En el marco de la investigación que se lleva adelante por el homicidio de Ramón Arnaldo Díaz, se produjo la detención de una tercera persona. El hecho ocurrió en barrio 20 de junio de esa ciudad.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, informó que en el marco de la investigación que se lleva adelante por el homicidio de Ramón Arnaldo Díaz, ocurrido el 19 de enero pasado, se produjo la detención de una tercera persona.
El hombre, de 24 años, fue
detenido en la localidad de Aguas Blancas luego de una minuciosa tarea
desplegada por los investigadores de la Unidad de Graves Atentados e imputado
como coautor del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de
dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego.
Cinco efectivos policiales y un testigo que aportó datos falsos durante la investigación, será juzgados desde este miércoles por la muerte del joven. Ocurrió en agosto de 2019 en la zona sudeste de la ciudad de Salta, en el marco de un operativo policial.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea por el delito de homicidio culposo en concurso real con vejaciones calificadas en perjuicio de Cristian Exequiel Gallardo y contra Elio Maximiliano Moya por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado. Y contra Ángel Ismael Lozano se requirió juicio por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.
El 26 de agosto de 2019, los efectivos Llaves, Ozuna, López
y Olea, intervinieron ante un hecho de robo ingresando a una vivienda de Finca
Independencia. Cuando se disponían a demorar a quienes lo habrían provocado,
dos de ellos huyeron por los techos. Gallardo se encontraba oculto en un
lavadero y en su poder, estaban un arma blanca con la que habían atacado al
damnificado y el teléfono celular que le habían sustraído.
Cristian Exequiel Gallardo se resistió abiertamente a su
aprehensión, forcejeando con los dos policías que procuraban sacarlo del
inmueble. Los efectivos habiendo sido capacitados con técnicas de sujeción para
este tipo de procedimiento aplicaron maniobras inadecuadas, impropias y
excesivas en su afán de aprehenderlo. Mientras uno de los policías lo
arrastraba cruzando su brazo y antebrazo desde el cuello haciendo presión, el
otro trataba de sujetarlo de los pies. La intervención de estos dos efectivos
no resultó suficiente para reducirlo dado que al salir a la vereda del inmueble
Gallardo logra zafarse e intenta huir, pero a escasos metros es aprehendido por
dos efectivos que le aplican golpes de puño a la altura del abdomen y en el
antebrazo izquierdo.
Posteriormente es trasladado en la caja cubierta del móvil
policial, donde esposado, lo pusieron boca abajo y continuaron aplicándole
trato riguroso. Ya en la dependencia policial, el demorado comenzó a tener
dificultades para respirar, por lo que luego se solicitó una ambulancia, que,
al llegar, constató que Gallardo se encontraba sin vida.
En la extensa base probatoria, la Fiscalía expone el informe
de autopsia realizado al fallecido, donde se confirma que el deceso de Gallardo
se produjo por isquemia aguda de miocardio, lo que fue corroborado por los
profesionales médicos que integraron la Junta que realizó la necropsia en forma
posterior.
También se consigna que los profesionales corroboraron las
causas del deceso de Cristian Exequiel Gallardo y verificaron en su cuerpo
numerosas lesiones producto del trato que recibió de parte del personal
policial durante el procedimiento de detención y traslado.
En la acusación a los efectivos que actuaron en su
detención, el fiscal destaca que inobservaron los reglamentos que le incumben,
le dispensaron un trato áspero y riguroso sobre el cuerpo del mismo
provocándole lesiones en diversas partes del cuerpo. También señala que el
deceso se produjo porque ante una situación previsible como lo era la
descompensación de quien tenían bajo su custodia en un nuevo accionar imperito,
no respondieron a la emergencia, practicando al menos maniobras de reanimación
que también formaba parte de la capacitación recibida. Tampoco efectuando el pedido
oportuno de asistencia sanitaria, para que personal de emergencia pudiera
concurrir al lugar a resolver la situación.
Respecto a Elio Maximiliano Moya, se advirtió que con fecha
26 de agosto de 2019, encontrándose de oficial de servicio de la Base del
Sector 6, consignó datos y situaciones que no correspondían a lo que había
acontecido tras el arribo de Cristian Exequiel Gallardo y la descompensación
que sufrió. Tampoco correspondían con los registros efectuados en el Libro de
Guardia de la Dependencia, con la única intención de favorecer a sus colegas
involucrados a fin de que eludan la persecución penal.
En relación a Ángel Ismael Lozano, se tiene debidamente
acreditado que en ocasión de prestar declaración testimonial ante la Fiscalía,
habiendo prestado juramento de decir verdad, omitió referir a las
circunstancias acaecidas dentro de la caja del móvil cuando Gallardo fue subido
para ser trasladado a la Base del Sector 6A de B° Democracia. Si bien expresó
que allí Gallardo se resistió a que le colocaran las esposas, nada dijo de lo
que exhibe el video aportado a la causa por `parte de la hermana del
damnificado, en el que se aprecia la agresión perpetrada por uno de los
policías. Debiendo entenderse que su silencio favorecía la situación a quienes
lo auxiliaron tras el ilícito que sufrió en la vía pública, en el que había
intervenido Gallardo.
El Tribunal estará integrado por los jueces Roberto Faustino Lezcano, Maximiliano Troyano y Norma Beatríz Vera y está previsto que se desarrolle los días 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 29 de abril y el 2 y 3 de mayo.
Uno de los acusados del homicidio calificado de la mujer de 65 años, ocurrido en septiembre de 2020, prestó declaración durante la primera jornada de la audiencia de debate, tratando de deslindar su responsabilidad en el hecho investigado. Este miércoles se continúa con la ronda de testimoniales y se prevé conocer el veredicto este jueves.
Foto Poder Judicial de Salta
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Néstor Alan Tobar, “Tato” y Renzo Delfín Sabán como coautores del delito de homicidio calificado por la violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Elvira Sabán.
Los hombres están acusados del femicidio de la sexagenaria,
con la que tenían vínculos familiares. El hecho ocurrió en septiembre de 2020 y
la mujer fue encontrada sin vida y semienterrada a la vera de la ruta nacional
53.
Durante la primera jornada, la jueza Soledad Rodríguez recibió el testimonio de Renzo Delfín Sabán, quien en sus dichos sostuvo su inocencia y negó su participación en el hecho. Este miércoles se continuará con la ronda de testimoniales y está previsto que se extienda hasta el próximo jueves 21 de abril.
Un hombre de 27 años es juzgado con Tribunal colegiado por atentar contra la vida de su ex pareja con golpes y un arma blanca en la ciudad de Pichanal. Tras la jornada de testimoniales de este martes, se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 26 para los alegatos de las partes.
El Tribunal está integrado por los jueces Mario Maldonado, Edgardo Laurenci y Aldo Primucci y tras la jornada de testimoniales de este martes 19, se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 26 para dar lugar a los alegatos de las partes.
Un hombre de 40 años, responsable del consorcio de un edificio de departamentos, fue imputado por el homicidio culposo de un niño que murió por paro cardiorrespiratorio por electrocución en el mes de febrero pasado.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, imputó en forma provisional a un hombre de 40 años, encargado del consorcio de un edificio de departamentos en barrio Castañares, como autor del delito de homicidio culposo en perjuicio de un niño de 8 años.
En la imputación, Simesen de Bielke expone las distintas medidas probatorias producidas, entre las que se cuenta informes de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica y otros técnicos, donde se constata el estado de las instalaciones y sostiene un actuar negligente del imputado, que generó una situación de riesgo real y concreto toda vez que el gabinete metálico no contaba con los recaudos mínimos necesarios de seguridad de acuerdo a las pautas vigentes.
Destaca la fiscal que este proceder es inadmisible en virtud del deber legal de cuidado que le era exigible como responsable del mantenimiento y seguridad de los gabinetes ubicados en el monoblock, en su carácter de administrador del consorcio.
El acusado se abstuvo de declarar y
anunció que lo hará en forma posterior.
Este lunes dio comienzo en la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, la audiencia de debate contra Fernando Javier Suárez por un homicidio culposo en accidente de tránsito ocurrido en agosto de 2019 sobre avenida Tavella de la ciudad de Salta.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Fernando Javier Suárez como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito en perjuicio de Ismael Sokolosky Nazer de 22 años.
Luego de la lectura del requerimiento a juicio, la jueza Norma Beatriz Vera, recibió la declaración del acusado y la de los primeros testigos, entre los que se cuenta a un médico del CIF, peritos y personal policial.
Según el calendario fijado por el Tribunal, se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 25, cuando declararán los últimos testigos y se dará lugar a los alegatos de las partes.
Un hombre de 27 años es juzgado con Tribunal colegiado por atentar contra la vida de su ex pareja con golpes y un arma blanca en la ciudad de Pichanal. Este martes se reanuda la audiencia.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Javier Gonzalo Díaz Caro por los delitos de tentativa de femicidio, amenazas con arma, desobediencia judicial y amenazas en concurso real.
El Tribunal está integrado por los jueces Mario Maldonado, Edgardo Laurenci y Aldo Primucci y tras un cuarto intermedio, este martes 19 se reanudará la audiencia de debate con la ronda de testimoniales. Está previsto que la audiencia finalice esta semana.
Desde este martes serán juzgados dos hombres acusados del homicidio calificado de la mujer, ocurridos en septiembre de 2020. La mujer de 65 años fue encontrada semienterrada a la vera de la ruta nacional 53.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Néstor Alan Tobar, “Tato” y Renzo Delfín Sabán como coautores del delito de homicidio calificado por la violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Elvira Sabán.
Los hombres
están acusados del femicidio de la sexagenaria, con la que tenían vínculos
familiares. El hecho ocurrió en septiembre de 2020 y la mujer fue encontrada
sin vida y semienterrada a la vera de la ruta nacional 53.
La audiencia será presidida por la jueza Soledad Rodríguez y está previsto que se extienda hasta el próximo jueves 21 de abril.
Cinco efectivos policiales y un testigo que aportó datos falsos durante la investigación, será juzgados por la muerte del joven. Ocurrió en agosto de 2019 en la zona sudeste de la ciudad de Salta, en el marco de un operativo policial.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea por el delito de homicidio culposo en concurso real con vejaciones calificadas en perjuicio de Cristian Exequiel Gallardo y contra Elio Maximiliano Moya por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado. Y contra Ángel Ismael Lozano se requirió juicio por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.
El 26 de agosto de 2019, los efectivos Llaves, Ozuna, López y Olea, intervinieron ante un hecho de robo ingresando a una vivienda de Finca Independencia. Cuando se disponían a demorar a quienes lo habrían provocado, dos de ellos huyeron por los techos. Gallardo se encontraba oculto en un lavadero y en su poder, estaban un arma blanca con la que habían atacado al damnificado y el teléfono celular que le habían sustraído.
Cristian Exequiel Gallardo se resistió abiertamente a su aprehensión, forcejeando con los dos policías que procuraban sacarlo del inmueble. Los efectivos habiendo sido capacitados con técnicas de sujeción para este tipo de procedimiento aplicaron maniobras inadecuadas, impropias y excesivas en su afán de aprehenderlo. Mientras uno de los policías lo arrastraba cruzando su brazo y antebrazo desde el cuello haciendo presión, el otro trataba de sujetarlo de los pies. La intervención de estos dos efectivos no resultó suficiente para reducirlo dado que al salir a la vereda del inmueble Gallardo logra zafarse e intenta huir, pero a escasos metros es aprehendido por dos efectivos que le aplican golpes de puño a la altura del abdomen y en el antebrazo izquierdo.
Posteriormente es trasladado en la caja cubierta del móvil policial, donde esposado, lo pusieron boca abajo y continuaron aplicándole trato riguroso. Ya en la dependencia policial, el demorado comenzó a tener dificultades para respirar, por lo que luego se solicitó una ambulancia, que, al llegar, constató que Gallardo se encontraba sin vida.
En la
extensa base probatoria, la Fiscalía expone el informe de autopsia realizado al
fallecido, donde se confirma que el deceso de Gallardo se produjo por isquemia
aguda de miocardio, lo que fue corroborado por los profesionales médicos que
integraron la Junta que realizó la necropsia en forma posterior.
También se consigna que los profesionales corroboraron las causas del deceso de Cristian Exequiel Gallardo y verificaron en su cuerpo numerosas lesiones producto del trato que recibió de parte del personal policial durante el procedimiento de detención y traslado.
En la acusación a los efectivos que actuaron en su detención, el fiscal destaca que inobservaron los reglamentos que le incumben, le dispensaron un trato áspero y riguroso sobre el cuerpo del mismo provocándole lesiones en diversas partes del cuerpo. También señala que el deceso se produjo porque ante una situación previsible como lo era la descompensación de quien tenían bajo su custodia en un nuevo accionar imperito, no respondieron a la emergencia, practicando al menos maniobras de reanimación que también formaba parte de la capacitación recibida. Tampoco efectuando el pedido oportuno de asistencia sanitaria, para que personal de emergencia pudiera concurrir al lugar a resolver la situación.
Respecto a Elio Maximiliano Moya, se advirtió que con fecha 26 de agosto de 2019, encontrándose de oficial de servicio de la Base del Sector 6, consignó datos y situaciones que no correspondían a lo que había acontecido tras el arribo de Cristian Exequiel Gallardo y la descompensación que sufrió. Tampoco correspondían con los registros efectuados en el Libro de Guardia de la Dependencia, con la única intención de favorecer a sus colegas involucrados a fin de que eludan la persecución penal.
En relación a Ángel Ismael Lozano, se tiene debidamente acreditado que en ocasión de prestar declaración testimonial ante la Fiscalía, habiendo prestado juramento de decir verdad, omitió referir a las circunstancias acaecidas dentro de la caja del móvil cuando Gallardo fue subido para ser trasladado a la Base del Sector 6A de B° Democracia. Si bien expresó que allí Gallardo se resistió a que le colocaran las esposas, nada dijo de lo que exhibe el video aportado a la causa por `parte de la hermana del damnificado, en el que se aprecia la agresión perpetrada por uno de los policías. Debiendo entenderse que su silencio favorecía la situación a quienes lo auxiliaron tras el ilícito que sufrió en la vía pública, en el que había intervenido Gallardo.
El Tribunal estará integrado por los jueces Roberto Faustino Lezcano, Maximiliano Troyano y Norma Beatríz Vera y está previsto que se desarrolle los días 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 29 de abril y el 2 y 3 de mayo.
Un hombre de 29 años, señalado como principal sospechoso de un homicidio calificado ocurrido en junio de 2020, tiene pedido de captura nacional e internacional por este delito cometido en la provincia de Salta y otros investigados por la Justicia Federal.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, informó que junto a fuerzas federales, continúa la búsqueda nacional e internacional de Oscar Alberto Alejandro Díaz, “Cabezón”, de 29 años de edad, tez trigueña, cabello oscuro y 1.75 de altura.
Requerido por Interpol, está acusado de un homicidio ocurrido en la ciudad de Orán en el mes de junio de 2020, cuando un hombre de 51 años, identificado como Marcelino Valdez Cari, murió tras recibir al menos un disparo de arma de fuego. Según testigos, antes habrían intentado introducirlo en una camioneta donde se movilizaban los atacantes.
Según
pudo conocerse, la víctima se encontraba en la vía pública, cuando apareció una
camioneta de color oscuro y uno de sus ocupantes descendió e intentó subirlo al
vehículo y ante su resistencia, le realizaron al menos un disparo que lo
lesionó gravemente en el cráneo y falleció luego en el hospital local.
Valdez Cari se encontraba vinculado a la comisión de actividades ilícitas en la zona fronteriza que eran investigadas por la Justicia Federal.
Díaz
cuenta con un frondoso prontuario penal y dada la peligrosidad que representa
esta persona, se recomienda a la comunidad que quien pueda aportar datos
ciertos sobre su paradero, se comunique al Sistema de Emergencias 911 o a la
dependencia policial más próxima
