Juraron nuevos auxiliares fiscales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento este lunes a los abogados Roque Javier López Hinojo y Mario Luciano Boglioli.

Los nuevos auxiliares de Fiscalías Penales, quienes se desempeñarán en fiscalías del Distrito Judicial del Centro, resultaron elegidos después de atravesar por un concurso público de antecedentes y oposición.

Así lo establece el Art. 13 de la Ley 7328 (Ley orgánica del Ministerio Público), que precisa que los funcionarios, profesionales auxiliares y el personal del Ministerio Público son designados por el Colegio de Gobierno, previo concurso conforme a lo dispuesto por el artículo 166 inciso h) de la Constitución Provincial, y en cumplimiento de los criterios objetivos de selección dispuesto por el artículo 64, inciso 2) de la Carta Magna.

Los nuevos funcionarios serán asignados a Fiscalías Penales del Distrito Judicial Centro.

El Procurador se reunió con familiares de Estéfano Barrios

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se reunió vía remota con familiares de Estéfano Barrios, fallecido el 26 de abril pasado, en Salvador Mazza. Junto a su abogado, expresaron preocupación por la libertad otorgada a los dos imputados por el Juzgado interviniente, entre otros puntos.

Durante el encuentro, en el que participaron el padre y hermano de Estéfano; Jorge y Gabriel Argelino Barrios, respectivamente; el médico Benito Mena, y el abogado Héctor José María Salomón, el procurador los escuchó y se comprometió a pedir informes sobre la investigación en cuestión.

Procurador Cornejo

También les recordó que de conformidad a la Ley Nº 7328, -Ley orgánica del Ministerio Público-, el Procurador General ejerce la jefatura de los fiscales de todos los fueros, pero no puede dirigir las investigaciones, cuyos responsables son los fiscales, que cuentan con total autonomía para investigar.

“Mi obligación es escucharlos e interesarme en cada punto señalado por ustedes, ante una situación sumamente delicada y dolorosa”, dijo el Procurador a la familia, al tiempo que se comprometió a esperar los informes del Fiscal interviniente y corregir la investigación, si efectivamente hubiera faltado alguna pericia o elemento de prueba.

El caso, en el que interviene el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, se inició con la muerte de Estéfano Alexis Leonardo Barrios, de 28 años, quien falleció la madrugada del lunes 26 de abril pasado. Están imputados por la supuesta comisión de homicidio culposo, el oficial subayudante Gabriel Alejandro Pereira y el sargento ayudante Ariel Miranda, en grado de coautores.

Fortalecen el trabajo conjunto entre INADI y el Ministerio Público Fiscal de Salta

Hubo más de 120 consultas al INADI durante el primer semestre del año, en los que el área jurídica debió brindar asesoramiento principalmente en hechos referidos a orientación sexual e identidad de género, discapacidad y salud. El Ministerio Público Fiscal y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo trabajan de manera conjunta en la erradicación de actos de discriminación en general, y de xenofobia y racismo en particular.

En el marco del trabajo conjunto que llevan adelante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio Público Fiscal para erradicar actos de discriminación, el abogado Edgardo Torrejón, intervino en 120 consultas en el primer semestre de 2021.

Los motivos por los que Torrejón debió brindar asesoramiento principalmente fueron orientación sexual e identidad de género, pueblos originarios, migrantes, discapacidad y salud. En cuanto a los ámbitos, el laboral ocupa el primer lugar y Educación y Salud, le siguen inmediatamente después.

Como parte de su tarea en el INADI, el abogado del Ministerio Público Fiscal recibe consultas sobre posibles casos de discriminación, asesora y acompaña a las víctimas en todo el proceso para que avancen en la radicación de su denuncia.

Además, realiza gestiones ante otros organismos a fin de acercar soluciones que eviten las situaciones de discriminación planteadas.

Cabe recordar que en abril de 2020, el procurador General de Salta, Abel Cornejo, firmó un convenio de cooperación con la titular del INADI, Victoria Donda, y cuyo delegado en Salta es el funcionario Gustavo Farquharson.

El acuerdo contempla acciones conjuntas entre ambos organismos y que tienen como fin concientizar y prevenir sobre los distintos tipos de actos discriminatorios bajo pretexto de etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual.

También se contemplan la discriminación por edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica, condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente.

En ese marco, la Procuración General destinó recursos humanos para asegurar el asesoramiento y colaboración a la Delegación Salta del INADI y designó al abogado Edgardo Torrejón, afectado a cuestiones propias del organismo nacional.

Para realizar consultas o denuncias se puede llamar al 4218758 o al 168, escribir al WhatsApp del INADI +54 9 11 3696-6292 o enviar un mail a salta@inadi.gob.ar.

Sanción definitiva para la creación de la Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Vial

La Cámara de Senadores sancionó en definitiva el Proyecto de Ley en Revisión, por el cual se crea una Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Viales y un cargo de Fiscal Penal. El proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La unidad especializada busca aunar criterios de actuación para una efectiva respuesta a los ilícitos penales contra la seguridad vial, garantizando la unidad de criterios; así como dotar a la estructura judicial de una infraestructura acorde. El Proyecto de Ley fue presentado en febrero pasado por el procurador General de Salta, Abel Cornejo.

Su creación permitirá aunar criterios de actuación para una efectiva respuesta a los ilícitos penales contra la seguridad vial, garantizando la unidad de criterios en esta materia; así como dotar a la estructura judicial de una infraestructura acorde, que disponga de personal altamente calificado y especializado.

La Fiscalía Especializada en Delitos Viales permitirá tratar de forma exclusiva y especializada a los delitos de tránsito, reduciendo los tiempos de respuesta a las víctimas de siniestros viales. Además, las causas que ingresen a la unidad serán recibidas por profesionales con conocimientos especiales en la materia.

Los legisladores expusieron la necesidad de contar con una fiscalía especializada en materia vial en Salta, no sólo por los altos índices de siniestralidad vial que registra la provincia, sino particularmente porque, desde una perspectiva jurídica, el tratamiento habitual de las causas no responde a las necesidades de las víctimas ni a un adecuado tratamiento para el imputado promedio en estos hechos.

La iniciativa presentada por el Procurador General, permitió que Salta se convierta en la primera provincia en crear por ley una fiscalía especializada en materia vial.

Cabe destacar que el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta también se expresó a favor de la iniciativa, declarando de interés la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Viales.

Rosa Torino: El Procurador recibió a las tres víctimas

El procurador general de la Provincial, Abel Cornejo, junto a la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, recibieron a las víctimas que denunciaron penalmente por abuso sexual al sacerdote Agustín Rosa Torino.

El sacerdote está acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración, agravado por ser ministro de culto reconocido, en perjuicio de dos víctimas; y de abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de culto reconocido, en perjuicio de una tercera.

Durante el encuentro, el Procurador brindó su solidaridad y apoyo a las víctimas Valeria Zarza, Yair Gyurkovitz y Jonatan Alustiza, quienes radicaron las denuncias penales en contra del acusado y sostuvo que si no fuera por ellos “hubiera sido imposible llegar al juicio contra este monstruo”.

En tanto, las víctimas agradecieron al Procurador y a la Fiscala por abrirle las puertas y agradecieron la contención y la custodia, por temor al acusado.

Durante el juicio, las tres víctimas ratificaron los abusos

El primero de ellos fue Yair Gyurkovitz, uno de los exnovicios, quien durante el inicio del juicio sostuvo que ingresó a la comunidad religiosa en 2010 y que en 2012 fue trasladado a Puerto Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, donde sufrió abusos por parte de otro sacerdote.

Afirmó que en 2014 fue llamado por Rosa Torino, por lo que volvió a Salta. Precisó que los abusos por parte del imputado, ocurrieron en Palermo Oeste, Cachi y en Finca La Cruz, con fecha imprecisa y durante 2014.

También indicó que la mayoría de los abusos, ocurrieron en la sede ubicada en Santa Fe 1247, de la capital salteña.

En tanto, este miércoles declararon la exmonja Valeria Zarza y el otro exnovicio, Jonatan Alustiza, quienes llegaron a Salta para declarar y partirán este jueves hacia sus respectivos lugares de residencia.

La primera en declarar fue Zarza, quien ingresó a la congregación en 1997. A partir del 2000, estuvo en el círculo privado del imputado. Sostuvo que fue víctima de tocamientos desde ese año por parte del acusado y que jugaba un papel de mediadora entre el sacerdote y otros miembros de la comunidad, por el fuerte carácter del acusado, quien solía humillar a las personas.

Indicó que a fines de 2004, le dijo al acusado que escuchó durante retiros espirituales sobre abusos. El sacerdote le gritó y le pidió nombres.
El imputado le dijo que eran comunes los juegos sexuales y que cualquier cosa, le avisara.

Luego, fue trasladada a México, donde durante un retiro espiritual, también escuchó sobre abusos.

En octubre de 2010 regresó a Salta y comenzó con ataques de llanto y dolores en el cuerpo. Afirmó que le llevó mucho tiempo entender lo que sucedía y pensó que si denunciaba, traicionaría al imputado.

Sostuvo que dentro de la congregación, los hacían pasar por locos cuando se hablaba de abusos y que muchos integrantes, incluida ella, fueron tratados con medicamentos psiquiátricos recetados por un médico clínico relacionado con alguien de la comunidad, quien recetó drogas tales como clonazepam.

La exmonja rompió en llanto al relatar que el acusado se burlaba de su cuerpo con comentarios groseros y que dijo muchas veces que “las mujeres no sirven”.

Detalló que de 2000 a 2004 fue sometida a tocamientos por parte del acusado, con chirlos y roces en sus partes íntimas.

Precisó que realizó denuncias canónicas en 2015 en San Isidro, Buenos Aires, pero que solo fueron por las humillaciones del acusado, porque no había internalizado los abusos hasta ese momento.

En tanto, el otro exnovicio víctima, Alustiza, Salta, pidió declarar sin las presencia del acusado.

Precisó que ingresó a la comunidad en 2009, a los 14 años y también afirmó que fue abusado por el sacerdote de Puerto Santa Cruz, en el sur del país y abusado en 2013 en Salta por el acusado, tras acercarse a contarle sobre los hechos del sur.

Relató que al pedirle ir al médico por supuesto varicocele, el sacerdote se negó y le explicó sobre la enfermedad. El imputado lo invitó a pasar a su habitación, donde lo sometió a tocamientos. Le dijo luego que estaba todo bien y que no contara nada de lo ocurrido.

Sostuvo que sintió vergüenza y culpa, entrando luego en depresión e intentos de suicidio. El testigo rompió en llanto y dijo que en 2016 recién pudo hablar con su pareja sobre lo ocurrido.

Por último, relató que días después del abuso, escapó de la congregación, porque no lo dejaron salir.

La fiscala penal Verónica Simesen de Bielke representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate que se desarrolla en la Sala IV Tribunal de Juicio.

El jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a la defensora oficial Civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz

Tras escuchar los alegatos del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y de los abogados defensores de la acusada, Rosa Fabiola Díaz, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó de su cargo, en decisión unánime, a la defensora oficial Civil 1 de Tartagal. También dispuso inhabilitarla para ejercer cargos públicos por el plazo de ocho años. El veredicto ordenó, además, remitir la documentación presentada por el procurador general Abel Cornejo al Fiscal Penal que por turno corresponda.

La última jornada del juicio contra la acusada, inició con el alegato del procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien afirmó que todo lo que vinieron sosteniendo tanto él, como el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, durante todo el juicio, “está absolutamente acreditado, demostrado y probado en este juicio“.

Las causales de destitución fueron mala conducta, mal desempeño y falta de los deberes a cargo de la magistrada de la Defensa.

Cornejo calificó al juicio como “inaudito y sin precedentes”, por el hecho de que confluyeron el Defensor General y el Procurador General en la necesidad de generar el proceso de remoción, al tiempo que remarcó que ello ocurrió mientras ambos magistrados se encontraban “en un proceso de incertidumbre, debido a intimidaciones, acusaciones y una campaña difamatoria previa, con el único fin de hacer retroceder las instituciones del Estado”.

Por ello, el Procurador recordó los mecanismos constitucionales por los que se puede someter a juzgamiento a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, y que hubiesen sido los correctos, porque hay un proceso expreso en la Carta Magna y que no es “con insultos ni con difamaciones ni generando esa suerte de decaimiento de instituciones del Estado”.

Inmediatamente después, el Procurador repasó las pruebas y testimonios recabados durante el juicio en torno a la denuncia de haber retenido y vendido junto a su hermana Paola Díaz y su madre -hoy fallecida- en el inmueble de propiedad de su madre, donaciones efectuadas por la “Fundación Los Nobles” de la provincia de Santa Fe, las que, además de no ser entregadas a sus destinatarios (comunidades aborígenes de la zona) habrían sido comercializadas en distintos lugares de esa ciudad.

En el caso conocido como “Jacoba” Olarte”, Díaz fue acusada de haber participado en una venta simulada de un bien inmueble de Joaquín V. González, del departamento Anta. La supuesta venta se realizó entre la pareja de su hermana Paola Díaz, Gustavo Mónico Marcelo Serrano y Olarte. Por este caso, Rosa Fabiola Díaz fue imputada por el delito de abuso de autoridad. Y ella y su hermana, Alejandra Paola Díaz también fueron imputadas por el delito de usurpación y robo en concurso real, en el mismo caso.

Sobre la causal de mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, Cornejo recordó que se la acusó de haber incumplido de forma grave y reiterada obligaciones y deberes funcionales de tipo formal y material. Se le atribuyó la existencia de 150 casos correspondientes a los años 2017-2020 en los cuales no existen razones para que la Defensora a cargo del servicio no haya iniciado trámite o actuación judicial. De los 150 casos referidos, 29 de ellos fueron clasificados como casos “testigos”.

Posteriormente alegó la defensa de la acusada. Uno de los abogados, repudió cualquier expresión ofensiva que se haya vertido en contra del Procurador y manifestó su solidaridad con el funcionario.

Finalmente, hizo uso de la palabra la exdefensora oficial de Tartagal, Rosa Díaz. La decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue la de la destitución de la defensora oficial de Tartagal, Rosa Fabiola Diaz e inhabilitarla por ocho años para ejercer cargos públicos.

Los fundamentos se conocerán el martes 6 de julio, a las 11.

Investigadores opinarán sobre la Reforma del Código Procesal Penal de Salta

La Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de Salta se reúne los viernes, vía remota. Esta semana contarán con el aporte de especialistas del CIF y de la UBA, que expondrán sobre las necesidades procesales para el tratamiento de la evidencia digital en la actualidad y la proyección de una futura reforma de ese ordenamiento legal.

El cronograma de consultas a especialistas en ciberdelitos fue elaborado por la Comisión de Reforma que coordina la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo y que es asesorada legal y técnicamente por el abogado especializado en evidencia digital y director de la Carrera de Especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Marcos Salt. La Comisión de Reforma, que eleva quincenalmente a la Procuración General los avances del proyecto, está integrada también por el secretario de Justicia, Diego Sebastián Pérez; el director del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, Informática y Nuevas TICs del Colegio de Abogados y Procuradores, José Aráoz Fleming y representantes de universidades.

Este viernes, el nuevo encuentro contará con las exposiciones del director del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF, Omar Dávila; el ingeniero Eduardo Mauricio Guaimás, del Gabinete Informático Forense del CIF y especialistas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Próximamente, serán convocados distintos fiscales, quienes también expondrán sobre medios de prueba y a partir de su experiencia, acerca del enfoque legal sobre el cual debería avanzarse para el necesario cambio de paradigma del proceso penal en el tratamiento de la prueba en investigaciones penales.

En ese marco, el procurador Abel Cornejo recordó la necesidad de actualizar la regulación actual, a la luz de los lineamientos previstos en el Convenio sobre Ciberdelincuencia, aprobado en Budapest en el año 2001 y del cual Argentina forma parte.

Y precisó que  la evidencia digital ya no se restringe a delitos específicos porque la dinámica social y tecnológica, amplió el concepto de los crímenes informáticos. “La prueba informática se incluirá en la investigación de cualquier conducta delictiva y en todos los casos va a ser necesaria la evidencia digital, más la consecuente modificación normativa para no perderla y poder someterla a todo el proceso investigativo”,  ratificó Cornejo.

Ciberdelitos: Training para fiscales en investigaciones criminales digitales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, declaró de interés estratégico del Ministerio Público Fiscal de Salta, el programa de capacitación “Training para fiscales en investigaciones criminales digitales. Clínica de casos reales”, organizado por la Fundación Reconstrucción Forense Especializada y la Universidad Hartmann de México. Está dirigida a fiscales penales y funcionarios judiciales.

El Training para fiscales en investigaciones criminales digitales se llevará a cabo entre julio y septiembre del corriente año, bajo la dirección de la fiscala coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de CABA, Daniela Dupuy  y el fiscal General Federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, con la coordinación académica de los abogados especialistas Federico Baudino y Jorge Litvin.

El programa ofrece una formación de nivel superior dirigida a fiscales penales y funcionarios judiciales, a partir del tratamiento de temas de relevancia actual tales como la investigación digital de cara al juicio oral, evidencia digital, herramientas disruptivas para la investigación, cooperación internacional entre Estados y recolección de evidencia en extraña jurisdicción, entre otros.

Vale recordar que con la sanción de la Ley Nº 8175, se creó la Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia en 2019, con competencia en todo el territorio de la provincia, con el fin de perseguir aquellas conductas delictivas cometidas a través de internet. Para ello, se consideró el evidente impacto en la seguridad pública y en los derechos individuales de las personas afectadas.

Por ello, la actividad resulta de especial interés para el Ministerio Público Fiscal, no solo debido a la materia específica a tratar y su importancia actual, sino también en virtud de la futura puesta en funcionamiento de esta fiscalía especializada, cuya ley de creación se promulgó en diciembre de 2019.

Las y los fiscales interesados, podrán comunicarse con la secretaria General de Política Criminal de la Procuración, Sofía Cornejo.

Los temas del training para fiscales en investigaciones criminales digitales

La capacitación comenzará el 8 de julio próximo, con el siguiente temario y disertantes:

  • Innovadoras herramientas para investigar en el Ciberespacio. Alek Pacheco, Agente Federal en Homeland Security Investigations. Puerto Rico Crimes Against Children Task
  • El femicida encubierto. Feminicidio. Ubicación del cuerpo con evidencia digital. Fiscal del caso: Ramiro Ramos Osorio. Fiscal de la Provincia de Salta
  • No todo lo que reluce es oro. Grooming y corrupción de menores de edad. Fiscal del caso: Martín Govetto. Fiscal en lo Penal de Bariloche.
  • El pediatra Pedófilo. Producción y distribución de explotación sexual infantil. Fiscala del caso: Daniela Dupuy. Fiscala Coordinadora Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos CABA
  • Buscando elementos probatorios en España. Narcotráfico con evidencia digital y Cooperación Internacional. Fiscal del caso: Maximiliano Hariabedian. Fiscal General Federal de la Ciudad de Córdoba
  • Del Grooming al abuso sexual con acceso carnal. Leading case de autoría mediata. Fiscal del caso: Laura Batistelli. Fiscal de Cámara de la Ciudad de Córdoba.
  • Corrupción de Estado y evidencia digital. Corrupción y  enriquecimiento ilícito. Fiscal del caso: Carlos Rívolo. Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la CABA • Ing. Gustavo Presman .
  • Una defensa difícil de probar. Homicidio en Legítima defensa. Técnicas de reconstrucción virtual. Fiscal del caso: Fernando Amoedo. Fiscal de Cámara de la Ciudad de Córdoba.
  • El crimen del almacenero Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal. Fiscal del caso: Sebastián Videla. Fiscal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

La Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional trabajará en comisiones

Una importante reunión de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional se celebró este miércoles, a partir de la convocatoria del Ministerio Público Fiscal de Salta. Participaron autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo y referentes de pueblos originarios y agrupaciones campesinas, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Las y los participantes del encuentro convocado por el procurador general Abel Cornejo, que contó con la participación de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, María Magdalena Odarda, definieron que la Mesa de Concertación sistematizará diagnósticos y propuestas para elaborar políticas públicas tendientes a reducir conflictos por tierras y emergencia habitacional. La tarea se dividirá en comisiones de Pueblos Indígenas y Campesinos; de Emergencia Habitacional; de Tierras Urbanas y de Capacitación.

Con Odarda y Cornejo, estuvieron la secretaria de la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, diputada nacional Verónica Caliva, el secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación, Miguel Gómez; los coordinadores de la misma Secretaría, Oscar Díaz Regional NOA, José Castro Videla (Norte)  e Ignacio Garzarón (Centro); la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo y el director Regional del INTA, José Miguel Minetti. También participaron el director de Asuntos Jurídicos del INAI, Julián Fernández; la coordinadora NOA del Centro de Acceso a la Justicia, Marcela Mon.

El Poder Ejecutivo Provincial estuvo representado por el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; Gustavo Skaf y la directora de Regularización de Tierras con Conflictos Comunitarios; Florencia Luñis Zavaleta.

Participaron también el defensor General, Pedro García Castiella; la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto y las directoras del Centro de Mediación del MPF, Nancy Valencia Donat y del Centro de Comunicaciones Institucionales, Natalia Nieto.

Lucía Ruiz representó a la organización Campesina Unión y Progreso y estuvieron Noelia López, del Movimiento Nacional Campesino Indígena; Yamila Contreras, de la Asociación Civil Raíces Norteñas; María Tolaba, de la Asociación Civil Los del Bermejo; Antolín Soraire, de la Asociación Campesinos de Los Blancos; Nelson Campos, de la comunidad del pueblo Wichí El Algarrobal (Pichanal) y el asesor de la coordinadora de tierra ruta nacional 81, Raúl Marinconz; el representante de la Asociación de Productores de Fincas de Salta, Raúl Dávalos y Martín Plaza, del Colectivo de Abogades Populares.

Diálogo y mediación para la promoción real de derechos

Las y los presentes coincidieron en celebrar la convocatoria, con las complejidades y particularidades que presenta cada situación. En esa línea, la presidenta de INAI, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Magdalena Odarda destacó la “significativa decisión” de llevar adelante el encuentro, al tiempo que consideró que debe existir un cambio de paradigma en la relación entre los pueblos indígenas y el Ministerio Público y los tres poderes del Estado. Subrayó que todavía hay quienes “se resisten o están en desacuerdo con el diálogo, aunque sepan que deben primar la Ley y la Constitución”.  

En el mismo sentido, Cornejo destacó el trabajo realizado desde 2020 para conformar la Mesa con el fin de sostener la mediación como instrumento de encuentro entre las y los participantes porque, según consideró, “la paz es el camino para la concordia y la promoción real de derechos de ciudadanas y ciudadanos”. Alentó al mantenimiento de la Mesa, dada la pluralidad de su integración, porque “de los grandes disensos, nacen los verdaderos acuerdos”.

El secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación,  Miguel Ángel Gómez, ratificó el compromiso de diálogo para el trabajo en territorio y se refirió al necesario abordaje interinstitucional de la emergencia habitacional, al tiempo que la designada coordinadora de la Mesa de Concertación, María José Castillo, admitió la complejidad de la problemática, que es “profunda, con muchas aristas y que tiene cuestiones estructurales para superar”, por lo cual, se debe hacer un “esfuerzo interinstitucional”. La funcionaria señaló que se debe evitar la criminalización de los conflictos a partir de la utilización del derecho penal, porque a partir del derecho es que se consolidará la propuesta para efectivizar el marco operativo desde una perspectiva de Derechos Humanos. Justamente, Julián Fernández se refirió a la necesidad de capacitar a las y los operadores judiciales y del MPF, para que el abordaje de los conflictos se haga desde un enfoque de derechos.

Skaf puso a disposición los equipos de mediación para casos complejos y dijo que la Provincia “está absolutamente alineada” con la prioridad de la mediación y consideró que el abordaje debe ser “muy serio e interdisciplinario”. Valencia Donat precisó sobre la tarea de mediadores del MPF y destacó que lo hacen “con diálogo y escucha activa, con perspectiva integradora, de género, promenores y de vulnerabilidad”. El abordaje en territorio que se realizó en distintas ocasiones, -a pesar de las restricciones por pandemia-, permitió resolver distintos conflictos, abordados desde el diálogo con los tres poderes del Estado. La funcionaria destacó también que en los conflictos de grupos atravesados por situaciones de altísima vulnerabilidad, emergen intereses genuinos, públicos, privados y políticos, pero señaló que el de la mediación es “un proceso restaurativo y sanador”.

Entre otros oradores, Marinconz enfatizó que hace más diez años que se pedía una Mesa de Conciliación y Lucía Ruiz celebró la reunión, porque permitirá el abordaje de la situación de pequeños poseedores y campesinos productores, al tiempo que la diputada Verónica Caliva destacó el fallo logrado por la fiscala Gabriela Souto, en el caso que tuvo como protagonista a la dirigente Lucía Ruiz.

El Procurador pide al Consejo de la Magistratura que audite una causa federal

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo solicitó al presidente de la Comisión de  Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Ricardo Guillermo Recondo, que dicha Comisión audite el expediente Nº 24746/2017, caratulado “HUERGO; Matías Luis (SECSA – ARCADIO), s/infracción a la ley 24.769”, en trámite por el Juzgado Federal Nº 1 de Salta. Pidió que se compruebe el estado de tramitación en que se encuentra y si se cometieron las irregularidades de las que dan cuenta dos denuncias que están radicadas en la Justicia Federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no define la cuestión de competencia planteada por los fiscales federales.

El procurador Cornejo  puso en conocimiento de la Comisión en cuestión el comunicado emitido por el juez federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, a través del cual conminó a la jueza de Garantías Nº 5 del Distrito Centro del Poder Judicial de Salta y al Ministerio Público Fiscal de Salta a continuar la investigación del desprendimiento parcial de la causa Nº 24746/2017 – caratulada – “HUERGO; Matías Luis (SECSA –ARCADIO) s/infracción a la ley 24.769. En este punto, cabe destacar que el 9 de mayo de 2019, el juez Bavio decidió declararse parcialmente incompetente en dicho expediente y remitió al fuero provincial las copias de la resolución, sin certificar ni firmar.

Esa decisión tuvo dos repercusiones. En el fuero federal, los fiscales federales apelaron esa medida y luego la casaron. La Cámara Federal de Casación Penal decidió mantener el desdoblamiento impulsado originalmente por Bavio. En tanto, en el fuero provincial se decidió primero  suspender las actuaciones hasta tanto se dirimiese la cuestión de competencia y de esa forma, evitar nulidades y vulnerar el principio del ne bis in ídem y consecuentemente, seguir de acuerdo a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Alto Tribunal todavía debe pronunciarse en un planteo formulado por los fiscales federales,  y que coincide con la postura de la Justicia Provincial y del Ministerio Público de Salta. En la misma presentación, Cornejo recordó que como en el orden federal, el MP de Salta es un órgano extra poder, según el artículo 164 de la Constitución de la provincia de Salta.

Es necesario recordar que cuando se plantea una contienda negativa de competencia entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial y al no existir un órgano común que la dirima, la encargada de resolver la cuestión es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Consecuentemente, si la Corte Suprema no tomó aún una decisión sobre el asunto en particular, el Juez Federal no puede conminar a la Justicia Provincial ni al Ministerio Público de Salta, por la sencilla razón de que no tiene ninguna facultad para hacerlo, a menos que hubiese utilizado los mecanismos institucionales que rigen en la Constitución de la provincia de Salta.

Denuncias vinculadas con la causa y que no fueron investigadas por la Justicia Federal

En la presentación, que sostiene que “más allá de lo inusitado del comunicado emitido por el Juez Federal de Salta, que conminó a poderes extraños a la órbita de su competencia en una causa en pleno trámite”, Cornejo también informó al Consejo sobre la denuncia formulada por el abogado defensor del imputado, que reseña en forma detallada un cúmulo de supuestas graves anomalías en su tramitación y que fue desestimada en forma instantánea por la justicia federal. La denuncia fue originalmente presentada en sede provincial y por tratarse de un expediente federal (más allá de que los denunciados son un diputado nacional, magistrados federales e integrantes de la Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos), la fiscala Simesen de Bielke se declaró incompetente y la remitió a la Justicia Federal,  donde se aceptó la declinatoria y quedó allí radicada. 

El procurador salteño sumó a la reseña enviada al Consejo de la Magistratura la denuncia formulada por el exconcejal Luis Raúl López, en contra del diputado nacional Martín Federico Grande Durand, en la que lo acusó de tener conocimiento de hechos y pruebas vinculados a la causa Nº 24746/2017, y pese a que tenía obligación de denunciarlos -por tratarse de un legislador nacional-, no lo hizo. Sobre esa denuncia, la Justicia Federal no informó si siguió su curso o la desestimó.  Idéntico temperamento adoptó de oficio en el orden provincial la fiscala Verónica Simesen de Bielke, “lo cual le valió una catarata de insultos proferidos por el mismo legislador”, señaló Cornejo.

En síntesis, hubo dos denuncias vinculadas a la supuestamente defectuosa tramitación del expediente Nº 24746/2017,  de las cuales, una fue desestimada en el acto, y sobre la otra, todavía se desconoce qué sucedió. Ambas fueron formuladas en la Justicia Federal.

Es oportuno mencionar que el expediente Nº 24746/2017 se inició hace cuatro años, pero recién cobró impulso a partir de 2019, cuando Bavio decidió declararse incompetente en forma parcial. Con esa declaración, el magistrado cambió radicalmente el temperamento que la Justicia Federal de Salta tenía acuñado desde un largo tiempo atrás en materia de investigaciones de ilícitos tributarios, con el consecuente riesgo de que la bifurcación de los expedientes pueda traer aparejada la nulidad de la causa por tratarse del juzgamiento de hechos idénticos, o bien, que uno de ellos sea condición necesaria para que se configuren las denominadas condiciones objetivas de punibilidad.

Es que el artículo 22 de la ley  24.769 no permite ninguna interpretación diferente porque establece que “respecto de los tributos nacionales para la aplicación de la presente ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente la justicia nacional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las causas que se encuentren en trámite ante el mismo. En lo que respecta a las restantes jurisdicciones del país será competente la justicia federal”.

Pedidos de informes a la Corte Suprema y las Cámaras Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico

Además de llamar la atención que se pretenda intimar a la Justicia Provincial y al Ministerio Público de Salta por una supuesta demora en la investigación, que no es tal; nada se sabe del expediente federal, que aparentemente estaría sumido en una parálisis y por lo cual se quiere transferir una responsabilidad que en este caso, no le corresponde a la justicia provincial.

Por ello, en el mismo pedido al Consejo de la Magistratura, Cornejo puso al Ministerio Público Fiscal de Salta a disposición de la Comisión de Disciplina y Acusación, a fin de cotejar pruebas e informes para dilucidar la insólita situación planteada y solicitó que se pida informe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para constatar el estado de las actuaciones sobre la cuestión de competencia planteada.

Finalmente, solicitó que se requiera informes a las Secretarías de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, para que informen si existen antecedentes de desdoblamiento de la competencia en casos de investigaciones de delitos penales tributarios.