La Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó provisionalmente a seis funcionarios más, por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autores y en el marco del legajo que investiga la muerte de dos hermanos de la etnia wichí, fallecidos en marzo pasado. Suman siete imputados. La Fiscalía no descartó la determinación de responsabilidades en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional.
La Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de
Tartagal, imputó provisionalmente al agente sanitario Nelson Américo
Andrada; a los supervisores de zona, Mateo Talimpe y Víctor Rubén Palomo; al
encargado de atención primaria de la salud, Gregorio Moreno; al licenciado en
nutrición, César Adrián Murillo y al médico Edgar Machicao, por la comisión del
delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el
artículo 248 del Código Penal, en grado de autores, en los términos del
artículo 45 del Código Penal. Las nuevas imputaciones se suman a la de
Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como Coordinadora de la Niñez
(Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este, departamento
Rivadavia. *(Ver más: Primera imputación por fallecimiento de menores en el
norte provincial)*
El jueves 21, durante las respectivas audiencias de
imputación, se abstuvieron de declarar Mateo Talimpe, Víctor Rubén Palomo y
Nelson Américo Andrada.
Moreno, Murillo y Machicao, prestaron declaración este
viernes 22. Los tres fueron asistidos por una defensora oficial.
La intervención de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas, se produjo a partir de las actuaciones remitidas en enero pasado por la Procuración General de la Provincia de Salta, actualmente en trámite en la Fiscalía y de cuyas constancias surge: “Que en fecha imprecisa, con posterioridad al 20 de marzo de 2020, Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este, y el agente sanitario Nelson Andrada, se dirigieron a la vivienda ubicada en Vertientes Chicas, a treinta kilómetros aproximadamente de Santa Victoria Este, cuyo hijo de un año de edad, había fallecido.
Agrega el decreto de imputación que “al entrevistarse con los padres del menor fallecido, Mercedes Susana Ávila y el agente sanitario Nelson Andrada constataron que otra hija, de cinco años de edad, se encontraba en grave estado y requería asistencia médica, pese a lo cual no arbitraron los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato, sea mediante traslado en ambulancia u otro vehículo al Hospital de Santa Victoria Este, sea con la presencia de un médico o un enfermero en la vivienda de la menor, quien finalmente falleció en fecha 26 de marzo de 2020”. En el certificado de defunción se consignó como causa de fallecimiento “shock séptico”.
También surge de las actuaciones que el licenciado César Adrián Murillo, el encargado de Atención Primaria de la Salud Gregorio Moreno y el supervisor de zona Rubén Palomo no efectuaron los controles correspondientes en relación al estado de salud de los menores mencionados. En tanto, el médico Edgar Machicao radicó una denuncia penal en la que hizo constar que la causa del deceso del menor, de un año, fue “gastroenteritis con deshidratación severa”, sin que ese diagnóstico le constara debidamente.
Entre la información brindada por los tres imputados que declararon este viernes; Moreno dijo que la familia cuyos dos hijos fallecieron, estaba calificada como de “Prioridad 3”, según las normativas establecidas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Dicha normativa, según el acusado, fija que las familias en Prioridad 1, son visitadas una vez cada tres meses; las de Prioridad 2, dos veces en tres meses; y las de Prioridad 3, tres veces en tres meses.
Murillo dijo que en el Área Operativa 8, hay unas 3 mil familias (unos 13 mil habitantes) de los cuales, unos 2500 son menores de 6 años y que la mayoría de ellos, son de pueblos originarios, con necesidades básicas insatisfechas y en estado de alta vulnerabilidad; que la única ambulancia disponible estuvo abocada al traslado de otro menory no estaba en el lugar, para llegar al domicilio de Las Vertientes para verificar la situación de la niña; y que solicitó a la policía del lugar que lo trasladara hasta allí, en cuatro oportunidades. Primero le dijeron que el móvil debía volver de un operativo y luego, que debían cargar combustible. El móvil partió más tarde con Ávila y Aranda.
Dijo que desde que se decretó la Emergencia Sanitaria por
COVID, en marzo pasado, las comisiones con recursos humanos y movilidad de
Nación y Fundaciones, volvieron a sus lugares de origen. Agregó que quedó una
sola ambulancia disponible para toda el Área Operativa 8 y que la estrategia
territorial debió reorganizarse con recursos humanos locales.
En el decreto de imputación, la Fiscalía también hizo
constar “que atento a la etapa procesal en la que se encuentra la causa, todo
lo expuesto es sin perjuicio de la determinación de responsabilidades que
eventualmente pudieren surgir en la estructura jerárquica tanto provincial como
nacional”.
