Lo acusa de negligencia y falta de cumplimiento de sus deberes, en relación con la fuga de Lino Moreno. Pone en duda la integridad del magistrado y su capacidad para ejercer su función adecuadamente.
En el día de hoy, el procurador general de la Provincia Pedro García Castiella, formuló acusación contra el Juez del Tribunal de Juicio, Sala I, del Distrito Judicial Orán, Edgardo Osvaldo Laurenci, por las causales de mal desempeño y negligencia en relación al cumplimiento de los deberes a su cargo, relacionados a su actuación ante la fuga del sicario Lino Ademar Moreno.
Moreno inicialmente había recibidó una condena de 6 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y abuso de armas en concurso real, sin embargo, logró evadirla en el año 2001. Posteriormente, tras su recaptura, fue condenado a 6 años de prisión en otra causa el 17 de febrero de 2005, por los delitos de evasión, robo calificado y privación ilegítima de la libertad agravada. Como resultado, el 27 de mayo de 2005, se decidió unificar ambas condenas en una única pena de 12 años de prisión.
Durante el cumplimiento de esa pena unificada, Lino Moreno logró escapar nuevamente el 30 de agosto de 2006. En esta ocasión, ejecutó el homicidio de Liliana Ledesma, lo que dio origen a su última condena. Es así que en el Expte. N° 4040/08, de trámite ante el Tribunal de Juicio Sala I del Distrito Judicial Orán, en fecha 14 de junio de 2010, Moreno fue condenado por el delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de coautores. El 4 de junio de 2016 el propio Juez Edgardo Laurenci unificó las sanciones a la pena única de prisión perpetua.
En el trámite de la ejecución de esa condena perpetua, Edgardo Laurenci, actuando como Juez de Ejecución, resolvió conceder salidas transitorias a Lino Moreno, pese a la negativa fundada de la Fiscal actuante y de la familia de la víctima, argumentando que el interno reunía los requisitos necesarios para gozar de ese beneficio, que cumplía regularmente los reglamentos vigentes, las condiciones establecidas, poseía conducta ejemplar y llevaba cumplida más de la mitad de la pena que se le había impuesto.
No obstante, el pasado 18 de junio de este año, Moreno no regresó a la Unidad Carcelaria luego de usufructuar uno de sus permisos de salida. El día domimgo 18 de Junio a Hs. 20,00, cuando se hizo evidente su ausencia, fue anoticiado por parte del Servicio Penitenciario telefónicamente, seguno consta en lo informado por el S.P:P,;el Juez Laurenci se limitó a solicitar al Servicio Penitenciario que le remita las actuaciones. Estos documentos llegaron a su despacho y luego de correr vistas improcedentes, recién en fecha 6 de julio el magistrado resolvió revocar el beneficio que había concedido y ordenó a la policía que se constituya en el domicilio del cual se había escapado Moreno para proceder a su detención. En caso de resultar el mismo negativo, instruyó que se inserte a la orden del día su captura.
Los infortunados desaciertos del Juez no terminaron allí, puesto que la orden que entregó a la policía en esa ocasión incluía información incorrecta sobre la ubicación donde debían llevar a cabo la búsqueda y detención, así como también sobre el documento de identidad y prontuario de Moreno. Esto resultó en intentos infructuosos por parte de la Policía para localizar la dirección correcta, además de la imposibilidad de registrar su captura debido a la inexactitud de los datos proporcionados. Es así que cincuenta y dos días después de conocer la ausencia de Moreno, el 9 de agosto, el Juez Laurenci corrigió el oficio enviado a la policía. Hasta la fecha actual, lamentablemente, no se ha obtenido información alguna sobre el paradero del sicario Moreno.
El procurador general, Pedro García Castiella, el día 9 de Agosto de 2023 y tal como se informara públicamente en aquella ocasión, al tomar conocimiento de la fuga del condenado Moreno, solicitó informes a la Presidencia de la Corte de Justicia, que inmediatamente proporcionó copias de los expedientes relacionados con el caso. Además, a la Fiscal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial Orán, Claudia Carreras, solicitando información sobre su actuación en el caso. En igual sentido y el mismo día, se dirigió al Ministerio de Seguridad y Justicia a los fines de que remita copia de las actuaciones con las que cuenta el Servicio Penitenciario, las cuales fueron enviadas el 31 de agosto en respuesta a su solicitud. Por último, al Jefe de Policía de la Provincia, requiriendo información acerca de las medidas y acciones adoptadas para dar con el paradero del fugitivo. Hasta la fecha, no ha recibido ninguna respuesta por parte de este último.
Basándose en la documentación que le fue remitida, el Procurador ha presentado una acusación formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra Edgardo Laurenci, por considerar que actuó con falta de diligencia, impericia y en incumplimiento de los deberes a su cargo, omitiendo arbitrar medidas urgentes e indispensables para evitar consecuencias ulteriores, puesto que el rápido accionar ante un supuesto como el que le fue comunicado podría haber conllevado a lograr la captura de Moreno y así neutralizar la fuga que hoy se verifica.
Destacó el Procurador que la imputación se funda en hechos graves, que autorizan razonablemente a poner en duda la rectitud de conducta del magistrado denunciado y su capacidad para el normal desempeño de la función que le fue confiada, con daño del servicio de justicia y menoscabo de la investidura jurisdiccional.
La firma del convenio se realizó hoy, en la sede del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El procurador general de la provincia de Salta Pedro García Castiellafirmó un convenio para la cooperación internacional con el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.La firma del convenio se realizó hoy, en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En la cláusula primera, el acuerdo establece que «el MPF Nación ratifica su compromiso de brindar colaboración, de acuerdo con las competencias que le asignan las leyes 24.946, 27.148 y 24.767, y respetando la autonomía propia de las jurisdicciones locales». Esto para «afianzar los mecanismos de cooperación internacional, ya sea a través de las vías formales de extradición y asistencia jurídica mutua en materia penal o civil, como los canales de cooperación interinstitucional directa con organismos homólogos extranjeros de los que participa el MPF Nación, a través de la asistencia al MPF de Salta en la confección, recepción, seguimiento y agilización de los requerimientos fiscales de asistencia jurídica internacional, tanto activos como pasivos, que se tramitan a través de Autoridades Centrales o por vía diplomática, conforme los Tratados vigentes y la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal».
Además, indica que «el MPF de Salta acepta participar del modelo de colaboración y coordinación en materia de cooperación internacional, adhiriendo en todos sus términos al Convenio Específico Complementario de colaboración para la Cooperación Internacional entre el MPF Nación, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina, y el Consejo Federal de Política Criminal». Estos dos últimos son ámbitos que representan a todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales.
Ambas partes acordaron adoptar medidas técnicas, administrativas u organizativas que individualmente le puedan corresponder para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos obtenidos.
Especialistas, analizaron el desarrollo de estrategias con el fin de reducir la violencia y fortalecer el sistema de justicia ante los desafíos de la narcocriminalidad.
El procurador general de la provincia de Salta,Pedro García Castiella, junto a la fiscal de Graves Atentados contra las Personas del distrito judicial de Orán, Claudia Carreras, y el secretario de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras, participaron de las Jornadas sobre Lineamientos de la Política Criminal para la Reducción de la Violencia y el Sistema de Justicia frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad.
Este evento, organizado conjuntamente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Ministerio della Giustizia Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo de Italia y el BID, reunió a expertos nacionales e internacionales en un esfuerzo conjunto por abordar cuestiones críticas actuales en el ámbito de la política criminal.
Se realizaron dos jornadas, centradas en fortalecer las estrategias colaborativas necesarias para afrontar una problemática de suma importancia: la necesidad de una urgente reformulación de la política criminal, y pensar en una nueva planificación en el abordaje de la investigación de hechos provocados por las organizaciones criminales que operan a lo largo del territorio nacional, generando actos violentos de diversa índole, que incluyen homicidios vinculados al narcotráfico, así como extorsiones, secuestros, sicariato y robos.
Partiendo de la premisa crítica de que lo hecho no resulta suficiente en términos de resultados para enfrentar este desafío, con especial énfasis en la lucha contra el narcotráfico, se destacó la importancia de un enfoque colaborativo que involucre a todos los actores pertinentes, la necesidad de insistir en una planificación coordinada y ordenada, junto a la revisión de las estrategias vigentes. Esto se debe a la comprensión de que la complejidad del crimen ha evolucionado con el tiempo, y las formas en que se comete y combate también han cambiado. Por lo tanto, resulta imperativo profesionalizar la investigación y proporcionar a fiscales e investigadores las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentar esta nueva delincuencia organizada en todas sus facetas. Esto incluye la formación actualizada de equipos especializados y el acceso a tecnologías avanzadas, así como la revisión y actualización de los marcos legales relacionados con delitos como el secuestro y la protección de testigos.
Un punto crucial resaltado, fue la necesidad de establecer métricas para identificar las áreas más afectadas y el contexto de estos delitos, a fin de dirigir estratégicamente las acciones y evaluar su efectividad.
Además, se enfatizó en la urgencia de reformar la gestión de los Servicios Penitenciarios para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde las instalaciones de detención. Para lograrlo, se deben implementar medidas que garanticen que las prisiones no se conviertan en centros de operaciones criminales y que los reclusos no dirijan actividades delictivas desde su interior.
También se habló sobre estrategias de disuasión focalizada e intervención en Mercados Abiertos de Droga, así como su implementación en la ciudad de Buenos Aires.
En la apertura de la jornada, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti recordó que el año pasado en Rosario numerosos integrantes del Poder Judicial abogaron por la creación de una agencia de seguridad independiente y especializada en narcocriminalidad donde trabajen coordinadamente todos los poderes del Estado Federal. “La grieta más importante hoy es entre la sociedad y las instituciones. Se necesita una especialización de políticas de Estado para combatir el crecimiento de la narcocriminalidad”. Y destacó que “hemos dado muestras de la autodepuracion, el Poder Judicial ha sancionado y condenado dos jueces en el marco de la contaminación del narcotrafico en el Estado”.
En esa línea, Lorenzetti expresó que “hay una falta de coordinación del Estado y es lo que más me preocupa. Argentina tiene un grave problema de diseño institucional”. Y agregó que la narcocriminalidad fue creciendo en todo el país y se la debe abordar desde varios frentes, uno de ellos es trabajando sobre la prevención en donde se necesita recabar información sobre como las organizaciones criminales realizan el lavado de dinero, las actividades en la Aduana y priorizó el uso de la informática y tecnología en las investigaciones; abogó por una coordinación estrecha y colaborativa entre todas las agencias del Estado, tanto provinciales como federales, en la creación de una agencia de seguridad independiente para combatir el narcotráfico. Esta agencia debería contar con la participación de actores de la justicia y las fuerzas de seguridad, así como organismos de prevención y de lavado de activos.
A su turno, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques señaló que nuestro país se encuentra sumido en una coyuntura difícil, en la que las instituciones deben extremar los esfuerzos para implementar nuevas políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia. La sociedad reclama soluciones a problemas evidentes que perjudican seriamente su vida cotidiana. Y detalló que “el narcomenudeo no es una materia desglosada del narcotráfico: sus efectos son extremadamente dañinos en centros urbanos y barrios más pobres del país”.
Giovanni Melillo, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia señaló en tanto, que se debe tomar conciencia de que el narcotráfico es el desafío más serio y amenaza a las democracias, “existen las macromafias que son sistemas crimininales complejos, en las que las redes de cada país obran de forma coordinada y desafían la soberanía de los Estados, a veces vacían de poder a los países y hasta pueden derrotar las democracias”. Y continuó, “las macromafias usan las nuevas tecnologías para lavar el dinero y se convierten en consorcios económicos que les permite a las redes criminales tener grandes cantidades de dinero, que además apoyan el terrorismo”.
Melillo aseguró que Argentina es una de las principales vías de tránsito de estupefacientes a Europa Central y Asía. Pero también Argentina es un lugar nodal de articulación muy importante, por su tradición democrática, el prestigio de sus instituciones y la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. “El narcotrafico se debe enfrentar con estructuras de investigaciones especializadas y hay que realizar un análisis de información del patrimonio de cada país, para intervenir en el negocio tentacular que parece a veces impenetrable”.
El fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia recalcó que “no hay modo de luchar contra el narcotráfico de manera eficaz fuera del marco del estado de derecho. Los Ministerios Públicos Fiscales debemos ser el garante de las investigaciones y tenemos que contar con una policía judicial. Hoy la cooperación debe ser moderna, no limitada, hay que compartir información no solo entre estados europeos, sino también a escala internacional. Argentina es un socio muy importante y existe la cooperación ya que se puede hacer una gestión compartida de las investigaciones y también de los procesos judiciales. Es clave que se puedan realizar operativos simultáneos en distintos países en tiempo real”.
Por último Melillo hizo un reconocimiento al fiscal paraguayo Marcelo Pece, y recordó que lo mano que lo mató estaba en Colombia, pero la mano que ordenó su muerte estaba en Paraguay, en la Triple Frontera, y en países europeos también.
Luego expuso David Kennedy, director de la National Network for Safe Communities de la John Jay College of Criminal Justice, que afirmó que el narcotráfico es lo más tóxico que le puede ocurrir a una comunidad. “A partir de una investigación tradicional, así como también hablando con los integrantes de las comunidades. A los detenidos por narcomenudeo les pedimos que escuchen a los representantes de su comunidad, y les advertimos ‘salí del mercado, te vamos a apoyar y si volvés a vender te vamos a detener y llevar al fiscal en ese mismo momento’. Este método resultó muy efectivo para eliminar los puntos de venta callejeros”.
En la segunda parte del seminario se abordaron las estrategias de disuasión focalizada en la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas. Luis Ignacio Garcia Sigman, Coordinador del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos (UNODC) detalló que “el narcotráfico innova constantemente, se refleja con énfasis en el mercado de las drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas que componen un mercado totalmente diverso y heterogéneo de estas sustancias”. Y advirtió que cuando hay drogas también hay corrupción y lavado de activos. Las organizaciones criminales se organizan en torno a matrices transnacionales. Para combatirlas hay que construir redes, sin cooperación interinstitucional e internacional es imposible afectar estas matrices.
Pedro García Castiella
Fiscal Claudia Carreras
Gaspar Solá Usandivaras
El Programa de Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y del Gobierno porteño explicaron la implementación de la Intervención en Mercados Abiertos de Drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Nanzer, secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima MPF CABA, que sostuvo “durante la planificación de la política criminal contra la narcocriminalidad se estudió el impacto de los mercados abiertos de drogas. Son los más dañinos porque perjudican la vida de las comunidades, facilitan el acceso a personas que aún no empezaron a consumir, entonces decidimos trabajar preferentemente en ellos. Para esto, hicimos una distinción entre medidas de proactividad y reactividad del MPF. Algunas políticas de reactividad hay que mantener para dar respuestas como las Unidades de Flagrancia, pero después hay una dimensión proactiva que tenemos que profundizar”. Y explicó que “el programa Intervención en Mercados de Drogas (IMD) se utiliza para desarticular mercados abiertos drogas en los barrios. El programa se puso en marcha en 2021, la evaluación de los procesos da cuenta de que creamos un circuito de trabajo fuerte, logramos coordinar con todas las agencias del Estado que forman parte del sistema de justicia penal”.
A su turno, Cecilia Amil, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) detalló que “para la intervención de mercados abiertos en la CABA se suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno porteño y trabajamos además con la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad en zonas del Barrio 15 y de Constitución”. Además resaltó que se hizo un mapeo de narcocriminalidad de la Ciudad y se generó un proceso de trabajo, a partir de ahí impleméntanos técnicas especiales de investigación utilizando agentes reveladores propios e informantes”; especificó que “en la primera etapa trabajamos para analizar la parte administrativa de los lugares conflictivos y lograr obtener información sobre los puntos de venta. Luego se lanza la etapa judicial, en las que se hacen las solicitudes con autorización previa del juez. Y a las personas a las que se les va a dar la oportunidad, se le muestra la prueba y se le da una alternativa al proceso penal”. Asimismo, precisó que los bienes decomisados en operativos judiciales pueden utilizarse para actividades de prevención dentro de los mismos barrios, así como también pueden utilizarse para la construcción de merenderos que muchas veces se instalan en los que eran los puntos de venta de droga.
En tanto, Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Habitát de CABA explicó que “un rasgo distintivo de este proyecto tiene que ver con su carácter disruptivo, otra característica tiene que ver con la búsqueda de la articulación de diferentes agencias del Estado y quiero poner en especial en valor el trabajo del MPF con los agentes estatales”. Y continuó, “esta iniciativa produjo tres resultados que quiero enunciar y destacar : recuperación del espacio público , construcción de legitimidad pública, reivindica el accionar de la justicia y muchas personas que fueron parte de este proceso, quienes fueron señalados por este programa, están siendo parte de procesos de capacitación y de programas de reinserción laboral”.
Las jornadas concluyeron destacando la importancia de comprender que la violencia es un medio utilizado por las organizaciones criminales para alcanzar sus objetivos, y que esta violencia, relacionada con el delito y el narcotráfico, afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado y del sistema de justicia desarticularla para reducir la conflictividad en nuestras ciudades.
La Jornada Internacional ·Lineamientos de Política Criminal para la Reducción de la Violencia», se realizó el 6 de Septiembre en la Universidad de San Andrés, y la Jornada Internacional «El Sistema De Justicia Frente a los Desafíos de la Narcocriminalidad», el Jueves 7 de Septiembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires UBA.
A través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del Consejo y el Ministerio Público Fiscal salteño, las partes establecen vínculos de asistencia y fortalecimiento de la articulación de la Ciencia con la Justicia.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, suscribió un convenio con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Salta. El objetivo del acuerdo es establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica entre las partes.
Por medio de este documento, se definen acciones conjuntas a implementar en el ámbito de las respectivas incumbencias de ambas instituciones mediante instancias de capacitación, asesoramiento técnico, emprendimiento de proyectos, publicaciones y programas de interés común en el área de investigación y formación.
Durante la rúbrica, se destacó la potencialidad del acuerdo marco dada la presencia del CONICET, a través del Centro Científico Tecnológico Salta – Jujuy que concentra diez unidades ejecutoras en la zona de influencia y la infraestructura para el análisis forense con la que cuenta el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) dependiente del MPF. De esta manera, se busca fortalecer el trabajo que se realiza en los laboratorios del CIF a través de la sinergia con investigadores, investigadoras, técnicos y técnicas del Consejo.
El vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Roberto Rivarola manifestó que “este acuerdo es la conjunción real entre la Ciencia y la Justicia porque por un lado Salta tiene un importante desarrollo en la realización de pericias, siendo una referencia tanto a nivel regional como nacional y, a su vez, en particular la región presenta diferentes desafíos en materia ambiental para los cuales el campo científico puede realizar aportes sustanciales”.
Al respecto, el gerente de Asuntos Legales del CONICET y representante técnico del Programa, Alan Temiño, destacó que el objetivo del acuerdo es “comenzar esta relación institucional para que todas las herramientas que tiene el Programa estén a disposición de las y los fiscales de Salta y comenzar a trabajar en jornadas y en pericias específicas”.
En tanto, el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella celebró el convenio marco resaltando que es el puntapié inicial para nuevos acuerdos más específicos en diferentes áreas y remarcó que “el CONICET puede aportar a nuestros laboratorios tanto en materia de investigación criminal donde científicos trabajan en el ámbito de pericias fiscales de la Procuración como así también en materia ambiental que aborda temas sensibles en los que la colaboración y acompañamiento del CONICET da tranquilidad y esperanza”. En este sentido, informó que peritos ambientales del MPF asistirán al Segundo Encuentro Nacional y Primero Iberoamericano sobre Ambiente, Ciencia y Justicia organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia que se realizará el próximo 28 y 29 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa.
Participaron también de la firma, el coordinador del Programa, Germán Stalker y el secretario de Políticas Criminales de Salta, Gaspar Solá Usandivaras.
La funcionaria, luego de una vasta trayectoria en el sistema judicial de nuestra provincia, accedió al beneficio jubilatorio. Se le hizo entrega de una placa de reconocimiento.
Presidido por el procurador general, Pedro García Castiella, se realizó en el salón auditorio de la Escuela del Ministerio Público, el acto de despedida de la Fiscal 2 ante la Corte, Patricia Josefina Di Paolo.
“Trabajé en el Ministerio Público en un ambiente de total libertad, respeto, colaboración y consideración. Sólo me acabe agradecer”, destacó la fiscal Di Paolo, quien deja su cargo para acceder al beneficio jubilatorio.
“Entendí que el principio de unidad de actuación, además de su faceta jurídica, tiene una faceta humana que se traduce en el esfuerzo en común para lograr una labor exitosa”, continuó expresando la funcionaria.
“Me voy con la satisfacción del deber cumplido”, dijo Di Paolo y reconoció el apoyo y colaboración de todo el personal del Ministerio Público, los que calificó como “invaluables”, al tiempo que agradeció a sus hijos y amigos por el acompañamiento en esta etapa activa que deja, de trabajo.
El Procurador, le hizo entrega de una placa en reconocimiento a la labor desempeñada en la función pública, en el acto en el que estuvieron presentes, funcionarios, empleados y familiares.
Patricia Di Paolo había sido designada con el cargo de Fiscal ante la Corte por Decreto N°2564/15, previo concurso de antecedentes y oposición, llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura, tomando posesión el 7 de agosto de 2015. Luego de una vasta trayectoria en el sistema judicial de Salta, le fue aceptada la renuncia al cargo de Fiscal ante la Corte, por parte del Gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, mediante Decreto N° 493/23 y publicado en el Boletín Oficial el 10 de agosto pasado.
Los procuradores generales de Salta y Jujuy se reunieron para fortalecer la cooperación interprovincial en la lucha contra el microtráfico y la protección del medio ambiente. Este encuentro marcó un paso significativo hacia una colaboración conjunta.
El procurador general de Salta, Pedro García Castiella, se reunió con su par de la provincia de Jujuy, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y el secretario general del Ministerio Público de la Acusación, Ignacio Pasquini, a fin de abordar diversos temas de interés y compartir experiencias de trabajo.
El encuentro entre ambas provincias marcó un importante paso en la consolidación de la cooperación interprovincial en temas de vital relevancia. La reunión tuvo como objetivo principal fortalecer la colaboración y el trabajo conjunto en la lucha contra el microtráfico, especialmente después de que Jujuy ingresara en el proceso de desfederalización.
Ambas partes expresaron su firme compromiso de compartir información relevante y experiencias acumuladas en la materia, así como de promover la formación de equipos investigativos interdisciplinarios para combatir este flagelo de manera más efectiva.
Además de la cuestión relacionada con el microtráfico, se abordaron otros temas de gran trascendencia para ambas provincias. Se acordó avanzar en iniciativas conjuntas para la protección del medio ambiente, mediante la elaboración de protocolos compartidos y programas de capacitación en la materia. Esta colaboración busca no solo salvaguardar los recursos naturales de ambas provincias, sino también promover prácticas sostenibles que beneficien a la comunidad en su conjunto.
Este encuentro marca un paso fundamental hacia una mayor cooperación entre Salta y Jujuy, subrayando la importancia de la unidad y la colaboración regional para abordar desafíos comunes.
Del encuentro participaron también la directora del CIF Gabriela Buabse, el secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia; y el secretario de Política Criminal de la Procuración, Gaspar Solá.
El evento responde al creciente papel de las tecnologías digitales en el ámbito legal y busca proporcionar a los operadores judiciales las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos emergentes en el ciberespacio.
Se inauguró hoy el ciclo de capacitación «Cibercrimen, delitos informáticos y evidencia digital», organizado por la Procuración General de la Provincia de Salta en colaboración con la Defensoría General de la Provincia, la Escuela del Ministerio Público y el Colegio de Magistrados y Funcionarios.
La ceremonia de apertura contó con la presencia de figuras destacadas del ámbito provincial, así como representantes judiciales, académicos y funcionarios de organismos públicos. Expertos reconocidos en el campo de la ciberseguridad y delitos informáticos, como Marcos Gabriel Salt de la Universidad de Buenos Aires, Horacio Juan Azzolín de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación, Diego Calo Maiza del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, Rafael García Borda de la Procuración General de Buenos Aires y representantes de Lemon Cash, brindaron su perspectiva.
Virginia Solórzano, presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Provincia de Salta, inauguró el evento extendiendo una cálida bienvenida a los disertantes y expresando su satisfacción por contar con expertos en la materia. Resaltó la importancia de la capacitación constante para los magistrados y funcionarios, destacando que esta formación continua es esencial para fortalecer el sistema de justicia.
Por su parte, Pedro García Castiella, Procurador General de la Provincia de Salta, resaltó la importancia de este ciclo de capacitación como continuación de un programa iniciado en mayo de 2022. Destacó la relevancia de la creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia y su adaptación a los desafíos contemporáneos en el ámbito del cibercrimen.
García Castiella valoró el aporte de la Fiscalía de Ciberdelincuencia en la reforma del Código Procesal Penal y mencionó la colaboración con diversos sectores de la sociedad, que incluyen capacitaciones en colegios, instituciones provinciales y entre los funcionarios del Ministerio Público.
Subrayó el Procurador, la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen, enfatizando en la necesidad de adaptar los métodos de investigación ante los cambios en la comisión de delitos.
Por su parte, Marcos Gabriel Salt de la Universidad de Buenos Aires agradeció la invitación y destacó la política pública de Salta en materia de cibercrimen, enfatizando la capacitación desde 2018, la creación de una Fiscalía especializada y la adaptación del Código Procesal Penal.
Este ciclo de capacitación, que se desarrolla en modalidad mixta, cobra relevancia tras la promulgación reciente de la ley 8386, que introduce la evidencia digital al Código Procesal Penal de Salta. El objetivo es dotar a los operadores legales de la provincia de conocimientos para manejar la evidencia digital conforme a las nuevas disposiciones legales, asegurando investigaciones eficaces y respeto a los derechos de las personas sometidas a proceso.
La jornada de hoy se centró en la evidencia digital en el ámbito legal, mientras que mañana se abordarán las investigaciones relacionadas con criptoactivos.
El procurador general Pedro García Castiella acudió a la invitación realizada por los miembros de la Comisión de Legislación General del Senado con el propósito de brindar su perspectiva respecto a la Ley provincial Nº 8097 que instaura un Régimen de Responsabilidad Penal para niñas, niños y adolescentes, cuya entrada en vigencia ha sido prorrogada.
El procurador general Pedro Oscar García Castiella, junto a la fiscal Penal Juvenil Nº 1, Nadia Lorena Cruz, y el secretario relator, Aldo Rubén Saravia, se reunieron con miembros de la Comisión de Legislación General del Senado, con el objeto de analizar el proyecto de Ley que modifica parcialmente el “Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes” (Ley 8097), cuya entrada en vigencia viene siendo prorrogada sucesivamente.
En el encuentro, el Procurador General expuso la visión desde el Ministerio Público Fiscal sobre el proyecto que se encuentra en tratamiento, resaltando la importancia de avanzar con la implementación de la Ley 8097, que establece principalmente un modelo procesal acusatorio para el abordaje de los delitos que puedan haber sido cometidos por jóvenes menores de edad, como así también prevé una serie de derechos y garantías que brindan un tratamiento diferenciado y especializado de esos casos.
García Castiella destacó que la transición a dicho modelo procesal, implica que el Ministerio Público Fiscal asuma la carga de la investigación de los hechos -que hasta el momento, viene siendo ejecutada por los Juzgados de Menores y bajo modalidad procesal mixta-, para lo cual resulta absolutamente indispensable que se dote de mayor estructura al M.P.F.S., para poder afrontar ese enorme desafío. Por esta razón, evaluó como positiva y saludable, la instauración de los cargos propuestos en el proyecto mencionado, al mismo tiempo que se respaldó la sugerencia de la Cámara de Senadores de condicionar la implementación de la Ley al pleno establecimiento en sus funciones de los Fiscales, Defensores y Asesores de Incapaces previstos en el Distrito Centro en una fase inicial, y posteriormente en toda la provincia.
Además, el Procurador expresó su preocupación en relación al proceso que se podría establecer en casos donde menores inimputables cometan delitos de extrema gravedad. Señaló que el Estado no debiera limitarse únicamente a emitir un sobreseimiento por inimputabilidad, sino que requiere estar en condiciones de proporcionar una respuesta más cuidadosa y adecuada en estas circunstancias. No sería apropiado que el Estado se desentendiera de la situación, ya que le incumbe garantizar tanto el respeto por los derechos y garantías del joven que cometió el delito, así como también, abordar adecuadamente sus problemas subyacentes. Correspondiéndole además, atender a los efectos mismos del delito y a la posible alarma social que eventualmente provoque, escuchar a las víctimas y canalizar así el derecho a acceder a la verdad respecto de los hechos investigados. En respaldo de esta postura, se hizo referencia a la necesidad de atender estos aspectos para evitar situaciones de autoincriminaciones direccionadas a lograr impunidad en mayores o menores imputables.
Por su parte, la fiscal Nadia Cruz resaltó la imperiosa necesidad de la participación de operadores específicos, como es el caso de equipos profesionales interdisciplinarios. Estos actores son fundamentales debido a su estrecha relación con la esencia y la singularidad del procedimiento penal juvenil, el cual demanda un enfoque diferenciado en comparación con los procedimientos para adultos. Enfatizó que gracias a estas intervenciones, es posible adecuar las medidas cautelares establecidas en el proceso penal juvenil, considerar la viabilidad de soluciones alternativas, evaluar la aplicación de criterios de oportunidad y determinar la necesidad o no de imponer una pena.
Nadia Cruz también destacó el trabajo llevado a cabo por la Comisión Especial del Régimen de Responsabilidad Penal para Niños, Niñas y Adolescentes, instituida en virtud de la Ley 8333. Esta comisión tiene como propósito presentar las reformas legislativas necesarias y un plan progresivo de implementación del «Régimen Penal Juvenil», tal como se establece en la ley 8097, contemplando los órganos que intervienen en el proceso penal y los dispositivos y herramientas que se requieren para la atención de las necesidades de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Es importante destacar que esta Comisión estuvo integrada por dos Diputados Provinciales, dos Senadores Provinciales, dos representantes del Ministerio Público (uno por la Defensa y otro por la Fiscalía), dos representantes del Poder Judicial y dos representantes del Poder Ejecutivo, quienes presentaron un proyecto cuyo texto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en tratamiento ante la Cámara de Senadores, lo que motivó la invitación al Procurador General para que brinde su perspectiva y opinión al respecto.
Mediante la suscripción de un acuerdo estratégico ambos organismos asumen de manera más eficiente la protección de nuestros recursos naturales, medio ambiente y el bienestar de la comunidad. No solo se garantiza un acceso adecuado al agua, sino que también se impulsa un enfoque de desarrollo responsable y sostenible.
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta (MPFS) y el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (EnReSP) suscribieron un acuerdo de Colaboración y Cooperación con el objetivo de establecer una alianza estratégica para fomentar actividades de interés mutuo y beneficio.
El Convenio rubricado por el procurador general Pedro García Castiella y el presidente del EnReSP, Carlos Humberto Saravia, se fundamenta en la conveniencia de optimización de los recursos humanos, información y materiales de ambas instituciones con el fin de potenciar su eficacia y eficiencia en beneficio de la protección del medio ambiente, y el bienestar general de la sociedad. Se apoya en disposiciones legales y constitucionales que confieren al Ministerio Público la responsabilidad de protección del medio ambiente, sus recursos y la salvaguarda de los intereses colectivos y dirigir la acción penal pública.
Adicionalmente, se ha acordado un Protocolo específico que se centra en cuestiones ambientales, la racionalización de controles y la mejora de los sistemas de agua y saneamiento en nuestra provincia. Mediante el mismo, se establece la colaboración en el análisis de agua potable y efluentes cloacales, en el que el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) proporcionará orientación técnica y llevará a cabo análisis conforme a estándares de calidad en cooperación con el EnReSP.
García Castiella destacó: “Uno de los aspectos más notables de la firma de este convenio es la sinergia entre ambas entidades, posibilitando una acción conjunta para abordar denuncias que puedan tener implicaciones investigativas o administrativas relacionadas con la preservación del medio ambiente, la contaminación y un control mas riguroso de los cauces de aguas. Esta colaboración brinda confianza a la comunidad, garantizando que cualquier asunto vinculado al entorno ambiental sea abordado con firmeza, seriedad y rigor. Constituye un paso crucial hacia la conservación y cuidado de nuestros recursos naturales y la salud y el bienestar de nuestra comunidad; basta advertir como solo ejemplo respecto de ello lo que ocurre con los niveles de contaminación del Rio Arenales, su efecto inmediato en la población de la capital y mediato, en los niveles aguas abajo que culminan en embalse Cabra Corral».
Por su parte, Saravia señaló que “El Convenio también aborda el desafío de áreas previamente carentes de regulación y control adecuado. A partir de la firma de este acuerdo, el Estado asume la responsabilidad de asegurar que el desarrollo urbano, tanto público como privado, se realice bajo los mismos estándares. Esto proporciona seguridad a los propietarios actuales y futuros, así como a los residentes en áreas afectadas”.
Ambos organismos también se comprometen a promover una colaboración integral entre el EnReSP y el MPFS con el propósito de alcanzar las metas y objetivos de ambas instituciones, impulsar iniciativas educativas, culturales y científicas, así como fomentar la investigación en áreas de interés compartido. Brindarán asesoramiento especializado a solicitud de cualquiera de las partes dentro de sus respectivas competencias y llevarán a cabo acciones coordinadas para garantizar que los servicios públicos provinciales cumplan con estándares de calidad, respetando el entorno natural y los recursos disponibles.
El proyecto permitirá que la provincia cuente con un registro único digital de denuncias para agilizar las intervenciones de los distintos organismos y dar respuestas a la comunidad, especialmente ante denuncias por violencia de género.
De la reunión participaron la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, el secretario relator de la Procuración General, Aldo Saravia, la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal Patricia Aballay, el jefe de Policía, Miguel Ceballos y otros funcionarios.
Durante el encuentro se informó sobre los avances del proyecto conjunto que llevan adelante y la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, expuso sobre las herramientas informáticas y el plan de acción para agilizar la carga de denuncias y la intervención de los distintos organismos competentes a fin de lograr respuestas eficientes a la comunidad, especialmente cuando denuncia hechos de violencia de género y así lograr un abordaje único.
En este aspecto, señaló que más del 95% de denuncias son radicadas en dependencias policiales por lo que el proyecto provincial se ejecutará en todas las dependencias. Cada denuncia que se cargue tendrá un registro único al que tendrán acceso los distintos Poderes del Estado que deberán intervenir según sus competencias.
El objetivo de las acciones que se realizan es agilizar el sistema con el registro único de denuncias, las correspondientes intervenciones transversales, acortar los tiempos de disposiciones judiciales, optimizar recursos y evitar demoras burocráticas, duplicación de documentos y revictimización de las o los denunciantes.
Durante el encuentro también expuso la directora General de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad y Justicia, Silvia Salinas, quien brindó detalles del circuito de intervenciones por violencia de género con el que se trabaja actualmente desde que ingresa una denuncia. En ese contexto las autoridades propusieron distintas mejoras y destacaron la importancia de tener un registro único de denuncias especialmente para brindar respuestas integrales y ágiles a las víctimas de violencia.
Al respecto, el ministro Domínguez destacó el valor de trabajar juntos en la protección de las víctimas y aunar esfuerzos para que en lo inmediato se mejoren los sistemas con los que se brinda asistencia. Por su parte, la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, aseveró que se pondrán a disposición los recursos necesarios para concretar el proyecto y aplicarlo en un corto plazo.
