En la jornada de ayer fue firmado en San Ramón de la Nueva Orán un importante acuerdo entre partes, a raíz del proceso de Mediación en el que intervino el Equipo de Conflictos Públicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que permitió el desalojo de la sede gremial de ATE.
Según lo establecido en la quinta cláusula, fue acordado que sea el Ministerio Público Fiscal el que ponga en conocimiento público que las partes arribaron a un acuerdo autocompositivo, sin publicar el contenido detallado del convenio, en respeto al principio de confidencialidad que rige en el proceso de Mediación.
Tras la firma del convenio rubricado este lunes 27 de diciembre en el que intervino el Equipo de Conflictos Públicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, la Sede Gremial de ATE ubicada en la esquina del Pasaje Alem y calle Alvear, se encuentra actualmente desocupada.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, mantuvo este lunes importantes encuentros en la ciudad de Buenos Aires, con el procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal y con el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, se reunió este lunes con el procurador general de la Nación (I), Eduardo Ezequiel Casal, en el marco de un encuentro protocolar en el que se ponderó los beneficios del trabajo conjunto y articulado interjurisdiccional entre los fiscales provinciales y federales, coincidiendo en los objetivos de avanzar y fortalecer la labor conjunta interjurisdiccional, mediante el trabajo conjunto y coordinado entre fiscales provinciales y federales.
Cabe destacar que la provincia de Salta está siendo pionera en esta modalidad de trabajo, que tal como se observó en recientes investigaciones, permitió imprimir celeridad y eficacia en la resolución de diversas causas.
En este sentido, el procurador Pedro García Castiella, aseveró que “la actividad criminal traspasa y no reconoce jurisdicciones” advirtiendo que “el trabajo segmentado entre fiscales provinciales y federales no siempre beneficia el éxito de las investigaciones y debe superarse mediante una articulación conjunta que permita potenciar el trabajo y evitar la dispersión de esfuerzos. Con mayor razón aún con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal que expresamente contempla y aconseja esta actividad investigativa conjunta en los casos que proceda o mejor convenga al logro de resultados eficaces”.
De la reunión entre Casal y García Castiella también participó el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel.
Por otra parte, García Castiella también fue recibido por el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin. Durante el encuentro, ambos magistrados hicieron hincapié en la necesidad de impulsar y dinamizar las tareas preparatorias para la próxima puesta en marcha de la Fiscalía de Ciberdelitos de la Provincia, recientemente creada.
Se avanzó en la planificación de una agenda de actividades a partir de los primeros meses del próximo año 2022, para la provisión por parte de dicha Unidad Fiscal Federal, de aportes en capacitaciones, experiencias, planificación y logísticas, aprovechándose así para la nueva Fiscalía Provincial a implementarse, la experiencia con la que ya cuenta la Unidad Fiscal Federal de Ciberdelincuencia.
Todo coincidiendo en la necesidad del intercambio y colaboración en el trabajo preparatorio necesario para un mejor funcionamiento de la nueva Fiscalía, para detectar, perseguir y reprimir este tipo de delitos que atentan contra la seguridad ciudadana, como así también eligiendo como víctimas a las y los menores de edad, las estafas virtuales y muchas otras modalidades criminales.
La creación de la Fiscalía de Ciberdelitos de Salta, fue promulgada en diciembre de 2019 y su puesta en marcha agilizará la resolución de numerosos casos atravesados por la digitalización, como así también la distribución de investigaciones vinculadas con el uso de la tecnología entre otras fiscalías, descentralizadas y especializadas.
“La evidencia digital significará un importante salto en la calidad de las investigaciones y Salta será la cuarta provincia en el país en contar con una Fiscalía especializada”, resaltó el Procurador.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento este martes a Daniel Alejandro Escalante como Fiscal Penal del Distrito Judicial Centro, Circunscripción Cachi.
Del acto participaron la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público y asesora general, Mirta Lapad; el defensor general, José Gabriel Chibán y el procurador general, Pedro García Castiella, quien le tomó juramento a Daniel Alejandro Escalante. El funcionario se desempeñará como Fiscal Penal del Distrito Judicial Centro, Circunscripción Cachi.
El acto de juramento de Escalante se
desarrolló este martes 7 de diciembre en el salón auditorio de la Escuela del
Ministerio Público.
La Ley 8175, de creación de la Fiscalía Penal Cachi, fue promulgada el 16 de diciembre de 2019. En su primer artículo, establece que estará a cargo del Fiscal Penal que contará con las atribuciones y deberes fijados en los Códigos de Procedimientos y en la Ley Orgánica del Ministerio Público 7328 y sus modificatorias.
Durante la conferencia de prensa desarrollada en la mañana, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella y los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Rodrigo González Miralpeix, brindaron detalles sobre la intervención del Ministerio Público Fiscal en las causas iniciadas tras los hechos ocurridos este martes en la ciudad de Salta, de secuestro extorsivo a un empresario y tentativa de rapto a una menor de edad.
Al tomar la palabra, el Procurador afirmó que “ocurrió un hecho criminal inusual y extremadamente grave”, en relación al secuestro extorsivo con pedido de rescate de un importante empresario de la ciudad, quien por la noche de este martes ya se encontraba sano y salvo, y en su domicilio con sus familiares, pese a recibir lesiones menores en ocasión del hecho.
El Procurador hizo hincapié en la gravedad de la situación y celebró la recuperación de la persona secuestrada, como así también del dinero previsto para la entrega controlada.
En este sentido, el Procurador sostuvo que ante estas situaciones que “no se corresponden con la habitualidad criminal a la que pueden estar acostumbradas la ciudad y la provincia”, se debe dar brindar una respuesta contundente y eficiente del Estado en sus distintos ámbitos, porque “en Salta no puede haber lugar para el desarrollo de este tipo de modalidades criminales”.
El Procurador indicó que a raíz del hecho, se imprimió una dinámica contrarreloj y estableció contacto con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, quien inmediatamente puso a disposición al jefe de Policía, José Alberto Ibarra. Por jurisdicción, tomó intervención el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, quien también puso en conocimiento de la situación a los fiscales federales Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba.
El Procurador destacó el trabajo del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, como así también del jefe de Policía, José Alberto Ibarra; de la jueza de Garantías interviniente, Ada Zunino; de los fiscales federales Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba y del Cuerpo de Investigaciones del CIF, además de organismos nacionales que brindaron su colaboración.
Secuestro
extorsivo
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, informó que inicialmente se tomó contacto con un familiar de la víctima y con su abogado cerca de las 14 de este martes, quienes ante el desconcierto fueron convocados en la Procuración General, para luego realizar una investigación en tiempo real, la cual mediante distintas tareas permitió mantener contacto con la persona secuestrada.
En este sentido, el Fiscal indicó que fue acordado un mecanismo de entrega y un lugar monitoreado, por lo que fue desarrollado un operativo cerrojo para evitar la entrega controlada y lograr acceder a la persona secuestrada, que era la principal prioridad.
Ramos Ossorio confirmó que los secuestradores simularon ser policías para realizar el secuestro e informó que actualmente dos hombres permanecen detenidos, mientras se trabaja en forma conjunta con la Fiscalía Federal, que continuará con la competencia de la causa.
Tentativa
de rapto
Por su parte, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, informó que durante la tarde de ayer, en cercanías del Hogar Escuela, una menor de edad fue interceptada por un hombre mayor de edad que se acercó a ella con su vehículo particular e intentó subirla al rodado.
La menor logró escapar y corrió
al edificio del Hogar Escuela, desde donde logró captar imágenes del vehículo.
El hombre, expolicía de la Provincia, fue posteriormente detenido en inmediaciones de las calles Caseros y Juramento. Será imputado provisionalmente en las próximas horas por el delito de rapto en grado de tentativa.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella y el fiscal federal Eduardo Villalba, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, mantuvieron este viernes una importante primer reunión con el objetivo de auspiciar y fortalecer la intensificación de tareas de investigaciones conjuntas y coordinadas entre fiscales federales y provinciales. Del encuentro también participó el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt.
En una importante reunión, llevada a cabo esta mañana, el ´procurador general de la provincia Pedro García Castiella y el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta reforzaron los vínculos tendientes a optimizar el trabajo conjunto de los fiscales federales y provinciales y su proyección intensificada inmediata.
De la misma también participaron los respectivos equipos de trabajo, tanto de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad(UFINAR) y de la Procuraduría de la Narcocriminalidad(PROCUNAR NOA). García Castiella y Villalba analizaron las distintas vías para reforzar el intercambio de información y las tareas conjuntas que permitan incrementar la eficiencia en la tarea de investigación en contra de las organizaciones narcocriminales.
También se refirieron a la tarea de la Unidad de Análisis Criminal, que tiene el objetivo de obtener y proveer información para avanzar con las distintas investigaciones vinculadas al narcotráfico, como así también se proyecta extender estos esfuerzos a los delitos de trata de personas.
Sobre esta función, tanto el procurador Pedro García Castiella como el fiscal federal Eduardo Villalba, coincidieron en la necesidad de incrementar los recursos en esta área.
Tras la
reunión, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, aseveró
que en el flagelo del narcotráfico y la narcocriminalidad que éste trae de la
mano, “existen nuevas modalidades y fenomenologías, y la actividad separada
entre fiscales provinciales y federales debe superarse mediante una
articulación conjunta que potencie la investigación en contra del tráfico de
estupefacientes y la narcocriminalidad y evite la dispersión de esfuerzos, pues
esta actividad delictiva traspasa y no reconoce jurisdicciones”.
“El narcotráfico ha tenido su evolución. La
preferencia y el uso de distintos tipos de drogas, como así también su
comercialización, tuvieron su avance”, indicó García Castiella y
destacó que “hoy no es no menor la
cuestión vinculada a las drogas sintéticas, que son mucho más sencillas de
producir y que pueden generar situaciones muy graves en el seno de nuestra
sociedad”.
Por su parte, el fiscal federal Eduardo Villalba, celebró el encuentro y destacó que la lucha contra la narcocriminalidad “exige el esfuerzo de ambos Ministerios Públicos porque no distingue entre delitos federales y provinciales”.
En este
marco y ante inconvenientes tales como la atomización o segmentado por separado
de las investigaciones, y el posible impacto en la eficiencia de la instrucción
de causas seguidas en el fuero federal, Villalba resaltó la importancia que
tienen en este sentido las mesas de trabajo conjuntas, mecanismo expresamente establecido
a partir de la implementación de la Ley 27.063, Codigo Procesal Penal Federal
de la Nación. “El sistema acusatorio
implementado en el fuero federal y también en el provincial, justamente tiene
el sentido de que los fiscales coordinen, cooperen e intercambien información.
Nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 90, exige a los Ministerios
Públicos una actuación coordinada y de cooperación”, afirmó Villalba y destacó
que “en el ámbito de la narcocriminalidad tenemos resultados exitosos pero
nunca es suficiente y hay que profundizar”.
En este
sentido, resaltaron varios casos en los cuales la UFINAR y la PROCUNAR NOA
lograron importantes resultados, entre ellos la desarticulación de bandas
que solían operar, incluso, desde una unidad carcelaria y con el apoyo de
números cómplices.
A comienzos de 2014, la Provincia adhirió la desfederalización del microtráfico de drogas y encaró con recursos propios la tarea. En tanto, la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) fue puesta en funcionamiento en octubre de 2017, en la órbita del Ministerio Público Fiscal de Salta. Actualmente se encuentra a cargo del fiscal penal Gustavo Torres Rubelt.
Ante el sostenido incremento de diversas modalidades de criminalidad con características violentas y advirtiendo en ellas peculiaridades distintivas de tal entidad que no deben pasar desapercibidas en la dirección de las investigaciones, el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, dictó el pasado miércoles 17 de noviembre, la Resolución de Procuración General N° 1.284/21 estableciendo una serie de nuevas instrucciones generales a los Fiscales para la investigación de muertes violentas que ocurran en la provincia.
Se disponen estas medidas en razón de que la situación referida – si bien impone en primer lugar la necesidad de una reacción atenta, prudente y responsable desde el Estado mismo-, pero también a la vez demanda una respuesta contundente e inmediata que fortalezca la eficiencia y eficacia de las investigaciones criminales. Ello resulta un imperativo de la necesidad de afianzar y sostener la paz social en beneficio de toda la comunidad, en un contexto de orden y tranquilidad debido para el desarrollo de su vida cotidiana.
En primer lugar, se dispone que ante el inicio de cualquier investigación o prevención fiscal en la que se investigare la muerte violenta de una persona, aún cuando se presentare apriorística y aparentemente como un supuesto suicidio o muerte accidental, deberá aplicarse desde el momento inicial de la investigación y de la disposición de cualquier medida o instancia, una regla inversa, que presuma primeramente la comisión de los delitos de femicidio u homicidio dolosos según corresponda, cumpliendo con las pautas, protocolos y medidas previstas para tales tipos delictivos, desde las primeras diligencias y hasta tanto se pueda descartar la comisión dolosa con un debido razonamiento probatorio e indiciario. A partir de ahora, desde el punto de vista investigativo, todas las muertes accidentales o suicidios deberán abordarse y tener tratamiento desde el inicio como un posible femicidio u homicidio y hasta tanto se descarte razonada y fundadamente el hecho intencional o doloso de terceros, para así evitar omisiones o desatenciones irreparables en el tratamiento y preservación de la escena del hecho, la prueba a reunir y todo otro indicio de relevancia criminalística.
También en este novedoso giro, el Procurador General estableció que los fiscales deberán efectuar un atento seguimiento y control de las autopsias que se realicen, e inclusive la presencia de los mismos en el acto de autopsia ante casos de autorizada complejidad o necesidad, debiendo prestar específica atención a los casos de aparentes suicidios, y mas aún si se encuentran relacionados directa o indirectamente con hechos de narco criminalidad.
Entercer lugar, y revalorizando el rol del Fiscal como director de la investigación, se reitera y reactualiza la obligatoriedad de concurrir personalmente a la escena de los hechos.
Con estas medidas, desde la Procuración General de la Provincia se instruyen estas medidas prioritarias respondiendo a un alerta ante estas modalidades delictivas, que impone afinar y calibrar los dispositivos de abordaje de investigación criminal adecuados para que puedan arribar a sus conclusiones con el mayor grado de precisión técnica y basados en los más sólidos fundamentos científicos, como vía necesaria hacia la averiguación de la verdad, alentando herramientas que aseguren despejar toda duda en relación al abordaje criminalístico y legal de los hechos investigados.-
Si bien algunas de estas disposiciones se encontraban ya previstas exclusivamente para los casos de femicidio, se hacen ahora extensivas para el resto de muertes violentas, en particular los suicidios y con mayor énfasis aun ante casos relacionados directa o indirectamente con la narcocriminalidad; por lo que desde ahora será obligatorio para investigar todas las muertes violentas, aun cuando apareciere inicialmente como suicidio, los investigadores bajo la dirección del Fiscal de turno, deberán efectuar un examen exhaustivo y pormenorizado de los hechos antes de disponer los trámites que puedan corresponder a un supuesto suicidio, debiendo contar con las razones que descarten la muerte por femicidio u homicidio desde una valoración cuidadosa de los hechos, contextos y las circunstancias que rodean la muerte investigada.
El procurador general, Pedro García Castiella y el defensor general, José Gabriel Chibán, fueron recibidos durante la mañana por los Ministros de la Corte de Justicia de Salta.
Durante la reunión y con el objetivo de lograr un trabajo consensuado y articulado, los magistrados compartieron sus posiciones en búsqueda de optimizar el servicio de administración de Justicia, responsabilidad compartida entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Del encuentro al que asistieron el Procurador y el Defensor,
participaron el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano; el
vicepresidente, Ernesto Samsón; el vicepresidente segundo, Fabián Vittar, las
juezas de Corte, Sandra Bonari, Teresa Ovejero y María Alejandra Gauffin y los
jueces de Corte, Pablo López Viñals y Horacio José Aguilar.
Juró Pedro García Castiella como Procurador General de la Provincia y anticipó que los fiscales trabajarán en forma coordinada y con una dinámica aceitada, con las fuerzas de seguridad, porque no puede haber fisuras entre la prevención, investigación y sanción de los delitos.
En un acto presidido por la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, la asesora general de la Provincia, Mirta Lapad, juró el procurador general Pedro García Castiella. En el mismo acto, que tuvo lugar en el salón Rodolfo Urtubey de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, hizo lo propio el defensor general de la Provincia, José Gabriel Chibán. Contó con la participación del gobernador de la provincia Gustavo Sáenz.
En su primer encuentro con la prensa como Procurador, García Castiella ratificó sus ejes de gestión, luego de sostener que continuará “todo lo que se hizo bien en la Procuración” que calibrará en los temas urgentes, que son “cuestiones muy delicadas que hacen al interés de la sociedad y que no ameritan ningún tipo de dilación”. Destacó en ese sentido, “la criminalidad de derecho común que proviene del narcotráfico, con hechos a los que no estábamos acostumbrados en la provincia y que son delitos graves que vienen de la mano del narcotráfico”.
Citó como ejemplo el crimen de Liliana Ledesma, ocurrido en 2006, y dijo que en la actualidad “la gravedad de la circunstancia es que tenemos en toda la provincia situaciones parecidas replicadas y también en el Distrito Centro, donde ya hay situaciones vinculadas con el narcotráfico, como fue el doble homicidio de avenida Circunvalación Oeste”. Afirmó el funcionario que la respuesta “del sistema de justicia; del Ministerio Público Fiscal y el Estado en su totalidad, debe ser absolutamente contundente”.
Al mismo tiempo, remarcó que se centrará en la lucha contra los delitos de violencia familiar y de género y los femicidios, “porque esa realidad tampoco admite tregua, y se debe atacar el problema desde todos los ángulos. Tiene una génesis cultural y por ello debe abordarse desde el Ministerio de Educación, la Justicia y todos los ámbitos”. García Castiella mencionó la cibercriminalidad como otra de las principales preocupaciones, porque entre otros delitos graves, “trae de la mano la captación y abuso de menores de edad”.
El Procurador, quien cuenta con 28 años de experiencia como litigante en los tribunales locales y completó casi dos, como titular de la Defensoría General de la Provincia, anticipó que llevará adelante “un trabajo coordinado y muy aceitado entre los fiscales y las fuerzas de seguridad, donde no puede haber fisuras”, cuando el objetivo es garantizar el bienestar social.
Del acto participaron el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz; la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Mirta Lapad; el fiscal ante la Corte de Justicia, Eduardo Sylvester, el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, el vicepresidente segundo de la Corte Justicia, Sergio Fabián Vittar, las juezas de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero y María Alejandra Gauffín, el juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals; el ministro de Gobierno y Derechos Humanos, Ricardo Villada; el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Eduardo Barrionuevo y magistrados y funcionarios judiciales, entre otros.
Del 2 al 4 de noviembre próximo, se llevarán a cabo las Jornadas Nacionales de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos, que tendrán como ejes las buenas prácticas para garantizar el acceso a justicia de mujeres, el cuidado de profesionales dedicadas a la asistencia de personas víctimas, la experiencia de países latinoamericanos en la asistencia interdisciplinaria y el abordaje de conflictos en contextos de violencia de género.
La presidenta del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito, es la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal de Salta, Matilde Alonso, y será la responsable de la apertura de las Jornadas, junto al fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques y el secretario general de Política Criminal y Asistencia a la Víctima del MPF de CABA, Alberto Nanzer.
Durante la primera jornada, se abordarán las buenas prácticas para garantizar el acceso a justicia de mujeres y la experiencia en la asistencia integral a personas víctimas del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala, a través de las expositoras Carla Majdalani, de la Consultora en EVAW -End Violence Against Women- y coordinadora de la Iniciativa Spotlight Argentina de ONU Mujeres Argentina y Karelia Ramos González, quien es la coordinadora técnica del Programa de Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas víctimas y sobrevivientes de violencia, del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
El segundo encuentro estará abocado al cuidado de profesionales que se dedican a la asistencia de personas víctimas, a través de la secretaria ejecutiva de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del MPF de la Nación, María Teresa Bravo y la psicoanalista especialista en Teorías de Género, Irene Fridman y la coordinadora del Programa Cuidar a Cuidadores del Ministerio de Salud de Córdoba, Claudia Simonini.
El último, se referirá a la experiencia de países latinoamericanos en la asistencia interdisciplinaria a personas víctimas y el abordaje de conflictos en contextos de violencia de género, a través de Nelly Montealegre Díaz, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; del fiscal del Ministerio Público del Estado de Minas Gerais, Brasil, Lélio Braga Calhau; del Fiscal del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro, Brasil, María Fernanda Días Mergulhão y de la directora de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía General de la Nación de Uruguay, Mariela Solari Morales.
Las conclusiones y cierre de las jornadas, estarán a cargo de la directora del Centro de Asistencia a la Victima del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, María Eugenia Zamar y su par, de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos del MPF de Caba, Cintia Larregina.
Las Décimas Jornadas Nacionales de Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos, se desarrollarán del 2 al 3 de noviembre próximo, con transmisión a través del canal oficial de YouTube del @MPFCABA. Las inscripciones se reciben en ceremonialmpf@fiscalias.gob.ar y se emitirán certificados.
La Universidad Nacional de Salta declaró de Interés Académico la capacitación sobre Metodología de la Investigación Cualitativa, organizada por la Escuela del Ministerio Público de Salta, y que cuenta con el auspicio de la Universidad Católica de Salta. La capacitación comenzará este miércoles 27, y será dictada por la M.A. en Antropología Sociocultural – Ph.D Candidate Binghamton University –SUNY (A.B.D.), Graciela M. Labarthe
La capacitación está destinada a
magistrados, funcionarios y funcionarias, asesores y asesoras del Derecho y
profesionales de las Ciencias Sociales, quienes accederán a los aspectos
teóricos, metodológicos y técnicos del trabajo de investigación cualitativo y
su posible aplicación en su práctica profesional.
El objetivo del curso, con modalidad
virtual, es que los participantes reflexionen sobre aspectos teóricos,
metodológicos y técnicos del trabajo de investigación cualitativa y su
aplicación al desarrollo profesional. Están invitados a participar integrantes
del Ministerio Público de Salta, Poder Judicial, Universidad Nacional de Salta,
Universidad Católica de Salta y otras instituciones. Será abierto al público
interesado.
El programa incluye el abordaje del
Método científico y métodos cualitativos; Conceptos centrales; Diseño de
Investigación; Principales métodos y técnicas; Definición del problema de
investigación; Análisis de datos obtenidos de la investigación y Elaboración
del informe de Investigación.
Labarthe sostiene que “la cambiante
situación política, socioeconómica y de salud global plantea importantes
interrogantes en cuestiones de poder, justicia, etnicidad, género y sexualidad,
familia, violencia, equidad y clase con relación al Derecho en sociedades
complejas y sociedades aborígenes” y considerando todo ello, es que guía a este
curso el intento de que los participantes “reflexionen sobre aspectos teóricos,
metodológicos y técnicos del trabajo de investigación cualitativo y la posible
aplicación en su práctica profesional”.
El curso se extenderá por 40 horas,
a lo largo de diez encuentros de 3 horas y 10 horas para lectura y elaboración
de trabajos.
