobierno designará de entre sus miembros a una o un Presidente, que durará dos años en sus funciones y podrá ser reelecto para sucesivos períodos.

“La alternancia es una condición necesaria para que los órganos de la democracia tengan un mejor desempeño institucional”, consideró el Procurador.

En otro tramo de la reunión del Colegio, sus integrantes acordaron el trabajo conjunto en distintas temáticas y especialmente en la creación del Defensor Público de las Víctimas, que se desempeñaría en la órbita del Ministerio Público de la Defensa. Su objetivo sería el de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados Internacionales de Derechos Humanos.

En ese sentido, la presidenta del Colegio de Gobierno, Mirta Lapad, también destacó la necesidad de que las futuras normativas y legislación que impliquen al servicio de justicia y el Ministerio Público, cuenten con el aporte técnico y opinión de las autoridades del Colegio, antes del tratamiento y aprobación por parte de la Legislatura provincial. Consideró que la convocatoria de las comisiones al análisis previo, mejorará la legislación y consecuentemente, el acceso y administración de justicia y servicio a la ciudadanía.

El Procurador recibió a las Comunidades Originarias

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a 20 referentes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, quienes le entregaron una copia del petitorio que elevarán al Poder Ejecutivo Provincial. También consultaron y se expresaron acerca de temas en los que tiene injerencia el Ministerio Público Fiscal. En el encuentro también participó  la delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy.

La reunión realizada este lunes en instalaciones del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta con la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, contó con distintas alocuciones durante las cuales las y los referentes compartieron el petitorio que presentarán esta tarde a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial. Específicamente, sobre temas vinculados con el MPF, pidieron que “se dé cumplimiento efectivo a la Ley 21160, -que suspende los desalojos y ordena relevar las tierras de ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas-, con presupuestos que lo garanticen y en particular en las comunidades de los departamentos San Martín y Orán”. Denunciaron “graves situaciones de violaciones de Derechos Humanos, desalojos violentos y faltas de títulos de propiedad de la tierra”. Además, manifestaron la necesidad de acceder a un sistema de justicia intercultural y efectiva y en ese sentido, solicitaron facilitadores interculturales bilingües para todos los organismos estatales.

El cacique Aniceto Mendoza destacó la reunión “porque se trata de la primera vez que nos recibe un Procurador General de la Provincia”, y afirmó que la UACOP la consideró “muy positiva, por la expresión de profundo respeto que nunca antes se dio”.  Afirmó que la marcha iniciada el 16 de noviembre pasado y los pedidos de reuniones con las autoridades, “se basan en la ética y construcción cultural de los pueblos, que venimos a buscar fortalecimiento y mayor entendimiento con las organizaciones del Estado. “Nuestra marcha se basa en las necesidades que se dejaron pasar por muchos años”, sostuvo Mendoza.

Los presentes expresaron su preocupación por la desnutrición y muertes de menores y dijeron que mientras marchaban, supieron del fallecimiento de una menor en La Puntana, ocurrida el viernes pasado. También denunciaron “el atropello de las fuerzas de seguridad” durante los desalojos. En ese sentido, Julia Gómez afirmó que “sin la tierra, no somos nada”, pues en el territorio encuentran alimentos y medicinas, además de los materiales para sus lanchas y otros elementos. “Hoy, en cambio, tenemos techos de plástico”, afirmó. Mendoza, en tanto dijo que las “leyes están hechas para el hombre blanco y hay pocas sobre pueblos originarios, a pesar de que la Constitución Nacional reconoce su preexistencia”.

Por su parte, el Procurador ratificó su apoyo a la conformación de una Mesa de Diálogo, para que se visibilicen las necesidades de las comunidades, históricamente postergadas y se definan soluciones con los protagonistas. “Una República funciona mejor con una representación plural y diversa, porque la democracia participativa siempre será más directa para garantizar el respeto de los derechos indígenas”, afirmó Cornejo, al tiempo que destacó que el encuentro de ayer, fue el claro ejemplo de que “a través del diálogo y la empatía, se puede mejorar la condición humana”.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, en Salta los pueblos indígenas representan un porcentaje del 6,6% de la población provincial total.

Durante el encuentro, estuvieron Crescencia Lorenzo, Francisca Sarmiento, Fabiola Irene Rodas, Susana Palavecino, Antonia Pérez, Julia Gómez, Julián Torres, Samuel Gilovero, Mateo Torres, Aniceto Mendoza, Abel Mendoza, Nelson Campos, Gervasio Barvier, Mariano Centeno, Celestino Delgado, José Marambio Félix, Leonardo Pantoja, Lucio Palavecino y Marcos Lucas.

Se podrán denunciar otros delitos a través de la página de Denuncias Web

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la aprobación del sistema de recepción de “Denuncias Web para otros Delitos”, incorporado a la página oficial del Ministerio Público Fiscal y en el sitio web www.denunciasweb.gob.ar, que regirá desde este martes 1 de diciembre de 2020.

De este modo, los ciudadanos de la provincia, podrán registrar sus denuncias en el apartado “otros delitos”, que se suma a los ya disponibles para denunciar robos, venta de drogas y abusos policiales.

La herramienta informática permitirá a los usuarios registrar las denuncias desde cualquier dispositivo informático con acceso a Internet o teléfono celular a través de la aplicación móvil; sin necesidad de concurrir a una dependencia policial.

En este sentido, el Procurador General sostuvo que es “indispensable para la gestión, brindar respuestas de calidad al ciudadano, a través de la ampliación de los canales de acceso al servicio de justicia” y especialmente, en el marco de restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.

El MPF capacitará en la Auditoría General de la Provincia

El Ministerio Público Fiscal y la Auditoría General firmarán un convenio de complementariedad destinado a la  capacitación de auditores de campo, en materia de delitos económicos. El  órgano de control lleva radicadas 37 denuncias penales desde abril de 2019.

El procurador general, Abel Cornejo recibió al presidente de la Auditoría General, Gustavo Ferraris, con quien acordó avanzar en un convenio de complementariedad destinado a la  capacitación de auditores de campo en materia de delitos económicos. La capacitación estará a cargo de fiscales especializados. En ese sentido, Ferraris afirmó que el organismo a su cargo, encontró la necesidad de acceder a capacitación específica, con el objetivo de instruir a los auditores de campo sobre cómo reunir documentación precisa, la que posteriormente podría convertirse en la prueba que acompañe las denuncias que el organismo realiza cuando detecta la posible comisión de delitos en perjuicio de la hacienda pública.

El Pte. de la AGPS, Gustavo Ferraris, con el procurador Cornejo

Es que según la Constitución Provincial, la Auditoría tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación del Estado, en los casos que se detecte, en virtud de las funciones atribuidas por la Carta Magna y las leyes vigentes, el posible daño patrimonial al Fisco. Además, la Ley Nº 7103, establece que la Auditoría puede actuar como sustentadora y proveedora de pruebas.

El Presidente de la Auditoría enfatizó la posibilidad de mejorar mecanismos interinstitucionales, para que la dinámica entre la sospecha, la denuncia, la investigación y posterior sanción de delitos contra la Administración Pública, sea ágil y concreta.

Por su parte, Cornejo afirmó que a pesar de que a la Auditoría General de la Provincia le compete el control posterior de las cuentas públicas, la capacitación de los auditores de campo permitirá mejorar la recolección de pruebas destinadas a sustentar posibles investigaciones formales. “Especialmente los delitos económicos exigen la investigación en tiempo real, porque esa es la forma de evitar mayores perjuicios al Estado. El desorden administrativo o, peor aún, los hechos de corrupción, frenan o directamente impiden la ejecución de las políticas públicas de estados municipales y organismos provinciales”, afirmó el Procurador.

La AGPS realiza las auditorías financieras, de legalidad y de gestión de las entidades bajo su control, así como la evaluación de los programas, proyectos y operaciones financiadas con fondos propios de la provincia, o provenientes de financiamiento nacional o internacional.

El OVcM y el MPF sistematizan intercambios para mejorar políticas públicas

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Ministerio Público Fiscal, acordaron la puesta en marcha de acciones conjuntas destinadas al logro de metas institucionales compartidas. Ambas partes aportarán sus recursos técnicos, humanos y de infraestructura.

El convenio firmado entre las directoras Inés Bocanera, Ana Pérez Declercq y María del Pilar González Sastre y el procurador Abel Cornejo, implica el intercambio de información periódica y permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia de género. También, el desarrollo de acciones comunes para la recolección, procesamiento, registro, análisis, publicación y difusión de datos e información sobre violencia de género en la provincia de Salta y el impulso de estudios e investigaciones conjuntas sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia machista, sus consecuencias y efectos. Además, se refiere al acceso a justicia de las víctimas directas e indirectas, los procesos de revictimización y la violencia institucional.

En este marco, el Observatorio asume el compromiso con el Ministerio Público Fiscal de brindar apoyo técnico para fortalecer el sistema de registro de las causas por violencia de Género que se radiquen en las Fiscalías. La sistematización de los datos permitirá una ágil evaluación de las políticas públicas vigentes.

La directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, María del Pilar González Sastre, destacó la importancia  de acceder  a datos oficiales referidos a los distintos delitos y tentativas relacionadas a la violencia de género, pues la función principal del organismo que integra es recabar información de las instituciones públicas. “Poder contar con información oficial, permite comunicarla a la ciudadanía y basar el análisis en datos reales, para realizar análisis eficaces”, concluyó.

Cornejo subrayó la posibilidad de avanzar en políticas interseccionales específicas, que permitan disminuir y erradicar el ejercicio de la violencia hacia las mujeres, en todas sus expresiones y en toda la provincia.