Un hombre de 33 años fue detenido y será imputado por el homicidio de un joven de 19 años, ocurrido la madrugada del sábado en la vía pública. La víctima fue herida con un arma blanca y luego se logró secuestrar un cuchillo que habría sido usado para el hecho.
La Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, a cargo de Pablo Cabot, investiga un hecho ocurrido el sábado por la madrugada en la plaza 25 de Mayo de Villa Saavedra de esa ciudad, donde un joven de 19 años, identificado como Jeremías Adanto, fue herido con un arma blanca y falleció.
Los investigadores lograron gracias al aporte de testigos del hecho y del análisis de cámaras de seguridad, la individualización del sospechoso, quien fue detenido horas más tarde. En su domicilio se secuestraron prendas de vestir y un cuchillo que habrían sido empleado en el hecho.
En las próximas horas, tras el control de legalidad en el Juzgado de Garantías en turno, será trasladado a la sede fiscal para la audiencia de imputación.
Roberto Daniel Rodríguez fue condenado hoy a la pena de 11 de años prisión por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado y otros delitos conexos en perjuicio de su pareja. Deberá además someterse a tratamiento psicológico y/o psiquiátrico mientras dure su detención.
El Tribunal de la Sala VI de Juicio, integrado por los jueces Guillermo Pereyra, Mónica Mukdsi y José Luis Riera, condenó hoy a Roberto Daniel Rodríguez a la pena de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de coacción, amenazas, lesiones doblemente agravadas, desobediencia judicial (2 hechos) en concurso real y tentativa de homicidio doblemente agravada en perjuicio de Nancy Elizabeth Manzaras.
Además se ordenó que reciba tratamiento psicológico y/o psiquiátrica mientras dure su estado de detención. En el mismo fallo se dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
En los alegatos, el fiscal Pablo Rivero solicitó la aplicación de la pena de 13 años de prisión y dijo que se trataba de una causa singular, que debía ser analizada con perspectiva de género, la misma que se empleó durante la investigación, ya se trata de una causa típica de violencia de género.
El abogado defensor de Rodríguez solicitó su absolución por el beneficio de la duda para los delitos conexos y la aplicación de la pena de hasta 6 meses de prisión por el delito de lesiones leves.
Ramón Ángel Chocobar, «Ramoncito”, acusado del homicidio triplemente calificado de la joven madre de 25 años que fue encontrada sin vida en el camping El Préstamo el 21 de Setiembre de 2017, será juzgado desde el 21 al 29 de Marzo de 2019.
Según lo previsto, la audiencia se desarrollará los días 21 y 22 de Marzo a las 10.30; los días 25, 26 y 27 de Marzo a las 15 y 28 y 29 de Marzo a las 10.30.
En el requerimiento a juicio, Ramos Ossorio consigna los numerosos testimonios recogidos de las personas que compartían el festejo con la víctima y el acusado, quienes presenciaron cuando Chocobar acompañó a la joven madre al baño y luego volvió solo y fue encontrado con las prendas manchadas con sangre.
También se refiere a los resultados de las diferentes pericias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, donde la situación del acusado se ve seriamente comprometida, sobre todo en las pruebas genéticas, de donde surge la certeza de su autoría.
La hipótesis criminal del fiscal sostiene que Chocobar tenía la intención de abusar sexualmente de Cintia CarmenTapia y ante la imposibilidad de consumar ese delito, desplegó su intencionalidad homicida con alevosía. Ante la negativa de la mujer, la golpeó con un elemento contundente en una zona vital, actuando a traición, ya que la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol y confiaba en su victimario porque lo conocía y había sido su pareja. En relación a la calificación de femicidio, se refiere al acto de violencia de género perpetrado en función de la desigualdad física existente y a la vulnerablidad de la mujer.
Tras recibir los últimos testimonios, el Tribunal de la Sala VI dispuso que los alegatos de las partes se lleven a cabo hoy viernes a partir de las 16. La declaración de una asistente social que tomó intervención ante una denuncia de violencia familiar previa al hecho del 1 de Julio, fue contundente, ya que aseguró que pudo verificar la existencia de violencia dentro de la pareja y la dependencia emocional y económica de la mujer.
El juicio que se lleva adelante contra Roberto Daniel Rodríguez por la tentativa de femicidio y otros delitos conexos en perjuicio de su pareja y madre de sus tres hijos, se encuentra en sus últimas instancias. Hoy viernes a partir de las 16, está previsto que se lleven a cabo los alegatos de las partes y se conozca el veredicto.
Entre los últimos testigos citados, se recibió la declaración de una psicóloga perteneciente al Sistema de Emergencias 911, quien brindó asistencia al imputado en forma previa al hecho del 1 de Julio, cuando éste intentó quitarse la vida.
También brindó su testimonio una licenciada en Servicio Social que integra el equipo interdisciplinario de la Fiscalía de Rosario de Lerma, que tuvo a su cargo elaborar un informe socio ambiental de la pareja por hechos de violencia familiar anteriores y en su declaración dijo que pudo identificar los claros signos de violencia en la pareja,donde el imputado desempeñaba el rol de proveedor y la mujer tenía una clara dependencia emocional y económica del mismo. Concluyó que dentro de la pareja existía violencia física, verbal y psicológica.
Los padres del niño de 2 años que falleció el 11 de Agosto tras un incendio registrado en su vivienda, serán llevados a juicio por el delito de abandono de persona seguido de muerte calificado por el vínculo luego de comprobarse que el menor se encontraba en un estado de abandono general y que ese día lo habían dejado solo en forma prolongada para participar de una reunión con ingesta alcohólica que había iniciado en horas de la tarde.
El fiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, llevó adelante la investigación de un hecho ocurrido el pasado 11 de Agosto de este año en una vivienda ubicada en calle Río Iruya de La Ciénaga, donde tras un incendio, falleció un niño de 2 años que se encontraba solo en el lugar.
La autopsia practicada al menor indica que el niño falleció por asfixia oxipriva por intoxicación con monóxido de carbono y carbonización y el informe realizado por Bomberos Voluntarios de Salta, concluye que el origen del siniestro y los daños resultantes fue la vela que dejaron encendida en la habitación.
Tras estos hechos y con el resultado de las primeras medidas probatorias, Ramos Ossorio decidió imputar a Cristian Andrés Chinchilla y a Ángela Fernanda Ibarrarán por el delito de abandono de persona seguido de muerte calificado en calidad de coautores.
Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 6 para la pareja.
En sus fundamentos, el fiscal sostiene que el día de los hechos, según quedó comprobado, la pareja participó de una reunión social en el barrio, donde hubo ingesta de bebidas alcohólicas y dejaron al menor durmiendo solo en el interior de la precaria vivienda con una vela encendida, exponiéndolo a una situación de desamparo, siendo el niño de corta edad incapaz de valerse por sí mismo.
Asimismo resalta que en diversos testimonios obtenidos de vecinos de la pareja, que vivía hacía aproximadamente 7 meses en el lugar y de informes de profesionales del Equipo Interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados, se menciona que existían episodios reiterados de agresividad y violencia entre la pareja y de la pareja con los niños, anteriores al incendio.
Conforme a la investigación efectuada, se pudo establecer que ambos acusados dispusieron deliberadamente dejar al niño solo y en las condiciones objetivas de riesgo creado para asistir a una fiesta y que incluso al enterarse del siniestro, llegaron en forma posterior a que el personal de Bomberos sofocara el incendio.
Otro aspecto que se remarca en el requerimiento son los informes socio ambientales realizados a la pareja por el equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados, donde se devela el bajo nivel de alarma por parte de los progenitores hacia sus hijos, situación de vulnerabilidad de los niños, episodios reiterados de agresividad y violencia entre la pareja y para con sus hijos y se pudo establecer que la pareja pertenece a un grupo social de consumo.
Un hombre de 30 años fue condenado por el delito de lesiones graves por un hecho donde hirió con un destornillador por la espalda a un menor de 15 años en Noviembre de este año en la zona Sudeste de la ciudad, cuando la víctima peleaba con un amigo del acusado.
El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Rodrigo González Miralpeix, solicitó con el acuerdo de las partes, juicio abreviado para José Luis Ramos, “Gavilán”, por el delito de tentativa de lesiones graves en perjuicio de un menor de 15 años, tras un hecho ocurrido en Noviembre de este año en la zona Sudeste de la ciudad.
Según consta en las actuaciones, la víctima se encontraba junto a su novia cuando apareció un hombre al que conoce como “Burro” para incitarlo a pelear, y mientras se enfrentaban, apareció “Gavilán” de manera imprevista y lo lesionó en la espalda con un destornillador y se retiró del lugar.
El juez de Garantías 3, Antonio Pastrana, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de 3 años de ejecución condicional y se le impusieron el cumplimiento de reglas de conducta, las que deberá cumplir bajoa percibimiento de revocar la condicionalidad de la pena.
Un hombre de 57 años fue imputado por un hecho ocurrido el 12 de Octubre pasado sobre calle Ituzaingó, entre Alvarado y Urquiza, cuando a bordo de una unidad del Corredor 3 B, embistió a un peatón que resultó lesionado y falleció días después. Conducía a alta velocidad.
La Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Ramiro Ramos Ossorio, imputó a Carlos Dante Armella por el delito de homicidio culposo en siniestro vial en perjuicio de Alejandro González Bonorino.
El hecho ocurrió el 12 de Octubre pasado, cuando la víctima transitaba por la vereda Oeste de calle Ituzaingó al 100 y en determinado momento bajó de la vereda para sobrepasar a otro peatón que caminaba delante suyo y fue embestido por la unidad de transporte que circulaba a una velocidad superior a la permitida.
González Bonorino cayó de espaldas en la vereda, fue auxiliado y trasladado al hospital San Bernardo, donde fue intervenido quirúgicamente dos veces y falleció 6 días después.
El fiscal consideró para la imputación que Armella quebrantó el deber de cuidado y precaución que todo conductor debe observar al guiar un rodado de gran porte, haciéndolo a una velocidad superior a la establecida, desplegando una conducta descuidada e imprudente.
El trabajo investigativo contó con el valioso aporte de las cámaras de seguridad de un comercio de electrodomésticos que funciona en la cuadra, donde se puede apreciar lo sucedido aquel 12 de Octubre.
Hoy se recibirán los últimos testimonios y el próximo viernes a las 16 se llevarán a cabo los alegatos de las partes. Ayer se reprodujeron los audios de las llamadas realizadas el día de los hechos al 911 por vecinos y se conoció el contenido de la pericia psiquiátrica realizada al imputado, donde se lo caracteriza como peligroso para sí y para terceros.
El juicio que se lleva adelante contra Roberto Daniel Rodríguez por la tentativa de femicidio y otros delitos conexos en perjuicio de su pareja y madre de sus tres hijos, se encuentra en sus últimas instancias. Hoy desde las 8.30 se recibirá el testimonio de los últimos testigos citados por las partes y según dispuso el Tribunal de la Sala VI de Juicio, los alegatos se producirán el próximo viernes a partir de las 16.
Los jueces Guillermo Pereyra, Mónica Mukdsi y José Luis Riera recibieron ayer el testimonio de dos testigos que fueron conducidos por la fuerza pública. Se trata de dos vecinos de la pareja que el día de los hechos, ante los gritos de la mujer, la asistieron e incluso llamaron al Sistema de Emergencias 911. Ambos se mostraron reticentes a prestar declaración y adujeron no recordar lo sucedido.
También prestó declaración un oficial de la Policía de la Provincia que revista en la División Homicidios y que estuvo a cargo de la detención de Rodríguez, quien se refirió a las tareas de inteligencia que se llevaron a cabo para poder dar con su paradero en la provincia de Santa Cruz.
El testimonio de una de las médicas psiquiatras del Servicio de Psiquiatría Forense del CIF fue relevante ya que brindó detalles del informe psiquiátrico que realizó del imputado, donde se lo caracteriza como peligroso para sí y para terceros, con tendencia a la mendacidad e impulsivo.
También se reprodujeron audios del informe consolidado de llamadas del Sistema de Emergencias 911 que realizaron vecinos de Rosario de Lerma el 1 de Julio de 2017, donde daban cuenta del hecho.
Luciano Leandro Gonzalbez y Mariana del Rosario Román fueron condenados anoche a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo en perjuicio de su hijo, que contaba con un mes de vida al momento de los hechos. Deberán hacer tratamiento psicológico y serán inscriptos en el Banco de Datos Genéticos.
El Tribunal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Mónica Mukdsi, José Luis Riera y Guillermo Pereyra, dio a conocer ayer pasadas las 22, el veredicto en el juicio contra una joven pareja acusada de causar graves lesiones a su hijo de un mes de vida al momento de los hechos.
Luciano Leandro Gonzalbez y Mariana del Rosario Román fueron condenados a la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y deberán recibir tratamiento psicológico mientras se encuentren detenidos.
En el mismo fallo se dispuso que se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Durante los alegatos, el fiscal penal 2 de la UGAP, Pablo Paz, en base a la prueba rendida durante la audiencia, cambió la calificación a lesiones graves agravadas por el vínculo y solicitó la pena de 10 años para ambos acusados en calidad de coautores.
Un joven de 21 años falleció ayer en la zona Sudeste de la ciudad tras haber sido apuñalado en una gresca motivada por una enemistad entre vecinos. Un mayor y un menor de edad fueron imputados por el hecho y en su declaración reconocieron haber participado del hecho.
La Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Pablo Paz, imputó a Yonathan Emanuel Ríos de 19 años por el delito de homicidio agravado por la participación de un menor y a un adolescente de 17 años por el delito de homicidio simple por un hecho ocurrido ayer pasadas las 19 en la zona Sudeste de la ciudad.
La víctima fue identificada como Javier Castillo de 21 años y según pudo conocerse con las primeras tareas investigativas, se encontraba junto a otra persona en la vía pública cuando aparecieron dos hombres a bordo de una motocicleta y una de ellas bajó y le provocó lesiones de arma blanca en el brazo y en el pecho.
El joven fue asistido pero falleció cuando era trasladado al hospital San Bernardo. Con el aporte de testigos, se pudo identificar a los sospechosos, quienes fueron detenidos e imputados.
Los dos acusados tras conocer el motivo de su detención, decidieron declarar y en forma coincidente, reconocieron su participación, dando su versión de los hechos. Sostuvieron que mantenían con la víctima una enemistad previa.
Desde la Fiscalía se dispusieron numerosas medidas tendientes al esclarecimiento de lo sucedido, entre ellas la recepción de testimonios de quienes presenciaron la pelea que culminó con la muerte de Castillo.
