El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, en nombre del Ministerio Público Fiscal de Salta, adhiere al luto de la comunidad por el fallecimiento de Octorina Zamora, referente del pueblo wichí y luchadora por los derechos de los pueblos originarios.
Su profusa y constante labor en defensa del territorio, la cultura indígena, los derechos de las mujeres y de las niñas y niños, serán siempre el norte para dar continuidad a la labor por el respeto y reconocimiento de los derechos e intereses de las comunidades originarias.
La noticia de su pérdida representa un profundo dolor y pesar.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso mediante resolución, la creación de una unidad fiscal para investigar la muerte del hombre de 27 años. El hecho ocurrió el pasado mes de abril en esa ciudad.
Con fecha 24 de Mayo, el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, mediante resolución 1344/22, creó la Unidad Fiscal de Investigación destinada a llevar adelante la investigación por la muerte de Víctor René Córdoba, ocurrida en la ciudad de Metán.
En la resolución se señala que ante la eventual complejidad que pudiese presentar la tramitación de la causa, corresponde al Procurador General, con la finalidad de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones acusatorias, adoptar medidas tendientes a favorecer ese rol.
Es por ello que se dispone la creación de la Unidad Fiscal, que estará conformada por el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, quien ya se viene desempeñando en la causa y el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, quienes asumieron de manera conjunta la investigación y el desarrollo de todo el proceso de la causa.
El hecho investigado ocurrió el pasado lunes 18 de abril en Metán, cuando un hombre de 27 años ingresó con politraumatismos y heridas al hospital local y ante la gravedad que presentaba, fue trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció tras permanecer internado.
Se desarrollan en la Provincia las jornadas «Cibercrimen, delitos informáticos y evidencia digital. La investigación penal en entornos digitales”.
Dieron inicio esta tarde las jornadas sobre cibercrimen, organizadas por el Ministerio Publico Fiscal de la Provincia y el Ministerio Publico Fiscal de la Nación, con una nutrida concurrencia de inscriptos, que mayoritariamente por vía de plataforma remota, siguieron los valiosos relatos de los expositores.
El Procurador General de Salta Pedro García Castiella dejó inauguradas hoy las jornadas, acompañando en la exposición inaugural a los disertantes Marcos Gabriel Salt, Director de la carrera de Especialización y del Posgrado de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); el fiscal Horacio Juan Azzolín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación; la Jueza de Control N° 6 Cristina Giordano y el Fiscal especializado en Ciberdelito Franco Pilnik, ambos del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
Estuvieron presentes también, la jueza de Corte Sandra Bonari, la Asesora General de Incapaces Mirta Lapad, el Secretario de Justicia de la provincia Diego Pérez, miembros consejeros del Consejo de la Magistratura, magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial de Salta, autoridades académicas y del Colegio de Abogados de la Provincia, entre otros.
Tras las palabras de bienvenida, García Castiella destacó los esfuerzos en “este tipo de capacitación como uno de los ejes impostergables que permite ensanchar puentes con otras jurisdicciones; en una interacción generosa, solidaria y sin egoísmos, acercando diferencias y distancias con agencias relacionadas con los ámbitos concurrentes de la política criminal. Todo ello en razón a que, el campo de la virtualidad en donde se desarrolla esta modalidad delictual, no siempre reconoce las fronteras geográficas tradicionalmente establecidas, como así tampoco atiende diferencias de jurisdicciones provinciales o federales”.
«Vivimos una era de revolución tecnológica que provoca que cada vez sea más profundo el traslado de vida cotidiana de las personas al campo de la virtualidad; pero a su vez el delito avanza en su sofisticación de modalidades al mismo ritmo que la tecnología, aprovechándose cada vez del traslado de las actividades cotidianas humanas desde el escenario de la vida real al campo de la virtualidad. Junto con la evolución de la tecnología que ayuda a la investigación del delito, también las organizaciones criminales también encuentran nuevas herramientas y tecnología para delinquir. SI la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, ello obliga a quienes tenemos altas responsabilidades institucionales respecto de estrategias de política criminal, a un actuar incesante, incansable y diligente con miras a que el avance tecnológico y el futuro no nos gane la carrera, todo ello por la tranquilidad y paz de nuestros semejantes, nuestros afectos, nuestra sociedad; la paz social única destinataria de este esfuerzo”- remarcó.
Resaltó el Procurador que por eso, “este Ministerio Publico Fiscal avanzó en los últimos años en muchos sentidos; desde la incorporación de la denuncia online, la capacitación tecnológica e investigativa, la incorporación de convenios de cooperación y capacitaciones con empresas proveedoras de servicios de comunicación; convenios de interacción y colaboración con el fuero federal: tanto en temáticas relacionadas al tráfico de drogas, como así también ahora avanzando en extender dicha reciprocidad en ámbitos de delitos de Trata de Personas con los Delitos Contra la Integridad Sexual».
«Se hace necesario volcar la mirada hacia los cambios necesarios en interacciones y colaboraciones recíprocas, aunando esfuerzos, compartiendo información, compartiendo procesos de capacitación e intercambio de experiencias, de modo solidario, generoso y desinteresado, preparándonos para enfrentar ese futuro que hoy ya es una realidad”- añadió.
Agregó García Castiella que “Delitos, como la violencia familiar y de género, los abusos sexuales, el microtráfico, se han convertido hoy en un riesgo casi epidémico en nuestras sociedades. Tenemos la obligación de redoblar incansablemente esfuerzos para anticiparnos a la sofisticación del delito; para así evitar que nuestras sociedades avancen a estadios o escenarios no queridos de proliferación del delito. Parte fundamental de ese esfuerzo, es la organización de estas capacitaciones brindadas por expertos, el intercambio de experiencias, y todos los puentes que resulten necesarios con agencias relacionadas con ámbitos concurrentes de política criminal».
A continuación siguieron enriquecedoras exposiciones de los disertantes invocados, de reconocida trayectoria y excelencia, abordando distintos matices de la temática del cibercrimen, desde los interrogantes y debates normativos relacionados con la previsión normativa de distintos institutos procesales, la problemática de la evidencia digital y probatoria, la transversalidad del fenómeno de la cibercriminalidad como herramienta de otras modalidades criminales comunes; la permanente evolución de la fenomenología criminal, y el aporte de distintas experiencias y alternativas de respuestas ya vivenciadas en distintas jurisdicciones; todo lo que fue atentamente seguidas por los concurrentes, evidenciado luego en las rondas de preguntas y consultas de los asistentes con los que concluyo la jornada a última hora del día.
Las jornadas continuarán mañana viernes, a partir de horas 15.00.
Ante la difusión masiva de diversa información vinculada a los hechos, este Ministerio Publico Fiscal cumple en formular la presente comunicación, en el marco de las potestades consagradas en el Código Procesal Penal, priorizando el limite impuesto por el interés, seguridad y respeto de las posibles víctimas, entre otras limitaciones vinculadas al orden procesal y juridico.
El Ministerio Público Fiscal investiga dos denuncias radicadas por personal de Policía de Salta en contra de un fiscal General Federal por amenazas y privación ilegítima de la libertad; como así también los presuntos episodios eventualmente contemplados por el régimen protectorio contra la violencia familiar y de genero.
Las acusaciones formales fueron radicadas por miembros de la Policía de la Provincia, resultando en principio competencia en virtud de su contenido material de una fiscalía común; no obstante ello, igualmente y por tratarse de un idéntico hecho histórico, el martes pasado fueron remitidas y concentradas en la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género.
EL día martes 24 pasado en horas de la mañana, su titular, Luján Sodero, convocó a la esposa del hombre, al MPF, en donde mantuvo una extensa entrevista con la misma.
A pesar de la negativa de la posible víctima a radicar denuncia, igualmente se le brindó contención, asistencia y asesoramiento sobre distintos aspectos relacionados a la violencia de género y las medidas de protección.
También se dispuso la intervención de un equipo interdisciplinario para realizar un informe de riesgo, que ya obra en poder de la Fiscal, y se encuentra incorporado desde el mismo martes 24 a las actuaciones labradas.
Mas allá de las medidas ya dispuestas, la fiscal interviniente analiza igualmente avanzar en las actuaciones, por advertirse delitos de acción pública y por la violencia de género como una cuestión de interés público.
Inicialmente, las denuncias fueron derivadas a la Fiscalía Penal N° 1, pero dado que la situación que ocasionó la presencia de las Fuerzas de Seguridad se encuentra relacionada con el posible caso de violencia de género, la causa fue unificada en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 2, a cargo de Luján Sodero.
Los hechos
La primera de las denuncias fue efectuada el lunes 23 de mayo por tres efectivos de la Fuerza de Seguridad que concurrieron a un domicilio de un barrio de la zona Oeste ante el llamado al Sistema de Emergencias 911. Al arribar al lugar, el hombre aseguró que su esposa lo habría violentado y arrojado objetos por lo que decidió convocar a la Policía.
Al entrevistarse con la mujer, esta dio otra versión de los hechos, asegurando que su marido la había empujado luego de solicitarle que bajara a la planta baja de la vivienda a limpiar un líquido.
La mujer se negó a radicar denuncia contra su esposo y a ser examinada por un médico, por lo que los oficiales de Policía labraron un acta de declaración. Según relataron, que mientras escribían, el Fiscal General Federal los habría empujado, amenazado y cerrado la puerta de ingreso, impidiendo que los tres agentes salieran de la vivienda.
Finalmente, la mujer abandonó el lugar con un familiar y junto a su hijo de cuatro meses.
La segunda denuncia, que fue registrada a las 7 del 23 de mayo, la radicó otro de los agentes policiales por amenazas en contra del Fiscal Federal.
Se aclara también que en ninguna circunstancia se dispuso o impartieron instrucciones por parte de ningún funcionario del Ministerio Público relacionadas a dejar sin efecto actuaciones o su desestimación; disponiéndose las medias oportunas ante el caso acontecido, y sin perjuicio de las que se continuarán ejecutando.-
Organizado por la Procuración General de la Provincia, a cargo de Pedro García Castiella, y en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se realizará los días jueves 26 y viernes 27 de mayo. el ciclo de capacitación “Cibercrimen, delitos informáticos y evidencia digital. La investigación penal en entornos digitales”, que será impartido en modalidad presencial y vía zoom.
El acto de apertura del ciclo tendrá lugar en el Salón Auditorio “Facundo de Zuviría” del Poder Judicial, a las 16:00, y contará con la presencia de autoridades provinciales, del Poder Judicial de Salta, académicas y de organismos públicos, como también funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Salta y de la Nación.
El objetivo de la actividad es capacitar en la materia a los operadores salteños (magistrados, funcionarios y profesionales), en consonancia con los lineamientos establecidos por la normativa internacional. Se busca dotar a la justicia penal provincial de las herramientas procesales adecuadas para llevar adelante las investigaciones que demanda la modernidad y estar a la altura de esta nueva realidad, respeto a de las garantías de las personas sometidas a proceso.
El constante crecimiento y
desarrollo de internet, entendida como una red informática de conexión mundial
que provee información; el avance de las TIC’s (Tecnologías de la Información y
la Comunicación) y, especialmente, la aparición de la evidencia digital,
implican un cambio en el paradigma dentro del proceso penal, cuya magnitud
obliga a repensar el tratamiento de la prueba, tanto en las investigaciones
penales como en los códigos de procedimiento.
Las temáticas a abordar
están vinculadas al ciberdelito, el tratamiento de la evidencia digital,
aspectos de cooperación internacional, con énfasis en el análisis de la
violencia contra las mujeres en las redes sociales.
El ciclo de capacitación
forma parte de una de las actividades pensadas en pos de acompañar la puesta en
marcha de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Salta, la que se
sumará a las ya existentes Unidad Especializada en Ciberdelincuencia de la
Procuración General de la Nación, la Fiscalía de Ciberdelitos del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Fiscalía
Especializada en Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal de Córdoba y la
Fiscalía Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Chubut.
Durante los dos días de capacitación, los asistentes contarán con expositores de alto nivel profesional y de amplia y reconocida trayectoria en la temática: el Dr. Marcos Gabriel Salt, abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Director de la carrera de Especialización y del Posgrado de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA); el Dr. Horacio Juan Azzolín, Fiscal desde 2008, especializado en litigación de casos complejos, relacionados con el crimen organizado y las violaciones masivas a los Derechos Humanos. Dedicado a la temática del cibercrimen, desde fines de 2015 es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público de la Nación; la Dra. Cristina Giordano, Jueza de Control N° 6 y el Dr. Franco Pilnik, Fiscal especializado en Ciberdelito, ambos del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
A modo de adelanto sobre diferentes aspectos vinculados a Cibercrimen, ponemos a disposición la entrevista realizada al Dr. Marcos Gabriel Salt.
Como resultado del nuevo protocolo para agilización de pedidos de información en los requerimientos penales, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, encabezó la capacitación a los fiscales del Ministerio Público Fiscal, junto al equipo legal de Telecom.
El encuentro consistió en la capacitación sobre el nuevo Protocolo de Información de la compañía telefónica, con el objeto de que se dé curso a los requerimientos de los fiscales de manera más eficiente.
El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, consideró de vital importancia para magistrados y funcionarios el trabajo colaborativo con Telecom, al tiempo que señaló que “las herramientas tecnológicas son una parte fundamental en el presente y futuro de las investigaciones penales de este Ministerio Fiscal”.
Por su parte, el gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina, Sergio Piris, expresó que la compañía considera de vital importancia la colaboración con el Ministerio Público Fiscal, al igual que la relación entre sector público y privado.
Este es un ciclo de
capacitaciones, iniciadas en 2021 por la empresa, siendo Salta la segunda
provincia en la que se dicta, en el presente año y que contempla replicar la
experiencia con iniciativas similares en otras provincias.
La Procuración General de la Provincia de Salta, viene generando una serie de acciones tendientes a potenciar y agilizar el trabajo en las diferentes fiscalías, a través de cursos, capacitaciones y charlas, dirigidas a funcionarios y magistrados.
En adhesión al comunicado del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, el procurador general de la Salta, Pedro García Castiella, hace público el repudio por el hecho e insta a un pronto esclarecimiento y sanción a los autores materiales.
A continuación se transcribe el comunicado emitido al respecto y que firman el Dr. Jorge Crespo como presidente del Consejo Federal de Política Criminal y el Dr. Alejandro Guillé como presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina
“… El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, con motivo del episodio criminal que costara la vida al Fiscal de la República de Paraguay Marcelo Pecci, manifiestan su absoluto repudio por el hecho, instando a las autoridades investigativas correspondientes, a un pronto esclarecimiento y sanción de los autores materiales e intelectuales.
Acompañamos a su familia en el dolor y hacemos extensivo el sentimiento de pesar a sus colegas del Ministerio Público Fiscal del Paraguay.
Que un representante de la acusación pública de nuestro continente, dedicado a la investigación del crimen organizado y a hechos de corrupción, sea ultimado en otro país y en las circunstancias en que ocurrieron los hechos, genera un profundo dolor y preocupación.
No obstante, lejos de amedrentarnos, este episodio nos compromete con más fuerza en el inquebrantable derrotero de continuar garantizando libertad y seguridad en las investigaciones de todo tipo de hechos criminales.
Persuadidos de la importancia del rol que cumplen los Ministerios Públicos Fiscales en defensa de los intereses de la sociedad, reafirmamos nuestro propósito de absoluta entrega en la tarea asumida, y la promesa de enfrentar sin condicionamiento alguno a la actividad criminal que despliegan las organizaciones mafiosas…”
Con expresa invocación de las obligaciones internacionales que comprometen tanto a la República Argentina como a la provincia de Salta, que surgen de la jerarquía constitucional de la Convención en Contra de la Tortura, y la necesidad de investigar, perseguir, enjuiciar y erradicar estas prácticas violatorias del ser humano, el Procurador Generalde la Provincia, emitió la ResoluciónNº 1339que optimizará el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal .
Mediante la Resolución Nº 1339 con fecha 26 de abril de 2022, el Procurador General Pedro García Castiella encomendó a la Fiscalía Penal de Derechos Humanos que, en el ámbito de su competencia especializada, de prioridad e imprima celeridad a los casos más graves de violaciones a derechos humanos, como son los supuestos de tortura previstos en el art. 144 ter del Código Penal, a fin de evitar que los efectos del delito se sigan cometiendo, como así también instar a las medidas de protección indispensables para resguardas a las víctimas, reunir los elementos que permitan arribar a la verdad de los hechos y procurar que sean enjuiciados en tiempo oportuno.
De igual forma encomendó a todos los magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal que extremen los recaudos para identificar, en el contexto de los casos penales que se encuentren interviniendo, supuestos en los que miembros de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial, en exceso del cumplimiento de sus funciones o en abierta violación de la ley, violenten derechos fundamentales de las personas involucradas en una investigación penal o que se encuentren bajo su custodia.
El Procurador General dispuso también, que todas las Fiscalías Penales de la provincia deberán, ante conocimiento de un hecho que pudiese encuadrar en la competencia prevista por el art. 2° de la Ley 7839, cargar el relato correspondiente en el «Sistema de Denuncias del Ministerio Público», indicando en el tipo de parte a registrar que los denunciados pertenecen a la Policía o al Servicio Penitenciario, según corresponda, especificando la calificación jurídica que surja prima facie en el espacio previsto para el tipo de delito.
Finalmente, encomendó a la Dirección de Informática y a la Coordinación Informática de la Procuración General que efectúe las adaptaciones necesarias para la implementación de lo dispuesto.
Todo esto en cuanto el Estado Argentino ratificó diversos instrumentos internacionales en los que se compromete a respetar los derechos humanos más básicos y fundamentales, entre los que se encuentran el de la vida, la integridad física y la libertad.
Uno de los compromisos, que incluso forma parte de nuestra Carta Magna, tiene que ver con la proscripción de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así, el art. 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, proclaman que nadie será sometido a ese tipo de tratos.
Al suscribir Ia Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, Argentina se comprometió a tomar «medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción»(art. 2.1).
En los considerandos de la Resolución se enuncia que «la práctica de la tortura es uno de los actos más envilecedores, aborrecibles y deshumanizantes que se puedan cometer contra las personas, importando el ejercicio de un trato brutal y cruel que desconoce absolutamente las premisas basales más significativas del sistema de los derechos humanos».
Por eso resulta indispensable que la Fiscalía de Derechos Humanos tome intervención, lo antes posible, de cualquier denuncia ya radicada o que se radique contra personal de las fuerzas de seguridad y penitenciaria por conductas delictivas que sean susceptibles de ser consideradas como una violación a derechos humanos. Si bien constituye una gran herramienta el circuito establecido a través de la Oficina de Orientación y Denuncia, resulta indispensable que todas las Fiscalías Penales cumplan con la obligación de poner en conocimiento o remitir las actuaciones, de forma inmediata, sobre los hechos que puedan encuadrar en la competencia de la Fiscalía de Derechos Humanos, de acuerdo a lo prescripto por el art. 2, letra a), de la Ley 7839.
Fiscales federales de distintas jurisdicciones de todo el país, participaron en la ciudad de Salta de una jornada organizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para tratar el intercambio sobre buenas prácticas y desafíos en la gestión de casos de trata de personas en el sistema procesal acusatorio. El Procurador General de Salta, Pedro García Castiella estuvo invitado y resaltó la importancia de un trabajo mancomunado y de cooperación entre las jurisdicciones nacionales y provinciales.
La apertura de la jornada estuvo a cargo del Fiscal General Eduardo José Villalba, Fiscal de Distrito de la Unidad Fiscal Salta y del Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, quienes realizaron una presentación del trabajo interinstitucional entre la Unidad Fiscal de Salta y la Procuración General de Salta.
El fiscal general Villalba aludió al desafío que representa la implementación del sistema acusatorio para los Ministerios Públicos Fiscales y destacó que en el abordaje de la trata de personas, la responsabilidad se potencia, haciendo necesario un trabajo de colaboración entre los organismos nacionales y provinciales.
A su turno, el procurador general García Castiella, se refirió a la experiencia en Salta, donde el sistema acusatorio está implementado desde hace 10 años, calificándola como beneficiosa y fundamental para dar respuesta a la sociedad y a la víctima de un delito.
También destacó como significativo el intercambio con el Ministerio Público Federal, donde se trabajó en forma conjunta en casos significativos, se firmaron acuerdos en materia de narcotráfico y se avanza en nuevos convenios de cooperación recíproca en cuestiones vinculada al abordaje de la trata de personas y delitos conexos, como lo son los que se cometen contra la integridad sexual.
Encabezaron el encuentro, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, titular y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Laura Estomba, como especialista en Protección y Trata de personas de la OIM Argentina y contó con la participación de fiscales federales de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza, Buenos Aires y otros distritos.
Se requerirán informes a organismos públicos vinculados al mercado inmobiliario para conocer las irregularidades que hubieren sido informadas en los últimos dos años. Las denuncias relacionadas con la problemática, serán sistematizadas bajo la coordinación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
El procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, recibió ayer la visita del senador provincial por Capital, Emiliano Durand. Durante la reunión abordaron la problemática suscitada por las reiteradas estafas, engaños y graves incumplimientos que sufren muchas personas cuando realizan operaciones comerciales destinadas a la adquisición de un inmueble.
La Procuración General ha determinado, como eje prioritario de política criminal, intensificar la atención en estas modalidades de estafas, abusos y delitos conexos, en virtud del alto impacto dañoso que golpea esencialmente a los sectores medios y de menores recursos.
La preocupación comprende, especialmente, aquellas operaciones en las que los ciudadanos invierten los ahorros familiares ya sea con la ilusión de la vivienda propia o con la necesidad de poner a resguardo su patrimonio. En ese contexto, el senador aportó una carpeta con las inquietudes y denuncias que le hicieron llegar los ciudadanos, que fue remitida a la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) a cargo de la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odoriosio.
En el encuentro, coincidieron en que las principales modalidades que generan preocupación en la ciudadanía son las inversiones efectuadas en fideicomisos inmobiliarios –conocidos popularmente como venta “de pozo”; las ventas de casas prefabricadas y la venta de inmuebles por lotes -o loteos-, pudiendo tratarse de modalidades comisivas en escala con la posible participación de organizaciones delictivas.
Por ello, García Castiella dispuso que aquellas denuncias radicadas en los últimos dos años (y las que se radiquen en lo sucesivo) referidas a actividades relacionadas con la oferta pública de inmuebles, casas prefabricadas, venta por lotes, financiamiento por fideicomisos y/o de servicios financieros para la adquisición de vivienda, sean sistematizadas bajo la coordinación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).
En el marco de sus competencias para la protección judicial de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, el Procurador dispuso también la conformación de un equipo de trabajo y ordenó requerir informes a todos los organismos públicos vinculados al mercado inmobiliario -y sus operadores- para conocer sobre las irregularidades que hubieren sido informadas en los últimos dos años. Con dicha información se busca evaluar en las próximas semanas las mejores alternativas judiciales para la protección de los intereses difusos o colectivos.
