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El MPF e INADI reforzarán acciones contra la discriminación

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este lunes al coordinador de Delegaciones y Redes de la Sociedad Civil del INADI, Marcelo Maqueda; al director de la Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina de INADI, Federico Pita y el delegado local de INADI, Gustavo Farquharson.

El encuentro sirvió para actualizar el intercambio iniciado en abril de 2020 con el organismo nacional, cuando Cornejo firmó un convenio de cooperación con el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que entre otras acciones prevé las de erradicar actos de discriminación y la afectación de un abogado del Ministerio Público Fiscal al organismo nacional.

Este lunes, los funcionarios nacionales informaron sobre la marcha de la Comisión Nacional para el reconocimiento histórico de la Comunidad Afroargentina, impulsada por el INADI, a casi 20 años de los compromisos asumidos por el Estado durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. También dialogaron sobre la necesidad de capacitar a la ciudadanía -y especialmente a los efectores del servicio de justicia-, sobre legislación vigente y racismo, y acerca del anteproyecto de Ley Provincial contra la Discriminación, que impulsan el INADI local y la Procuración.

Farquharson, Cornejo y Maqueda

Justamente, Maqueda confirmo que también se trabaja en una actualización de la Ley Nacional Antidiscriminatoria y destacó la necesidad de avanzar en todos los ámbitos en la sensibilización sobre los elementos que componen el acto discriminatorio, las prácticas sociales discriminatorias y el rol de los medios de comunicación, entre otros ejes de trabajo.

“La comunidad afroargentina ha sido históricamente invisibilizada, negada y extranjerizada”, dice la resolución que crea un ámbito para el “reconocimiento histórico” y que está integrada “por más de 2 millones de personas que descienden de africanos traídos como mano de obra esclava”. En ese sentido, Pita ratificó el contenido de la resolución, porque se trata de una población que fue invisibilizada “producto del racismo estructural que opera en nuestro país”.

Pita, Farquharson y Cornejo

En ese sentido, advirtió que “el racismo en su dimensión estructural es el conjunto de procesos, prácticas y estructuras que reproducen la inequidad racial”, porque el racismo estructural “se sustenta en la ideología de la supremacía racial blanca / inferioridad racial negra, conocida originalmente como racismo científico o biologicista que dividía a la raza humana en subrazas y a la vez las jerarquizaba, cuando se sabe que la raza humana es una sola. Es estructural porque se encuentra naturalizado y profundamente arraigado en prácticas sociales e institucionales”, agregó.

Por su parte, Cornejo destacó que los hechos discriminatorios no pueden separarse del ejercicio de la violencia, porque ocurren en relaciones en las que la desigualdad de poder, es el factor determinante. Citó ejemplos de discriminación por razones de género, laboral, institucional y de otros ámbitos, al tiempo que ratificó la necesidad de capacitar en la materia a fuerzas de seguridad y efectores del servicio de justicia.    

Durante el encuentro, participaron también el abogado del MPF afectado al organismo nacional, Edgardo Torrrejón y las funcionarias de INADI, Bernardina Rosini y Sofía Müller.

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Conforman una Unidad Fiscal para dilucidar la actuación de un Magistrado

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo creó una Unidad Fiscal de Investigación para esclarecer los hechos publicados en distintos medios de comunicación, referidas a la actuación del Sr. Juez de la Sala 2 – Vocalía Nº3 del Tribunal de Juicio y de Menores del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Metán.

El Procurador consideró que resulta necesario abrir una investigación preliminar a fin de dilucidar la cuestión, atento a las noticias periodísticas publicadas por los distintos medios de comunicación, que estuvieron referidas a la actuación del Sr. Juez de la Sala 2 – Vocalía Nº3 del Tribunal de Juicio y de Menores del Distrito Judicial Sur – Circunscripción Metán, quien habría citado a declarar en distintas causas penales a menores de edad.

La Unidad Fiscal fue conformada esta semana y la integran los fiscales penales Gonzalo Gómez Amado, Nicolás Rodríguez López y Gabriel Alejandro González.

Uno de los casos que trascendió públicamente, fue el de uno de los hijos de la periodista Teresita Frías, de San José de Metán, quien oportunamente denunció amenazas de muerte y distintos hechos de violencia de género, mediática  e institucional en su contra, todos ocurridos en la ciudad del sur. Frías fue recibida por el procurador Cornejo el 29 de enero último y ordenó la conformación de una Unidad Fiscal específica, para profundizar la investigación en torno a sus denuncias.

Entonces, la periodista Teresita Frías relató ante el Procurador los hechos que se vienen registrando en el predio habitacional en el que reside, en el sur provincial, a través de agresiones, insultos, ladrillazos contra las ventanas de su departamento y amenazas de muerte  que vino recibiendo de parte de una pareja vecina y que la víctima vinculó  con su tarea periodística. Precisamente esa pareja, es la que denunció al menor de edad y cuyo caso fue expuesto por distintos medios de comunicación.

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MPF y Poder Ejecutivo buscan optimizar recursos para mejorar el servicio de justicia

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a los ministros de Economía y Servicios Públicos y de Infraestructura del Gobierno de la Provincia de Salta, Roberto Dib Ashur y Sergio Camacho, respectivamente, con quienes habló sobre la situación financiera y económica del Ministerio Público Fiscal y las mejoras previstas en ese ámbito. Acordaron trabajo conjunto para la Aplicación y Control de Presupuestos.

Es que ante la situación agravada por la pandemia, los funcionarios analizaron distintas vías para establecer un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Ministerio Público Fiscal, para el abordaje de la coyuntura y la optimización del servicio de justicia en toda la provincia.

En ese punto, el ministro Camacho destacó la posibilidad del trabajo conjunto en temas concernientes al funcionamiento del Ministerio Público, desde el punto de vista de la infraestructura, de la adecuación y mejoras de inmuebles; mientras que Dib Ashur puntualizó acerca de la distribución del gasto y cómo dotarla de mayor eficiencia. “Hay que hacer inversiones y dentro de las previstas, están aquellas que podrán ejecutarse con recursos provinciales y nacionales y otras, que podrían ser a través de financiamiento propio”, a través de la recaudación de multas por contravenciones y remate de bienes decomisados, citó como ejemplo el funcionario.

“Cuando hablamos de ingresos, hay que ser precisos sobre dónde vamos a colocar el gasto para brindar un mejor servicio” sostuvo Dib Ashur, al tiempo que precisó que se seguirá trabajando en los proyectos para Orán, Capital y Cafayate.

Cabe recordar que el 5 de abril último, el gobernador Gustavo Sáenz presentó al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, distintos proyectos para la ejecución de obras en Salta y entre ellas, la del edificio para la Ciudad Judicial San Ramón de la Nueva Orán. En ese departamento, precisó el Procurador, todas las dependencias del Ministerio Público funcionan en inmuebles alquilados. En tanto, las del Poder Judicial, lo hacen en dependencias del patrimonio provincial. En ese marco, propuso que se ejecute una obra de 8 mil metros cuadrados, en lugar de los 14 mil metros cuadrados previstos, porque ello implicaría un ahorro total presupuestario que podría rondar el 40 %. Eso, porque las actuales dependencias del MPF podrían ser trasladadas a las que hoy utiliza el Poder Judicial y dejarían de pagarse alquileres, además de reducirse costos del proyecto original.

Los presentes convinieron que la Dirección de Administración del Ministerio Público y la Secretaria de Hacienda de la Provincia, avanzarán en un trabajo conjunto de Aplicación y Control de Presupuestos de Gastos, para que los equipos técnicos realicen un diagnóstico y propongan mecanismos que conduzcan a aliviar la situación presupuestaria y financiera, agravada por la crisis sanitaria.

En el encuentro, también participó la directora de Administración del Ministerio Público, Fabiana Vargas.

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COVID-19: Trabajo presencial y rotativo en el MPF

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que a partir de este lunes 19 de abril, la modalidad de trabajo en el ámbito del Ministerio Público Fiscal se desarrolle de forma presencial y rotativa.

En el marco de la prórroga del estado de emergencia sanitaria en Salta referida en la Ley Provincial 8206 y en el Decreto 190/21 del Ejecutivo Provincial; y la Resolución 10/21 del COE que dispuso medidas de prevención complementarias al DNU 235/2021 del Ejecutivo Nacional para mitigar la propagación del virus SARS-COV-2 y su impacto sanitario, el Procurador dispuso que a partir de este lunes, la modalidad de trabajo sea presencial y rotativo.

La decisión del Procurador, enmarcada en la actualidad de la dinámica epidemiológica, responde a distintas presentaciones realizadas por el Servicio Médico y el Área de Higiene y Seguridad del Ministerio Público y la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y Ministerio Público, que pusieron de resalto la necesidad de establecer como modalidad de trabajo presencial, el carácter rotativo del personal, como una manera de mitigar el impacto que tiene en las dependencias la propagación del virus SARS-COV- 2.

De esta forma, el personal convocado presta funciones de manera presencial, con carácter rotativo y con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas, con respeto del distanciamiento y uso de tapabocas, entre otras.

Los agentes que no estén comprendidos en el turno presencial, igualmente prestan servicios de manera remota desde sus respectivos domicilios y cumplen con las pautas de trabajo dispuestas por el titular de cada dependencia.

A su vez, el personal que cumple funciones de forma remota, se encuentra a disposición del Ministerio Público Fiscal y podrá ser convocado cuando las necesidades de servicio así lo requieran, con excepción del personal comprendido en los grupos de riesgo o que hayan presentado declaraciones juradas ante la Dirección de Personal, quienes deberán prestar servicios de forma remota mediante las herramientas tecnológicas habilitadas.

Todas las personas que integran el Ministerio Público Fiscal deben adoptar y mantener las medidas sanitarias para preservar la salud tanto de quienes prestan servicios, como de las partes en los procesos que por distintas circunstancias deban concurrir.

La atención al público se realiza también en el marco de las pautas sanitarias y bajo los protocolos aprobados por el Colegio de Gobierno, mientras que los letrados podrán hacer uso del sistema de “Escritos Web”, de carácter esencial. Ante la necesidad de concurrir a una dependencia del Ministerio Público Fiscal, podrán solicitar los turnos, modalidad habilitada mediante idéntico sistema, para evitar la aglomeración de personas en las oficinas.

Se recuerda a la ciudadanía que cuenta con la posibilidad de realizar denuncias por drogas, robos, abusos policiales, incidentes viales, violencia de género y delitos genéricos u otros, a través del “Sistema de Denuncias Web”, disponible en el sitio https://www.denunciasweb.gob.ar y a través de la página institucional del Ministerio Público Fiscal https://testmpfs.mpublico.gov.ar.

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El Ministerio Público Fiscal interpone recurso extraordinario federal en un caso de abuso sexual

La Corte de Justicia de Salta hizo lugar al pedido de absolución por prescripción que presentó el abogado de un hombre, que además cumple condena por otros dos abusos sexuales con acceso carnal.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, acompañó con su firma la presentación realizada por la fiscala Penal ante la Corte N°2, Patricia Di Paolo, de un recurso extraordinario federal en un caso de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple continuado agravados por la convivencia preexistente con una menor de 18 años. La presentación fue hecha ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con ello, el Ministerio Público Fiscal pretende que se deje sin efecto la sentencia del 6 de abril pasado de la Corte de Justicia de Salta que, con voto de la mayoría, dispuso la absolución de un hombre por extinción de la acción penal por prescripción, respecto de los delitos cometidos en contra de su sobrina y se rechace el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa.

El recurso extraordinario federal es un instrumento jurídico que permite revertir el fallo de la Corte local.

Los hechos

El acusado fue condenado a la pena de quince años de prisión de ejecución efectiva por resultar autor materialmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual simple continuado agravados por la convivencia preexistente con menor de 18 años en perjuicio de su sobrina; abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente con otra menor de 18 años, y abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente con una tercera menor de 18 años, todo en concurso real.

La sentencia fue apelada por la defensa en el Tribunal de Impugnación -argumentando la prescripción del delito ya que la menor denunció lo que le había sucedido 18 años después, y no en un plazo de hasta 12 años como establece el artículo 63 del Código Penal argentino-, quien la rechazó por lo que el acusado acudió a la Corte de Justicia de Salta.

El principio de la irretroactividad de la ley indica que sólo se puede aplicar una normativa que se emitió posterior a la fecha del delito si beneficia al imputado. En este caso, la defensa argumentó que las normativas 26.705 (Ley Piazza) y 27.206 (Respeto a los tiempos de las víctimas) -que son beneficiosas para las víctimas- fueron promulgadas en el 2011 y 2015 respectivamente, es decir que bajo el precepto de la irretroactividad estas normativas no podían utilizarse, porque en este caso, no beneficiaban al imputado.

El 6 de abril pasado, por vía electrónica, el máximo Tribunal de Justicia de la Provincia informó al Ministerio Público que, por voto de la mayoría, dispuso la absolución del hombre por extinción de la acción penal por prescripción, respecto de los delitos cometidos en contra de su sobrina.

Inmediatamente el MPF pidió que se suspendan los plazos procesales y el miércoles 14 de abril presentó el recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta el fallo de la Corte de Salta.

En su dictamen, la fiscala Di Paolo consideró que “al decidirse la absolución del imputado se han priorizado sus derechos en desmedro de los de la víctima, cuando debió hacerse prevalecer el interés superior de la víctima”.

En sus argumentos ante la Corte Nacional, el MPF señaló que al aplicar el artículo 63 del Código Penal –que establece que la prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse- sobrepuso arbitrariamente la irretroactividad de la ley 27.206 a los derechos de la víctima a acceder a la Justicia, soslayando el interés superior del niño y los derechos de la mujer contra todas las formas de violencia.

Además, Di Paolo señaló que la decisión de la Corte salteña ignora las obligaciones adquiridas por el Estado argentino a través de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Belem do Pará.

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Covid-19: El Poder Ejecutivo y el COE buscan optimizar el pago de infracciones contravencionales

El procurador Abel Cornejo recibió este lunes al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas y el presidente del COE, Francisco Aguilar. Repasaron la  situación sanitaria por coronavirus, las acciones preventivas y la aplicación de normas contravencionales para evitar el avance del Covid-19.

Durante el encuentro, los presentes plantearon la necesidad de generar herramientas que garanticen y mejoren el cumplimiento de pagos de infracciones contravencionales, porque la sanción económica podría ser una de las formas más efectivas de lograr aprendizaje sobre las consecuencias de infringir las normas, en el marco de la delicada situación sanitaria actual.

El secretario Posadas, manifestó preocupación por el incumplimiento de las normas “y de que las posibilidades de que el proceso contravencional se termine con el pago de multas, a pesar de que el cumplimiento de pago es escaso”. Es que según relevó el Poder  Ejecutivo Provincial, la recaudación por esas multas es muy baja. “Las normas existen, pero el pago efectivo de las multas es muy bajo”, precisó el funcionario y consideró que al esfuerzo de la Policía de la Provincia, en coordinación con el Ministerio Público, hay que otorgarle mayor efectividad.

Las acciones para lograr mayor eficiencia en el pago de multas, se discutirán en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Legislativo y podrían lograrse a través de la modificación legislativa del Código Contravencional, en el articulo pertinente.

Infractores transmisores del virus

Sobre el cuadro sanitario, el presidente del COE, Francisco Aguilar, advirtió que los jóvenes que se reúnen, generan un foco de contagio muy grande, especialmente porque muchos son asintomáticos y llevan el virus a sus casas. “Contagian a madres, padres, abuelos y otros, quienes son personas mayores con riesgo de contraer la enfermedad COVID-19, en su forma grave”. A esas reuniones clandestinas y masivas, se agrega que cuando hay consumo de alcohol “los protocolos no existen más” y los jóvenes se cuidan menos todavía, advirtió el especialista.

“El sistema debe ser más adecuado y eficiente para la aplicación y cobros de multas, porque aunque no me gusten, no nos dejan opción. Ya insistimos en el mensaje, la comunicación es permanente e insistente y las normas no se respetan”, señaló.

Juzgados contravencionales, pendientes

Cornejo recordó que solo en el primer mes del año (entre el 1 de enero y el 7 de febrero pasado), el sistema informático del Ministerio Público Fiscal registró que las fiscalías de toda la provincia recibieron 2840 actuaciones por contravenciones, de las cuales, 1227 fueron derivadas a la Unidad Fiscal Contravencional. El sistema discrimina entre aquellas contra personas físicas y establecimientos comerciales. Las y los contraventores pueden optar por un descargo o pagar una multa en forma voluntaria. Si eligen la última, pagan en entidad bancaria  y se cierra la actuación. Los pagos se realizan en la cuenta dispuesta para tal fin por la Policía de la Provincia, que recibe dicha recaudación en forma directa.

Y advirtió que sigue pendiente la creación de Juzgados Contravencionales, lo que permitiría que el cierre de una causa iniciada por contravenciones sanitarias, no concluya con el pago de una multa. Inclusive, establecería que la sanción económica se haga efectiva, por tratarse de una causa enmarcada en un proceso jurídico distinto al actual.

 “El circuito desde el inicio de las actuaciones y hasta el final de la causa, sería completamente distinto si los Juzgados ya funcionaran, porque el sistema vigente viene siendo actualizado parcialmente y hoy, las infracciones sanitarias no están contempladas en el grado de gravedad que ameritan”, finalizó.

En 2011, el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, fue coautor de la iniciativa legislativa de la Corte de Justicia, que propuso la creación de cinco juzgados contravencionales en toda la Provincia. En junio de 2019, Cornejo dispuso la creación de la Unidad Fiscal de Contravenciones, en virtud de la dispersión de causas originadas en infracciones al Código Contravencional. Todo ello, a partir de la modificación de la ley que entró en vigencia en 2016. En 2020, la Legislatura otorgó media sanción a una iniciativa legislativa que prevé la creación de cinco Juzgados Contravencionales, pero el tema no prosperó.

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El Procurador rindió homenaje al sargento ayudante Carlos Mariano Benítez

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, encabezó el homenaje al sargento ayudante Carlos Mariano Benítez, quien falleció este domingo 11 de abril, como consecuencia del COVID-19. Benítez se desempeñaba en la Procuración General de la Provincia y tenía 17 años de servicio en la institución policial.

El sargento ayudante Carlos Mariano Benítez se encontraba internado en una clínica privada desde el 28 de marzo, donde recibió asistencia médica tras haber enfermado de COVID-19. En su carrera en la Policía de la Provincia, Benítez cumplió funciones en la Comisaría Cuarta, el Sistema de Emergencias 911, la División Seguridad Urbana, el Departamento Rural y Ambiental, el Sector 1 B, y el Destacamento Tribunales, entre otras.

Actualmente, Benítez se desempeñaba en la Procuración General de la Provincia, como custodio del Procurador, quien encabezó esta mañana el homenaje al que asistieron familiares y compañeros de Benítez, el jefe de Policía, José Ibarra, y distintas autoridades del Ministerio Público.

Ante la formación en honor del excustodio, el Procurador destacó en la figura de Benítez a toda la Policía de la Provincia, “porque murió dando lo mejor de sí”, como lo hacen todos los integrantes de la fuerza, “en esta pandemia que no conoce fronteras, ni limites, ni misericordia; que es impiadosa y un enemigo invisible que no sabemos cómo enfrentar”, al tiempo que destacó que valora “enormemente el trabajo de la Policía, que muchas veces se hace sin recursos, con carencias y manteniéndose de pie”.

Destacó al efectivo fallecido a los 41 años, y la gran pérdida para su familia, sus compañeros, la institución y la sociedad, e instó a encolumnarse en ese ejemplo de hombría de bien, “para ser más solidarios y más fuertes, para buscar una sociedad mejor y que viva siempre en el recuerdo de todos nosotros”.

Finalizado el acto, el Procurador y el Jefe de Policía, expresaron sus condolencias a la familia.

A pedido de la Procuración General de la Provincia, Benítez será ascendido al grado inmediato superior post mortem y alcanzará la jerarquía de suboficial principal.

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Concejo y MPF buscan fortalecer el trabajo conjunto en contra de la violencia de género

El procurador general Abel Cornejo recibió este jueves a integrantes de la Comisión de la Mujer, la Juventud y la Tercera Edad del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta y de la Oficina de Asesoramiento a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, del mismo cuerpo. Se definieron futuras acciones conjuntas, con el objetivo de fortalecer el trabajo interinstitucional de disminución y erradicación de la violencia.

Durante el encuentro, en el que participaron las integrantes de la Comisión, Romina Arroyo (presidenta); Susana Pontussi (vicepresidenta) y Laura García; y la psicóloga Gabriela Nanni y la abogada Mariana Dantur, ambas profesionales de la Oficina, las presentes se interiorizaron sobre las potestades y trabajo del Ministerio Público Fiscal en materia de violencia de género e insistieron en reiterar lo expresado durante distintas sesiones del cuerpo deliberativo, acerca de la necesidad de que el Polo Integral de la Mujer y la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte de Justicia de Salta (OVIFG), trabajen durante las 24 horas del día.

“Es necesario extender el horario de ambos organismos, pues la mayor cantidad de hechos de violencia y de femicidios, se cometen durante la noche”, señaló la concejala Arroyo, quien destacó la coincidencia en ese punto con el Procurador General.

Además, las presentes remarcaron la necesidad de que el Ministerio de Educación de la Provincia comience a capacitar a la comunidad educativa en violencia de género, pero especialmente en la necesaria aplicación de la Educación Sexual Integral, cuya Ley fue sancionada en 2006. “Es un pilar fundamental, porque trabajar desde la base formativa de los niños, ayudaría a ir cambiando los valores de la sociedad salteña, que es tan conservadora” advirtió Arroyo.

Además, anunciaron que presentarán un Proyecto de Ordenanza que establezca incentivos para aquellas empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia, en virtud de que la dependencia económica “es el primer impedimento para denunciar o salir del hogar”, dijo la presidenta de la Comisión. Las mujeres también solicitaron que la Comisión esté representada en el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del MPF.

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Cornejo propone un Pacto Federal para “cambiar la cultura autoritaria atávica” de instituciones de seguridad

El procurador general Abel Cornejo, participó este miércoles de una Jornada de Trabajo para discutir y generar políticas públicas contra la violencia institucional en el ámbito de competencia de los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias y de la Nación.

Durante la Jornada organizada por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Cornejo expuso sobre sistema de denuncias y facilidades para el acceso a la justicia a través del Ministerio Público Fiscal; el sistema web y otras vías de denuncias.

Repasó la política estratégica adoptada por el Ministerio Público Fiscal de Salta en la materia de 2019 a esta parte, y reiteró su iniciativa de lograr un Pacto Federal en materia de Seguridad y Derechos Humanos, con el objetivo de “cambiar la cultura autoritaria atávica” que impera en la mayoría de las instituciones de seguridad.

El director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, celebró la iniciativa del Pacto Federal y lo equiparó con el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional, que en breve abordará el Congreso de la Nación. Tendrá como objeto generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional. La iniciativa fue elaborada entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cornejo también se refirió al acercamiento de la justicia de ciudadanas y ciudadanos como política de Estado, a través del Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, que recibió 745 denuncias contra efectivos policiales, solo en lo que va del año. En el mismo período del relevamiento, comprendido entre el 1 enero y el 22 de marzo pasado, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 67 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales fue requerida la elevación a juicio para 11. Vale recordar que desde el 1 de julio pasado, cuando la fiscala Verónica Simesen de Bielke se hizo cargo de la Fiscalía, y hasta el 31 de diciembre, hubo otras 132 imputaciones, con 113 requerimientos a juicio. El sistema de Denuncias web se habilitó en agosto de 2020.

“Si tenemos el monopolio de la acción penal pública, con mayor razón debemos velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y eliminar definitivamente la convicción de que para investigar un delito, se debe torturar. Por el contrario, se debe investigar bajo las debidas garantías constitucionales y los Tratados Internacionales a los que adherimos, que no son escindibles del corpus constitucional”, enfatizó el Procurador. 

Durante el encuentro, la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, explicó a los funcionarios de DDHH de la Nación y fiscales de distintos distritos del país, las posibilidades que ofrece el Sistema de Denuncias Web, a través del cual la ciudadanía puede registrar sus denuncias de robos, venta de drogas y abusos policiales. Al ítem “otros delitos”, se sumará en breve el específico para denunciar hechos de violencia de género.

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Saneamiento institucional para recuperar orden y legalidad en el sur provincial

Este lunes fue reabierta al público la Delegación Fiscal de Apolinario Saravia. Bajo la dirección de la fiscal penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, quedó a cargo de la auxiliar fiscal Yonny Zigarán.

Encabezó el acto el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, quien hizo hincapié en la reestructuración de las dependencias del Ministerio Público Fiscal en la zona sur de la provincia, pues uno de los objetivos del Procurador al conocer los resultados de las auditorías realizadas, fue “recuperar el orden y legalidad”. La reorganización permitió sanear la delegación, lo que garantiza el acceso a la justicia de ciudadanas y ciudadanos del departamento Anta, donde la fiscala García Pisacic asumió en julio pasado.

En el mismo sentido, la fiscala García Pisacic destacó el esfuerzo de la Procuración General para concretar la reapertura de la Delegación; pero especialmente la confianza de la ciudadanía y el acercamiento a la población por parte del Ministerio Público Fiscal. Por ello es que la funcionaria enfatizó en la necesidad de garantizar el acceso a la justicia como eje fundamental del trabajo de la Fiscalía, porque esa garantía sostiene el engranaje institucional que permite que en el interior también se acceda a servicios de calidad.

En ese marco, el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, agradeció al procurador general Abel Cornejo “quien siempre tuvo la deferencia de recibirnos y escuchar nuestra opinión respecto de la necesidad de seguir contando con esta delegación en Apolinario Saravia”, dijo Moisés al recordar las reuniones mantenidas con el Procurador en Salta junto al intendente Pérez y los legisladores Marcelo Paz y Marcelo García.

“Fuimos conscientes de la decisión tomada por el Procurador de cerrar temporalmente la oficina, no obstante planteamos la necesidad de una reapertura lo más rápido posible para acercar la justicia a la gente, y de una forma prolija”, agregó el funcionario municipal.

En agosto de 2020, Cornejo, dispuso el cierre de la delegación de la Fiscalía penal de Apolinario Saravia, luego de que fuera suspendido en sus funciones el exauxiliar fiscal Sergio Dantur, quien se encuentra imputado por distintos delitos y quien fue cesado en sus funciones por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, como resultado del sumario administrativo abierto oportunamente en contra del exfuncionario.

El acto también contó con el secretario de Seguridad de la provincia, Benjamín Cruz; el intendente de Gral. Pizarro, Francisco Pérez; el senador Marcelo García, el diputado Marcelo Paz, funcionarios municipales y concejales, entre otros. Por el Ministerio Público Fiscal asistieron también las secretarias generales, Fátima Ruiz e Ivana Flores y los auxiliares fiscales de las delegaciones de Apolinario Saravia, Yonny Zigarán; de Las Lajitas, Luciana Moyano y de El Quebrachal, Rolando Savall Soto. Las tres dependen funcionalmente de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.

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