El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió este miércoles a familiares de una mujer detenida en el norte provincial, a quienes acompañaron mujeres referentes de organizaciones sociales y políticas. Describieron el contexto económico-social de la mujer detenida y sus hijos, antes del fallecimiento y solicitaron profundizar el informe socioambiental y que se sumen nuevos testimonios a la investigación penal iniciada el 9 de febrero pasado.
El Procurador se reunió con Eduardo y Alejandro Vargas, ambos familiares de Yolanda Vargas; la diputada mandato cumplido, Gabriela Jorge y la abogada Laura Torrez, de Católicas por el Derecho a Decidir Salta, de quienes recibió la copia de una “Declaración de apoyo para que liberen a Yolanda”, que contiene las firmas de adhesión nacionales e internacionales; de activistas y organizaciones del movimiento de mujeres; de organizaciones barriales, de Derechos Humanos, sociales, de estudiantes y políticas y de organizaciones sindicales, además de adhesiones personales para pedir que se otorgue la libertad a la mujer, de 26 años.
Al pedido de libertad que vienen realizando en distintas marchas y manifestaciones públicas los familiares de Vargas y las dirigentes que los acompañaron, agregaron que la mujer detenida, solo accede a visitas restringidas y que hasta el momento, no recibió asistencia psicológica. En ese sentido, el Procurador les informó sobre las potestades de los distintos Poderes del estado y sus organismos; y las del Ministerio Público Fiscal y les orientó sobre aquellos que tienen facultades para avanzar en los planteos realizados este miércoles.
En el caso interviene la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, quien imputó a Mercedes Yolanda Vargas como autora del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo en perjuicio de sus hijos de 6 y 4 años, quienes fallecieron tras un incendio de su vivienda. Interviene el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzún, quien oportunamente rechazó el pedido de libertad de la mujer.
Finalmente, las y los presentes, solicitaron que los organismos que correspondan, examinen la responsabilidad estatal, dada la situación en la que vivían los menores, con estricta dependencia de la madre, quien realizaba trabajos temporarios para subsistir y mantenerlos.
El procurador Abel Cornejo ratificó que si bien los fiscales son autónomos y definen sus actuaciones a partir de los elementos que colectan, su sugerencia como autoridad del Ministerio Público Fiscal, es que las investigaciones se lleven adelante desde una perspectiva de género. También se mostró consternado por la muerte de los menores, al tiempo que expresó que instancias previas de acercamiento de los distintos poderes del Estado a una familia de alta vulnerabilidad, podrían haber evitado el desenlace conocido, cuya investigación lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.
