Después de 13 meses de formación, egresaron 56 investigadores civiles, de los cuales serán incorporados 23 al Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal. La Comisión Evaluadora definió la lista de alumnos que llegaron a la etapa del examen final. El inicio de la Formación de Investigadores Fiscales contó con más de 700 inscriptos.
El dictado y formación estuvo a cargo de fiscales, auxiliares, profesionales y personal policial y el objetivo fue la conformación de un Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), organismo de carácter profesional, especializado e independiente, que contará con el equipamiento y medios adecuados para brindar asistencia a los fiscales penales en su función de investigación y colaborará en la elaboración de la teoría del caso.
Ante el requerimiento de la Procuración General, se procederá a la incorporación al Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) de 23 del total de 56 egresados, en dos etapas, cuyo criterio de selección se realizó teniendo en cuenta una evaluación integral que incluyó la consideración de las notas de exámenes rendidos, desempeño de cada uno a lo largo del desarrollo de la capacitación, actitudes y aptitudes, perfil crítico, capacidad de análisis y de reflexión e informe psicotécnico laboral.
La selección final surgió del Informe Final elevado por el Cuerpo Directivo de la capacitación “Formación de Investigadores Fiscales”, integrado por Sofía Cornejo Solá, Jorge René Silisque y Omar Dávila.
Este lunes fue presentado el Proyecto de Ley que dispone la creación de una Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Viales y la herramienta que posibilita radicar denuncias sobre delitos viales, a través del sistema de Denuncias Web. Autoridades provinciales y municipales y familiares de víctimas de siniestros, destacaron ambas iniciativas ya que a la investigación y persecución de los delitos viales y contra la seguridad del tránsito, se sumará una intensiva capacitación en la materia.
El procurador Abel Cornejo y la directora de la Oficina Provincial de
Incidentes y Seguridad Viales, Clelia Poma, presentaron el proyecto de Ley de
creación de la Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Viales y el
sistema web para denunciar siniestros y otros hechos viales. Los hechos pueden ser
denunciados a través del link https://www.denunciasweb.gob.ar/accidentetransito,
que se suma a otras herramientas digitales que el Ministerio Público Fiscal
puso a disposición de la ciudadanía para facilitar el acceso a la justicia.
En ese marco, Cornejo repasó el crecimiento demográfico exponencial
y el consecuente aumento del parque automotor; mencionó zonas críticas de la
provincia y puntos neurálgicos de la capital y se refirió especialmente al
tramo que separa Rosario de la Frontera de San José de Metán, destacando la
necesidad de que se ejecuten las obras necesarias para evitar las numerosas muertes
que se registran en la zona.
El Procurador consideró que “no hace falta ser más duros,
pero sí aplicar la ley vigente”, a la vez que destacó la tarea de la OPRIV, que
entre sus pilares fundacionales tiene la capacitación sobre seguridad vial. “Con ello, no habrá pretextos para eludir los
deberes ciudadanos, porque hoy existe una continua desobediencia al sistema
normativo vigente y claramente, estamos pagando las consecuencias”, afirmó.
Cornejo celebró la presencia en el acto de todos los actores
del sistema, porque su compromiso y trabajo articulado, logrará “poner fin a la
impunidad y los hechos que tanto daño y dolor provocan”. En el mismo sentido, agradeció
especialmente a las y los familiares de víctimas de siniestros viales presentes,
porque a pesar del “dolor infinito que provocan las ausencias”, lograron sobreponerse
y generar “inmensos cambios en la realidad”.
Por su parte, Poma sostuvo que dadas las características
específicas de los incidentes viales y de sus autores y víctimas, es necesario unificar
criterios de actuación fiscal para lograr mayor eficiencia en la investigación
penal y la sanción efectiva de quien comete un delito, además de dotar de mayor
celeridad al proceso. Destacó la posibilidad de prevenir para reducir los
incidentes con resultados letales y lesivos, porque el índice de mortalidad
de Salta, supera la media nacional. Tanto es así, que los accidentes viales
son la principal causa de muerte en menores de 35 años y es la tercera causa de
mortalidad sobre el total de la población. El mayor porcentaje de
siniestralidad se concentra en el interior provincial. Los motociclistas y sus
ocupantes, son las principales víctimas fatales.
La presentación contó con la participación del vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix; el secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Diego Pérez; el director de Saeta, Javier Solá y el de AMT, Luis López; el titular de la Agencia provincial de Seguridad Vial, Juan Carlos Sauma; el subdirector de Seguridad de la Policía de la Provincia, Lisandro Cejas Iriarte; el director de Seguridad Vial de la Policía de Salta, Faustino Laime y el jefe de la División Policía Seguridad Caminera, César Burgos; el secretario de Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta, Gilberto Pereyra, entre otras autoridades. En representación de familiares de víctimas de siniestros viales, asistieron Raúl Córdoba, Marcela López, Mónica Nazer y Patricia Flores. El acto contó con la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández.
El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso que desde este lunes, la Delegación de Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº 3, de barrio Limache, funcione como Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº 5 del Distrito Judicial del Centro. Quedó a cargo de la fiscal penal, Liliana Jorge. Además, fortaleció el plantel de todas las fiscalías especializadas en la materia.
En la misma Resolución, Cornejo dispuso que la división territorial de funciones de las Fiscalías Penales de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial del Centro, se establezca en cinco zonas de actuación. También reforzó los planteles de cada Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del Distrito Centro.
Para adoptar tal decisión, el Procurador tuvo en cuenta el monitoreo constante que se realiza sobre el funcionamiento del sistema de especialización de las Fiscalías Penales y por supuesto, la creciente demanda en materia de violencia familiar y de género. Ante la reciente centralización de funciones atinentes a esa materia, se optimizaron los recursos disponibles en el Ministerio Público Fiscal y se modificó la estructura de la Delegación de Limache, para convertirla en Fiscalía.
Como se sabe, solo hasta octubre pasado, las denuncias por violencia de 2020 habían superado a todas las 2019, porque el Ministerio Público Fiscal recibió 8569 denuncias por violencia de género (entre el 1 de enero y el 30 de octubre). Y durante 2019 se recibieron 8307 denuncias en todo el territorio provincial. Las denuncias aumentaron en forma exponencial.
El esquema de la especialización, se completa de la siguiente manera:
• Fiscal de Violencia Familiar y de Género N° 1, Claudia N. Geria • Fiscal de Violencia Familiar y de Género N° 2, Facundo Ruiz de los Llanos • Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 3, Gabriela R. Dávalos • Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 4, Elisa Viviana Pérez • Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N° 5, Liliana G. Jorge
El procurador general de la Provincia, recibió a la periodista Teresita Frías, de San José de Metán, quien denunció amenazas de muerte y distintos hechos de violencia de género, mediática e institucional en su contra, todos ocurridos en la ciudad del sur. Cornejo ordenó la conformación de una Unidad Fiscal específica, para profundizar la investigación en torno a sus denuncias, pidió que se tome una ampliación de denuncia a través de un acta labrada este viernes y ratificó su posición a favor de la libertad de expresión, porque sin ella “no hay democracia”.
La periodista Teresita Frías relató ante el Procurador los hechos que se vienen registrando en el predio habitacional en el que reside, en el sur provincial. Contó sobre las agresiones, insultos, ladrillazos contra las ventanas de su departamento y amenazas de muerte que vino recibiendo de parte de una pareja vecina y que la víctima vinculó con su tarea periodística. Es que en cada oportunidad en la que reveló infracciones o hizo pública la posible comisión de delitos por parte de integrantes de determinados sectores políticos, ocurrieron los hechos denunciados.
“Agradezco al Procurador el haber puesto los ojos en mi
caso, porque representa la situación por la que atraviesan la mayoría de los
periodistas del interior de la Provincia, quienes sufrimos persecuciones
constantes”, afirmó Teresita Frías, al tiempo que consideró que la conformación
de una Unidad Fiscal fijará un precedente para que las y los trabajadores de
prensa se sientan contenidos, cada vez que deben ejercer su labor. En el mismo
sentido, dijo Frías que en el interior falta capacitación y empatía para
asistir a las mujeres y disidencias, ya que en gran parte del sistema de
justicia, se reflejan la desidia y falta de acompañamiento hacia las víctimas
de violencia.
Frías, Cornejo y Díaz
La periodista también consideró que las distintas medidas
que viene adoptando el Procurador General en departamentos del sur, en pos de
garantizar la transparencia en las investigaciones “fijan un precedente”, para
las y los ciudadanos de esa parte de la provincia.
Como lo manifestó en distintas oportunidades, Cornejo
consideró que el periodismo “si no denuncia no es periodismo y si es
complaciente, no sirve para nada”, al referirse a la necesaria defensa de la libertad
de expresión, de prensa y de información, porque son derechos fundamentales de la
democracia, el desarrollo y el diálogo, y son básicos para la protección y la
promoción del resto de los derechos humanos.
La periodista Teresita Frías asistió a la reunión acompañada
por la directora de FM Todos, Noemí Díaz, quien también fue víctima de amenazas
en la capital provincial.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que con el fin de la feria judicial, a partir del 1 de febrero, el horario de funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, será de 8 a 14 y bajo la modalidad presencial. La excepción será el personal incluido en la población de riesgo y sin perjuicio de los servicios bajo modalidad remota que deberán prestar desde sus lugares de aislamiento.
En este sentido, el Procurador recomendó que magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, adopten las medidas sanitarias locales y nacionales respecto de las dependencias y el personal a su cargo, para preservar la salud, tanto de los trabajadores que prestan servicios, como de las partes en los procesos que por diversos motivos deban concurrir.
Por último, ordenó que el área de Higiene y Seguridad, Servicio Médico y Dirección de Personal del Ministerio Público, arbitren las medidas tendientes al seguimiento y control de las pautas sanitarias de trabajo para garantizar las condiciones de higiene y seguridad para preservar la salud de las y los trabajadores.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la diputada provincial, Mónica Juárez, con quien abordó distintos temas de interés para el Ministerio Público Fiscal. Entre ellos, la legisladora destacó la importancia de la Ley provincial 8218, que declara de interés prioritario de la Provincia, las políticas públicas tendientes a la detección temprana del Síndrome de Asperger y del Espectro Autista.
La misma normativa, declara el 18 de febrero de cada año
como Día del Síndrome de Asperger. La ley fue sancionada en octubre pasado y
promulgada en noviembre, y entre otros puntos, faculta al Poder Ejecutivo
Provincial a implementar medidas conducentes a la elaboración de un Programa y Registro,
además de la realización de actividades y campañas para la visibilización del
Síndrome de Asperger y del Espectro Autista.
En ese sentido, la legisladora consideró que una ley de esas características “trasciende los partidos políticos, porque son las leyes que necesita la gente. Y por eso, ésta habla de algo fundamental: visibilizar para poder sensibilizar”, al aludir a la conmemoración que desde este año, se concretará todos los 18 de febrero. Recalcó que a partir de la reglamentación, se sabrá cómo se aplica la detección temprana y gratuita e instó a la incorporación de gabinetes psicopedagógicos en todos los establecimientos educativos de la provincia.
Inclusión laboral
En el mismo sentido, el Procurador consideró que la posibilidad de detección temprana y tratamiento es un paso importantísimo, porque permitirá analizar la posterior inclusión laboral de las personas con Síndrome de Asperger o del Espectro Autista. De hecho, el Ministerio Público Fiscal viene desarrollando políticas inclusivas y eso requiere también la capacitación de los agentes estatales, dijo Cornejo. “Cualquier persona que presente Síndrome de Asperger pueda desarrollarse plenamente, pero para ello es fundamental un contexto que la acompañe”, consideró.
Se estima que en el mundo 1 de cada 59 personas tiene CEA (Condiciones
del Espectro Autista), y cerca de 700.000 en Argentina, de acuerdo a cifras no
oficiales. Según un informe de SAP, muchas de ellas tienen talentos y
habilidades singulares, como atención al detalle, alta productividad y creatividad.
Sin embargo, la tasa de desempleo para personas neurodiversas es muy alta: más
del 80 por ciento no tienen trabajo, y esto se debe más a las barreras del
ambiente que a sus propias características.
En Argentina ya existen programas laborales pioneros, tales
como «Autismo en el trabajo». En todos los casos, los requisitos para
los puestos laborales que ocuparon las personas con CEA, se mantuvieron sin
modificaciones. Es decir, se buscó a la mejor candidata o candidato para el
puesto sin importar su condición. Para contribuir a construir un lugar de
trabajo más cómodo e inclusivo se respetaron necesidades específicas, lo que
contribuyó a generar mayor conciencia.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y la titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales, Clelia Poma, recibieron a Facundo Escobar y su abogado, Juan Pizarro Echenique. Además de exponer su caso particular, se interiorizaron sobre el trabajo que viene desarrollando la OPRIV, que permitirá sistematizar la información sobre siniestralidad y destinarla a mejorar las políticas públicas del Ministerio Público Fiscal en la materia.
Durante el encuentro, Cornejo y Poma se interiorizaron sobre
las características del caso de Facundo Escobar, quien fue víctima de un
siniestro vial en abril 2018. La Fiscalía interviniente optó por archivar la investigación,
pero la víctima y su abogado sostienen que debe ser reabierta.
El abogado Juan Pizarro Echenique consideró que al tratarse de una víctima especialmente vulnerable por tener una discapacidad motriz previa al siniestro, “es necesario revisar algunas cuestiones, para que el sentimiento de justicia y el rol del Ministerio Público Fiscal puedan estar direccionados a dar una respuesta” y que la víctima, no se sienta desprotegida. En ese marco, el Procurador instruyó a Poma para que revise el caso en forma exhaustiva, a la par de la evaluación que hace la Fiscalía de Impugnación, que deberá definir si existen elementos para que se produzca la reapertura de la investigación.
Pizarro Echenique y Escobar
En ese marco, Pizarro Echenique celebró que el MPF proponga, a través de una iniciativa legislativa, la creación de una Fiscalía especializada, que permita mejorar la persecución de los delitos viales. “Es un acierto rotundo, porque las estadísticas hablan por sí mismas: a las muertes y lesiones, las encarnan los delitos provocados en accidentes viales. Ese plus ultra que necesitamos, se traducirá en la creación de la fiscalía y el trabajo de sistematización y especialización”, afirmó el letrado.
También consideró que jurídicamente “se terminará con el
criterio de oportunidad discrecional y no reglado de algunas fiscalías, porque
las causas sin presos, generalmente no tienen la misma prioridad”, a la vez que
afirmó que cuando se habla de delitos viales, “hablamos de personas y que necesitan
una respuesta inmediata”, finalizó.
Escobar, Cornejo y Poma
Por su parte, Facundo Escobar repasó las consecuencias del
siniestro del cual fue víctima en abril de 2018 y consideró que además de su búsqueda
personal de justicia, espera fundamentalmente “que sirva como antecedente, para
que a nadie le vuelva a suceder”.
La titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales, Clelia Poma, recibió este lunes a familiares de víctimas de siniestros viales, quienes integran la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad. Les informó sobre las medidas que viene adoptando la OPRIV y la proyección de acciones a corto, mediano y largo plazo. Se creará una Fiscalía especializada y habrá una aplicación para denunciar.
Durante el encuentro, en el que participaron Raúl Córdoba,
Marcela López y Omar Valdez, Poma anunció que será enviado un proyecto de Ley al
Poder Legislativo de la Provincia, con el fin de crear la Fiscalía Penal
especializada en Incidentes y Seguridad Viales, en el ámbito de la Procuración
General de la Provincia. Otra de las medidas informadas, fue la implementación de
una aplicación que permitirá radicar denuncias por esa vía, sobre delitos viales
y contra la seguridad vial (tales como la realización de “picadas”).
La funcionaria destacó los aportes que los referentes de la Comisión
de Familiares de Victimas contra la Impunidad vienen realizando al Ministerio
Público Fiscal, a través de distintos encuentros que mantuvieron con el
procurador general, Abel Cornejo y celebró que la experiencia, trayectoria y
conocimiento de las organizaciones intermedias, se canalicen para articular con
el MPF las mejoras de un sistema de seguridad vial que incluya la prevención, investigación
y sanción de delitos viales.
Por su parte, Córdoba, López y Valdez, -quienes asistieron en representación de unas 50 víctimas que integran la Comisión-, insistieron en la necesidad de que los organismos de los tres poderes del Estado, otorguen el lugar que merece la siniestralidad vial y que en consecuencia, se capacite y eduque, además de que se realicen investigaciones penales “sin dejar cabos sueltos” y que las condenas, sean ejemplificadoras. Todo ello, con el fin de disminuir el índice de siniestralidad en Salta.
Valdez, López y Córdoba
López consideró que así como existe una perspectiva de género, reclamada por distintos sectores para organismos, se adopte una “perspectiva de la siniestralidad”, para formar desde la infancia. Y en consecuencia, que se declare la Jornada Provincial de Educación Vial el 10 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Seguridad Vial. A dicha Jornada, podrían adherir los poderes ejecutivos y legislativos municipales y el Poder Judicial y MPF, con el objetivo de concientizar sobre la prevención y consecuencias de los delitos viales.
Desde el 1 de diciembre pasado, cuando entró en vigencia el sistema de recepción de “Denuncias Web para otros delitos”, incorporado a la página oficial del Ministerio Público Fiscal, se registraron 109 denuncias. Mediante el nuevo sistema, los ciudadanos de la provincia registraron sus denuncias en el apartado “otros delitos”, que se sumó a los previamente disponibles para denunciar robos, venta de drogas y abusos policiales.
Desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 18 de enero de 2021, se registraron 109 denuncias web genéricas a través del sitio web www.denunciasweb.gob.ar. Del total, 105 fueron confirmadas y derivadas a las fiscalías penales correspondientes de toda la provincia.
Los delitos más denunciados corresponden a hechos de violencia familiar y de género, como amenazas, desobediencia judicial y lesiones, entre otros. También se registraron denuncias por abuso sexual, estafas e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Las denuncias
corresponden en su mayoría a Salta capital, pero también se registraron en
municipios del Valle de Lerma, Orán, Tartagal, Embarcación, Salvador Mazza,
Pichanal, Metán y Joaquín V. González.
Las denuncias fueron remitidas a las seis fiscalías penales
del Distrito Centro, a las de Violencia
de Género 1, 2 y 3; Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 1, 2 y 3, y a
las de Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, Cachi y El Carril. Otras
fueron derivadas a las fiscalías penales de Orán, Metán y Tartagal y sus
delegaciones.
La herramienta informática permite a los usuarios registrar las denuncias desde cualquier dispositivo informático con acceso a Internet, sin necesidad de concurrir a una dependencia policial. Por supuesto, ofrece la posibilidad de adjuntar imágenes a la denuncia.
Al implementar el sistema, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, sostuvo que es “indispensable para la gestión, brindar respuestas de calidad al ciudadano, a través de la ampliación de los canales de acceso al servicio de justicia” y especialmente, en el marco de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este martes al jefe de Policía de la Provincia, José Ibarra. Acordaron que mediante distintas acciones coordinadas, ambas instituciones mejorarán las tareas investigativas que llevan adelante en forma conjunta.
El jefe de la Policía de la Provincia, comisario general José
Ibarra, se refirió a las necesidades y proyecciones de la fuerza de seguridad en
materia de investigaciones y destacó la posibilidad de coordinar, consensuar y
planificar el trabajo específico de ese ámbito entre el Ministerio de Seguridad,
la Secretaría de esa cartera, la Jefatura de Policía y el Ministerio Público
Fiscal.
Durante el encuentro, Ibarra mencionó la necesidad de
personal, de mejorar el intercambio de información y de sistematización de datos
sobre comisión de delitos, además de la pendiente puesta en marcha de la Fiscalía
de Ciberdelitos, cuya Ley de creación fue promulgada en diciembre de 2019. El
Jefe de la Policía sostuvo que a pesar de tratarse de distintos temas a
resolver, “el resultado del consenso y de convenios específicos, nos
direccionará hacia mayores beneficios para la ciudadanía”.
En el mismo sentido, el funcionario consideró que “la fortaleza
está en la decisión de trabajar coordinadamente, en la predisposición y en
entender cuál es la necesidad de la ciudadanía en materia de investigación,
además de conocer qué ofrecen tanto la institución policial como la Procuración
General”, afirmó.
La Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Salta,
establece que sus integrantes actúan como auxiliares permanentes de la
administración de justicia. El jefe de Policía, comisario general José Ibarra, fue
puesto en funciones por el Gobernador de la Provincia el 18 de diciembre último.
