Iniciativas y un árbol para recordar a las víctimas de femicidio

En una actividad conjunta, familiares de víctimas de femicidio; organizaciones de la sociedad civil y la Universidad Nacional de Salta; este jueves fue plantado un árbol en el predio del Ministerio Público Fiscal. Antes del acto, las mujeres se reunieron con el Procurador General y plantearon cuestiones vinculadas con la problemática de la violencia de género.

Luego de un encuentro realizado este jueves, en el que participaron la madre de Paola Álvarez, Mónica Morales y la madre y hermana de Agustina Guedilla, Rosa Sajama y Rocío Guedilla; las integrantes de la Fundación Entre Mujeres, Beatriz Guevara y Sandra Bustamante; la diputada nacional, Lía Verónica Caliva; la presidenta  del Instituto de Comunicación, Políticas y Sociedad (INCOPOS) de la UNSa, Alejandra Cebrelli; la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke; la coordinadora de la Procuración, Ana Cecilia Carraro y el procurador Abel Cornejo, fue plantado un lapacho rosado en el predio del Ministerio Público Fiscal.

Previamente, compartieron su experiencia; los proyectos de asistencia integral con los que cuentan y la iniciativa de la legisladora Caliva, quien propone crear un Registro de Jueces y Fiscales Obstructores de Justicia. El fin es que esos magistrados, al menos tengan una condena social, cuando incumplen sus obligaciones. En ese sentido, citó el caso de Paola Tacacho, la salteña asesinada en Tucumán, donde el gobernador Juan Manzur aceptó la renuncia condicionada al juez penal Juan Francisco Pisa, quien de esta forma evitó el juicio político que podía haberlo destituido y evitar su jubilación con  el beneficio del 82% móvil, horas antes de que se analizarán los siete pedidos de juicio político que fueron presentados en la Legislatura provincial.

El Registro de jueces y juezas, tiene por objeto ponerle fin a la “justicia patriarcal”, dijo Caliva y citó que en é, figurarán los nombres de los y las magistradxs que han sido denunciados por mala actuación en casos de violencia machista. Se tomará en cuenta la vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios, inobservancia de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales y por obstaculización mediante retardo o impedimento en el acceso a la justicia

La actividad fue llevada adelante por un pequeño grupo de personas debido al contexto de pandemia y buscó rendir homenaje a todas las víctimas de femicidio de Salta, a través de la presencia de las madres y hermana de Paola Álvarez y Agustina Guedilla.

Precisamente, el lunes 15 estaba previsto que comenzara la audiencia de debate contra Walter Alejandro Espinoza por el femicidio de Agustina Guedilla, de 16 años, ocurrido en diciembre de 2019 en la cancha “Los Vallistos” de barrio Palermo II de la ciudad de Salta, y por la tentativa de homicidio de una mujer trans, ocurrida días previos. Fue postergada por un cambio de defensor. Espinoza está imputado como autor de los delitos de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por el género en perjuicio de una menor de 16 años en concurso real con tentativa de homicidio agravado por el género en perjuicio de una mujer trans de 31 años, a la que contactó en noviembre de 2019.

En mayo de 2019, el Tribunal de la Sala IV impuso la pena máxima prevista en el Código Penal a Santiago Alfredo Zambrani por el homicidio doblemente calificado de Paola Mariana Álvarez.  Fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado. Sus padres, en cambio, fueron absueltos por mediar excusa absolutoria, del delito de encubrimiento agravado.

Día de la Mujer: Políticas públicas serias, crímenes de odio, investigaciones sin condicionamientos y libertad de expresión, en la conmemoración del MPF

En el marco del Día Internacional de la Mujer, fue presentada formalmente la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), cuya titular es la fiscal Mónica Poma. En ese marco, se reivindicó la necesidad de seguir investigando los hechos de violencia de género y femicidios, sin condicionamientos, y de fortalecer las necesarias políticas públicas para disminuir y erradicar la violencia de género.

Con la presencia de autoridades del Colegio de Gobierno del Ministerio Público; del Poder Ejecutivo provincial y nacional; del Poder Legislativo Provincial y de organizaciones intermedias comprometidas con la temática, el acto se desarrolló en el exterior del edificio de la Procuración General, donde aludieron a la fecha la integrante del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, Natalia Nieto; la directora  del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declerq; la fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y el procurador general, Abel Cornejo.

En primer lugar, Nieto resumió las acciones desplegadas por el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, a partir de su conformación y centró luego sus palabras en “seguir reclamando y exigiendo a los tres poderes del Estado, porque ni la prorrogada Declaración de Emergencia en Violencia de Género, ni todas las herramientas que debían disminuir y terminar con la violencia machista  han sido capaces de hacerlo”, al aludir al femicidio de Macarena Blanco, conocido este domingo. Después de repasar los reclamos vigentes y sostener que no se pueden “usar eufemismos ni sutilezas, porque mataron a otra mujer en Salta”, invitó a reflexionar sobre la oportunidad que tienen los organismos de definir políticas públicas serias para frenar la violencia machista que afecta a mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries.

Por su parte, Pérez Declercq destacó la creación de UFEM, porque desnaturaliza y reconoce que existen crímenes vinculados a relaciones desiguales de género, al odio por identidad de género o por orientación sexual disidente a la norma heterosexual. Convocó a las y los presentes a marchar y “reclamar el cupo laboral trans; que las personas trans tengan un trabajo digno y que puedan salir a la calle sin ser violentadas”. Luego de recordar a Natalia Pepa Gaitán, asesinada por ser lesbiana, enfatizó que “es necesario que se reconozca que se mata por desigualdad de género, orientación sexual e identidad de género”.

A su turno, Simesen de Bielke realizó un repaso de las mujeres que murieron a raíz de sus convicciones. “Durante siglos trataron de silenciarnos, pero no olvidemos que la Declaración universal de los Derechos Humanos establece la libertad de opinión y expresión”. Pidió la fiscala que se terminen los estereotipos y  la asignación de roles sociales a las mujeres y que se levante la voz “para no permitir que nos silencien, porque no caben dudas de que la muerte violenta de las mujeres resulta la forma más cruel e intolerable de silenciarnos”.

En el cierre, el procurador Cornejo dijo que la fecha conmemorativa, no se reduce a un día de lucha de las mujeres, sino de lucha de una nueva civilización, “porque no puede haber una sociedad civilizada que mate”, al referirse al femicidio de Macarena Blanco. Y pidió que quienes asistieron al acto, se multipliquen “por miles, en las calles de Salta”;  porque “a los femicidios, -ese flagelo horroroso y espantoso-, las palabras no los van a frenar; los frenarán las acciones positivas y concretas y los cambios estructurales y profundos de una sociedad”.

Recordó a Cintia Fernández, otra víctima de la violencia machista y cuya madre, Ana Fernández, tuvo que padecer todos los vericuetos del sistema judicial y destacó que en el MPF “somos perfectamente conscientes de cuánto nos cuesta luchar contra los femicidios; cuántas operaciones se hacen; cuantos escraches selectivos; cuántos esfuerzos inútiles -desde la negatividad y desde el nihilismo- pretenden frenar nuestros objetivos”, al tiempo que advirtió que cuando la lucha, los principios y las convicciones son irrenunciables, se multiplican. “Es necesario que la sociedad tenga una visión introspectiva que haga cambiar el horror por una sociedad civilizada, inclusiva e igualitaria”, sentenció.

Asistieron al acto el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix; el secretario de Justicia, Diego Pérez; la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio, asesora general de Incapaces, Mirta Lapad; el defensor general, Pedro García Castiella; la coordinadora de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, y la fiscala penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios de Salta (UFEM), Mónica Poma. También participaron la consultora de ONU Mujeres Argentina e Iniciativa Spotlight, Alba Ruibal; la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy y el delegado de Inadi, Gustavo Farquharson, además del presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pedro Burgos; las presidentas de las fundaciones Cintia Fernández, Ana Fernández y Volviendo a Casa, Isabel Soria, respectivamente, entre otras autoridades e invitados especiales.

Tarea legislativa y propuesta de capacitación para mejorar asistencia a víctimas infantiles de abuso sexual

La presidenta de la Fundación PAPIS -Proyecto de Asistencia Para una Infancia Segura-, Lucrecia Miller y la diputada Mónica Juárez, trabajan en forma conjunta para que este año legislativo, se aborde en profundidad la problemática de las víctimas infantiles de abuso sexual, con amplia consulta a representantes de los tres poderes del Estado. Miller también propone capacitación gratuita en la materia para las y los integrantes del Ministerio Público Fiscal

Con el objetivo de insistir en el tratamiento legislativo del proyecto ingresado en noviembre pasado a la Cámara baja provincial, Miller y Juárez adelantaron al procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, que, oportunamente, será convocado para explayarse en la Legislatura sobre las potestades y competencias del MPF en la materia y otras, vinculadas con la tarea que viene desarrollando la Fundación PAPIS -Proyecto de Asistencia Para una Infancia Segura-,  referidos a la figura del Defensor del Niño y la “Intervención intersectorial para niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual”, que otorga rango especial a la víctima infantil de abuso sexual.

En noviembre pasado, Miller presentó ambos proyectos al presidente de la Cámara baja, Esteban Amat Lacroix y al presidente del bloque Justicialista Gustavo Sáenz, Germán Rallé. La de “Creación de la Figura del Defensor del Niño acorde lo estipulado en Ley 26061” y la que propone la “Creación del Sistema Interconectado entre Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo y ONG para el Abordaje y Tratamiento Integral de Niños/as y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual“, son iniciativas basadas en los 25 años de trayectoria de Miller, a través de la Red-PAPIS y Fundación PAPIS.

El segundo proyecto aspira a optimizar los procedimientos judiciales y administrativos para Víctimas Infantiles de Abuso Sexual, garantizar inmediatez de la respuesta ante la denuncia, prisión preventiva del acusado, prontitud de las acciones, que la víctima no deba volver al domicilio donde habita el abusador, condenas efectivas y acompañamiento legal y terapéutico de niñas y niños víctimas, además de un resarcimiento económico.

Entre otros puntos, el proyecto de ley de “Intervención intersectorial para niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual”, crea el Sistema Interconectado e Intersectorial entre el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público de la Provincia y Organizaciones de la Sociedad Civil para la cobertura integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, todo ello para la efectiva condena del abusador y la protección y tratamiento adecuado y efectivo de la Víctima Infantil.  “Es una oportunidad para revisar, ordenar y hacer más efectivo el sistema para evitar la revictimización”, explicó Miller.

También propone que las denuncias se recibirán en sede de la Fiscalía y no en comisarías, y a través de un Equipo Interdisciplinario Especializado en Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes que tomará la declaración única y así, evitará someter a la víctima a ulteriores interrogatorios revictimizantes. Es que según la especialista “a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, aún persiste la violencia contra nuestra infancia y es por ello que debemos avanzar en leyes y medidas protectoras que permitan visibilizar y evitar la violencia contra nuestros niños, porque el abuso sexual, -en todas sus formas-, constituye el más aberrante y de devastadoras consecuencias para la vida de sus víctimas infantiles”. El proyecto contempla la instrumentación de un Régimen de Reparación Económica, mediante un pago mensual equivalente al monto de una jubilación mínima.

Cornejo reiteró su apoyo a la ONG, porque sigue demostrando su compromiso con el acompañamiento real de las víctimas y sus grupos familiares y hasta la total recuperación de las niñas, niños y adolescentes

Con Miller y Juárez, estuvieron el abogado Sócrates Paputsakis, quien colabora con la diputada e integrantes del equipo de la Fundación.

Cornejo es el nuevo presidente rector de la Escuela del Ministerio Público

El Colegio de Gobierno del Ministerio Público de Salta, que preside la asesora general de Incapaces, Mirta Lapad y que integran el procurador general, Abel Cornejo y el defensor general, Pedro García Castiella, eligieron a las autoridades de la Escuela del Ministerio Público, para el período 2021/2023.

Durante el encuentro celebrado este martes, acordaron que el Procurador General será el Presidente Rector de la Escuela del Ministerio Público hasta 2023, mientras que el Defensor General ejercerá el cargo de Consejero en el Consejo Académico.

La Escuela del Ministerio Público, dependiente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público de Salta es una institución académicamente autónoma, que privilegia la libertad de cátedra, de opinión y científica, a la vez que promueve la investigación y el desarrollo del conocimiento democrático del derecho y la función judicial.

Lapad, Cornejo y García Castiella

Su finalidad es mejorar, modernizar, optimizar el desempeño de los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público, a través de una capacitación continua y favorecer la investigación académica sobre los múltiples aspectos vinculados con los cometidos del Ministerio Público. Constituye un espacio de vínculo con el medio académico regional, local, nacional e internacional. Articula la modernización e innovación de la gestión institucional para una mejora en la administración y servicio de justicia, fundamentalmente en la función requirente.

A su vez, en el marco de la Escuela del Ministerio Público, funciona el Ateneo de Derecho y Ciencias Sociales, ámbito en el que se promueve una cultura democrática sobre la sociedad, la justicia y el derecho, a través de la investigación científica de temas vinculados con el acceso a la justicia, la modernización de la administración, el desarrollo social, la ciencia criminológica, la problemática social, ambiental y cultural, el tratamiento interdisciplinario del derecho con las ciencias de la información , la economía y las tecnologías aplicadas, entre otros.

La Escuela capacita permanentemente a los miembros del Ministerio Público, los auxiliares de la justicia y profesionales, a través de programas de investigación, actualización y entrenamiento y genera actividades académicas destinadas a profesionales externos al Ministerio Público. La adecuada y permanente actualización acerca de las grandes transformaciones legislativas, tecnológicas, sociales e institucionales, además de conocimientos y experiencias adquiridos, también son parte de la formación destinada a la carrera administrativa de quienes integran el Ministerio Público de Salta.

El Presidente Rector también preside las reuniones del Consejo Académico.

Cierran otras dos fiscalías por casos positivos de Covid-19

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, resolvió el cierre preventivo de las fiscalías penales de Cerrillos y de Violencia Familiar y de Género 2, en virtud de que ambas confirmaron un caso positivo para Covid-19. Se mantiene el trabajo remoto y los fiscales realizarán todos los actos procesales presenciales impostergables.

Cornejo dispuso con carácter preventivo que las y los funcionarios y todo el personal de la Fiscalía Penal de Cerrillos y de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y Género Nº 2 del Distrito Judicial Centro, cumplirán sus funciones desde sus hogares, a partir del lunes 1 de marzo del corriente año y hasta que el Servicio Médico del Ministerio Público lo recomiende.

Es que se presentó un caso con resultado positivo para Covid-19 en cada una de las fiscalías y por ello, con carácter de urgente, se dispuso una serie de medidas restrictivas para ambas dependencias y en resguardo de la salud pública comprometida.

En consecuencia, los fiscales penales de Cerrillos, Federico Gabriel Portal; y de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 2, Facundo Ruiz de los Llanos, realizarán todos los actos procesales de carácter presencial que resulten impostergables para la dependencia.

Se recomendó a todos los agentes alcanzados por la medida preventiva de aislamiento, que permanezcan en sus domicilios para evitar la propagación de la enfermedad en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Unidad Fiscal para profundizar la búsqueda de una menor

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, creó la Unidad Fiscal de Investigación destinada a las actuaciones iniciadas a partir de la desaparición de una adolescente de 17 años, en Aguaray, municipio del norte provincial. La unidad se integra por la fiscal penal Mónica Susana Poma (UFEM-Salta) y el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón.

Poma y Cazón asumirán de manera conjunta el trámite de la causa, cuya intervención inicial fue de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, que investiga la desaparición de la menor Agustina Fabiana Casasola, desde el miércoles 17 de febrero, fecha desde la cual falta de su hogar. Distintos testimonios coincidieron en señalar el desplazamiento a Salvador Mazza de la menor, acompañada con un mayor, durante la madrugada del mismo día que fue reportada por su madre como desaparecida.

La conformación de la Unidad de Investigación, se enmarca en la permanente confección de instrumentos que permitan favorecer el desarrollo y la implementación de estrategias de persecución penal efectivas, para el abordaje de los fenómenos criminales de mayor complejidad y relevancia social.

El Colegio de Gobierno dispuso la cesantía del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia

El Colegio de Gobierno del Ministerio Público aplicó la sanción de cesantía al auxiliar fiscal de la Delegación Fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur. Lo hizo en los términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de su Reglamento General. Con la sanción aplicada, quedó extinta la relación laboral de Dantur con el organismo.

Para resolver de esa forma, el Colegio tuvo en cuenta que el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó el sumario administrativo en contra de Dantur, motivado en la imputación realizada en su contra por la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, en concurso real. A su vez, el 16 de diciembre de 2020 y en virtud de un nuevo hecho enmarcado en las actuaciones penales, se dispuso la ampliación del sumario y la conformación de una Unidad Fiscal para la investigación penal pertinente.

De un primer hecho investigado, se tuvo que Dantur mantuvo diálogos con el comisario de Apolinario Saravia, Walter Ezequiel Omar Mamaní, imputado por la presunta comisión de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real con coacción en calidad de autor. Todo esto, mientras Dantur se desempeñaba como auxiliar fiscal y daba cumplimiento a las órdenes de la fiscal Simesen de Bielke.

De conversaciones vía WhatsApp con Mamaní, surgió que el sumariado lo asesoró, al darle su punto de vista e inclusive informarle sobre medidas probatorias producidas. Además, le ofreció la llave de la dependencia fiscal para que el funcionario policial compulse las actuaciones. Dantur también guardó silencio cuando Mamaní trató de “fanática” a la fiscal, según surgió de las pericias realizadas en los teléfonos celulares del sumariado.

El segundo hecho, fue haber inducido al error a la fiscal de Derechos Humanos y al Tribunal de Impugnación, sobre la calidad de oficial o personal del teléfono celular que entregara al momento de requerírsele el dispositivo que utilizaba como funcionario del Ministerio Público Fiscal. De la investigación surgió que el celular oficial era utilizado regularmente por miembros de su familia, en tareas ajenas a su función.

El Sumario sugirió la cesantía

El informe final de la Instrucción del Sumario precisó la responsabilidad de Sergio Ariel Dantur por las faltas imputadas y corroboradas, con la recomendación de la aplicación de la sanción disciplinaria de cesantía, conforme la jerarquía y las funciones legalmente encomendadas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Con el informe final elaborado por el Instructor Sumariante, el Colegio de Gobierno tuvo por acreditados los hechos que dieron origen al sumario administrativo, sobre las reiteradas faltas cometidas en cuanto al buen desempeño de sus funciones en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

Por consiguiente, tras analizar los hechos atribuidos a Dantur, más las pruebas, informes y testimoniales, quedó acreditado que el funcionario trasgredió la Ley Orgánica del Ministerio Público 7328, en lo referido al incumplimiento de los deberes a su cargo; el ejercicio de conductas contrarias a los reglamentos y disposiciones generales o particulares dictadas por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público; la comisión de faltas u omisiones que atenten contra la eficacia de las tareas a su cargo y que se cometan en el desempeño de sus funciones y la ejecución de conductas que atenten contra la autoridad, dignidad o decoro de los superiores jerárquicos, de sus iguales o de sus subordinados o del servicio.

De acuerdo al sumario, Dantur también infringió la normativa que establece su obligación de guardar reserva de todo asunto de servicio, extremándola cuando lo requiera la naturaleza de la cuestión o lo indiquen las instrucciones del superior jerárquico; cuidar de los bienes estatales y/o privados que le fueran confiados con motivo de su función y velar por la economía y uso racional de los mismos; comunicar a su superior jerárquico inmediato por escrito y con su firma, cualquier irregularidad que pueda afectar los intereses del Ministerio Público y retirar o emplear con fines particulares bienes del Ministerio Público sometidos a la guarda del agente, funcionario o Dependencia en la que se desempeña. Todo ello, en función de la Ley 7712, que establece la responsabilidad personal del Auxiliar Fiscal por el buen desempeño de sus funciones.

Todas esas faltas, conllevaron a solicitar la sanción prevista en la Ley Organica y el Reglamento General del Ministerio Público, de las que se desprende que los magistrados y funcionarios tendrán especialmente en cuenta las responsabilidades inherentes a la función que desempeñan, las que implican deberes y obligaciones. El primer deber básico del agente es cumplir con dedicación la función y observar el fiel cumplimiento de sus deberes, porque el servicio de justicia exige rectitud y la observancia de una conducta irreprochable, con el deber de guardar en todo momento un estilo que trasunte seriedad, confiabilidad y honestidad de un buen funcionario.

Si bien no ha recaído sentencia condenatoria por los hechos imputados a Dantur, tal circunstancia no impide que pueda aplicarse una sanción disciplinaria al margen de las causas penales existentes, atento a que el pronunciamiento administrativo es independiente del judicial en razón de ser distintas las finalidades perseguidas y los bienes jurídicos tutelados en cada uno de ellos. También son diferentes los principios que se aplican en una y otra rama del derecho y diversos los valores en juego.

Al ponderar las conductas atribuidas al agente sumariado, el material probatorio que las acredita, la gravedad y cantidad de las irregularidades que ellas comportan, se estimó apropiado aplicar a Sergio Ariel Dantur, la sanción administrativa consistente en cesantía.

El Procurador denunció a una Defensora Oficial ante el Jurado de Enjuiciamiento y pidió su remoción

El procurador general, Abel Cornejo presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta, contra la defensora oficial Civil del Distrito Judicial Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, por la presunta comisión de delitos, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. En la misma presentación, Cornejo solicitó que se abra el proceso de remoción respecto de la misma funcionaria del Ministerio Público.

El Procurador formuló la acusación en los términos de la Constitución de la Provincia de Salta y la Ley 7138, en contra la defensora oficial civil del Distrito Judicial Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, por la presunta comisión de delitos, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.  También solicitó la apertura del procedimiento de remoción de la defensora oficial denunciada, cuya actuación diera origen a la causa identificada como: “Denuncia Penal C045 – 161/2021 – Comisaria N° 45, Tartagal – Legajo de Investigación N° 10/2021 en trámite por ante la Fiscalía Penal N° 1 y Juzgado de Garantías N° 1 de ese Distrito Judicial”.

De acuerdo a las actuaciones, Díaz incurrió en un claro incumplimiento de los deberes a su cargo, comisión de presuntos delitos dolosos y un evidente mal desempeño en su rol de funcionaria pública, considerando entre otras inconductas, la gravedad de los hechos que dieron origen a la investigación penal, el sector de extrema vulnerabilidad involucrado en el destino de los bienes retenidos y el transcurso del tiempo.

De la información suministrada profusamente por los medios de comunicación y las constancias del sistema de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, surgió que Sandra Liliana Díaz denunció a sus hermanas, Rosa Fabiola Díaz (Defensora oficial) y Paola Alejandra Díaz (Concejal), por tener acopiadas las donaciones de distintas fundaciones y organizaciones intermedias, durante todo 2020 y hasta la actualidad. Lo retenido en Tartagal, no fue entregado sus destinatarios y en cambio, habría sido comercializado por ambas. Las supuestas donaciones fueron presuntamente realizadas por las Fundaciones Noble, River Plate, Marinaro, entre otras y consistieron en bienes tales como pañales, zapatillas, indumentarias, agua mineral, alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene personal, cuyas beneficiarias serían las comunidades aborígenes de la zona. Los hechos tomaron estado público el 4 de febrero del corriente año.

Sin que todo ello implique emitir un juicio de mérito sobre los delitos atribuidos a la magistrada, el Procurador consideró necesaria e indispensable la apertura del procedimiento, para dilucidar la responsabilidad de la presunta conducta reprochable de la defensora oficial. Es que dicha conducta no fue la requerida por la Constitución Provincial en su Art. 166, requisito ineludible para la conservación del cargo, porque ejerció sus prerrogativas funcionales de manera irregular e incurrió en conductas pasibles de reproche penal. Son maniobras de extrema gravedad que contradicen el marco normativo que rige la actuación de los Defensores Oficiales que integran el Ministerio Público de Salta. Por ello, la eventual destitución de la magistrada por el Jurado de Enjuiciamiento, resulta insoslayable.

En su presentación, el procurador Abel Cornejo citó lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que oportunamente sostuvo que “la remoción por mal desempeño procede cuando se acreditan graves actos de inconducta o que afecten seriamente el ejercicio de la función. Hay dos tipos de causales de destitución que deben diferenciarse: por un lado, las vinculadas al mal desempeño o mala conducta; y por otro, la comisión de delitos, ya sea en el ejercicio de funciones o se trate de crímenes comunes”.

Refuerza la fundamentación, el especial status de los delitos en los que habrían participado funcionarios públicos en nuestro país, a través de la Ley N° 24.759; de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de Estados Americanos y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En este caso, se encuentran configurados los supuestos establecidos en la Ley 7138, ya que la actuación de la defensora oficial revistió una extrema gravedad, porque el supuesto desvío de ayuda solidaria a comunidades aborígenes, revelaría no sólo una falta de idoneidad profesional o técnica en la Defensora Oficial, sino también de un comportamiento que lesiona a la función judicial y a la magistratura.

Dictaminan a favor de seguir investigando un siniestro vial

El fiscal de Impugnación, Guillermo Akemeier dictaminó en contra del archivo y favor de seguir investigando el hecho que tuvo como protagonista a Facundo Gabriel Escobar, quien sufrió lesiones como consecuencia de la colisión entre dos vehículos. Consideró que la Fiscalía interviniente omitió la realización de actividades necesarias e idóneas, destinadas a colectar mayor información tendiente a determinar si el hecho encuadra en un tipo penal.

El fiscal de Impugnación Guillermo Akemeier consideró que fue prematura la decisión de la Fiscalía Penal 4, de archivar las actuaciones y que en cambio, corresponde que prosiga la averiguación preliminar. Por ello, devolvió las actuaciones a la Fiscalía de origen para que se acredite si el denunciante Facundo Gabriel Escobar, sufrió lesiones como consecuencia de la colisión entre dos vehículos el 30 de abril de 2018, sobre Avda. Bicentenario de la Batalla de Salta al 700, a la altura del centro comercial. También, si los conductores no observaron el deber objetivo de cuidado que le correspondía para evitar el siniestro. El fiscal también espera que se acredite si existió un obrar susceptible de ser encuadrado en figura penal por parte de los profesionales del SAMEC que atendieron al damnificado, pero se retiraron cuando éste pidió ir a los sanitarios del centro comercial.

Akemeier entendió que al completar la averiguación, se podrá tomar una decisión que traduzca un mayor grado de conocimiento de los hechos. Por ello, recomendó a la Fiscalía Penal 4, convocar a la médica legal que atendió a Escobar en el lugar del hecho; requerir a la División Medicina y Química Legal de Policía de la Provincia el resultado de la revisación médica practicada y al SAMEC, el registro de atención y además, tomar distintas declaraciones testimoniales, entre ellas, a los efectivos policiales que intervinieron esa noche.

El 30 de abril de 2018, Escobar se trasladaba en un remis cuando otro vehículo lo embistió. El joven, quien presenta una discapacidad neuromotriz previa al incidente vial,  resultó expulsado del auto y con distintas lesiones. Denunció que el conductor que embistió al remis se dio a la fuga y que no tuvo la voluntad de ayudarlo ni auxiliarlo, como tampoco lo hizo el remisero.

Tierra y Emergencia Habitacional: Agricultura de la Nación propone Protocolos de actuación

En el marco de la discusión sobre el abordaje de conflictos con la tierra, el procurador general Abel Cornejo, recibió a la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio De Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, María José Castillo. La funcionaria propuso que la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional, elabore un Protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos en situación de vulnerabilidad.

Durante el encuentro, Castillo y Cornejo intercambiaron información sobre leyes nacionales y provinciales referidas a la problemática, las necesarias capacitaciones sobre la temática, destinadas a fiscales y mediadores, y el canal de generación de políticas públicas a través de la Mesa, que atenderá conflictos urbanos, campesinos y con comunidades originarias.

Castillo y Cornejo

“La intención es generar un abordaje integral y coordinado, a partir de la participación  de todas las instituciones que tienen pertinencia en la resolución de conflictos de tierra para poder, realmente, tener un marco institucional y generar un Protocolo de actuación que evite la profundización del conflicto, por la vía del diálogo”, analizó Castillo, al tiempo que señaló que la actuación de la Mesa, –que integrará a representantes de los tres poderes del Estado nacional y provincial y de organizaciones intermedias, entre otros-, permitirá alcanzar un ordenamiento territorial y el avance de las regularizaciones dominiales, en acuerdo de partes.

Castillo explicó que, en definitiva, ello implicará el cumplimiento de la Ley 26160 (que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas), y de la Ley 27118 (que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva y que crea el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar).

Consideró que ambas leyes pusieron sobre la mesa la situación de emergencia en materia de propiedad y posesión, tanto de pueblos indígenas como criollos y que la cartera nacional que representa, sostiene que “es a partir del diálogo y del encuentro con las instituciones, los pueblos, comunidades y posibles titulares registrales en conflicto, que deben generarse los acuerdos”.

Y agregó que el plexo normativo nacional y provincial, referido a desalojos, tiene un marco internacional que implica la Declaración de Naciones Unidas y el Convenio 169; porque se relacionan con los derechos a la identidad cultural; al territorio y a la consulta previa, libre e informada; entre otros. Por caso, en Salta rige la ley que prohíbe el desalojo a familias campesinas y establece un ordenamiento territorial. Sin embargo, afirmó Castillo “esas leyes se desconocen o tergiversan”, lo cual invita a generar ámbitos de capacitación y profundización de los derechos, para luego elaborar un Protocolo de actuación que evite los desalojos, ya que muchas veces “constituyen violaciones de los derechos”, finalizó la funcionaria nacional.