Institucional

Este lunes se produjo la primera reunión de la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de Salta, para el análisis del tratamiento de la evidencia digital en la actualidad y la proyección de una futura reforma de ese ordenamiento legal. Sus integrantes avanzaron en puntos concretos que deberían incluirse al momento de legislar sobre evidencia digital y su impacto en la comisión de todos los delitos.

Durante el encuentro entre el procurador Abel Cornejo; el secretario de Justicia, Diego Sebastián Pérez; el director del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, Informática y Nuevas TICs del Colegio de Abogados y Procuradores, José Aráoz Fleming; la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo y el asesor técnico, Marcos Salt, se destacó la importancia actual de la evidencia digital actual, pues ya no se restringe al accionar delictivo en campos determinados, sino que termina involucrada en la comisión de prácticamente todos los delitos.

Cornejo y Salt coincidieron en ese punto, ya que la evidencia digital puede convertirse en elemento de investigación, no solamente cuando se indaga en delitos informáticos y sí en la mayoría de los que se cometen, porque para cometerlos, se utilizan teléfonos celulares utilizados, GPS, computadoras y otros instrumentos que pueden brindar información valiosa a las investigaciones.

El abogado especializado en evidencia digital y director de la Carrera de Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Marcos Salt celebró la voluntad de avanzar en una Reforma que se adapte al cambio de paradigma en materia investigativa y que contemple las diferencias entre la evidencia digital y los elementos de prueba física, ya que los primeros son datos volátiles, frágiles, masivos y que pueden ser reproducidos o compartidos en forma exponencial.

Consideró también que la nueva legislación debería contemplar los parámetros establecidos por el Convenio sobre Ciberdelincuencia, conocido como Convención de Budapest, que es el único convenio internacional sobre delitos informáticos y obtención de evidencia digital, con cooperación internacional específica en el último aspecto. En ese punto, agregó que la base legislativa local debería adecuarse y contemplar nuevos elementos como el acceso remoto y el uso de drones.

Justamente, Cornejo dijo que la obtención de evidencia digital muchas veces puede complicar las investigaciones de cualquier delito y no sólo de los informáticos, porque se trata de aplicar por analogía, procedimientos para obtener evidencia física, cuando consiste en evidencia abstracta pero fundamental para el fin investigativo. La creación de la Fiscalía de Ciberdelitos de Salta, fue promulgada en diciembre de 2019 y su puesta en marcha agilizaría la resolución de numerosos casos atravesados por la digitalización, precisó el funcionario.

A ello, Salt sumó que “el problema no sólo está en relación a los delitos informáticos, sino principalmente en aspectos procesales sobre cómo obtener evidencia en entornos digitales”, porque en Argentina se siguen utilizando las normas del registro de secuestro de evidencia física para hacer un registro de datos de un sistema informático, lo que es peligroso, tanto en el aspecto de eficiencia en la investigación como en el de respeto de las garantías constitucionales. Es que, según explicó el experto, no es lo mismo revisar un espacio físico buscando por ejemplo, un arma, que “bucear” en una computadora buscando datos, porque en esta última hay muchas más posibilidades de que se presente una situación de violación a la intimidad. Finalmente, destacó que Salta será pionera cuando avance en la Reforma.

Pérez y Araoz Fleming señalaron su compromiso con la temática y la necesidad de avanzar en legislación específica sobre la materia.