Cuatro detenidos por atacar a personal policial

Tres hombres y una mujer que se encontraban bebiendo y escuchando música a alto volumen en barrio El Guaypo de Rosario de la Frontera, atacaron al personal policial que se hizo presente para que dieran por finalizada la reunión. Se comportaron belicosos, los atacaron con armas blancas e incluso la mujer detenida, golpeó en la cabeza con un palo a uno de los efectivos.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó a Julio Jesús Miguel Robledo de 20 años, a Denise Benita Robledo de 18 años, a Pablo Ismael Casasola de 30 años y a un menor de 17 años como coautores de los delitos de amenazas con armas en concurso ideal con resistencia a la autoridad.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en barrio El Guaypo, cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje, detectaron a personas que se encontraban en la parte delantera de una vivienda ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a muy alto volumen.

Cuando los policías descendieron y los intimaron a cesar con la reunión, fueron atacados por hombres que portaban armas blancas y cuando intentaban detenerlos, la mujer tomó un palo y golpeó en la cabeza a uno de los efectivos.

Pese a la violenta resistencia y las amenazas vertidas, fueron detenidos e imputados.

Tres detenidos por millonario robo a emprendimiento petrolero

Ocurrió en La Unión, donde se descubrió el robo de numerosos caños petroleros y otros bienes de los campamentos donde se realizaban perforaciones. Se encuentran involucrados dos serenos que prestaban servicios cuidando los obradores mientras los trabajadores se encontraban cumpliendo el aislamiento preventivo, social y obligatorio. No se descartan nuevas detenciones.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, investiga el millonario robo a una empresa petrolera que realizaba perforaciones en dos fincas de la localidad de La Unión, Rivadavia Banda Sur.

Personal de la empresa detectó el faltante de numerosos caños petroleros de muy alto costo, algunos nuevos y otros que fueron desenterrados y otros bienes desde los campamentos, tales como aire acondicionados, electrodomésticos y hasta sillas plásticas.

Tras la denuncia, se inició una minuciosa investigación y se logró identificar a tres de las personas involucradas, dos de las cuales, habían trabajado como serenos para la empresa.

Fueron fundamentales los testimonios recogidos de lugareños, ya que los obradores se encontraban sin personal.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, Fuentes solicitó orden de allanamiento y detención para los domicilios de los sospechosos, donde se secuestraron armas de fuego, cuya tenencia no pudieron justificar.

Enzo Saúl Sabán, Jorge Ramón Burgos y Mauro Mauricio Ríos fueron detenidos e imputados como coautores del delito de robo en despoblado y en banda y Sabán y Burgos además acusados por tenencia ilegal de armas de fuego.

Fuentes aclaró que la investigación continúa y que no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones.

Bidones contaminados: Piden la captura de un prófugo

El Juzgado de Garantías 1 de Tartagal hizo lugar al pedido del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón y ordenó la inmediata detención de Daniel Ruso para ser puesto a disposición de la fiscalía actuante, con el fin de prestar declaración como imputado en la causa que investiga la compra y venta de 300 bidones con residuos de contenidos químicos. La búsqueda esta a cargo de la Brigadas de Investigaciones de la Policía de la Provincia.

Foto: Diario El Tribuno

En la misma causa, Marcial Alejandro Flores Mamaní, de nacionalidad boliviana, ya fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de atentado contra la seguridad pública y la salud de la población, en grado de autor.

Según consta en el legajo de investigación, el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, requirió el allanamiento del inmueble ubicado en Tartagal de Daniel Ruso, quien también se hace llamar “Daniel Mijalchuk”, con el fin de detenerlo.

Se desprende de lo declarado por el imputado Mamaní, que los bidones le fueron entregados por Ruso o Mijalchuk, quien se encuentra prófugo.

Cabe recordar que el pasado 30 de marzo en el local comercial del acusado Mamaní, ubicado sobre avenida San Martín de Santa Victoria Este, personal del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), incautó 300 bidones de 20 litros cada uno, que estaban vacíos y en venta.

El fiscal Cazón sostuvo que dichos bidones, que contienen residuos de contenidos químicos utilizados para el agro, representan un serio problema de salud para las personas y principalmente para las comunidades aborígenes del Chaco salteño.

En el decreto de imputación consta la supuesta comisión del delito de violación a las leyes nacionales 27.270; 27.233 y 24.051 y a la Ley provincial de Medio Ambiente 7070 y 7812, en grado de autor.

Además, el fiscal indicó que el imputado, de 47 años, también cometió una clara violación al DNU 297/20 y 260/20 de Nación y la Resolución de la Procuración General de la Provincia de Salta 962/20, correspondiente al estado de aislamiento social y obligatorio con motivo del coronavirus.

Violencia familiar: detenido e imputado por amenazar e intentar agredir a su sobrina

La fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a Julio Rueda por el delito de amenazas y agresión con toda arma en concurso real, en perjuicio de su sobrina.

Según consta en las actuaciones, la denunciante convive con sus dos hijos; su abuela (madre del agresor) y Rueda. El acusado, de 51 años, amenazó a la víctima y otros familiares, durante una jornada de discusiones en las que amenazó a su propia madre, su sobrina y los hijos de ésta. Junto a la denunciante, el 3 de junio, -día de los hechos denunciados-, también se encontraban en el domicilio, una hermana y su madre (hermana del acusado).

La mujer denunció que su tío pidió que ella y sus hijos se fueran del domicilio; que al intervenir la madre del agresor (quien es abuela de la denunciante), también “la corrió”, y luego empezó a beber alcohol. Más tarde, intentó agredir físicamente a la sobrina y su propia madre, pero no pudo concretarlo gracias a la intervención de un vecino. Luego, intentó golpearla con una botella.

Antes de que llegara la policía, el hombre amenazó con quemar a su familia, al decir que  “cuando salga de estar preso los voy a quemar vivos” y roció con alcohol una puerta. Fue detenido e imputado.  

Las Lajitas: le robaron un celular y dinero a golpes

Un hombre que se encontraba estacionado en la vía pública en su motocicleta, fue sorprendido por tres hombres que lo golpearon, derribaron del rodado y le sustrajeron un celular y trescientos pesos. Reconoció a uno de ellos y la madre del delincuente, devolvió el celular.

La fiscal penal de Joaquín V. González, Yonny Zigarán, imputó a Lucas Abel Rojas como autor del delito de robo en perjuicio de un vecino de Las Lajitas, a quien le sustrajo un celular y dinero en forma violenta.

Según consta en las actuaciones, el damnificado se encontraba estacionado en la vía pública a bordo de su motocicleta, cuando fue sorprendido por tres hombres que lo golpearon hasta derribarlo y le sustrajeron de los bolsillos un celular y trescientos pesos y se dieron a la fuga.

La víctima del robo pudo identificar a uno de los delincuentes, quien fue detenido e imputado y permanece privado de su libertad, mientras continúa la investigación.

El teléfono sustraído fue entregado en forma voluntaria por la madre del acusado.

Violencia: Aumentaron a casi 20 denuncias diarias durante la cuarentena

En todo 2019, el Ministerio Público Fiscal de Salta recibió 8307 denuncias por violencia de género. En lo que va de 2020, hubo 3478 y solo entre el 20 de marzo pasado y hasta el 2 de junio inclusive, se recibieron 1476. Las causas se tramitan en las fiscalías especializadas de Violencia Familiar y de Género y en fiscalías penales del interior. Hasta el 7 de abril pasado, se había contabilizado un promedio de 15 denuncias diarias.

Un total de 1476 denuncias por violencia de género fueron radicadas en fiscalías de todo el territorio provincial, desde el 20 de marzo pasado, -cuando comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio-, y hasta el martes 2 de junio. La mayoría se concentran en el Distrito Judicial del Centro.  Durante los 74 días contabilizados desde el 20 de marzo pasado, se recibieron un promedio de 19,9 denuncias por día en las dependencias del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Del total, 942 corresponden al Distrito Judicial Centro;  188 al Distrito Judicial Sur; 186 al Distrito Judicial Tartagal y 160, al Distrito Judicial Orán.

En contexto de emergencia, el procurador general, Abel Cornejo, dictó una serie de medidas tendientes a garantizar la atención y respuesta a las víctimas, bajo estrictos protocolos sanitarios para el público y el personal de las fiscalías.

Hasta el 7 de abril pasado, se había contabilizado un promedio de 15 denuncias diarias.

Discriminación por Distritos

En el Distrito Judicial Centro – Salta, (que comprende los departamentos Capital, La Caldera, General Güemes, Cerrillos, Chicoana, Guachipas, La Viña, Rosario de Lerma, Cachi, Molinos, La Poma, Los Andes, y los municipios Santa Victoria Oeste y Nazareno del departamento Santa Victoria y el municipio Iruya del departamento homónimo), la discriminación por fiscalías fue la siguiente:  

  • Capital: 816
  • Cerrillos: 48
  • Rosario de Lerma: 47
  • El Carril: 17

En el Distrito Judicial Centro – Cafayate, que comprende los departamentos Cafayate y San Carlos:

  • Cafayate: 14

En el Distrito Judicial Tartagal (que comprende el departamento San Martín y los municipios Santa Victoria Este y Rivadavia Banda Norte del departamento Rivadavia), las denuncias se dividieron de esta forma:

  • Tartagal: 140
  • Embarcación: 25
  • Salvador Mazza: 21

En el Distrito Judicial Orán, (que comprende el departamento Orán, el municipio Rivadavia Banda Sur del departamento Rivadavia, el municipio Los Toldos del departamento Santa Victoria, y el municipio Isla de Cañas del departamento Iruya), las denuncias se radicaron en este orden:

  • Orán: 121
  • Pichanal: 27
  • Colonia Santa Rosa: 12

En el Distrito Judicial Sur – Metán, comprendido por los departamentos Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria:

  • Metán: 65
  • Rosario de la Frontera: 47

Finalmente, en el Distrito Judicial Sur – J.V. González, que comprende el departamento Anta, las denuncias se radicaron en este orden:

  • Joaquín. V. González: 34
  • Apolinario Saravia: 21
  • El Quebrachal: 10
  • Las Lajitas: 11

Investigan posible femicidio en Salvador Mazza

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó provisionalmente a Casiano Choque Carrillo, de 45 años, por la comisión del delito de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género (femicidio), previsto en el Art. 80, incisos 1 y 11 del Código Penal, en grado de autor y en perjuicio de su pareja. Se encuentra detenido desde el lunes 1 de junio.

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, ordenó distintas diligencias tendientes a esclarecer la muerte de Plácida Meléndrez Ilafaya, de 42 años y de Salvador Mazza, ocurrida el lunes 1 de junio pasado. Según consta en las actuaciones, la víctima y Carrillo, mantenían una relación de pareja, aunque residían en domicilios separados en Salvador Mazza.

La mujer visitó al imputado la noche del 31 de mayo;  y la madrugada del 1 de junio, habrían discutido violentamente y el hombre la habría golpeado en la cabeza. De acuerdo al testimonio de un vecino que habría escuchado la discusión, también pareció que “la estaban ahorcando”. Posteriormente, Meléndrez Ilafaya se retiró del domicilio de su pareja y sufrió una caída en la vía pública, la cual fue advertida por otros testigos, quienes se dirigieron al domicilio de la pareja de la víctima para avisarle.

Carrillo, acompañado por vecinos, trasladó a la mujer a su lugar de residencia y se retiró. Regresó a las 7 de la mañana. Según dijo el imputado a una vecina, la mujer durmió toda la mañana y él la encontró sin vida y sobre la cama, cuando fue a buscarla para almorzar, en horas del mediodía. El resultado de la autopsia indica que la muerte fue causada por hemorragia subdural, producida por cuatro golpes a la altura de la cabeza.

Durante la audiencia de imputación, Carrillo se abstuvo de declarar.

Desde el 17 de junio juzgarán por torturas al diputado Orozco y otros policías

La audiencia de debate público que llevará adelante la jueza Carolina Poma Salvadores, de la Sala II del Tribunal de Juicio Unipersonal, se desarrollará los días 17, 22, 25 y 30 de junio, en Metán. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra.

La causa que llega a juicio, es la caratulada como “Orozco, Gustavo Orlando; Orellana, Víctor Hugo; Suárez, Andrés Fernando; Reynoso, Javier Sebastián; Coronel, Denis Arnaldo; Medina Rubén Darío, Díaz, Andrea Alejandra; Luna Víctor Alejandro y Pérez, Dardo Ezequiel, por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales (colegiado)”. Los imputados y testigos fueron notificados bajo apercibimiento de ley.

El inicio de la audiencia de debate estaba previsto para el 27 de marzo pasado, pero se suspendió ante la declaración de feria extraordinaria, dictada a raíz de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de Covid 19.

Las audiencias previstas para los días 17, 22, 25 y 30 de junio, comenzarán a  las 9:30.

Campo Santo: detienen a tres hermanos violentos

Dos mayores y un menor fueron detenidos e imputados tras un hecho ocurrido el pasado domingo en esa localidad, donde atacaron a un negocio porque no les vendieron vino, causando daños y amenazando a su propietario. Cuando se presentó personal policial se pusieron más violentos y los agredieron con elementos contundentes y los amenazaban con un machete.

El fiscal penal de General Güemes, Gabriel González, imputó a Benjamín Moisés y Braian Martín Albornoz como coautores de los delitos de amenazas con armas, daños, atentado contra la autoridad, lesiones leves, daños calificados, violación de las medidas dispuestas para impedir la propagación de una pandemia y resistencia a la autoridad, agravado por la participación de un menor. En tanto, un menor de 16 años, hermano de los acusados, fue imputado como autor de los delitos de delitos de amenazas con armas, daños, atentado contra la autoridad, lesiones leves, daños calificados, violación de las medidas dispuestas para impedir la propagación de una pandemia y resistencia a la autoridad en concurso real.

Según consta en las actuaciones, el pasado domingo por la madrugada, los tres hermanos se presentaron en un local comercial que estaba cerrado y pedían que se les venda vino. Al manifestarle el propietario que no estaba atendiendo, se retiraron pero volvieron y comenzaron a arrojar elementos contundentes, amenazando al dueño del local y causando daños.

Al hacerse presente el personal policial, se mostraron belicosos y los agredieron con elementos contundentes y un machete.

Al momento de la aprehensión, opusieron violenta resistencia y amenazaron a los efectivos intervinientes.

El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno que se mantenga la detención de los acusados al encontrarse en desarrollo la investigación.

Orán: El MPF restringe totalmente la atención al público

El procurador general, Abel Cornejo, resolvió restringir la atención al público en todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial de Orán. La medida acompaña las dispuestas por la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, a partir de la detección de un caso positivo de COVID 19 en esa ciudad.

Las medidas restrictivas adoptadas por el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Pablo González, a raíz de la detección de un caso positivo de COVID 19 en esa ciudad, se extenderán desde este domingo y por un plazo de quince días.

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido por el Decreto 297/2020,  la Procuración General de la Provincia dispuso diversas medidas tendientes a preservar la salud de su personal. Lo hizo para evitar el riesgo de contagio y propagación del nuevo Covid-19 y por el otro, para seguir garantizando la prestación del servicio de justicia. Con el mismo temperamento es que adhirió a los criterios de seguridad y salubridad dispuestos por el gobierno municipal de San Ramón de la Nueva Orán: para resguardar al personal, pero fundamentalmente, a toda la comunidad oranense.

En consecuencia, a partir del día de la fecha y hasta tanto no se ordene lo contrario, se dispuso la medida de restricción total para la atención al público en todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial de Orán.

Quien lo requiera podrá recurrir a las dependencias de la Policía de la Provincia, institución que funcionará como nexo con las fiscalías correspondientes.